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El Observatorio de Discapacidad calificó “de una inmoralidad que indigna” los descuentos que se están efectuando a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, para poder contar con los beneficios del IPAUSS. Harán una presentación judicial y además un planteo por “discriminación” ante el INADI, dado que el porcentaje es superior al que aportan los activos para la obra social.

09-03-16 Río Grande.- La responsable del Observatorio de Discapacidad, Diana Román, consideró “de una inmoralidad que indigna” los descuentos que comenzaron a efectuarse a los beneficiarios de pensiones, y además afirmó que resulta “discriminatorio”, al haberse fijado un porcentaje mayor al que se retiene a los activos para la obra social del IPAUSS.
Por Radio Nacional Ushuaia adelantó acciones judiciales contra el paquete de leyes aprobado el 8 de enero pasado, para “pedir la derogación”, y también sumarán un repudio a la directora por los pasivos Margarita Gallardo, a quien acusan de discriminar a los beneficiarios.
“En una asamblea donde concurrieron alrededor de 15 personas con discapacidad y familiares, vino una mamá muy enojada porque había leído lo que esta mujer –por Margarita Gallardo- publicó en Facebook. Allí puso hasta el precio que se paga por una prótesis, justificando lo caros que son los gastos de las personas con discapacidad”, dijo.
Aseguró que la directora en su muro de la red social “explicaba que con este 5% lo que se logra es que ingresen alrededor de 600 mil pesos al instituto. Ella reconoce que no sirve para nada, pero sí sirve dentro de la economía de la familia”.
Sostuvo que el mensaje “fue muy agresivo”, y agregó que “hay gente que históricamente estuvo en la temática de discapacidad y siempre ella habla de manera muy despectiva. Considera que las RUPE no deberían estar en la órbita del IPAUSS. Así se los hace saber y se los hace sufrir cada vez que se necesita que el IPAUSS cubra algo”, dijo.

Pagan pensionados por deudas del gobierno

Román apuntó contra el gobierno que, en lugar de pagar la deuda del Ministerio de Desarrollo Social, optó por descontar a los pensionados, que ni siquiera están cobrando lo que marca la ley, que es el equivalente a una categoría 10 de la administración pública. “En vez de decir que había que recuperar la deuda del Ministerio de Desarrollo Social, no se les ocurre mejor cosa que descontar este 5% a un sector desprotegido. Están desconociendo el carácter solidario de las pensiones y las características de las personas con discapacidad”, cuestionó.
“Nadie es discapacitado porque quiere y nadie está exento de tener una discapacidad. Hay gente a la que le han descontado hasta un 10% y estamos esperando ver las boletas para ver qué pasó. Hay gente que vive de esta pensión, pero además está el hecho político de ir por estos sectores: las pensiones RUPE son para personas con discapacidad, para menores desamparados, hay pensiones por vejez y para excombatientes. No se explica, en relación al beneficio del dinero que ingresa, porque son 600 mil pesos, que para el presupuesto del IPAUSS es nada”, sostuvo.

A la justicia

Adelantó una presentación judicial porque la ley que dispone estos descuentos “es inconstitucional y vulnera derechos adquiridos. El año pasado actualizaron solamente un 10%”, señaló sobre el aumento otorgado a los activos que no se reflejó en las RUPE.
“Este año no hay miras de que vayan a actualizarlas. Con la inflación que hay, están llevando a equipararlo con el monto de la pensión nacional”, advirtió.
Y planteó la discriminación, porque “un activo aporta un 2 ó 3 por ciento a la obra social y no sé por qué les descuentan el 5% a las pensiones RUPE. Es discriminatorio y, cuando uno pregunta, la explicación es que los discapacitados son carísimos”, afirmó.
“Hablan de personas como si fuesen gastos. Es decepcionante escuchar a los funcionarios y a esta mujer que sale a justificar este tipo de cosas”, dijo nuevamente en referencia a Margarita Gallardo.
“Es injusto lo que están haciendo con los trabajadores, pero ya con las personas con discapacidad, es de una inmoralidad que indigna”, enfatizó.
La presentación judicial ingresará mañana jueves y consiste en un planteo de fondo por inconstitucionalidad, además de “medidas cautelares para que frenen los descuentos. Cada vez son más personas y familiares que se acercan”, expuso.
Dio a conocer también que recurrirán al INADI, “no solamente por las expresiones de Margarita Gallardo sino por el carácter discriminatorio de la ley”.
Hoy tienen previsto reclamar una reunión a los legisladores provinciales. “Les hemos pedido que se expidan públicamente sobre esta ley. Resulta que ahora nadie fue, nadie la votó y otros están en contra”, indicó, con la esperanza de “conseguir las voluntades para lograr la derogación”.