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El concejal radical Paulino Rossi cuestionó la falta de garantías de seguridad de parte del Estado provincial, en los incidentes de la noche del martes en la Planta Orión. Sostuvo que el gobierno debe dar “previsibilidad” y “garantizar los derechos individuales”, como también que se sabía que habría un enfrentamiento entre gremios. Además cargó contra la falta de información sobre los fondos que ingresan a la provincia y la recaudación propia, que contrastó con la facilidad de acceso durante la gestión Ríos.

El concejal de la UCR Paulino Rossi cuestionó la falta de garantías de parte del estado en el piquete frente a la planta Orión, cuando era previsible que hubiera incidentes con los camioneros que fueron a despejar el acceso.

Río Grande.- El concejal de la UCR Paulino Rossi cuestionó ayer por Radio Universidad 93.5 la falta de garantías de parte del Estado en el piquete frente a la planta Orión, cuando era previsible que hubiera incidentes con los camioneros que fueron a despejar el acceso.
“Estoy muy preocupado por la ausencia del estado para garantizar los derechos individuales de las personas. Los dos sectores reclaman cosas que consideran justas y en vez de dirimir este choque de derechos por la vía institucional, se resolvió por cuenta propia”, dijo de la refriega en la que, violencia mediante, se despejó el piquete frente a la planta,
“Esto es muy grave. Era un lugar peligrosísimo, el tema era la provisión de combustible y fue resuelto por la fuerza. El Estado no dio ninguna garantía para ver qué derecho prevalece sobre otro”, remarcó.
Consideró un grave precedente porque “esto genera expectativas negativas en las garantías jurídicas de la provincia” y podría instar a seguir resolviendo por la fuerza las diferencias entre vecinos.
Además apuntó a la paralización de la economía provincial, la baja de ventas en el comercio y “lo más grave es que hay gente que no tiene capacidad de compra”, dijo sobre el proceso de recesión como consecuencia de la inflación.
En el contexto nacional, el conflicto en la provincia es más que un agravante. “El parate no es del sector público sino que afecta a toda la sociedad y hay gente que no puede llegar a fin de mes. Y lo más grave es no hay horizonte de cuándo se puede llegar a resolver. El gobierno debe dar previsibilidad y garantizar los derechos individuales”, reclamó Rossi.
El concejal espera que los incidentes del martes “sean un punto de inflexión para cambiar esto. Si naturalizamos este estado ausente, no sé el punto de escalada que podemos llegar a vivir en los próximos días”, alertó.
“Se sabía que había una movilización y que iba a generar un choque de sectores y el estado no tomó ninguna acción. No hubo uno solo del equipo de la gobernadora que se pusiera al frente del conflicto. El diálogo no se puede proclamar, hay que ejercerlo”, fustigó el edil.
Además observó que, desde el momento en que se tomaron medidas económicas, “se sabía que iba a generar una reacción, pero buscan excusas para ofenderse y no buscar una salida”.

“Esto es muy grave. Era un lugar peligrosísimo, el tema era la provisión de combustible y fue resuelto por la fuerza. El Estado no dio ninguna garantía para ver qué derecho prevalece sobre otro”, remarcó

Sin información

Si bien indicó que el primer trimestre del año siempre es el más complicado, prevé “una suba de ingresos por la liquidación de ganancias, y además la devaluación impacta en mejora de regalías. También la tributaria ha aumentado significativamente”.
Esto debería traducirse en aumento de ingresos al Municipio pero no pueden contar con información de lo que está recaudando la provincia. “Hace 60 días que no se sabe absolutamente nada de lo que entra y sale de la provincia. A la página de Rentas accedía todo el mundo y no se publica. Lo único que se sabe es la coparticipación federal, que viene aumentando todos los meses, pero el impacto de las regalías y de la tributaria con esta megaestructura que se ha generado, no se conoce”, dijo.
“Estamos en una situación muy complicada porque no hay información de ningún tipo y la provincia no la remite porque no puede entrar a la Casa de Gobierno”, dijo, instando a “ser muy proactivos en todo lo que sea acceso a la información”.
En este punto, y pese a las diferencias políticas, destacó “el equipo técnico que tenía Fabiana Ríos, de los mejores de la Argentina”, por el nivel de acceso a la información.
Y agregó que “la nueva agencia nos cuesta más del doble por la gestión de coparticipación. Son más de 15 millones de pesos por año de costo operativo”, dijo del valor de las transferencias, sin que puedan conocer las cifras que se están manejando en la provincia.

Retención ilegal

Por otra parte, se lo consultó sobre la posibilidad de que el gobierno retenga en forma automática de los fondos de coparticipación municipal, la parte que corresponde al fondo solidario y que fue rechazado por ordenanza.
Dijo que la retención “está prevista en la ley de jubilaciones que existía con anterioridad”, pero que “el fondo solidario no está contenido en esta ley sino en la ley 1068. No está establecido que puede ser retenido de la coparticipación y no tienen sustento jurídico para hacerlo la provincia. Si a algún iluminado se le ocurre hacerlo, está cayendo en una retención indebida de fondos, que ya fue causal de juicio político”, recordó sobre el proceso que se siguió contra Jorge Colazo.
“Estarían cayendo en una ilegalidad manifiesta, con una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. Si el gobierno tiene alguna duda o cuestionamiento de este instrumento jurídico, tiene que usar la vía de la justicia y no lo puede hacer por motu propio”, sentenció.