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“Nos parece extraño el planteo que hace el intendente Melella, porque de sus Secretarios, tres tienen causas judiciales y no tiene entidad moral para hacer este tipo de planteos”, manifestó la concejal Colazo, recogiendo el guante que arrojó contra su padre Jorge Colazo, que terminó con varios funcionarios presos.

El intendente de Río Grande había destacado la transparencia de su gestión y no tener “ningún funcionario preso ni procesado”. Desde el Partido Verde lo desmintió la concejal Laura Colazo, y agregó designaciones presuntamente irregulares que prevé denunciar, después de las elecciones.

18-06-2015 Río Grande.- La concejal Laura Colazo desmintió al intendente Gustavo Melella, quien dio cuenta de la transparencia de su gestión por no tener funcionarios presos ni procesados.
Fue ayer en el programa Buscando el Equilibrio de Radio Universidad, donde aseguró que hay tres miembros del gabinete con “problemas con la justicia”.
Paulino Rossi es uno de ellos, actual Secretario de Gobierno y primer candidato a concejal por la UCR, que fue sobreseído pero se interpuso un recurso de casación sin resolver todavía, recordó.
“Además la secretaria de Asuntos Sociales Gabriela Castillo está involucrada en una causa junto al secretario de Finanzas Federico Runín y tiene que ver con otorgamiento de pasajes a familiares”, dijo.
“Nos parece extraño el planteo que hace el intendente Melella, porque de sus Secretarios, tres tienen causas judiciales y no tiene entidad moral para hacer este tipo de planteos”, manifestó, recogiendo el guante que arrojó contra su padre Jorge Colazo, que terminó con varios funcionarios presos.
“Jorge Colazo fue el único político investigado y está totalmente comprobado que no tiene ningún cargo en su contra”, defendió su hija.
“La gente está apoyando masivamente la candidatura de Colazo, se ve que Melella habrá visto encuestas y por eso sale a decir estas mentiras”, barajó.
“Hoy escuché que Melella llegó a decir que el natatorio municipal no lo hizo Jorge Colazo sino Chiquito Martínez. Me parece que se está rozando un límite que no es justo”, cuestionó.

Ausencias

Además aludió a las ausencias del intendente, que habría estado menos de una tercera parte del año en la ciudad. “Cada vez que el intendente se ausenta de la ciudad ingresa un decreto, porque la Presidenta del Concejo se hace cargo de la intendencia”, explicó, y sostuvo que de 365 días estuvo 102 días en la ciudad. “Si esto ocurriera en una familia, imagino el caos que causa, ni hablar en un municipio. Empecemos a tomar en serio esta ciudad”, pidió.

Deuda con PROALSA

Luego de la reunión de ayer con la senadora Rosana Bertone y el empresario Guillermo Proskopiw –gerente de PROALSA-, en la que se destrabó el pago de 60 millones deuda que mantenía obras importantes paralizadas, Laura Colazo afirmó que “le hicieron decir” al gerente que estaba todo resuelto pero no es así.
Exhibió copias de las notas que ingresó PROALSA al Concejo Deliberante, donde se ve que “dista mucho de lo que le obligaron a decir al señor Proskopiw en la Municipalidad”.
“Hoy tenemos la solución porque se acordó el pago de lo adeudado por la redeterminación de precios, pero hay que recordar que el 6 de diciembre de 2011 se adjudicó a PROALSA por un monto de 105 millones de pesos la obra de la nueva planta potabilizadora de Río Grande. La empresa comenzó la obra y de repente se encontró en 2014 con que se le adeudaban certificados, es decir el pago de los avances que habían hecho. El año pasado se debían cinco meses y hay una nota de diciembre de 2014 donde PROALSA alerta al municipio, porque no quiere interrumpir la obra, que finalmente se interrumpió a fines del año pasado. Además de la deuda se le reclama la aprobación de las redeterminaciones de precios”, detalló.
“Hoy se dijo que solamente se adeudaban las redeterminaciones de precio, pero además se adeudaba el pago y lo planteó la empresa al Concejo. El pago lo tenía que hacer el municipio, a quien Nación le entregó los fondos. El que omitió hacer el pago fue el municipio y el tema redeterminaciones es aparte”, aseguró.
“El intendente le ha mentido a la gente, porque estuvieron todos los concejales cuando se inauguró el período de sesiones ordinarias y el intendente dijo que la obra se estaba llevando adelante, cuando estaba parada en ese momento. Tuvo tanta mala suerte que lo escuchó el gerente de PROALSA y le enviaron una carta al municipio para preguntar quién estaba haciendo la obra, porque la tenían parada. Hay una nota del 9 de febrero de 2015, que habla de la suspensión de obra, atraso en el pago de certificados y redeterminación de precios. Es decir que el 9 de febrero la obra estaba parada y la nota la firma Guillermo Proskopiw”, remarcó Colazo.
“El intendente le mintió a sus vecinos y en el folleto de campaña que llega a todas las casas, dice que están ampliando la planta potabilizadora. En ese folleto escribió una mentira porque la planta estaba parada cuando se imprimió”, sostuvo.
Igualmente celebró que “por gestiones de la senadora” se reanude la obra.
Agregó que “no tenían los técnicos en el municipio para ponerlos a trabajar en la redeterminación de precios y la empresa por nota habla de una demora de once meses en detectar un error. El intendente Melella no está a la altura de las circunstancias para gobernar esta ciudad porque parece que no le interesa”, manifestó.

IPAUSS y posible denuncia

Ayer el candidato a intendente Jorge Colazo planteó que hay una deuda de 250 millones de pesos con la caja y de 120 millones a proveedores, tema que fue consultado a su hija Laura. Aclaró que “nosotros no lo tenemos certificado y hemos hecho pedidos de informe para saber la deuda real con el IPAUSS y los intereses que se reclaman. Lamentablemente no hemos tenido respuesta. Tenemos acceso a información de manera informal pero no oficial. El día que el intendente reconozca cuál es la deuda del IPAUSS vamos a ir a YPF a denunciarlo, porque es un delito penal”, advirtió.
“Esperamos recibir respuesta a los pedidos de informe después de las elecciones y, si no, vamos a evaluar qué hacemos, porque se les falta el respeto a los contribuyentes, no a mí, a Laura Colazo. A todos se les descuentan los aportes y no sabemos si se hacen los pagos correspondientes”, dijo, sin poder afirmarlo o negarlo.
Insistió en que “a días de una elección vamos a esperar, porque no queremos que se preste a confusión y se interprete como algo electoral. La semana que viene vamos a ver de qué manera seguimos”.
Asimismo, mencionó que su padre “presentó el 80% de las ordenanzas de la gestión cuando fue intendente y nunca gobernó con una mayoría automática. En caso de que sea intendente vamos a responder a todos los pedidos de informe y a trabajar en conjunto”, prometió.

Sin servicios

También comparó gestiones, y sostuvo que “hoy en la ciudad tenemos el 60% de los servicios y tenemos aguateros, cuando Jorge Colazo la dejó con el 95% de los servicios. Río Grande era la ciudad con mayor acceso a los servicios en Iberoamérica y le dieron un premio en Valladolid. Y dejó 2.500 lotes en la dirección de tierras municipalidad. Hoy los vecinos tuvieron que pagar un adelanto de 40 mil pesos y los terrenos los van a entregar en 2018, además están pagando la cuota de alquiler”, señaló sobre la solución habitacional del fideicomiso.
Cuestionó que sea privado y no público “y que no se haya optado por la expropiación a María Behety. Se permitió que el privado haga negocios y esa es la forma distinta que tenemos de gestionar. La gente sigue sin acceso a los lotes, está pagando alquileres y recién va a recibir su lote en 2018. No sé de qué solución estamos hablando”, enfatizó.
“Ahora están anunciando el puente de cruce, que fue promesa de campaña en 2011. Anunciaron hace un año un gimnasio en Chacra XIII y la tierra está sin tocar. El natatorio de San Martín al fondo tiene solamente el cartel y lo anuncian como que lo hizo”, enumeró.
Para concluir, agregó otra denuncia: “El 27 de mayo de 2015 el intendente Melella designó a Agustín Tita –Secretario de la Producción- con categoría 22 en planta permanente, con fecha retroactiva al 22 de octubre del año pasado. Esto está en el boletín oficial 519 –precisó- y está prohibido por la carta orgánica. Hemos hecho la investigación en estos días y vamos a pedir la interpelación en el Concejo Deliberante además de que sea nulo ese decreto. Ningún cargo político goza de estabilidad y lo dice la carta orgánica. Estas cosas no pueden pasar. Tiene que ver con la transparencia y los pactos de ética que se predican y no se cumplen. Yo tengo el boletín oficial y vamos a ver qué medidas tomamos a partir del lunes”, concluyó.