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El representante del Frente de Organizaciones Sociales, Carlos Villamonte, adelantó la presentación de un proyecto de ordenanza para regular la distribución de gas envasado. El 20% de la población de la provincia se encuentra afectada y en riesgo, por restricciones a un servicio básico, con temperaturas bajo cero. Responsabilizó al Municipio por el estado de los accesos, que obliga a acarrear hasta 500 metros una garrafa. Y no le creen al gobierno cuando argumentan falta de gas en una provincia productora: mencionó rumores de las propias plantas, sobre ventas no autorizadas a Chile, donde “pagan en dólares”, por lo que instarán a una investigación. Hoy se reúnen para definir medidas de protesta y no se descarta la ocupación de edificios públicos.

16-07-2015 Río Grande.- Carlos Villamonte, representante del Frente de Organizaciones Sociales, realizó ayer una extensa entrevista por Radio Nacional Ushuaia sobre la situación de los usuarios de gas envasado, que podría tener varias derivaciones.
El martes se realizó la primera reunión del año de esta agrupación de vecinos, que decidió dejar pasar las elecciones “para no vincularnos con ningún signo político, porque el tema social nos integra más allá de la pertenencia político partidaria”, sostuvo.
La falta de gas se analizó con gran preocupación porque “se sigue tomando con muchísima liviandad el tema, y me llama muchísimo la atención que YSUR no pueda cumplir; que haya asumido la responsabilidad de hacerse cargo de una empresa que evidentemente no tiene gas en el pozo. ¿Qué pasó con la empresa, con Hidrocarburos, que se hicieron cargo de pozos que no pueden sostener siquiera el consumo interno?”, preguntó.
“Yo no les creo. No le creo a la provincia”, sentenció en nombre de los vecinos, poniendo en duda que sea real la falta de gas.
“Se nos viene negando la posibilidad de ampliación del cupo, hasta que la Secretaría de Energía de la Nación nos da un 25% más, y vaya casualidad que cuando nos dan el 25% más, ya que la provincia no puede restringir los bonos, restringen el gas”, planteó.
Recordó la “injerencia de la Secretaría de Hidrocarburos” respecto de la empresa YSUR, subsidiaria de YPF, que debería controlar como corresponde, y expuso que los afectados en realidad son los vecinos, porque “el Hotel Arakur, Newsan, el Shopping Paseo del Fuego, que se manejan con gas envasado, no han tenido faltantes. Sin embargo muchos domicilios de la provincia se han quedado sin gas, por días. Por qué la población nunca es la prioridad. Esta es la pregunta que nos hacemos”, subrayó.

Regular la entrega

Como punto de partida, presentarán un proyecto de ordenanza para regular la distribución, que hoy está librada hasta a decisiones individuales. “La distribución los empresarios locales la manejan como si fuera un delivery de pizza. Llamás seis días a un tipo que no te viene y no te entrega la garrafa. Te deja esperando varias veces, y si le protestás te dice que no te lleva más el gas. No hablamos de que la pizza llegó fría, sino de la calefacción”, remarcó Villamonte.
Asimismo, expuso que “hay más usuarios de gas envasado que de transporte público y ¿cómo puede ser que no esté regulada la distribución?”, cuestionó.
Fue el primer punto acordado en la reunión del martes: “Solicitar al Concejo Deliberante que se regule como servicio público esencial la distribución, un servicio que no es nada más ni nada menos que la calefacción de los hogares. En este momento, con dos horas que se quede sin calefacción en un hogar hace más frío que en un freezer, porque un freezer tiene 5 grados bajo cero y hay diez grados bajo cero en la montaña”, afirmó.

Rumores complicados

Con un padrón de “seis mil usuarios” en la capital fueguina, Villamonte dijo que esta situación se veía venir y fue advertida a los funcionarios ya desde 2013, cuando “les dijimos que lo que hace falta para abastecer la totalidad de gas envasado y a granel en los hogares son unos 30 millones de kilos. Ahora dicen que no pueden abastecer más que las 36 garrafas. Están hablando de 36 garrafas y no nos dicen si aumentaron la provisión de gas al sector privado. Dicen que pueden abastecer lo mismo que antes, pero ¿están hablando económicamente o están hablando de producción de gas?”, se preguntó, dando a conocer versiones de supuestos trabajadores de las plantas que refuerzan la duda sobre la falta real de gas.
“Nosotros tenemos compañeros que son ocupantes y trabajan dentro de las empresas distribuidoras de gas, hay gente del gobierno que también son ocupantes, otros que tienen viviendas del IPV que consumen gas a granel. Y hay rumores de que se está vendiendo gas a Chile en forma de contrabando, porque lo cobran en dólares, a través de una maniobra con los proveedores y la gente de Hidrocarburos. Estos son rumores que salen de adentro de las plantas, y de los trabajadores de las plantas”, aseveró.
La situación deberá ser investigada y, en lo inmediato, el Frente reclama “que se priorice y garantice el consumo del gas porque estamos hablando de la calefacción, porque el problema no es que aumento el consumo, sino que reconocieron que necesitábamos mayor consumo. Tenemos el 25% más, que no aborda la totalidad porque nos faltaría un 25% más para llegar a lo que se necesita”, manifestó.

Diagnósticos sin medidas

Con datos contundentes de mayor demanda desde hace tiempo, más el diagnóstico de baja de producción que lleva varios meses también, se le preguntó cómo no se tomaron medidas a tiempo, para evitar que en un invierno tan crudo las familias estén pasando frío. “Porque no les interesa –respondió-. Si mañana nos ponen gas de red, se acaba un negocio de 50 millones de pesos al año. Nos están sosteniendo porque les estamos haciendo ganar plata a muchos y esta es la realidad. Ahora vamos a exigir esto: la distribución por una parte”, reiteró, reconociendo que “hay muchos garraferos que se diploman y es verdad que tienen que hacer cien metros con un tubo. Pero esto excede la relación garrafero-usuario”.
Además, habrá un reclamo al Municipio, porque “abandonó la ciudad, y ya no les fían las máquinas. Siempre se complicó la llegada a los barrios y ahora es imposible para los particulares y los garraferos. Sin embargo está subsidiada parte del delivery. Ese subsidio que se paga a las empresas, tampoco lo están cumpliendo. Por un lado se tiene que garantizar a nivel municipal como servicio público esencial, y por otro el estado municipal tendrá que garantizar que existan los accesos vehiculares en condiciones, en todos los lugares que estén habitados, y sin importar la disputa por el dominio de la tierra, que es un tema aparte”, resumió como reclamo.

Agua contaminada

El gas no es el único problema de estas familias. Ahora enfrentan también el corte de la distribución de agua porque “el aguatero dice que el municipio no le paga. Le están pagando a un tipo para que distribuya el agua, y el mismo tipo le cobra la carga al vecino pero ni siquiera garantiza la calidad, porque la chupa de un chorrillo y la lleva. Ni siquiera es agua potable”, afirmó sobre esta necesidad también insatisfecha. “Estamos incumpliendo con derechos humanos básicos”, enfatizó Villamonte, y cargó contra el Municipio porque “el servicio se corta por falta de interés por las necesidades básicas del pueblo”.
Este tema será judicializado: “Si el distribuidor no cobra y no lleva el agua, el perjudicado es el vecino, por eso este es un tema que vamos a abordar con el juez Fernández, que tuvo la capacidad de detectar la contaminación, los responsables de mantener el agua y las cloacas, y decidir qué corresponde a cada uno. Lo que vamos a hacer es comunicarnos con él por vías formales, a ver si amplía la causa y detecta quién es el responsable de entregar el agua potable”, dijo.
Comparó lo que ocurre en otras regiones donde no hay agua potable: “En otras partes del país y del mundo está el ejército que entrega agua mineral. Acá no puede ser que entreguen agua que no sabemos si tiene arsénico, o mercurio. Dicen que no es para consumo humano, pero si quiero bañar a mi hijo, yo quiero saber si esa agua está contaminada”, expresó, remarcando que la provisión de agua potable “es una obligación del estado”.

El más caro del país

La prioridad en pleno invierno será la calefacción, porque este mal servicio actual, a la vez es “el gas más caro del país. Seguimos pagando el seis mil por ciento más que la gente que utiliza gas de red. A pesar de eso queremos que se regule, que se obligue al estado municipal a mantener los caminos, y que regule la distribución en primer lugar, para que tal garrafero tenga tal zona, tal horario y tenga que cumplirlo, así como hacen con los taxis y los colectivos”, explicó.
Se le preguntó si habrá interés del actual Concejo en abordar esta ordenanza en la transición, teniendo en cuenta que esta semana solamente dos asistieron a la reunión para hablar de cuestiones económicas; y la decisión es dar la pelea para que se trate: “Están de vacaciones pero es un tema que no pueden desatender y lo van a tener que abordar con la seriedad que requiere esto. Vamos a evaluar acciones directas con el Municipio, que no está manteniendo los accesos, porque no hablamos de llevar una bolsa de supermercado, sino de la calefacción del hogar y de que tenés que acarrear una garrafa 500 metros. Hablamos de algo gravísimo, porque la gente se puede llegar a morir si no tiene calefacción, con temperaturas bajo cero”, dijo.
Agregó que ni la leña ni la calefacción eléctrica son hoy alternativas en Ushuaia, porque “a la leña no se puede acceder con la cantidad de nieve que cayó. Los senderos están tapados. La electricidad es la más cara del país, pero aparte hay deficiencia de las redes: si usamos calefacción eléctrica, prendemos fuego las instalaciones, porque no se ha invertido y la guita que venía para eso se fue a gastos corrientes del gobierno de la provincia”, aseguró.
“Hay gente que estuvo seis días sin gas y la distribución tiene que estar garantizada, aunque a algún garrafero no le guste un vecino. Y esperemos que al empresario no le moleste que el estado regule una actividad comercial, que es lo razonable”, apuntó.
“Hay tres mil familias y son más de diez mil personas afectadas en este momento, así que vamos a generar los consensos. Ellos tienen una obligación, que es atender las necesidades de la población, y nosotros no estamos yendo a pedirles un favor, lo vamos a exigir”, advirtió.

Investigación seria

Apuntan además a que se investigue lo que está ocurriendo con la provisión, como paso siguiente a la regulación de la distribución, sobre todo en caso de violarse normas nacionales que prohíben la venta de gas a Chile. “Queremos una investigación seria, y saber cómo los legisladores permitieron que YSUR acceda a un pozo vacío y Apache se fuera sin pagar lo que debía”, dijo.
No pudo decir si la información estaba y se ocultó, ni si “eran zonzos los legisladores y los engañaron a todos, si Hidrocarburos no hizo una proyección, o fueron cómplices”, disparó.
“Nosotros queremos ser priorizados, el gas domiciliario se tiene que priorizar. Sabemos la importancia que tiene la industria y las actividades económicas, pero la prioridad debe estar en la población y en las familias. Eso lo vamos a garantizar como sea”, reiteró.
“No le creemos a los actores actuales. Los proyectos políticos que vienen desarrollando han perdido electoralmente y tienen que asumir eso. Es democrático que terminen el mandato, pero es democrático también que respeten la decisión del pueblo quienes están terminando, y que empiecen a ejecutar las políticas que sí han tenido el consenso electoral, que es la inclusión social. Esto lo tienen que empezar ya. Si no quieren atender al pueblo y cumplir con la responsabilidad de funcionarios, tienen toda la posibilidad democrática de renunciar. Que se vayan y dejen que alguien atienda al pueblo, porque no puede ser que esté desatendido un sector que a nivel provincial es el 20% de la población”, enfatizó Villamonte.

¿Toma de edificios?

Mañana está prevista una reunión en Alem 1.575, en la sede del FTV, “para abordar todo lo que fuimos redactando con respecto a la ordenanza y evaluar una acción directa, que puede ser estar un par de días calentitos en el Municipio o tal vez en la casa de algún funcionario”, adelantó el vecino, sobre la protesta que se va a recrudecer.
“No descartamos nada porque hay muchísima bronca y todos los inviernos nos hacen lo mismo. Esta vez vamos a accionar con mucha menos paciencia y queremos que se resuelva de una vez por todas”, concluyó.

“Hay gente que estuvo seis días sin gas y la distribución tiene que estar garantizada, aunque a algún garrafero no le guste un vecino. Y esperemos que al empresario no le moleste que el estado regule una actividad comercial, que es lo razonable”, apuntó Villamonte.