El coordinador del programa Pro Huerta en Tierra del Fuego, ingeniero Paulo Gea, dio a conocer la importancia de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, para incentivar el autocultivo no sólo por razones de pobreza, sino más bien de seguridad alimentaria y salud. Estaba prevista la presentación hoy, de parte del subsecretario Ramiro Fresneda, del Ministerio de Agricultura de Nación, que fue suspendida; pero el programa cuenta con un registro de más de 1.300 huertas en la provincia, y una intención de profundizar la concientización sobre la necesidad de empezar a producir, al menos en parte, los alimentos que se consumen en la provincia.
28-09-2015 Río Grande.- Por motivos de salud, el subsecretario Ramiro Fresneda, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, no podrá realizar la charla prevista para hoy sobre la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que permitirá profundizar el autocultivo y la producción local de los alimentos que consumen las familias.
La charla será reprogramada pero el sábado, el coordinador del programa Pro Huerta, Paulo Gea, expuso las implicancias de esta norma y la necesidad de incorporar la producción de alimentos como parte de la política pública local.
En diálogo con Radio Universidad, remarcó que a partir de esta ley, “producir alimentos hoy es Argentina es un derecho” y pidió “no relacionar huerta con pobreza, dado que hoy hablamos de seguridad alimentaria, de comer más sano, más equilibrado, con una huerta orgánica y menos pesticidas, por una cuestión de salud y no de pobreza”, subrayó, si bien en sus orígenes el programa tendía a paliar necesidades básicas.
Indicó que hay “850 organizaciones de agricultores familiares que empujaron para que saliera esta ley”, y la demanda sigue creciendo de parte de los que quieren intentar la huerta propia. “Hoy no damos abasto repartiendo semillas y todo el mundo quiere hacer una huerta”, afirmó el ingeniero Gea.
Además de la variedad de semillas que se entregan, destacó que se está trabajando con la salicornia, por una propuesta del ingeniero Oscar Bianciotto desde el CONICET, dado que primero empezaron a usarla para medir rayos UV, debido a “la reacción rápida que tiene la planta. Pero después se dieron cuenta de que la oveja la comía. La gente del CONICET cayó al INTA planteando que era comestible y empezamos a hacer pruebas”.
Con un alto poder nutritivo, ya hay cursos locales para aprender a prepararla. “Hace tres años consecutivos que hacemos un curso de cocina. Nos vamos a las desembocaduras de los ríos a cosecharla. Antes la gente iba a cosechar pero la arrancaba, así que tuvimos que enseñarles a cosecharla, cortando. Es una planta que toma mucha sal y metales pesados, porque es salada”, dijo, y advirtió que el sitio de donde se extraía está cerca del basural, lo que obligó a hacer análisis para verificar que no hubiera contaminación. “No se detectó nada, pero igualmente buscamos producirlo en las huertas. El problema es que hay que regarlo con agua salada, agua de mar, para que crezca; y eso perjudica los demás cultivos. Así fue que se nos ocurrió hacerla a raíz flotante. Dimos en la tecla y lo hicimos funcionar”, señaló sobre el cultivo sobre una especie de bandejas, que se puede incorporar a la huerta familiar.
Un gran paso para el país
El ingeniero valoró el impulso que da la ley de agricultura familiar a todo cultivo de este tipo. “Para Argentina es inédito, y es inédito en Latinoamérica tener una ley de agricultura familiar”, aseveró.
“Hoy tenemos contadas 1.331 huertas en toda Tierra del Fuego. Algunos van desde una macetita y otros son emprendimientos donde les sobra comida, y por eso hicimos cuatro ferias el año pasado, dos en Ushuaia y dos en Río Grande”, dijo de la puesta en venta de la producción en huertas orgánicas.
Sostuvo que “todo el mundo puede tener una huerta en su casa” y, si bien “no va a ser todo el año la producción y sólo para algunos productos”, es importante el intento para cambiar la matriz de importación total de alimentos del continente.
“No podemos estar pensando en si viene el camión o no, como en la época en que llegaba la comida en barco”, expresó el ingeniero, crítico de una conducta que se mantiene por décadas pese al crecimiento de la población.
“No podemos seguir igual, porque somos 200 mil personas y nos damos cuenta de la dependencia cuando ha hecho paro la Aduana, o se ha inundado un río y se cortó la ruta. Se vaciaron los supermercados. Después de tanto camino recorrido el impacto debería ser menor”, subrayó.
Buena experiencia
Contra los prejuicios de la falta de disposición de las cadenas de supermercados a aceptar la producción local, el ingeniero dio cuenta de una buena experiencia con La Anónima y centró el problema en la continuidad y garantías de provisión que deben aportar los productores.
“Una vez logramos juntar a tres productores y presentar un plan a La Anónima. Les entregaban lechuga y la experiencia fue muy buena, porque se portaron muy bien. Depende también del gerente, en ese caso fue muy flexible”, aseguró, y agregó que si esto no se profundizó “no le echaría tanto la culpa a los supermercados, sino a la mayor organización que necesitamos, para que nos vean serios. No podemos dejar las góndolas vacías. Cuando presentamos el plan, no les fallamos y duró casi tres años, con mucho apoyo del Municipio. En ese momento la provincia no quiso ayudar o estaba con otros problemas, como siempre. Pero no hay que dejar de lado esto, aunque parezca pequeño”.
Decisión política
Si bien el INTA es un organismo técnico, el ingeniero manifestó que “desde hace unos años estamos trabajando en lo político, por eso estamos presentando la ley de recuperación histórica de la agricultura familiar”, a fin de que se convierta en política de estado el autocultivo.
Mencionó una ordenanza de 2011 sancionada en Río Grande que atentó por años contra la producción local y prohibió criar aves de corral en el ejido urbano. “Convocamos a todos los autores y el único que dio la cara fue (el ex concejal) Moreira, que admitió que no se habían dado cuenta, porque es una ordenanza muy extensa, y que la prohibición fue por dos denuncias por gallos cantores que le molestaban a la gente”, relató.
Por este pequeño incidente y la falta de análisis o importancia que se le dio a las consecuencias, establecieron una prohibición por la cual sólo en Río Grande el programa debió dejar de repartir pollitos. Esto se mantuvo “hasta cambiar el artículo, y nos encontramos con una muralla china donde nadie nos llevaba el apunte, incluida la ex presidenta Miriam Boyadjian. No les importó y parece que para muchos no es trabajo. Pero es trabajo que afecta a muchas personas”, fustigó.
Dijo que encontraron eco en la edil Laura Colazo, de la comisión de ecología y medio ambiente, a quien le explicaron que “solamente en Río Grande no podían aplicar esta parte del programa Pro Huerta”, sin embargo demoró tres años y medio conseguir el consenso para la adecuación.
“Nosotros tenemos una resolución de SENASA que nos limita la cantidad de entrega de pollitos y prohíbe comercializar los huevos, para que sea sólo consumo familiar. Fue una lucha de tres años, que ella podrá contar”, dijo de la concejal Colazo.
Actualmente están entregando “unos 600 pollitos por año y tenemos cupo de acuerdo al número de huertas”, apuntó, dado que la producción “es un complemento de la huerta”.
El ingeniero remarcó que “la parte política tiene que entender que estamos trabajando no para cuatro años sino para mucho más. Quizás no ven esa parte y hay que pensar en el futuro. Todo el mundo está cambiando y Argentina está siendo pionera en el cambio”, enfatizó.
Estancias con ajo
Como parte del programa, se entregan 5 cabezas de ajo a cada productor de huertas, que tiene un resultado de uno a 10, “es decir que el año que viene van a tener 50 cabezas. La idea es que guarden para sembrar. Yo sembré en el patio de mi casa y en poco tiempo tenía 1.500 cabezas”, dijo.
Asimismo, dio a conocer la experiencia que iniciaron en cinco estancias de Tierra del Fuego, a las que “entregamos 100 cabezas de ajo con la condición de que nos devuelvan al meno las cien cabezas el año que viene, para ver cómo les va con el cultivo y, si tienen más, se las compramos para dárselas a la gente”.
Viviendas para profesionales
Por otra parte dio a conocer el crédito del BID que fue gestionado para la construcción de tres departamentos en Río Grande en terrenos del INTA, a fin de tentar a profesionales para que vengan a trabajar. “Los sueldos son nacionales y no tentadores por el costo de vida”, observó el ingeniero, por cuanto la posibilidad de acceder al préstamo de la vivienda servirá para resolver la falta de especialistas.
Turba racionalizada
Finalmente se lo consultó sobre la producción de turba en el centro de la isla y las perspectivas que abrió la exportación a China y la demanda del continente.
Sostuvo que “la calidad de la turba fueguina es excelente, lo que hay es desorganización de los productores. Falta una inversión o una decisión política de hacer turba. Hay ambientalistas que no quieren que las toquen, porque son 200 mil hectáreas que cumplen una función ecológica muy importante”, advirtió.
“Hay que utilizar la minería sustentable”, dijo, apuntando a la “racionalidad para sacarla, porque es un recurso renovable a muy largo plazo”.
“Sabiendo el daño ambiental que uno provoca, no está para tirarla ni regalarla. Hay que competir con las mejores turbas del mundo. Si no, no tiene sentido sacarla”, expresó.
El incentivo a esta producción va de la mano del programa Pro Agro y el ingeniero Gea confía en que el plan trazado por Julio Mercado pueda tener continuidad pese al cambio de gestión. El Pro Agro “habla de la producción hortícola, de carnes y demás. Ojalá tenga continuidad, pero no lo sabemos porque en esta provincia hay cambios bruscos. Leí que el gobierno electo iba a crear un Ministerio de Agricultura, esto es importante y ojalá esté ahí incluida la turba”, concluyó.
El ingeniero Paulo Gea valoró el impulso que da la ley de agricultura familiar a todo cultivo de este tipo. “Para Argentina es inédito, y es inédito en Latinoamérica tener una ley de agricultura familiar”, aseveró.La charla será reprogramada pero el sábado, el coordinador del programa Pro Huerta, Paulo Gea, expuso las implicancias de esta norma y la necesidad de incorporar la producción de alimentos como parte de la política pública local.
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