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Con el patrocinio del Dr. Daniel Merlo, esta semana el concesionario de las termas ingresará a la Legislatura un pedido de juicio político contra el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre. Así lo adelantó el letrado, que contaría con documentación firmada por el funcionario a cargo del ente de control, que considera “cosa juzgada” el litigio, en base a una sentencia del Superior Tribunal que nunca existió. En 2006 habían logrado un acuerdo con el ex gobernador Hugo Cóccaro para la restitución, pero se paralizaron las definiciones en las dos gestiones de Ríos. El ex abogado de la empresa, Guillermo Aramburu, pasó a integrar el gabinete y, para Merlo, hubo un intento de “hacer un negocio”, que no pudieron. Merlo destacó el interés de la electa Rosana Bertone en resolver este tema.

El Dr. Daniel Merlo adelantó el pedido de juicio político que ingresará esta semana contra el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.

11-08-2015 Río Grande.– El Dr. Daniel Merlo visitó ayer los estudios de Radio Universidad y, en el programa Buscando el Equilibrio, adelantó el pedido de juicio político que ingresará esta semana contra el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.
Luego de que el Dr. Guillermo Aramburu asumiera en la gestión Ríos como ministro, es el representante legal de la empresa Transporte Roanmat SRL, concesionaria de las termas desde la época del Territorio, recordó que el contrato original fue renovado en el ’88, y obligaba a la firma a hacer una inversión importante porque “no había cómo acceder a las termas”.
“El camino existente, casi intransitable hoy, demandó una inversión millonaria. Son 16 kilómetros de un trabajo que demandó mucho tiempo”, sostuvo el Dr. Merlo, al margen de la infraestructura propiamente dicha.
Repasó que se habían construido paradores, “toda una infraestructura que ya no está porque pasaron las topadoras por encima”.
“En la época de Manfredotti se desadjudica mal la concesión y la maquinaria va a parar a Vialidad Provincial, de lo que hay un inventario detallado. En la constatación con escribano se prueba el deterioro, abandono y faltante de maquinaria dentro del predio de Vialidad, que es el depositario desde 2001, cuando se inventa una causal de desadjudicación”, afirmó.
Precisó que “el invento era que las termas estaban en estado deplorable y no se habían realizado las inversiones”, cuando además del camino “el área estaba cercada, existían paravientos, la zona de las piletas tenían sanitarios y vestuarios para damas y caballeros. Había refugios de estructura de madera y esto lo dice en el acta de constatación el propio gobierno, en el año 2001”.
Informó que este tema forma parte del expediente 2070 del área legal y técnica, y que de su lectura surge que “no era cierta la causal invocada”, por lo que a partir de la desadjudicación “se hizo juicio a la provincia, solicitando la restitución de las termas. Incluso hicimos la mensura, que está presentada y no está aprobada todavía”, apuntó.

Fuera de jurisdicción

El Dr. Merlo cuestionó que el juicio lo tramitara la justicia provincial, dado que el Superior Tribunal “no se declaró incompetente”, cuando la causa era de competencia federal.
No llegó a dictar sentencia y “en 2006 se firma un convenio transaccional durante la gestión Cóccaro”, pese a lo cual “no tiene un dictamen de aprobación ni desaprobación del secretario legal y técnico, que entonces era Miguel Longhitano”, hoy vocal del Tribunal de Cuentas y antes integrante de la Fiscalía de Estado.
Por el convenio “se restituyen las termas pero aparece inserta en el convenio una nueva ley de tierras, la 597, dictada al solo efecto de causarle un enorme problema a la empresa. Esta ley fue una trampa, porque por el convenio se debe volver al estado anterior; y la ley dice que el recurso es provincial y no se puede concesionar”, expresó Merlo, planteando la inaplicabilidad de ese convenio.
Desde el 2006 a la fecha siguió “una pelea de muchos años con el gobierno. En muy pocas oportunidades se pudo usar el recurso, porque además destruyeron el camino. El gobierno permitió el acceso de personas que talaron árboles a la vera del camino y han sacado agua de las vertientes para comercializarla a través de una empresa”.
El descontrol durante la gestión Ríos tuvo un intento de freno de parte de la empresa y “en 2013 presenté una nota al vicegobernador Roberto Crocianelli, con un pedido de inaplicabilidad de la ley 597”, contó.
Dio cuenta de la respuesta del vicegobernador, en la que afirma que “el proyecto tomó estado parlamentario” pero nunca se pudo constatar.

Interés de Bertone

El Dr. Merlo agregó que durante la campaña política enviaron notas a los cuatro candidatos a gobernador preguntándoles qué pensaban hacer con las termas de llegar al gobierno. “La única que contestó fue la que resultó electa”, dijo de Rosana Bertone, que “se mostró interesada en resolver este tema y demostró algo que los otros no demostraron: interés, preguntó quién era Transporte Roanmat y quién tenía la concesión. Los otros tres candidatos, cero. Esto nunca tomó estado parlamentario”, agregó como desmentida a la nota del vicegobernador sobre un tema que no abordó la Legislatura.
El letrado expuso el doble perjuicio de no haber resuelto este tema todavía, “para la empresa que no puede explotar este lugar y para la población que no lo puede utilizar”, y remarcó que la ley no se puede aplicar porque “no existe ley retroactiva”. El convenio dice que “se vuelve a la situación anterior a la desadjudicación”, reiteró, cuando la ley que prohíbe la concesión es posterior.
Aseguró que “el Superior Tribunal no homologó nunca el convenio transaccional, por la cuestión jurisdiccional y porque tampoco podía hacerlo con la ley 597 inserta, que le impide a la empresa acceder a la concesión, a la adjudicación en venta y no puede acceder a ninguna hectárea”.

Merlo aseguró que “nunca la empresa quiso hacer un negocio inmobiliario ni pretende las 400 hectáreas adjudicadas en la época del territorio”, pero sí una respuesta concreta que permita continuar con la explotación, como también el resarcimiento por el daño ocasionado.

Juicio al fiscal

El Dr. Merlo fundamentó las razones para pedir el enjuiciamiento a Martínez de Sucre, dado que por resolución del 27 de septiembre de 2011 sostiene que este tema “es cosa juzgada, en nota dirigida a la Secretaría Legal y Técnica, y que no existe nada revisable, cuando nunca se dictó sentencia”.
“En la misma nota dice que darle más de cuatro hectáreas a la empresa sería especulación inmobiliaria, y dice que la desadjudicación se basa en el estado deplorable de las instalaciones y la falta de inversión”, agregó de otra afirmación falaz en base a la constatación que obraba en el expediente.
Merlo dijo que va a “pedir juicio político ante la Legislatura por la mala conducta”, y que el escrito ingresará “esta semana”.
“Voy a patrocinar a Angélica Mansilla, socio gerente de la empresa”, la accionante en este caso. “Tengo como probarlo y esto surge de la documentación”, remarcó Merlo.

Impuestos cobrados

Por otra parte, el Dr. Merlo mencionó el decreto 39 del año 2002, firmado el 15 de noviembre de ese año cuando se desadjudican las termas, y “es una disposición de catastro de la provincia que da de baja de los registros de la dirección a la parcela y la partida inmobiliaria, en función de haber sido desadjudicada la empresa. Con esto se dan de baja los impuestos inmobiliarios”, explicó.
Sin embargo, como en 2006 por el convenio transaccional se restituyen termas, la empresa empezó a pagarlos. Hay “constancias de pago de los impuestos inmobiliarios, y se paga todo lo adeudado desde que nos desadjudican hasta la firma del convenio, y desde el convenio hasta 2010, cuando surge la nueva tarifaria y no se cobra el impuesto por un lapso. Hasta el 21 de enero de 2010 tenemos todo pago el impuesto inmobiliario”, aseveró.
Explicó que cuando queremos volver a pagar a partir de 2010, al acomodarse la tarifaria, en Rentas “nos dicen que no pueden cobrar porque la partida desapareció del sistema. Rentas contesta por escrito que la partida está desaparecida”, reiteró el letrado.
“No sabemos en qué momento desapareció la partida. El año pasado interpongo el juicio de consignación ante el juzgado de la Dra. Herráez en Río Grande, Martínez de Sucre contesta demanda y dice que existiendo el decreto que nos desadjudicó, mal podemos pretender consignar el trámite de impuesto inmobiliario”.
Merlo indicó que ese decreto de desadjudicación “se debió dar de baja a partir de la firma del convenio en 2006. Nosotros pagamos todos esos años el impuesto inmobiliario, entonces quiere decir que estaba la partida”, expuso sobre una situación irregular que deberá explicar el propio gobierno.

Confiado en el futuro

El abogado descartó una solución de parte de la gestión Ríos pero sí confió en que “la solución va a llegar a partir de que la Legislatura de la provincia tome nota de esto. El Fiscal de Estado no puede decir esto, y hacerle decir al Superior Tribunal que ha homologado un acuerdo y que es cosa juzgada cuando no se homologó; o decir que es irrevisable cuando no es cierto porque no hubo sentencia. Es el representante de la provincia y se tiene que hacer cargo de lo que dice y lo que hace”, advirtió a Martínez de Sucre.
Aseguró que “nunca la empresa quiso hacer un negocio inmobiliario ni pretende las 400 hectáreas adjudicadas en la época del territorio”, pero sí una respuesta concreta que permita continuar con la explotación, como también el resarcimiento por el daño ocasionado.
“Las responsabilidades están y alguien quiso hacer un negocio por su cuenta, pero no pudieron y no van a poder”, sentenció el letrado.