El secretario de Obras Públicas admitió que no logran destrabar fondos
El secretario de Obras Públicas Mariano Pombo expuso demoras en la transferencia de fondos del Fideicomiso Austral para terminar obras iniciadas en la gestión anterior o comenzar nuevas. Lo atribuyó al cambio de área, pero la ex gobernadora Fabiana Ríos reveló una investigación que lleva adelante el gobierno nacional, en medio del escándalo de sobreprecios. Pombo admitió que algunos contratos se van a cancelar y se recalcularán montos “a valores inferiores”. Afirmó que Nación le debe a la provincia “150 millones de pesos”.
Río Grande.- El secretario de Obras Públicas Mariano Pombo fue consultado sobre el libramiento de fondos del Fideicomiso Austral, que sigue demorado, e impide finalizar obras iniciadas en la gestión kirchnerista, o comenzar nuevas.
Por Radio Universidad 93.5 reconoció que las transferencias “no vienen bien”, pese a que hay “muchas gestiones”.
“Nuestra desesperación es que las gestiones culminen en octubre para poder empezar con la ejecución de obras”, sostuvo, y reiteró que en materia de fondos “no viene bien y esa es una de las gestiones principales que estamos haciendo, sobre todo la gobernadora, para que eso se destrabe lo antes posible”.
Se le consultó cuánto estaría debiendo la Nación y respondió que “solamente del Fideicomiso Austral son 150 millones de pesos”, donde están incluidos los 35 millones que pagó el Municipio de Río Grande a PROALSA para reactivar la obra de la planta potabilizadora, mientras reclama la restitución.
Agregó que “faltan otros 15 millones del acueducto”, y dio a conocer que “ahora hemos sacado dos pequeñas licitaciones con fondos de la provincia, porque no han arribado los fondos nacionales todavía. Una de las obras es la comisaría de Margen Sur en Río Grande, por cinco millones doscientos mil pesos. El contrato se firmó la semana pasada y están en condiciones de empezar”.
En Ushuaia el gobierno financiará el edificio de la Dirección de Bosques, “que es una obra de tres millones”, manifestó el funcionario.
Cloacas en marcha
Por otra parte, y en referencia al crédito que tomó la provincia con el Fondo Fiduciario que preside José Estabillo, indicó que “tenemos preparadas todas las obras que tenemos que hacer por sentencia judicial, por la contaminación ambiental de la bahía. El lunes se firma uno de los primeros contratos sobre potabilización de agua y el 13 de julio se hace la apertura de la licitación para la construcción del edificio del Superior Tribunal de Justicia, que también lo financia el Fondo Fiduciario”.
“En los próximos 30 ó 45 días vamos a licitar dos obras más que significan más o menos 400 millones de pesos, que tienen que ver con la sentencia de la justicia. El plazo de obras es de dos años, para cada obra y estamos esperando la ampliación presupuestaria para el puerto de Ushuaia. Teóricamente están los fondos y la semana pasada estuvo el Director de Puertos en Buenos Aires ajustando los últimos detalles del proyecto”, dijo.
Esperan tener “novedades pronto sobre la asignación de fondos para avanzar con la licitación”, señaló.
Demoras e investigación
Pombo atribuyó la demora en el giro de fondos al cambio de jurisdicción del Fideicomiso Austral, que habría retrasado todos los expedientes, modificación que se hizo hace largos meses.
Sin embargo la ex gobernadora Fabiana Ríos –ver aparte- dio a conocer una investigación que se realiza de todas las obras realizadas durante la gestión kirchnerista, tras el escándalo de sobreprecios y coimas.
Se le preguntó a Pombo si existen obras investigadas por sobreprecios y la respuesta fue “espero que no”.
De todas maneras, mencionó dos puntuales en las que se va a cancelar el contrato actual para hacer uno nuevo, con otro monto.
Una de ellas es la finalización de la Ruta 23. “Se terminó el plazo, la obra no está terminada y falta bastante. Vialidad Nacional está sugiriendo dejar la obra como está y estudiarla de nuevo, para ver si podemos hacerla más económica y firmar un nuevo convenio”, dijo.
Llamó la atención que se pueda rever el valor a uno inferior, luego de un proceso inflacionario como el que se dio en los últimos meses. Sin embargo ese sería el camino a seguir: “Eso lo hablé yo con el Administrador General de Vialidad hace unos 15 días y trabajamos en eso. Hay que ir al campo para buscar una alternativa más económica”, sostuvo.
Otra obra en situación parecida es la Ruta Complementaria I: “Se propuso la rescisión del contrato, y que se licite lo que falta. Pedimos que el nuevo llamado a licitación que se haga en el período invernal para que en la próxima temporada se hagan los 11 kilómetros, porque se pueden hacer en cinco meses. Para abril del año que viene Chile terminaría de pavimentar lo que le queda en la Tierra del Fuego chilena”, indicó el secretario.
Río Grande sin proyecto de puerto
Consultado sobre la obra del puerto de Río Grande, el funcionario reconoció que el gobierno todavía no define qué tipo de obra se va a hacer: “Por un lado está la resolución del problema judicial, sin lo cual no podemos avanzar. Mientras esté vigente el contrato nos impide hacer cualquier cosa. Por otro lado estamos haciendo la parte técnica para ver qué tipo de puerto vamos a hacer y el camino que vamos a tomar”, dijo.
Se baraja la posibilidad de una “licitación pública con fondos propios, licitar una iniciativa privada o un poco de las dos cosas, que haya fondos públicos y privados, que operen el puerto hasta recuperar esos fondos”.
No solamente se desconoce la forma de contratación, sino el tipo de puerto: “Estamos estudiando cuál es el puerto que vamos a hacer. El que se licitó es un puerto costero, y luego se cambió a un puerto aguas adentro. Son dos puertos muy diferentes y estamos estudiando cuál vamos a hacer”, expuso Pombo respecto de este compromiso de campaña lejos de convertirse en realidad todavía.
La única certeza es que se mantiene el lugar: “Por el estudio que se hizo en su momento, el lugar sigue vigente y no creo que sea conveniente cambiarlo”, manifestó.
Sobre la situación judicial de la obra del puerto, informó que “había una negociación pero en medio la empresa inició demanda. Como provincia nos abocamos a responder. Esto fue en los últimos meses de la gestión anterior. La provincia propone la rescisión del contrato por incumplimiento de las condiciones. Ellos reclaman un millón de dólares por mes por gastos improductivos, y en la justicia pedimos la rescisión del contrato. Contestaron a principios de año y no se ha expedido la justicia todavía”, concluyó.
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