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El representante de CAFIN interpretó que el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la tasa de verificación de procesos productivos de las pesqueras, no alcanza a todas las industrias radicadas. Sin embargo la ministra Carolina Yutrovich admitió su temor de que, por alguna “picardía”, se pretenda hacer extensivo a todas las que exportan al continente. Se analiza una adecuación de urgencia, ante el riesgo de dejar de percibir ingresos millonarios por este concepto. Según Garófalo, la provincia debería devolver a las demandantes el dinero que cobró de más. Y equiparó el caso al impuesto al tabaco del manfredottismo, que también tuvo sentencia adversa.

12-05-2015 Río Grande.– El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la tasa de verificación de procesos productivos a partir de una demanda que iniciaron empresas pesqueras, encendió el alerta en el gobierno de la provincia por el riesgo de dejar de percibir montos millonarios de libre disponibilidad.
Se recaudan entre 500 y 600 millones de pesos e incluso se pidieron tres meses de adelanto para poder pagar jubilaciones. Ahora, podrían tener que devolver cuanto menos a las demandantes lo que pagaron de más.
“En principio lo que está en tela de juicio es la tasa de verificación de las empresas pesqueras netamente exportadoras, no hablamos de la tasa del conjunto de las industrias fueguinas”, aclaró el licenciado Alberto Garófalo, integrante de la Cámara Fueguina de la Industria.
“Lo que sucede es que acá la Corte le dio la razón a las compañías, en caso de exportación al exterior, en tanto la tasa de verificación no retribuye ningún servicio y debe interpretarse como un impuesto a la exportación. Ninguna provincia está facultada a imponer gravámenes a la exportación, porque eso es de la órbita nacional”, explicó ayer en el programa Buscando el Equilibrio, de Radio Universidad.
Cabe recordar que el ex titular de ingresos públicos Christian Durrieu había reclamado a las pesqueras más de 120 millones de pesos en su momento, pretensión que se rechazaba desde las empresas porque se cobraba por una verificación que no hacían.
Garófalo agregó que esta tasa “estuvo tan mal instrumentada que la base imponible era el valor de exportación, y qué otra cosa se puede interpretar sino como un impuesto a la exportación”, planteó.

Reforma urgente

Dijo estar al tanto de “una reunión de urgencia en la Legislatura para ver qué vuelta se le encuentra a esto, para no perder esos recursos. Por otro lado habrá que ver cómo opera la provincia para evitar reintegrarle a las pesqueras lo que pagaron desde el año 2010 hasta acá, que es el período no prescripto”, sostuvo, teniendo en cuenta que esta semana hay sesión de la Legislatura y el Ejecutivo ya está conversando con algunos legisladores de la comisión de economía.
Garófalo no pudo precisar el monto involucrado porque el fallo es muy reciente, “pero es sólo para las pesqueras, no tiene que ver con el resto de las industrias fueguinas”, insistió.
“Este fallo sólo hace referencia a los casos de exportación al exterior. En el caso de la industria que envía al continente no se puede tomar literalmente como un impuesto a la exportación, porque si bien se habla de exportación es sólo a los efectos aduaneros. No hay negociación de divisas en el envío de mercadería del área aduanera al continente. En mi opinión no es aplicable al resto de las industrias”, consideró, si bien la interpretación de las empresas podría ser otra.
De hecho, la ministra de Industria Carolina Yutrovich hizo público su temor ayer a que por “alguna picardía” surjan empresas que pretendan dejar de pagar la tasa hasta que se haga la adecuación correspondiente.

Antecedente provincial

El Lic. Garófalo mencionó un antecedente equiparable a esta situación en la provincia, aunque de una envergadura económica muy inferior porque la finalidad era recaudar fondos para el puerto de Río Grande, y en este caso depende de estos ingresos el pago de los salarios.
“Se lo puede asimilar a algo, no en el fondo sino en la interpretación, cuando la provincia impuso un impuesto a los cigarrillos, y también la Corte falló en contra porque no tenía potestad para hacer eso. Es algo parecido y concretamente en lo que se refiere a exportación al exterior”, señaló.
Consultado acerca de si en esa ocasión la provincia tuvo que devolver el impuesto, respondió que efectivamente “en aquel momento hubo que hacer la devolución. En este caso las empresas seguramente van a reclamar y vamos a ver cómo hace la provincia para no tener que hacerlo efectivo”, dijo.
“En mi interpretación, esto es aplicable sólo en los casos de exportación al exterior, que no es la mayoría de las operaciones que se realizan en Tierra del Fuego”, volvió a expresar.
Por otra parte, dio a conocer que “algunas empresas nuestras en la resolución aprobatoria del proyecto tienen como condición exclusiva la exportación al exterior y casualmente a través de la cámara estamos haciendo la gestión para que le permitan vender al público local, dentro de la provincia”.
“Hay un grupo de gente trabajando para imponer como marca la gastronomía del fin del mundo y han hecho la solicitud para acercar este pedido al gobierno nacional. La CAFIN está trabajando para que las empresas sean habilitadas a vender la producción en el área aduanera”, informó, aunque más allá de que el pedido sea lógico, falta la decisión política del gobierno nacional.
“No sólo basta tener la razón sino que se la tienen que dar, pero la realidad es que en los restaurantes de Tierra del Fuego están vendiendo pescado que viene del continente y sale de las aguas de Tierra del Fuego. Es bastante loco”, concluyó.

Tasa inconstitucional: La decisión “es inapelable” advirtió Yutrovich

La ministro de Industria admitió que no hay otra salida más que acatar el fallo y esto implica modificar la ley 854, declarada inconstitucional en su artículo tercero. Expuso su temor de que otras industrias intenten dejar de pagar la tasa, entendiendo que están alcanzadas como exportadoras al continente, lo que privaría a la provincia de ingresos millonarios. El ministro Sergio Araque ayer adelantaba gestiones ante la Legislatura, que sesiona el jueves.
Luego del fallo del 29 de abril de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la modalidad de cálculo de la tasa de verificación de procesos productivos, desde el gobierno apuran la reforma para evitar que dejen de ingresar fondos millonarios por este concepto, en caso de que algunas industrias se consideren alcanzadas.
Por Radio Nacional Ushuaia, la ministra de Industria Carolina Yutrovich expuso que tras la notificación del fallo de parte de la Fiscalía de Estado, que representa a la provincia, “rápidamente nos pusimos a trabajar para que se modifique el punto declarado inconstitucional, que tiene que ver con cómo se toma la base imponible. Apenas recibimos la notificación el día 30, ya entre lunes y martes empezamos a tener reuniones con otras áreas que tienen competencia. Como Ministerio de Industria somos autoridad de aplicación de la tasa de verificación de procesos productivos de la industria en general, pero hay otras áreas que tienen que ver con recursos pesqueros, como Desarrollo Sustentable”, explicó.
Ayer se analizaba en la jefatura de gabinete el borrador de la reforma a elevar a la Legislatura: “Tengo entendido que el ministro Araque lo está consensuando, porque tiene que pasar por la Legislatura cualquier modificación de la ley”, observó, y repasó este litigio que viene de 2009, cuando se sancionó la ley 791, luego derogada y reemplazada por la ley 854.
“El fiscal nos pide que hagamos las modificaciones en función de los términos de la sentencia, para evitar juicios en adelante. La Corte ha decidido y es una instancia inapelable”, remarcó Yutrovich.
“Esta tasa se aplica a varias ramas, no solamente la pesca, y tenemos que tomar las previsiones”, dijo, pese a que desde la CAFIN no consideran alcanzadas a otras actividades.
“Lo estamos haciendo de la forma más rápida posible. El artículo declarado inconstitucional se aplica para la tasa pesquera y otras actividades industriales, entre ellas la electrónica”, subrayó, exponiendo que “la sentencia declara que resulta ilegítimo el cobro. Nosotros entendemos que implica declarar ilegítimo el modo de cálculo, por eso rápidamente estamos generando el mecanismo para que la Legislatura pueda modificar esa base de cálculo. Es lo que tenemos que reemplazar según pide la sentencia y el fiscal”.
Espera que entre el debate de la reforma, su aprobación y el período de promulgación, publicación y puesta en vigencia, no se deje de recaudar, porque “mientras tanto la verificación de procesos productivos existe y se tiene que seguir haciendo, porque de ello depende que después las empresas obtengan los certificados de acreditación de origen y puedan sacar la mercadería con los beneficios”, dijo.
“Es una gran parte de la recaudación provincial de la que dependen muchos servicios que tiene que dar el estado y para nosotros es importante tener prontamente una definición. Este recurso es sumamente necesario y por eso la premura en trabajar en una alternativa de manera urgente, porque hablamos de establecer formas de cálculo distintas para mercaderías muy diversas. Es importantísimo que este recurso se pueda tener, porque está previsto en el presupuesto y se prevé tenerlo todo el año. De no ser así, significaría un gran problema para todos los compromisos que tiene el estado, porque son recursos de libre disponibilidad”, alertó.
A diferencia de las pesqueras, desde la aprobación de la ley 791 y la 854 en “el resto de las actividades no hubo cuestionamiento. Puede haber alguno de la actividad plástica pero la mayoría, que proviene de la electrónica y algo de textiles y plásticos, están acogidas al régimen de la 854 y existe el compromiso de no judicializar. De todos modos hay que trabajar en una modificación para generar un mecanismo de cálculo rápidamente y evitar cualquier tipo de especulación o picardía de parte de cualquiera de los contribuyentes, respecto de si corresponde o no el cobro de la tasa”, concluyó, con la expectativa de que ingrese el proyecto este jueves, cuando se prevé una sesión ordinaria.