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El Dr. Francisco Ibarra, procurador penitenciario de la provincia, dio a conocer graves falencias del sistema carcelario, que viola las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad. La situación más grave se centra en Ushuaia, con una alcaidía donde hay hacinamiento y no se reúnen los requisitos mínimos para la detención de personas. “Las cárceles no son depósitos”, advirtió a los gobiernos entrante y saliente, que hasta ahora no se han acercado a la dependencia pública. Por el contrario: Ríos vetó la creación de esta figura primero, y ahora el presupuesto para que pueda funcionar.

El procurador penitenciario, Dr. Francisco Ibarra, dio a conocer el rol que le compete en la flamante institución de la provincia.

02-11-2015 Río Grande.– El procurador penitenciario, Dr. Francisco Ibarra, dio a conocer el rol que le compete en la flamante institución de la provincia, en diálogo con Radio Universidad 93.5.
Recordó que esta figura fue creada por ley 1027, sancionada en 2014, y se enmarca en el ámbito de la Legislatura provincial.
“No tiene dependencia jerárquica ni del Ejecutivo ni del Legislativo ni del Judicial, pero debe realizar un informe anual ante la Legislatura”, dijo.
“Tiene su propio presupuesto y potestades disciplinarias sobre el personal a cargo; dentro de las facultades, puedo pedir informes al Poder Judicial, a los distintos juzgados de instrucción, los juzgados de ejecución y todos los juzgados que tengan relación con personas detenidas. Además de informes también puedo pedir la comparencia a mi oficina de todos estos funcionarios y se me ha otorgado la atribución de presentarme en sede judicial, ya sea radicando denuncias, acompañando hábeas corpus, o para constituirme en querellante en toda actuación donde se observe violación a las garantías constitucionales”, detalló de su campo de acción.
La figura fue muy resistida de parte del Ejecutivo, que deberá responder requerimientos ya realizados porque “hoy el sistema es deficitario totalmente”, afirmó el procurador.
“Estamos en plena función hace un mes y hasta el día de hoy no tenemos presupuesto ni estructura definida. Solamente está nombrado el procurador penitenciario y el procurador adjunto. Con él hemos recorrido las unidades de detención y la alcaidía de Ushuaia para ver la situación en que se encuentran, y hemos notado la ausencia del estado en este ámbito, tanto en lo edilicio como en el funcionamiento”, aseveró.
“Hemos pedido informes de todo esto para tenerlo documentado. Todavía no se nos han entregado pero hemos visualizado la situación”, dijo.
En su mayoría los detenidos son varones, dado que hay una sola mujer en Río Grande y cinco en Ushuaia, en un anexo separado de la alcaidía. Pero en general “la infraestructura no es la adecuada: en Ushuaia no se cumple con los requisitos mínimos de una unidad de detención. Primero, está ubicada en pleno centro, a una cuadra de la Casa de Gobierno, en Deloqui y Gobernador Paz; y en un primer piso. En cada celda hay cuatro internos alojados con cuchetas y no tienen ni un inodoro ni agua. Eso se cierra a la noche y se abre al otro día. Es decir que para acceder a los baños tienen que esperar a que se abra para poder salir”, detalló.
Agregó que en Ushuaia “no tienen ningún lugar de esparcimiento y para poder realizar actividades tienen que salir y ser trasladados a otro sector cercano, con lo que esto significa”.
En Río Grande las condiciones de alojamiento son distintas pero hay otras falencias: “Hay 102 internos y no hay un médico estable en la unidad de detención. Nosotros nos presentamos en una acción de hábeas corpus y el juez de ejecución ordenó afectar un personal médico a la unidad. Hicimos la presentación exigiendo que se cumpla con esta manda; y al mismo tiempo pedimos un enfermero más para la dependencia”, informó el Dr. Ibarra.
Aclaró que como procurador titular y adjunto “no tenemos facultades para decir cómo se va a hacer. Lo que hacemos es detectar la falencia y denunciarlo. Es el Ejecutivo quien debe dar respuesta a estas falencias y determinar la contratación de personal médico. Pero no debe ser complejo formar un expediente administrativo de contratación de un profesional para instalarlo en la unidad de detención. Así se procede con las demás falencias que se detectan”, explicó.

Sin libertad pero con derechos

El procurador subrayó que su objetivo es “velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de los privados de la libertad. La privación de la libertad de ninguna manera significa que las garantías constitucionales no deban ser respetadas. La libertad está restringida, pero la salud es un derecho y una garantía constitucional, amparada por todos los tratados internacionales. La ejecución de la pena expresamente establece la asistencia médica del interno. Es una cuestión de salud pública y el médico es esencial”, remarcó.
“Las cárceles no son depósitos de personas”, enfatizó el abogado, ante la indiferencia del estado frente a la falta de condiciones mínimas de alojamiento.
“Hay alrededor de 200 internos en toda la provincia. En Río Grande hay un interno por celda, son 85 en la unidad de detención, separados por el anexo A y el anexo B, conforme la naturaleza del delito. Hay celdas en planta baja y planta alta. Tienen un espacio común y fuera de los dos pabellones hay una casa de pre-egreso donde están los internos que están en una evolución dentro del cumplimiento de la pena. Están separados, pero dentro de la misma unidad de detención. Enfrente hay otra casa con un anexo, donde hay internos con otra naturaleza de delitos que tienen su celda en forma individual”, describió de la situación en zona norte.
Reiteró que “esto no existe en Ushuaia. Río Grande es una unidad de detención, que tiene falencias pero lo es. Ushuaia es una alcaidía con cuatro internos por celda, que no tiene ni un inodoro, ni agua”.
En Río Grande el nivel de ocupación “está dentro de los límites, hay un exceso en dos o tres personas pero está dentro de los parámetros de una unidad de detención. En Ushuaia no, con celdas donde hay cuatro personas”, contrastó.

Seguridad condicionada

Consultado sobre el personal, y si es suficiente para la cantidad de detenidos, dijo que en general “se cumple con todos los parámetros de seguridad y están los guardia cárceles, pero si continuamente hay que trasladar internos para llevarlos al hospital, donde tienen que esperar el turno que corresponde o estar en la guardia, eso implica un debilitamiento continuo de la seguridad, porque hay que sacar dos guardias o más si el interno tiene problemas de conducta”.
“Para hacer alguna actividad física en Ushuaia tienen que trasladarse también. Si son cinco o seis internos tienen que ser acompañados por varios guardia cárceles. Esto también es un debilitamiento de la seguridad interior”, planteó.
También destacó que “en Río Grande hay un ala dentro de la penitenciaria donde están las computadoras y los internos pueden acceder a estudiar. Realmente es un sector moderno, que en Ushuaia no existe”.

Cinco distritos

En cuanto a la cantidad de procuradores en Argentina, indicó que “son cinco las provincias que tienen procuración penitenciaria. La mejor conformada estructuralmente es la procuración de la Nación, que tiene competencia en todo el país en delitos de naturaleza federal”.
Su cargo es por cinco años, renovable una sola vez por cinco años más, y lo acompaña como adjunto el Dr. Pedro Fernández.

Belous, ausente

Se le preguntó sobre la relación con la Secretaría de Derechos Humanos, que debería velar por los mismos objetivos. “No he tenido hasta hoy una reunión con la Secretaria, por razones de agenda tuve una reunión en la Legislatura, y se reunió el procurador adjunto con la secretaria Nélida Belous, a quien hemos pedido informes sobre la actividad que ha realizado respecto de los internos, a los efectos de continuar o profundizar la actuación”, dijo.
Sin embargo no tiene conocimiento de ninguna acción frente a la situación de los internos de la capital fueguina, de parte del área a cargo de Belous. “Desconozco que se haya realizado algún planteo de la situación carcelaria de Ushuaia; y es lamentable que en una provincia tan joven como la nuestra, con 200 internos y dos unidades de detención, la ciudad de Ushuaia esté tan mal. Es un punto importante que se deberá mejorar”, reclamó.
“Esa alcaidía está totalmente desactualizada con lo que es la ciudad de Ushuaia. Era preferible la cárcel vieja al lugar donde están, porque si uno recorre la cárcel vieja como monumento histórico, está en mejores condiciones que la alcaidía –aseguró-. Uno ve que tiene una celda donde está el camastro. Si van a la alcaidía de Ushuaia no es así. Y si se llegase a prender fuego una celda, corre serio riesgo la integridad no sólo de los internos sino de todos, porque no hay vía de escape”, alertó el Dr. Ibarra.
Detalló que la seccional está en la esquina, adonde “se ingresa por una única puerta y se debe subir por escalera, abrir una única puerta de entrada y salida, para ingresar a la unidad de detención”, sin vías de evacuación.

Autoridades sin contacto

Con respecto a la gobernadora saliente y la gobernadora entrante, hasta ahora no mostraron interés en esta dependencia. “Desconozco la postura en materia de derechos humanos del Ejecutivo. Uno ve expresiones públicas pero en lo concreto lo desconozco y me extraña que no haya intentado contactarse ninguna autoridad, ni de los que se van ni de los que van a asumir el próximo año”, dijo.
“Tuve contacto con el jefe de policía y el director de la unidad de detención, con el Dr. Dieguez y jefes a cargo de las penitenciarías. Tal vez no nos consideran una institución formada y no tienen conocimiento de nuestra actuación real, pero hemos remitido notificaciones a todas las áreas”, aseguró.
Reconoció que todavía no tienen espacio físico propio en Río Grande y constituyeron domicilio en dependencias de la delegación legislativa. En Ushuaia también el domicilio fijado es en las oficinas de Legislatura de calle San Martín, donde funcionan los bloques. “Estamos esperando que se nos apruebe el presupuesto para alquilar la oficina, tener el espacio físico y las personas que se van a encargar de la parte administrativa”, dijo Ibarra, con las dificultades de las demoras que impone el rechazo del Poder Ejecutivo a esta estructura.
“La ley ha sido vetada por el Ejecutivo de la provincia y la Legislatura la insistió. Mi designación fue por unanimidad y me extrañó que al momento de la jura no hubiese personal representante del Poder Ejecutivo que asume ni titulares del Ejecutivo que se va. También los legisladores electos del FPV y los que continúan estuvieron ausentes al momento de la jura. No he tenido contacto y quiero creer que será porque desconocen la existencia y esto es nuevo. Estimo que cuando estemos constituidos formalmente y con domicilio propio, se nos invitará y tendremos alguna clase de reunión”, confió.
Además de vetar la ley de creación, Ríos vetó el presupuesto. “El presupuesto debe ser aprobado por ley. Se votó con diez legisladores a favor y cuatro en contra. Sé que iba a ser vetado por el Ejecutivo pero todavía no tengo notificación de eso”, manifestó por último, a la espera de la insistencia.