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El mopofista fue uno de los que se opuso al descuento salarial y, tras el primer encuentro con dirigentes sindicales, considera que puede haber consenso para las modificaciones de la ley de emergencia del IPAUSS. Hoy se reúnen para unificar posturas respecto del régimen previsional y el jueves habrá otra reunión ampliada a organizaciones vinculadas con el régimen de pensiones especiales.

Villegas confió en “la posibilidad de trabajar con los distintos gremios en las diversas leyes sancionadas entre el 8 y 9 de enero, sin que ello represente más compromiso que este: trabajar en forma conjunta para ver si se puede hacer un aporte efectivo a la solución del problema”.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas evaluó el resultado de la primera reunión de la mesa técnica entre legisladores y dirigentes de la unión de gremios, para avanzar en la modificación del paquete de leyes.
En diálogo con Radio Universidad 93.5, destacó la participación de representantes del MPF, la UCR y también del legislador del FPV Ricardo Romano, si bien lo hizo a título personal y no en nombre del bloque.
“Participamos junto con el legislador Löffler y la legisladora Mónica Urquiza en representación del bloque del MPF. La legisladora Boyadjián no pudo estar presente pero a partir de mañana se va a sumar a estas reuniones”, manifestó, en tanto por el bloque UCR estuvo el legislador Oscar Rubinos. “El legislador Ricardo Romano concurrió por el FPV, y dejó en claro que lo hacía a título personal y no en nombre del bloque”, señaló.
De parte de los gremios, hubo representantes de SUTEF, ATE, SEJUP, SOEM, Energía, Obras Sanitarias, APOC, entre otros. “Estuvo casi la totalidad de la representación de la unión de gremios y la reunión se dio a instancias de un trabajo que venía haciendo con nuestra anuencia el legislador Rubinos, que la semana pasada estuvo en contacto con algunos sectores gremiales, mientras nosotros habíamos estado con otros”, dijo Villegas.

Tiempo agotado

El mopofista explicó la demora en convocar a esta mesa, dado que esperaba un avance del Poder Ejecutivo: “Dejamos un tiempo prudencial para que tanto el Ejecutivo como los representantes de las asociaciones sindicales estatales encuentren alguna solución a esta problemática, pero ante el fracaso de esas negociaciones, desde la Legislatura presentamos algunos proyectos de ley referidos a estas cuestiones y consideramos que era oportuno canalizarlo a través del dialogo institucional, y en un marco de respeto”, dijo, tal como se logró ayer.
Confió en “la posibilidad de trabajar con los distintos gremios en las diversas leyes sancionadas entre el 8 y 9 de enero, sin que ello represente más compromiso que este: trabajar en forma conjunta para ver si se puede hacer un aporte efectivo a la solución del problema”.

Cambios con consenso

El legislador informó que la reunión de ayer “se enfocó en la ley de emergencia previsional -1068-, y allí creo que tenemos una gran posibilidad de avanzar con un trabajo mucho más rápido que con otras leyes. La ley de emergencia previsional establece el aporte extraordinario al fondo solidario. Nosotros estamos de acuerdo en la derogación del mismo y presentamos un proyecto sobre esto”. También ve avances para la derogación del artículo 17, que “congela en cierto modo la movilidad previsional” y en “el tratamiento de la deuda del IPAUSS”, puntualizó.
“Los dirigentes gremiales dieron su opinión sobre esta ley y acordamos que mañana –por hoy- nos vamos a reunir los legisladores para avanzar de manera más concreta y acordar entre nosotros en qué estamos de acuerdo y en qué no respecto de la ley 1068. Hay miradas que pueden ser distintas”, indicó.
Hoy a las 14:00 se reúne una comisión técnica “tendiente a empezar a trabajar sobre las distintas posturas gremiales y la posición de los legisladores respecto del régimen de jubilaciones y pensiones, porque es distinta la mirada que tiene SIPROSA, de ATE, SOEM y SUTEF; y para el jueves quedó pactada una reunión a las 16:00 para citar a algunas organizaciones no gubernamentales interesadas para evaluar el régimen único de pensiones especiales (RUPE)”, adelantó Villegas.

Sugerencia sin respuesta

El legislador dio cuenta del pedido formulado a los gremios para que levanten las medidas de fuerza, que no tuvo respuesta. “Consideramos un aporte de buena fe de parte del sector sindical, que levantaran estas medidas de acción directa que están llevando a cabo y terminan teniendo de víctimas a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, como los niños que no han podido asistir a las escuelas y las personas que requieren de los servicios del sistema de salud”, dijo.
“Pedimos un gesto de buena voluntad, teniendo en cuenta que se afectan grupos vulnerables, y los sindicalistas tomaron nota pero no hicieron ninguna expresión al respecto”, lamentó.

Descuentos legales

Consultado sobre los descuentos salariales por los días de paro, como abogado aseguró que corresponden e instó “a hacerse cargo de lo que hace cada uno”, dado que no tendría justificación en un reclamo laboral, para ser considerado un paro legal.
“El conflicto obedece a no estar de acuerdo determinados sectores gremiales con el alcance de distintas leyes sancionadas. No estamos frente a un conflicto de intereses o de los trabajadores con su empleador, que tenga que ver con la mejora de condiciones laborales. Tampoco hay un conflicto de derecho entre empleado y empleador que guarde relación con la aplicación de un convenio colectivo o un acuerdo paritario. Lo que hay es una posición política y eso trae sus consecuencias jurídicas”, advirtió.
“Una consecuencia jurídica es que seguramente les van a descontar los días de paro. Esto es sencillo y es resorte de interpretación del poder judicial”, expuso.
La posibilidad de descontar todos los días, estaría dada por la jurisprudencia local frente a cada día no trabajado. “Mientras no haya contraprestación laboral y no haya una justificación legal, más allá de si es justo o injusto, si no trabajan no cobran”, sentenció Villegas.

Crítica al Ejecutivo

Además agregó una postura crítica “por la actuación del Ejecutivo” en este conflicto. “Hemos estado de manera muy prudente a la expectativa de que se resuelva esto, pero vemos que pasan los días y no se resuelve. El Estado debe prestar el servicio de educación y se está incumpliendo con un mandato constitucional que está en cabeza del Ejecutivo. De allí nuestra intervención más proactiva”, dijo.
Asimismo, prevé una acción específica vinculada con la no prestación del servicio educativo. “Si hay padres que quieren iniciar una acción judicial, creo que lo podemos hacer con absoluta legitimidad. En particular estoy trabajando en un proyecto que guarda relación con esta situación que se repite año a año. No lo tengo consensuado todavía dentro del bloque y no lo quiero dar a conocer todavía”, señaló, sobre una iniciativa que busca garantizar el dictado de clases.

Rehenes de una interna

Consultado sobre la decisión de los municipios de no descontar salarios para el fondo solidario del IPAUSS, el legislador Villegas dejó clara su visión de que la sociedad está inmersa en una interna del Frente para la Victoria.
“Esto tiene que ver con la interna del FPV, porque en la misma sesión del 8 y 9 de enero un legislador del FPV, ante el planteo que le hice en contra del impuesto inmobiliario, en forma personal, porque afectaba las autonomías municipales, me decía que había sido un acuerdo político entre los tres intendentes y la gobernadora”, dijo de uno de los puntos rechazados por los concejos deliberantes, por avanzar sobre la autonomía.
“A medida que se fue desarrollando el conflicto, los intendentes fueron cambiando de opinión y no hago otra lectura más que entender que los posicionamientos políticos responden a los distintos posicionamientos que tienen internamente en el FPV. Por eso a uno le molesta que desde la ciudad de Río Grande se diga que hay que parar la pelota y cuestionen a la Legislatura. La mejor forma de pacificar el conflicto, primero, es que no nos hagan parte a todos de la interna del FPV; y segundo, pagarle al IPAUSS lo que le debe la Municipalidad de Río Grande”, disparó.
“Tenemos que ser coherentes, si queremos la pacificación y la solución del problema, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda en tiempo y forma”, subrayó Villegas.
Hizo referencia a deudas atrasadas dado que con los aportes y contribuciones actuales “se debiera estar cumpliendo. Además cada Municipio, a cuenta de la consolidación de la deuda, tiene un descuento de 500 mil pesos”, dijo para el caso de Río Grande y Ushuaia, dado que para Tolhuin el monto se reduce a cien mil.

La herencia de la que Bertone no habla

Por otra parte, cuestionó el silencio de la gobernadora Rosana Bertone sobre la pesada herencia recibida, sin poder descifrar qué tipo de acuerdo pudiera vincularla con la ex mandataria, a la que ve responsable del desmadre del IPAUSS: “El gobierno de Fabiana Ríos dejó 1.700 millones de pesos de deuda en materia de contribuciones previsionales y asistenciales”, afirmó.
“Por lo que me han dicho, el desfinanciamiento que le ha generado al IPAUSS ronda los 1.700 millones de pesos”, ratificó, y consideró que “uno de los errores estratégicos que ha tenido el Poder Ejecutivo, y se los he transmitido, es no saber informar a la opinión pública el estado anárquico y de quebranto en que se recibió el gobierno de la provincia”.
“Ellos tendrán sus razones. No lo hicieron en diciembre, yo tenía la expectativa de que la gobernadora Bertone lo iba a hacer el 1 de marzo al inicio de las sesiones ordinarias, pero tampoco lo hizo. Será responsabilidad de ellos hacerlo o no. Lo cierto es que en diciembre nosotros aprobamos un endeudamiento de 1.050 millones de pesos, que se tomó para poder pagar los sueldos de diciembre y los aguinaldos y jubilaciones; y también aprobamos un presupuesto que tiene un déficit de 1.100 millones. Ese endeudamiento hay que pagarlo y ya se gastó en sueldos”, sentenció.

Informes sobre acuerdo de coparticipación

Finalmente dio a conocer que la semana pasada elevó un pedido de informes al Ejecutivo, para que aporte “datos objetivos y veraces sobre los montos pretendidos por la provincia, y las condiciones de un acuerdo que dicen que se lograría con el Poder Ejecutivo Nacional, como también de las propuestas de pago que ofrecen”, dijo, con relación a la negociación por el 15% de coparticipación retenido en forma indebida durante la gestión kirchnerista.
“Si vamos al decreto 406 del Poder Ejecutivo Nacional, nosotros no estamos de acuerdo porque la Nación fija las condiciones en que la provincia puede utilizar el recupero de los fondos de coparticipación”, sostuvo.
Recordó que “la Legislatura debe aprobar un acuerdo de estas características, en el marco de una ley-convenio o un acuerdo Nación-Provincia, y no queremos llegar a una sesión sin información cierta, fidedigna y veraz. También pedimos al Ejecutivo que se dé participación al Legislativo en todo este proceso, para que no pase lo que pasó el 8 de enero”.
Aclaró que en esa sesión que derivó en el paquete de leyes cuestionado, votó a conciencia. “Personalmente no es que voté sin saber, estuve seis meses estudiando el régimen jubilatorio y no estaba de acuerdo con la mirada que le había dado el Ejecutivo a varios proyectos de ley”, teniendo en cuenta que no acompañó ni la reforma al impuesto inmobiliario ni los descuentos salariales.
También dejó claro que el MPF no participa de ningún acuerdo con la gestión Bertone, dado que en su momento lo cerró con el senador fallecido Jorge Garramuño. “En ese acuerdo no participamos, no estuvimos presentes ni estuvimos de acuerdo. Lo hizo en su momento con Garramuño y no implica ningún compromiso tener funcionarios del MPF, que son decisiones a título personal. No son hombres que el MPF aportó orgánicamente a la gestión de Rosana Bertone”, concluyó.