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El Municipio de Río Grande había estimado 70 millones y desde Ushuaia se planteó una deuda similar, sólo de coparticipación de los últimos meses. El conflicto estatal y la emergencia administrativa serían la excusa para no brindar información sobre la recaudación propia a las municipalidades, que exponen el corte del goteo diario. Tampoco se gira toda la coparticipación nacional ni las regalías, aseguró la secretaria de Economía y Finanzas, Andrea Ontoria. También se refirió a la deuda del ex intendente Sciurano, para lo dijo que “queremos poner blanco sobre negro. La comunidad tiene necesidad y derecho de saberlo y nosotros la obligación de brindar esa información como funcionarios”, y estimó una cifra que llega a “los 360 millones”.

«Desde el 19 de febrero no tenemos información ni de la recaudación de regalías ni de recursos de origen provincial”, confirmó Ontoria, desde la administración Vuoto.

Río Grande.- Detrás del conflicto estatal que superó el mes y medio sin señales de resolverse, afloró en los últimos días la información de los municipios respecto de abultadas deudas de coparticipación que se están generando por parte del gobierno provincial, aun por conceptos en los que no tiene intervención la administración.
Desde el Municipio de Río Grande, el secretario Federico Runín había estimado en 70 millones la deuda de coparticipación del gobierno, y de parte del Municipio de Ushuaia la contadora Andrea Ontoria, a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, habló de 60 millones de deuda, más otros 23 millones por tasas e impuestos.
Fue en declaraciones realizadas este sábado a Radio Universidad 93.5, consultada además sobre la falta de información del dinero que ingresa a las arcas provinciales denunciada por la administración Melella.
“Comparto lo que dijo el Dr. Federico Runín y desde el 19 de febrero no tenemos información ni de la recaudación de regalías ni de recursos de origen provincial”, confirmó Ontoria, desde la administración Vuoto.
“Tenemos un cálculo de la coparticipación nacional que tendría que bajar en goteo a los municipios y no está ocurriendo desde marzo. El goteo no es diario”, aseguró.
Dijo que “en principio lo relacionamos con la emergencia y el paro de la administración provincial, porque si no está funcionando es difícil que se generen los trámites administrativos. Venimos siguiendo la deuda de la coparticipación nacional (que no depende de la publicidad de la administración de la provincia), y de goteo diario de coparticipación nacional nos deben 9 millones”, precisó la contadora.
Agregó que también el gobierno adeuda “los definitivos –o saldos de coparticipación- que rondaba los 4 millones cuando asumimos y tenemos cuatro meses vencidos sin pagar, que sumarían otros 16 millones”.
Por deuda de recursos provinciales “creemos que son aproximadamente 40 millones, desde el 19 de febrero hasta la fecha. Es una proyección”, indicó, al no contar con información de la recaudación de la provincia, previendo que puede haber mermado al no tener las puertas abiertas por las medidas de fuerza en Rentas.
Añadió que hay “otros 8 millones de regalías que no tienen incidencia de ningún aspecto provincial” y no se están transfiriendo tampoco. “Sumando todo eso llegamos a los 60 millones de pesos”, dijo de un monto que se asemeja a las estimaciones de Río Grande.
Consultada sobre eventuales deudas del Municipio a la Provincia, Ontoria dijo que “con la DPOSS tenemos un acuerdo y estamos compensando; con Energía también tenemos un acuerdo por alumbrado público y es un convenio del ’90 que estamos revisando. Seguramente en ese convenio entrará si existe o no deuda por parte de ambos”.
Al margen de estas acreencias, quedan pendientes “tasas generales e impuesto inmobiliario, por unos 23 millones de pesos” que “se suman a los 60 millones de coparticipación”, indicó la Secretaria, refiriéndose a “servicios que la municipalidad le presta al estado provincial”.

Descuento de aportes

Paralelamente, dio cuenta del descuento del aporte solidario que se viene efectuando a la Municipalidad de Ushuaia. “Los funcionarios adherimos todos, se descontó la primera vez y se siguió descontando después de la inaplicabilidad de la ley, pero a los empleados se lo devolvimos”, informó.
Estimó que fueron “unos 900 mil pesos” el descuento de los empleados cuando alcanzaba a todos los agentes, y ratificó que “lo retienen igual”, pero ahora resta calcular cuál es el monto que queda al haber fijado el tope a partir de los 26 mil pesos de salario neto.

Sin diálogo

Respecto de alguna explicación de parte del gobierno por una deuda que sigue creciendo y por la falta de información oficial, Ontoria dijo que “el diálogo se cortó con el goteo y seguramente tiene que ver con el conflicto”.
“Tal vez es mejor no tener comunicación antes que tener una mala comunicación”, barajó, pero recordó que desde el área de Economía de la provincia hubo comunicación “a diario” pero se cortó “a partir que se discontinuó el goteo. El 21 (de marzo) se reanudaron las conversaciones cuando sacaron el decreto emergencia administrativa y pensamos que se iba a regularizar la situación. Esto les permitió realizar ese goteo que hasta el momento no habían hecho y pensamos que habían encontrado la herramienta administrativa para el goteo que viene a las cuentas, porque simplemente es una disposición al banco para decir cómo distribuir”, manifestó.
Lo cierto es que transfirieron fondos “ese día y saltó del 21 hasta el 30 de marzo, que es el día de pago del personal nuestro. Se reavivó un par de días, hasta el 4 ó 5 (de abril), y ahí se volvió a cortar. Cuando hay goteo, tenemos comunicación y, cuando no hay, nada”, expresó.

Licencias gremiales municipales

Por otra parte se la consultó sobre las licencias gremiales en el ámbito municipal, a partir de la revisión que está realizando el gobierno. Concedió que detectaron “irregularidades por la cantidad de gente que tiene permisos gremiales”, otorgados durante la gestión Sciurano.
“Estamos analizando con los gremios el convenio municipal de empleo, porque hay irregularidades otorgadas por acta acuerdo y están por fuera del convenio. Esto no tiene asidero en las relaciones establecidas por convenio, como horas extras y plus especiales en algunos lugares de la municipalidad”, señaló.
Informó sobre la decisión de “suspender las actas acuerdo y revisar todo, en el marco del convenio. Algunas cuestiones no entran ni con fórceps, por eso establecimos una mesa de diálogo con los gremios, para hacer un proyecto de convenio que contemple y regularice estas situaciones”.
Apuntó que “dentro del convenio tenemos una figura de no agremiados, que opera como un gremio”, una modalidad que no tendría ningún sustento dentro del Ministerio de Trabajo.

La confusión “intencionada”

La contadora además hizo una observación sobre la polémica que se generó la semana pasada con el aumento del impuesto inmobiliario. “Hubo una confusión producto de las redes sociales”, dijo, y no descartó “una operación mediática con algunos gremios involucrados”, dado que la publicación de un particular “se asume como una cuestión generalizada”.
Confirmó que había facturas reales que fueron individualizadas y mostraban un incremento del 300%. “Eran verdaderas, no eran apócrifas, pero de un propietario que había hecho modificaciones, tenía mayor cantidad de metros construidos en una esquina y un destino comercial que antes no estaba declarado”.

Sciurano y la revisión

En cuanto al análisis que está haciendo la comisión sobre la deuda del ex intendente Sciurano, dijo que “queremos poner blanco sobre negro. La comunidad tiene necesidad y derecho de saberlo y nosotros la obligación de brindar esa información como funcionarios”, y estimó una cifra que llega a “los 360 millones”.
A las complicaciones locales se sumaron las nacionales dado que hay muchos proveedores con deuda y “no pudimos acceder todavía a los leasing. Habíamos pedido esa herramienta para ser más rápidos”, dijo sobre la autorización para comprar maquinaria municipal que dio el Concejo Deliberante.
“En medio estuvo el efecto Macri, que dio vuelta la economía, y al momento que salimos a buscar la herramienta de financiación, los mercados actuaron ante las variables económicas, que fueron cambiadas radicalmente y eso hizo que los costos subieran a una velocidad impresionante. Los primeros dos o tres meses no hubo crédito, los mercados no tiraban un precio porque sabían que se iban a modificar las variables, como tampoco tiraban precios los proveedores”, expuso la contadora.
En medio, todos los proveedores quedaron con deuda y “estamos cerrando el informe de la comisión revisora, que va a dar un número final de la deuda y un informe técnico con todas las irregularidades que encontramos en los expedientes”.
“La figura normal de tramitación en los últimos seis meses fue el reconocimiento de gastos: primero se ejecutaba el gasto sin ningún tipo de previsión presupuestaria y después se pasaba la factura y se empezaba a tramitar. Esto no es legal”, subrayó.
“Todo el operativo nieve, todas las compras, fueron sin proceso de compulsa de precio ni nada. Con todo lo que venció de mayo en adelante se inició una compra directa. Llegamos a diciembre con casi ningún servicio con trámite regulado y con orden de compra vigente”, dijo.
Aclaró que el Concejo Deliberante dio una autorización de compra directa “para el caso de la emergencia invernal, pero hubo contrataciones previas a la ordenanza. Más allá de esto, era una práctica común, cuando lo normal es tener previsiones y para eso está el presupuesto. Ni siquiera con un reconducido tuvieron previsibilidad, porque el reconducido uno lo puede seguir administrando de acuerdo a las necesidades y permite usar las partidas siempre que haya recursos. Los gastos no pueden superar los recursos”, remarcó Ontoria.
Todavía continúan con un tope hasta 150 mil pesos para proceder a la compra directa, que figura en “el anexo de una ordenanza; luego de ahí se va a concurso de precios y después a licitación. Pero siempre la contratación directa comprende tener tres presupuestos”, observó, paso que no se habría cumplido en la gestión Sciurano. “No es el caso porque compraron y no hay otros dos presupuestos, y se ejecutó más presupuesto del que tenían”, afirmó.
De acuerdo a la revisión hecha hasta ahora “estamos en alrededor de 360 millones de deuda, con casi 40 millones de reconocimiento de gastos; luego tenemos redeterminaciones de precios pautadas contractualmente por casi 45 millones de pesos”.
“Hay redeterminaciones como la de Agrotécnica, que estaban sin operar desde junio de 2014. A nosotros nos consta que en noviembre y diciembre la empresa hizo reclamos, pero antes no”, dijo, dejando el interrogante de los motivos por los cuales la empresa no reclamó por más de un año y medio.
Además del trabajo de la comisión, “la Secretaría Legal y Técnica emitió un dictamen que entregó a la Sindicatura, para que tome postura antes de que cerremos el balance”, dijo.
“Si el prestador cumplió con el servicio y entregó el bien, debiera reconocerse esa deuda más allá de que no se haya hecho el trámite administrativo”, señaló como definición de la administración Vuoto respecto de estos reclamos, si bien reconoció que es complejo comprobar la prestación de servicios en algunos casos. “Por una figura legal que es el legítimo abono se va a reconocer en general, pero se tiene que evaluar puntualmente que no haya existido sobreprecio y que el bien o el servicio se haya prestado efectivamente. Los expedientes de reconocimiento de gastos son 420”, cuantificó, para dar idea del volumen de la tarea emprendida.

Obra sin obra

Como caso paradigmático, expuso una “obra sin obra”, que es “el polo deportivo fueguino, porque no tiene detalle de obra. Cuando uno contrata, hay un plano, un detalle de los materiales, la mano de obra, la incidencia, el grado de avance, las certificaciones de esa obra y el grado de avance que genera los pagos”, indicó, sin embargo el expediente no tendría ninguno de estos pasos cumplidos.
Se le preguntó qué sigue después de la investigación, y señaló que “son dos trabajos distintos, la comisión está revisando el estado de cuentas de 2015 para entregar el informe de la cuenta de inversión. Me lo entrega a mí y al intendente, y obviamente se presenta ante el Concejo Deliberante la copia de la cuenta de inversión. Estas irregularidades están contenidas dentro del ejercicio 2015, que fue en otra administración, pero nosotros tenemos la obligación de presentar la cuenta”, recordó.
En cuanto a otras derivaciones judiciales, advirtió que “la Secretaría Legal y Técnica va viendo las irregularidades y es la que tiene que defender al municipio ante cualquier eventualidad”.