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No había ningún inspector en Ushuaia y sólo dos en Río Grande

El titular del área, Javier Calisaya, dio a conocer la incorporación de 16 inspectores. No había ninguno en la capital fueguina y sólo dos en Río Grande. Hay expedientes atrasados desde 2011 pero se avanzó en informatización y actualización de datos. También están recibiendo denuncias de presuntos damnificados por la toma de préstamos en Credisur.

En la capital fueguina no se encontraba ningún inspector.

Río Grande.- El secretario de Comercio de la provincia, Javier Calisaya, informó ayer por Radio Universidad 93.5 sobre la tarea de control iniciada, con la incorporación de inspectores.
Precisó que “se incorporaron 16 inspectores” y son en total 18, porque había dos en Río Grande y ninguno en la capital fueguina, con un atraso en la tramitación de expedientes desde el año 2011.
“En Ushuaia no tenían ninguno y en Río Grande tenían dos. Estamos hablando de antes del 17 de diciembre y nos hemos encontrado con deficiencias en materia de recurso humano y edilicio también”, dijo.
“Hemos tratado de revertir las condiciones de trabajo del personal para avanzar en la resolución de muchos expedientes iniciados en el área de Defensa del Consumidor, que requieren de una respuesta rápida del Estado. También trabajamos en la informatización, que tiene que ver con el registro de actividades comerciales. Una de las tareas de los inspectores es actualizar ese registro”, informó.
“Hay comercios registrados que no están funcionando y otros que funcionan y no están inscriptos”, señaló sobre el universo de ese registro que se busca depurar.
“En toda la provincia tenemos 10.700 actividades comerciales inscriptas pero es un listado que hay que actualizar y hay muchos que están haciendo los trámites de inscripción. De la cantidad que tenemos inscripta, creemos que depurándolo vamos a llegar a un 70% aproximadamente, por el resultado que estamos teniendo de las inspecciones. Serían unos 7.000 comercios funcionando en la provincia”, estimó, al margen de los que se vayan agregando.
Consideró “una gran deuda del Estado informatizar toda la documentación. Cada vez se usa menos el papel y las notificaciones inclusive se hacen por vía electrónica. Hay un banco de datos al que puede acceder cualquiera y todos estos expedientes y archivos hay que ir mejorándolos”.

Con la lupa en los autos

Una de las tareas del área tiene que ver con el valor de los automóviles que se comercializan en la isla, y acompañan la iniciativa del Concejo Deliberante local.
“La ley nos da atribuciones de control de todas las actividades comerciales y es obligación para todos exhibir los precios. Compartimos el objetivo de la ordenanza, porque tiende a llevar mayor información a consumidores y usuarios. Puede haber alguna discusión en cuanto a la competencia de la Municipalidad para dictarlo por ordenanza, pero compartimos el objetivo y se pueden articular acciones en común”, sostuvo Calisaya.
Dio cuenta de controles en concesionarias que ya han estado realizando, “porque nos interesa la formación del precio. Una cosa es exhibir el precio y otra es ver cómo se llega a ese valor, y ver si no hay concertación de precios, o que las automotrices acuerden un valor para los autos de Tierra del Fuego. Esto está penado por la ley y hay causas en el ámbito federal. En esto estamos trabajando junto con la Secretaría de Comercio de la Nación”, dijo.

Mala comunicación

Aclaró que “por las dificultades en Casa de Gobierno por un período largo no pudimos dar a publicidad muchos actos administrativos. Pero el área está entrando en un normal funcionamiento y resolviendo expedientes que venían con retraso, desde el año 2011 a la fecha. Tratamos de resolver lo atrasado y darle un mecanismo ágil a las presentaciones que se están haciendo en esta gestión”, indicó, reconociendo fallas en la comunicación oficial que intentarán subsanar, sobre todo en materia de acuerdo de precios.
“Hay 400 productos de precios acordados y 33 productos para celíacos, y esto mejora el piso de precios cuidados para la Patagonia”, afirmó.
La lista “se informa a través de la Secretaría de Comunicación de la provincia pero está claro que hay cuestiones que mejorar en cuanto a la comunicación –admitió-. Es obligación de los comercios tener el listado al ingreso del supermercado y que los precios acordados se puedan diferenciar del resto de los productos”.

Credisur, doblemente investigado

Por otra parte informó que están convocando a damnificados por haber tomado préstamos en la financiera Credisur, al margen de las acciones judiciales. “Convocamos a todos los vecinos que se hayan visto damnificados por haber tomado créditos. La ley de defensa del consumidor contempla contratos de empresas financieras y de crédito, y salvaguarda los intereses de los consumidores. Plantea que se tiene que cumplir con el acceso a la información y va contra las cláusulas abusivas de los contratos”, explicó.
“Nosotros tenemos intervención por pedido de la señora gobernadora, por el universo de posibles damnificados. Se habla de 3.800 y me parece que hay que hacer una convocatoria más amplia a todas las personas perjudicadas, inclusive no sólo por esta empresa, porque hay distintas empresas de crédito y financiamiento”, apuntó el funcionario, previendo otros casos análogos.
“Creemos que el universo de posibles damnificados es muy amplio, pero hay muy pocas denuncias por parte de los consumidores. Generalmente hay quejas pero eso no se denuncia, y hay que valorar los casos testigo que hacen valer los derechos de los consumidores”, destacó.
“Además del pedido de la gobernadora de ejercer una acción importante en la toma de denuncias, recibimos un oficio de parte del juez De Gamas Soler, solicitando que tomemos las medidas para defender a consumidores y usuarios, si se puede corroborar que era una acción recurrente y cotidiana, con muchos más casos de los denunciados”, dijo el Secretario.
Recordó que “la denuncia la hace una vecina de Ushuaia pero la acción puede comprender a un universo mucho más amplio”.
Consultado acerca de adónde deben dirigirse los denunciantes, dio los domicilios de las oficinas del área a su cargo: “En Río Grande, en la calle Kayén 682 de Chacra II; en Ushuaia, en la tira III casa 23 de las 600 viviendas; y en Tolhuin, en la oficina de habilitaciones comerciales del edificio municipal”.
Invitó a los vecinos a “acercarse a estas oficinas a denunciar y además vamos a asesorar sobre las condiciones que debe tener el contrato para que no esté viciado y cumpla con la normativa nacional. Se van a implementar acciones, a instancias de los denunciantes y también de oficio”, concluyó.