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La ex gobernadora Fabiana Ríos fue denunciada por presunto perjuicio fiscal, al haber otorgado permisos y licencias gremiales pagas por el Estado a sindicatos no constituidos legalmente. La presentación se hizo ante el Tribunal de Cuentas, que deberá evaluar si corresponde el juicio de residencia. Desde el gobierno habían estimado el dispendio de 550 millones de pesos anuales por este concepto, distribuidos entre todas las organizaciones sindicales pero, de 25 que funcionan en el Estado, solamente cuatro tendrían personería gremial.

Ayer se radicó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la ex gobernadora Fabiana Ríos, que podría enfrentar un juicio de residencia por el pago de sumas millonarias en concepto de licencias y permisos gremiales a entidades no constituidas legalmente.

Río Grande.- Ayer se radicó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la ex gobernadora Fabiana Ríos, que podría enfrentar un juicio de residencia por el pago de sumas millonarias en concepto de licencias y permisos gremiales a entidades no constituidas legalmente.
Por FM La Isla, el ministro de Gobierno Gastón Díaz dio algunas precisiones sobre la presentación realizada en horas de la mañana: “Entendemos que se ha causado perjuicio fiscal a través del otorgamiento de personerías a entidades gremiales que no están amparadas en la ley nacional 23.551 –de asociaciones sindicales-, que ha permitido que muchos utilicen permisos gremiales que legalmente no correspondían”, dijo el funcionario.
“Eso es perjuicio fiscal para la provincia y de la misma manera genera perjuicio fiscal la negligencia en el control de las horas de permiso gremial otorgadas”, sentenció, a partir del exceso del tope mensual convenido, que igualmente se siguió abonando.
“El Dr. Álvarez, nuestro subsecretario de asuntos gremiales, hizo referencia a que hemos detectado muchísimas horas, alrededor de 4.500 que estaban abonando y no correspondían, generando un perjuicio fiscal enorme”, sostuvo.
“Esto fue presentado en el día de la fecha –por ayer- y tiene que ver con el juicio de residencia de la ex gobernadora de la provincia”, sentenció.
Fue terminante al momento de sentar la postura de la gestión Bertone frente a esta presunta irregularidad, pese al intento de negociar la paz social con los gremios que mantienen el acampe, muchos de ellos considerados dentro de esta ilegalidad: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si está fuera de la ley, está fuera de la ley”, remarcó el ministro.
Además, dio cuenta de la llamada de atención a la provincia por parte del Consejo Federal del Trabajo. “Esto fue la semana pasada, con la presencia del Ministro de Trabajo de Nación y el director de asociaciones sindicales, que nos dicen que estamos fiera del marco constitucional al tener un decreto vigente que permite la formación de asociaciones sindicales”, informó, y apuntó que “esto no es algo que se esté discutiendo recién ahora”, dado que se dio tiempo a comienzos de año para que se regularizara la situación con la correspondiente inscripción en el Ministerio de Trabajo de Nación.
Se le consultó cómo recibieron los gremios esta decisión. “Imagino que a los que están fuera de la ley no les habrá gustado, como no les gusta a ninguno que esté fuera de la ley que se ponga en evidencia su situación”, concedió Díaz, pero además observó que es una situación que también “perjudica” a los sindicatos legalmente constituidos.
“Nosotros hemos ofrecido a todas las entidades gremiales la posibilidad de que readecuen su funcionamiento, presentando la documentación que corresponde en el Ministerio de Trabajo de Nación. El ministro de Trabajo Daniel Rivarola a principios de año les otorgó plazo inclusive para que hagan la presentación ante el Ministerio de Trabajo de Nación”, recordó Díaz.
La denuncia se vincula con el decreto 864 del año 2009, firmado por Ríos, que “ratifica un acta acuerdo firmada entre el anterior Poder Ejecutivo y la CTA. A partir de ahí se genera un registro que permite la creación de asociaciones sindicales provinciales. El Consejo Federal del Trabajo nos ha dicho que no corresponde y que no es legal”, aseveró.

Daño “millonario”

Se le consultó a cuánto asciende el daño patrimonial que habría causado Ríos a las arcas provinciales. “No podría dar la respuesta en este momento, pero son millones de pesos mensuales, en concepto de licencias gremiales pagas”, dijo, e instó a pensar en “en el sueldo de cada uno de los integrantes de las asociaciones sindicales que no va a trabajar porque tienen permisos gremiales, y son de una asociación no legalmente constituida”.
“La verdad no tenemos desde el Ministerio de Gobierno una precisión del monto, pero hablamos de mucho dinero”, aseguró.
Cabe recordar que el subsecretario de Asuntos Gremiales lanzó una cifra de 550 millones anuales en total, como pago de los permisos gremiales a todas las entidades, legales o no. “Es posible. Hay estimativos pero quiero ser muy prudente para darle seriedad a algo que es muy importante”, señaló Díaz.

Sobre el límite

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue realizada sobre el límite del plazo para pedir el juicio de residencia, que caduca el 17 de este mes.
La presentación está firmada por el ministro Díaz y ahora será tarea del órgano de contralor analizarla y definir si avanza el juicio, que prevé el resarcimiento patrimonial de parte del funcionario involucrado, si es encontrado culpable.
El texto claramente identifica a la ex mandataria como presunta responsable: “Venimos a formular denuncia por presunto daño patrimonial contra la gobernadora (mc) María Fabiana Ríos a través del Instituto de Juicio de Residencia previsto en el artículo 114 y 190 de la Constitución Provincial, y lo estipulado en las leyes provinciales N° 50 (artículos 49 y 76) y leyes 264, 619 y 856”, expresa.
Se imputa el daño patrimonial a partir de la creación por decreto del “Registro de Organizaciones Sindicales”, que le dio reconocimiento a la CTA Tierra del Fuego, tras un acuerdo entre el entonces ministro de Trabajo Marcelo Echazú y el dirigente Jorge Portel.
Dicho reconocimiento llegó acompañado de fondos, como el pago de licencias gremiales a una entidad sin personería, a lo largo de varios ejercicios fiscales.
Como efecto colateral, se vio una proliferación de dirigentes sindicales, que el subsecretario de Asuntos Gremiales estimó en más de 1.700, sin contar las comisiones directivas. Todos ellos con permisos gremiales pagos y crédito de horas cátedra para utilizar sin control.