radiouniversidad.com.ar

Bertone designó a Mariano Pombo como supervisor y adhirió al decreto nacional para redeterminar precios

La gobernadora Rosana Bertone anunció ayer en conferencia de prensa la intervención del gobierno en la obra de la planta potabilizadora de Río Grande. Denunció una “inoperancia” que “conspira contra el desarrollo” de una obra “prioritaria” para la ciudad, que implica una “emergencia social y ambiental”. Criticó la falta de controles del gobierno anterior, la demora del Municipio de Río Grande en las tramitaciones, y designó al secretario Mariano Pombo como supervisor. Además, adhirió al decreto nacional para la redeterminación de precios. También pidió una ampliación presupuestaria de casi 600 millones, para las obras del Fideicomiso Austral.

La gobernadora Rosana Bertone ofreció ayer una conferencia de prensa con un resumen histórico de la obra de la planta potabilizadora de Río Grande, para concluir con la intervención del gobierno y la designación de Mariano Pombo como supervisor, entre otras medidas.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone ofreció ayer una conferencia de prensa con un resumen histórico de la obra de la planta potabilizadora de Río Grande, para concluir con la intervención del gobierno y la designación de Mariano Pombo como supervisor, entre otras medidas.
“Quería aprovechar que están todos los medios de comunicación para hablar de la planta potabilizadora de Río Grande”, dijo a los medios presentes, en un discurso leído en su mayoría, dado que llevó los datos por escrito para entregar copias a la prensa.
“Quiero contar cómo es la situación hoy, dar algunos antecedentes, ya que contamos con la presencia del secretario Mariano Pombo, que está designado en el Fideicomiso. El agua me preocupa para toda la provincia, no sólo para Ushuaia. Río Grande hace muchísimo tiempo que no tiene más agua a las doce de la noche. La población se adapta a esa situación. Se ha hecho una intervención muy importante en el río que no ha sido consultada con la provincia, y hay diversos antecedentes”, señaló a modo de introducción.
Y aclaró que “yo quiero que al intendente Melella, al intendente Queno, al intendente Vuoto y al presidente Macri les vaya bien. No estoy para poner palos en la rueda ante nadie. Estoy para hacer las cosas bien para todos”.

La lista de la “inoperancia”

Dio inicio a la lectura del detalle de una obra que debía realizarse en dos años, a contar desde 2011. “El 7 de julio de 2011 la comisión de seguimiento del Fideicomiso establece que esa obra va a ser considerada como prioritaria, habilitando a que la provincia inicie los trámites para su construcción. Entre el 6 y el 14 de octubre –de 2011- le presentan el proyecto ejecutivo al intendente Martín, con un presupuesto oficial de 101.897 millones de pesos y un plazo de obra de 24 meses. El 2 de noviembre el municipio solicita que el financiamiento se enmarque en el convenio de cancelación de deudas nro. 22.008. El 10 de noviembre la auditoría interna informa que no hay observaciones y el intendente Jorge Martín autoriza el llamado a licitación”, indicó.
“Entre el 12 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011 se produce la publicación del llamado a licitación”, dijo, informando que se presentan las empresas PROALSA, que cotiza 108 millones; y Cóccaro Hermanos, que cotiza 111 millones.
La obra se le adjudica a PROALSA “y se hace el ajuste de siete millones” por la diferencia con el presupuesto oficial.
“El 2 de abril –de 2012- la Municipalidad de Río Grande informa que el saldo de cancelación del convenio corre por su cuenta. El 14 de mayo la auditoría informa que deberá girarse al Tribunal de Cuentas municipal en forma previa al requerimiento de fondos. El 6 de septiembre se firma el contrato entre el Municipio y PROALSA SRL, recién nueve meses después de la adjudicación”, planteó Bertone.
“El 2 de noviembre se firma el acta de inicio de obra, once meses después de la adjudicación”, subrayó.
“El 13 de noviembre la empresa solicita anticipo financiero, un año después de la adjudicación –volvió a remarcar sobre las demoras-. El 21 de noviembre la provincia requiere al Fideicomiso Austral el desembolso del anticipo. El 6 de marzo de 2013 se emite el primer certificado de obra, y en el mismo mes se emiten los certificados 2 y 3. El 5 de mayo el Ministerio solicita al Municipio la actualización del plan de trabajo y explicación del atraso, que es requisito para la remisión de los certificados. Y se plantea el lento desarrollo de la obra”, afirmó.
“El anticipo financiero se solicitó en noviembre de 2012 y se pagó en marzo de 2013; los certificados 2 y 3 se solicitaron en noviembre de 2012 y se pagaron en julio de 2013”, contrastó, sumando más demoras atribuidas al Municipio.
“El 17 de junio se da la autorización para aplicar la veda invernal. Recién el 28 de junio la auditoría municipal de Río Grande autoriza el pago de los certificados 1 al 5, tres meses después de haberse emitido. A ese mes el avance de la obra es sólo del 12,24%”, precisó.
Siguió con el año 2014 y dijo que “en enero se presenta el certificado 13, con un avance de obra de sólo el 32,65%. El 21 de noviembre se presenta el certificado nro. 21, con un avance de obra del 57,96%, a dos años del acta de inicio. En todo el 2014 se avanzó sólo el 25,31%”, sostuvo.
Respecto del año 2015, agregó que “el 15 de enero se presenta el certificado 23, con un avance de obra del 59,17%, a 26 meses del acta de inicio. Y con fecha 14 de enero se paraliza la obra”.
“El atraso promedio en el pago de los certificados de obra es de siete meses. Desde que yo he estado en la función pública, como empleada del IPV, todas las obras que se tramitan con fondos nacionales tienen atraso en el pago de certificados de obra. Lamentablemente nos exponemos a situaciones de este tipo si aceptamos una obra nacional y nadie puede hacerse el distraído”, observó Bertone, y apuntó que “había cinco certificados impagos a la fecha de la suspensión”.

Redeterminaciones impagas

Como tema aparte en el análisis de las certificaciones, se refirió a “la redeterminación de precios. Entre abril de 2012 y abril de 2014 se emitieron 8 certificados de redeterminación de precios, por más de 35 millones. Pasaron más de dos años de la última redeterminación y a la fecha ningún certificado de redeterminación fue saldado por el Fideicomiso Austral”, dijo.
“Del análisis de las actuaciones, se concluye que hubo falencias que han provocado que, después de cinco años que se toma la decisión política de realizar la obra, la misma está paralizada, y aun son necesarios 18 meses de trabajo para finalizarla”, enfatizó.

La intervención

Bertone dijo que “no se esconde atrás de los problemas” y que “este lo conocía cuando asumí”, dando cuenta de “las falencias de este Estado que encontré”.
Entre ellas, dijo que “no existe en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ningún instrumento legal que determine cuál es la relación y la responsabilidad de la provincia y el municipio para la ejecución de la obra; no es claro a quién le corresponde el rol de contralor administrativo, legal y técnico de la obra. Hay intervenciones de la auditoría interna de gobierno, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Grande, que ha tenido excesivas demoras”, criticó.
“No hay auditorías técnicas y las auditorías de los tribunales son sólo contables. En una auditoría se notifica que no se han presentado los informes técnicos obligatorios. El ex Ministro de Infraestructura comunicó a la Municipalidad el detalle del procedimiento exigido para el desembolso de los fondos, y con cada certificado se requiere acompañar el informe técnico”, dijo, marcando incumplimientos administrativos atribuibles a la gestión Melella.
Agregó que “es permanente y reiterado el desfasaje entre el avance real de la obra y la curva de inversión, lo que lleva a pedir repetidas actualizaciones y la consiguiente ampliación del plazo contractual. Y hay ausencia en la supervisión y control de parte de la provincia”.
Consideró “injustificadas” las demoras en los pagos de certificados de Nación, “que es de siete meses cuando contractualmente se prevé que son dos” y denunció una “inoperancia, que conspira contra el desarrollo normal de la obra”.
En función de esta conclusión, explicó la decisión de intervenirla: “Yo he dispuesto una serie de medidas para la inmediata puesta en marcha de la obra, porque la falta de agua en Río Grande es acuciante y es una emergencia social y ambiental, y para mí es una prioridad”, dijo.
“Así los intendentes me pongan todos los palos en la rueda que me quieran poner, voy a seguir empecinada en trabajar y he efectuado gestiones. Se trata de medidas económicas y financieras, con el objeto de normalizar el envío de fondos de parte del Fideicomiso Austral”, señaló.
Dio cuenta de la solicitud de “una modificación del presupuesto general de administración del ejercicio 2016, para asignar 591 millones al fondo del Fideicomiso Austral”, recordando el cambio de área del anterior Ministerio de Planificación y Obras Públicas –de Julio de Vido-, al Ministerio de Interior “que tiene la Secretaría de Obras Públicas”.
“Nos pareció atinado, para tener mayor celeridad, solicitar al Presidente (Macri) que las obras del Fideicomiso sean manejadas por la cartera de Infraestructura. Los fondos del Fideicomiso no estaban imputados y tanto Frigerio como Pratt Gay nos dicen que hay que hacer la imputación presupuestaria. Este trámite se inició el 20 de mayo pasado y tiene su correlato en el Ministerio de Economía. El viernes obtuvimos la firma del Secretario de Hacienda y hoy está a la firma de Pratt Gay; luego de eso tiene que pasar a Jefatura de Gabinete y luego a Frigerio para poder realizar los pagos”, detalló.
Aseguró que “esto va a permitir regularizar el pago de certificados para poder avanzar”.

Control administrativo, legal y político

Dio a conocer la designación de “un administrativo con mucha experiencia, ad honorem, para seguir este tipo de expedientes, y está adscripto a nuestro gobierno para facilitar cualquier gestión”, en referencia a un funcionario nacional.
“De producirse algún retraso imprevisto en el envío de fondos del Fideicomiso, la provincia va a trabajar con los escasos recursos que tenemos, porque tengo que pedir asistencia a Nación para pagar los aguinaldos y para pagar el aumento que dimos todavía me faltan 320 millones que también le tengo que pedir a la Nación. Esta provincia está en un equilibrio muy fino”, describió, junto con la decisión de asumir con fondos provinciales los pagos del Fideicomiso, si se producen retrasos.
Respecto de las medidas técnicas y políticas, informó sobre la “inclusión de Mariano Pombo para que coordine con la Municipalidad de Río Grande y la empresa contratista la inmediata puesta en marcha de la obra”.
“Vamos a adherir al decreto 916/2016 de redeterminación de precios de la Nación”, agregó Bertone, considerando que es una herramienta válida para la provincia.
“Queremos apoyar la gestión del Municipio y no vamos a poner palos en la rueda”, aclaró, si bien la intervención será directa: “La Secretaría de Mariano Pombo va a supervisar la obra y, para facilitar y agilizar las auditorías administrativas y técnicas, vamos a coordinar con los tribunales de cuentas del municipio y la provincia quién va a hacer la intervención. No puede ser el entorpecimiento que uno encuentra en estos organismos y acá tenemos dos intervenciones superpuestas”, concluyó Bertone.