El derecho a la energía en magnitudes.
Los amparos concedidos por la justicia para frenar el brutal tarifazo han dado un respiro provisorio y parcial a los habitantes de Tierra del Fuego. Del mismo modo, las movilizaciones populares y las protestas que hicieron dar marcha atrás al gobierno nacional proponiendo topes a los escandalosos aumentos, representan un logro que de ningún modo puede tampoco entenderse como un triunfo definitivo. Incrementos con topes del 400% siguen siendo brutales, pero sobre todo, tan caprichosos como la más caprichosa idea original de fijar los aumentos en niveles de hasta el 1500%.
Así, lo único que ha quedado en claro de todo este desprolijo proceso es que el gobierno no tiene un criterio técnicamente transparente para fijar tarifas y que en las justificaciones abundan las generalidades y las opiniones sin fundamentos caracterizadas por una falta total de datos ciertos y realistas.
Esto que falta, sin embargo, es justamente lo que necesitamos en Tierra del Fuego, donde la energía es un elemento básico e indispensable para la vida. Necesitamos criterios transparentes y fundamentos técnicos para la política tarifaria, lo cual implica la construcción de un conocimiento objetivo de los hechos que permita poner en relación las necesidades de consumo y niveles de ingreso, en vistas a garantizar un acceso universalizado a la energía necesaria para una vida digna y confortable. En otras palabras, para construir el derecho a la energía es necesario un conocimiento objetivo con base técnico-científica.
En este sentido, un estudio dentro del ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Facultad a cargo del Ing. Abraham José, a cuyos resultados preliminares pudimos acceder esta semana, es un primer elemento para empezar a mapear la situación de la población de Tierra del Fuego en relación a las necesidades de energía y de dimensionar el real impacto del tarifazo en Tierra del Fuego.
El estudio, todavía en curso en nuestra Facultad, está orientado a ponerle cifras concretas a la demanda de energía dentro de la Canasta Básica Total (CBT) de los fueguinos permitiendo anticipar y controlar impactos. Así, por ejemplo, la utilización de la base de datos producida por la investigación permite interpretar que, a partir de los incrementos del gas y su impacto en la tarifa eléctrica, la porción de población fueguina que quedaría en situación calificable como de “pobreza energética” con la estructura original de aumentos llegaría al 27% y con el tope del 400% esa cifra se reduciría, según el mismo tipo de simulación, al 23%. Estos porcentajes se explican primero por el hecho de que un estimado de población del 15,4% tiene un déficit energético estructural, es decir, directamente está imposibilitado al acceso al suministro de gas para una adecuada calefacción, cocina y agua caliente, por falta de infraestructura. El resto de los puntos porcentuales surgen de la incidencia relativa, por encima de los estándares internacionales, que el aumento tarifario provoca dentro de la CBT para los sectores menos favorecidos a la hora de acceder a la energía requerida.
Para elaborar este diagnóstico, el estudio partió de determinar los requisitos de consumo en función de la situación climática (6° C de media anual) y las condiciones edilicias promedio de las viviendas en Tierra del Fuego, altamente deficitarias en materia de eficiencia térmica (sobre todo en los sectores menos favorecidos) según surge como razón entre la energía útil en los sistemas habitacionales y la energía total consumida por ellos. De este análisis se concluiría que cada fueguino requeriría en términos promedio 3740 metros cúbicos al año para disponer de un ambiente confortable (entre 18° y 21°) sobre la base calculable de un espacio de habitabilidad ideal individual de 16 metros cuadrado cubiertos.
Las situaciones críticas circunstanciales que se agregan a las estructurales surgen al aplicar los esquemas tarifarios nuevos en cruce con los niveles de ingresos que aporta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De este entrecruzamiento y, tomando en cuenta las definiciones internacionales que determinan que un individuo o unidad familiar es “pobre energético” si gasta más del 10% de sus ingresos para conseguir el suministro de energía para un ambiente confortable, se puede determinar que con la modificación original de la estructura tarifaria toda unidad familiar con un ingreso menor a $30.000 caería en situación de “pobreza energética”. Para el caso de la estructura tarifaria con 400% de tope la “pobreza energética” alcanzaría a aquellas unidades familiares con ingresos de $20.000 y menos.
Más interesante aún es correlacionar cómo la nueva tarifaria, por tener un impacto homogéneo sobre la composición social heterogénea, incide en el Coeficiente de Gini que mide desigualdad social. En 2015 ese índice era de 0,39 para Tierra del Fuego, el mejor de la Argentina y dentro (aunque muy cercano al límite) de lo que se considera una situación social de equidad. Sin embargo, la aplicación de la modificación tarifaria original sumaría por sí sola 6 décimas a ese índice y la tarifaria con topes del 400% adicionaría 2 décimas al coeficiente. Es decir, que la tarifaria del gas y su consecuencia en la tarifa eléctrica y la estructura de precios de totalidad de la actividad económica tendrían un impacto simbólico de importancia al ubicarnos, de uno u otro modo, por encima de 0,40 de coeficiente de Gini, lo que se considera ya una situación social inequitativa.
Estos datos nos permiten extraer, aunque de manera preliminar, algunas conclusiones. En primer lugar, los datos relevados e interpretados permiten desmitificar la idea agitada por ciertos sectores dirigenciales que pretenden instalar que en nuestra provincia no hay pobreza o situaciones sociales críticas o que las mismas son poco significativas e irrelevantes. En segundo lugar, esta situación descripta por el estudio de nuestra Facultad hace lucir adecuada y conveniente la iniciativa del Gobierno Provincial de promover la recisión del contrato de distribución con la empresa Camuzzi Gas del Sur, ya que una porción importante de la “pobreza energética” se explica por la falta de inversión en la red de distribución.
Finalmente, surge como evidente la necesidad de profundizar el análisis de los datos y llevar adelante la discusión de alternativas realistas para establecer criterios con base científica, que permitan determinar tarifas a partir de fórmulas que pongan en relación necesidades adecuadas de consumo (a partir de la situación climática y edilicia) con los niveles de ingreso de nuestra población, desconectando dicho valor de los precios de producción y mercado. Es claro también que si en la Provincia queremos tener más incidencia en la infraestructura de distribución y en las tarifarias de este servicio esencial es necesario un mayor control por parte de la provincia de un recurso propio de su subsuelo. En ese sentido, la existencia de una empresa provincial de energía (proyecto elaborado ya hace tiempo en nuestra Universidad) sería una herramienta imprescindible para desconectar nuestro mercado energético del mercado nacional.
(*) Secretario de Cultura y Extensión de la UTN-Facultad Regional Río Grande.
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