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Ayer presentó un pedido a la justicia para que se llame a audiencia pública y la gestión Ríos “rinda cuentas” de la falta de respuestas a la contaminación cloacal. En marzo venció el plazo para presentar un plan y el gobierno argumentó que está a la espera de fondos nacionales. Guillermo Worman recordó que hay sentencia firme condenatoria, que obliga a realizar obras de infraestructura y saneamiento y “se está vulnerando la calidad ambiental de los vecinos de la ciudad”.

28-04-2015 Río Grande.– La ONG Participación Ciudadana presentó ayer ante la justicia provincial un pedido de convocatoria a audiencia pública, a fin de que el gobierno “rinda cuentas” de la falta de respuestas tras la condena por contaminación.
La causa inició hace dos años, tiene sentencia firme y la justicia estableció un plazo que venció en marzo para presentar un plan, pero la gestión Ríos condicionaría las obras a que lleguen fondos del gobierno nacional.
Así lo explicó ayer al programa Buscando el Equilibrio, de Radio Universidad, el director ejecutivo de la organización, Guillermo Worman.
“Nosotros iniciamos la acción judicial hace dos años bajo la figura de protección de intereses difusos”, dijo focalizando la situación más grave en la bahía Encerrada, “donde han descargado durante años e indiscriminadamente los efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento”.
Los olores se perciben sobre todo en los días más cálidos paradójicamente en “una de las postales que tiene la capital de Tierra del Fuego”, señaló Worman, dado que se siguen volcando líquidos cloacales sin tratamiento.
“El año pasado, luego de inspecciones oculares y audiencias en tribunales, el juez (Alejandro Fernández) dictó sentencia en agosto que quedó firme en octubre. El 25 de marzo de este año, en el marco de esta condena al gobierno, la DPOSS y el Municipio, debían presentar sus planes de acción sobre inversiones, mantenimiento de bombas y plantas de tratamiento y cómo se iba a remediar el frente costero de la ciudad”, sintetizó de la demanda.
Indicó que la justicia dividió en dos la responsabilidad: “Desde la base naval hacia el río Olivia, es responsabilidad del gobierno provincial; y desde la base hacia parque nacional Lapataia, es responsabilidad del municipio. El municipio hizo una presentación de la estrategia en el corto y mediano plazo, mientras que la provincia de Tierra del Fuego juntamente con la DPOSS declaró ante el tribunal que está a la espera de la confirmación de fondos nacionales, del FFFR –Fondo Fiduciario- y Fideicomiso Austral, y no presentó un plan de obras”, expuso.
Subrayó que como parte de la condena, el juez Fernández “dispuso que el gobierno tenía la responsabilidad de realizar la totalidad de las obras de infraestructura”, en tanto compete luego al Municipio el mantenimiento.
“Esto es muy preocupante porque no tenemos en claro de qué manera el gobierno va a cumplir con este fallo obligatorio del juez. Por eso Participación Ciudadana hizo hoy –por ayer- una presentación cuestionando la ausencia de definiciones concretas por parte de la provincia”, señaló.

Sin plan, sin remedio

Consultado sobre los responsables directos de parte del gobierno, dijo que el Dr. Fernando Vera y Dra. Becerra lo representan en la causa, pero “la responsabilidad primaria recae en la ministra de Obras Públicas Muñiz Siccardi, y el ministerio derivó en la DPOSS la ejecución de las obras”.
“El gobierno dice tener un plan de obras que no presenta”, reiteró, por lo cual ni siquiera puede analizarse, pese al reclamo del fiscal de la causa para que el juez exija al gobierno la presentación de ese plan.
“Lo que más me preocupa es que además de estar condenado, el gobierno condicione el cumplimiento de la sentencia a que el gobierno nacional le transfiera los fondos. No puede aducir que no va a cumplir las responsabilidades porque el gobierno nacional no ratifica una adenda firmada por fondos federales”, cuestionó.
Estimó que “la totalidad de la inversión ronda entre 300 y 500 millones de pesos. Implica relocalizar el emisario submarino, es decir el ducto de descarga sobre el canal Beagle, además crear o construir la planta de tratamiento cloacales, para tratar los efluentes antes de tirarlos al mar en crudo”, sostuvo sobre obras de gran envergadura, que debieron hacerse paulatinamente, de la mano del crecimiento de la ciudad.
“El gobierno condicionó el inicio de las obras a que el gobierno nacional envíe los fondos y, si no se autorizan las partidas, se demoraría la ejecución de estas obras”, reiteró.
“Estamos ante una crisis ambiental que no es un accidente, con altísimos niveles de contaminación, por falta de funcionamiento de un servicio elemental que sólo puede prestar el estado. Ninguna empresa particular puede resolver la problemática. Nadie más que el estado tiene capacidad para prestar un servicio de estas características”, subrayó.
A la falta de cloacas se le suma el estado del casco viejo, con ductos de madera que ya está en mal estado, y malos olores que se filtran en varios puntos del centro de la ciudad. Worman citó estudios del CADIC que dan cuenta de niveles de contaminación “300 veces sobre el máximo permitido en algunas zonas”.
“El juez dispuso que el gobierno haga las obras y las transfiera al municipio, pero si no las hace, el municipio no las puede mantener. Y si no dejamos de volcar la cloaca cruda al canal, tampoco se puede remediar”, planteó sobre un camino sin salida en tanto el estado provincial no asuma su responsabilidad.
“Para nosotros fue una enorme sorpresa enterarnos de que el gobierno no había presentado un plan de obras. Esto no tiene un impacto neutro y, si no se trabaja, la contaminación crece”, advirtió.

Explicaciones públicas

De parte de la justicia, está todo listo para supervisar las obras, al igual que desde el Municipio con la parte que le toca. “El juez nombró una ingeniera perita del colegio de ingenieros de Tierra del Fuego para generar reportes periódicos al juzgado sobre el avance de las obras. Pero todavía no sabemos qué obras piensan realizar porque el gobierno no se las presentó al juez. El fiscal Fernando Ballester Bidau es un observador externo para supervisar si las metas del juez se cumplen o no”, mencionó de la estructura que se armó en torno a esta problemática.
Por afectar a toda la población, la ONG demanda explicaciones públicas a la gestión Ríos: “Formalmente hemos cuestionado la falta de respuestas del gobierno y la generación de una audiencia pública para que el gobierno rinda cuentas de qué piensa hacer, en qué plazo va a realizar las obras y qué proyección tiene. Lo mismo para el Municipio de Ushuaia y para la DPOSS; porque se está vulnerando la calidad ambiental de los vecinos de la ciudad”, manifestó.
“En Ushuaia hace ocho años que no se tratan los efluentes cloacales. Imaginen si en ocho años no se recoge la basura y se empieza a acumular. Obviamente la ciudad colapsa. Ushuaia está colapsada y hay un reporte del CADIC que dice que los turbales que tenemos en la ciudad no tienen oxígeno en el agua. Están tan contaminados, que no hay presencia de oxigeno, fundamental para el desarrollo de la vida. El agua tiene carencia de oxígeno al mismo nivel del Riachuelo en Buenos Aires”, aseveró en base a informes del centro de investigaciones.

Agua, igual o peor

Aparte de la falta de cloacas, Ushuaia padece un pésimo servicio de agua potable, por el que paga las tarifas más altas del país.
“En Ushuaia además de tener la tarifa más cara de agua del país no tenemos garantizada una excelente prestación de servicios”, apuntó Worman, y atribuyó “parte del problema a que hay personas al frente de áreas estatales que no han demostrado capacidad para gerenciar una responsabilidad tan importante”.
“De ninguna manera se pude naturalizar que los recursos naturales estén contaminados ni que el estado preste malos servicios”, fustigó, e insistió en que “no estamos ante situaciones que no se pueden prever ni evitar, sino ante situaciones de desidia pública y un daño generado por falta de prestación de servicios públicos eficaz”, sentenció.

Recusaciones al juez Löffler: Worman espera una resolución “entre el jueves y la próxima semana”

Como integrante de la junta electoral municipal, Guillermo Worman fue consultado sobre las recusaciones presentadas contra el juez de cámara Ernesto Löffler. Espera que la situación se resuelva en el corto plazo, no más allá de la próxima semana.
Guillermo Worman integra la junta electoral municipal por tercera elección consecutiva, junto al camarista Ernesto Löffler, el fiscal mayor Guillermo Massimi, el juez Alejandro Fernández –subrogante del juzgado electoral- y la vecina Elizabeth Guevara.
Además se conformó la junta electoral provincial con Löffler, Massimi y Fernández, y en este punto surgieron las recusaciones de varios partidos políticos.
“En Ushuaia nos sumamos dos vecinos que voluntariamente nos inscribimos en un listado”, explicó sobre su integración junto con Guevara, y “todos los partidos presentaron recusaciones a la integración del Dr. Löffler pero a la junta provincial. La hacen respecto del organismo provincial, no municipal”, aclaró, dado que en el estamento municipal no ven incompatibilidades.
“Se prevé una resolución el jueves o a más tardar la semana siguiente”, estimó.
Sobre los argumentos de las presentaciones, dijo que en general son los mismos y se basan en que uno de sus hermanos es legislador provincial, además candidato a legislador por UNIR TDF. “En estas recusaciones se argumenta que esta situación podría vulnerar la imparcialidad y objetividad que tiene que tener el organismo provincial”, dijo.
Consideró que “la comunidad tiene derecho a objetar estos cuerpos colegiados como también es un derecho de la persona recusada hacer su descargo o responder a los argumentos”.
Recordó que “el juez Löffler dio explicaciones en Ushuaia sobre su visión y habrá que esperar qué resuelve la junta electoral provincial, integrada por Fernández y Massimi”, aparte del propio camarista.
“Puede rechazar las recusaciones y dejar firme la integración de Löffler, o no. Es muy difícil anticiparse y está en manos de la junta”, concluyó, por lo cual a priori no sería un tema a definir por el Superior Tribunal.