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Tras la rescisión, el gobierno analiza reclamar resarcimiento

Luego de la rescisión del contrato con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, el equipo de Economía del gobierno analizará el monto a reclamar en concepto de multas e intereses devengados por el incumplimiento. La secretaria Legal y Técnica Gimena Vitali se mostró sorprendida por la “displicencia” de la firma. De los 600 millones de dólares prometidos, lo único que ingresó fue el primer pago de 30 millones de adelanto. Las tierras para la instalación de la planta se compraron pero no se concluyó con la escrituración.

Sobre la compra de tierras en la zona del parque industrial Las Violetas, Vitali dijo que “está acreditada la compra pero no la instancia de escrituración de esas tierras”, donde se construiría la petroquímica, planta de urea o de agroquímicos, dado que fue variando con el tiempo el tipo de producto.

Río Grande.- El polémico convenio chino, conocido a nivel nacional como el “cuento chino” de la gestión Ríos, que prometía inversiones multimillonarias y generación de mano de obra local, llegó a su fin con la rescisión del contrato.
Sin embargo queda abierta todavía la determinación del monto que prevé reclamar la provincia en concepto de multas e intereses devengados por el incumplimiento.
Por Radio Universidad 93.5, la secretaria Legal y Técnica del gobierno, Gimena Vitali, se refirió a la tarea realizada junto a la Fiscalía de Estado, que derivaron en un dictamen de unas 40 fojas, que determinó el final del contrato al vencimiento de la última suspensión.
La funcionaria recordó que “a principios de mayo vencía la última suspensión”, por lo cual en abril pidieron al área de Hidrocarburos que remitiera las actuaciones en su poder.
El pasado jueves por la noche se firmó el decreto, como resultado del análisis de “cada una de las constancias en los 12 cuerpos de expedientes administrativos”, dijo, observando que a pesar del volumen “no es mucho lo que pudimos encontrar”.
“La historia arranca en 2008. Este convenio se firma en 2010, y es el tercero”, dijo del rescindido, dado que los dos anteriores fueron declarados inconstitucionales, por serias desprolijidades de la gestión Ríos y tras acciones “que promueve el Fiscal de Estado”.
En la tercera oportunidad y “en este contexto, presenta su oferta Tierra del Fuego Energía y Química. El contrato no tenía cláusula de rescisión expresa y fue uno de los señalamientos que hizo el Fiscal de Estado cuando pudo intervenir. Eso no significa que no se pueda rescindir por incumplimiento de la contraparte”, aseguró Vitali.
Barajó que “seguramente la empresa hará las reclamaciones que estime pertinentes”, pero garantizó que se tomaron precauciones para que no haya una demanda que perjudique al estado. “Nosotros trabajamos muy a conciencia, teniendo en consideración las consecuencias económicas de hacer las cosas mal”, dijo.

Sin accionistas

Consultada sobre los dueños de esta empresa, prácticamente fantasma a la luz de sus explicaciones, contó que “los accionistas de TFD&Q eran tres empresas chinas en 2010. En ningún momento aparece el estado chino, cancillería u otra entidad. No hay una participación formal del estado. Ellos acompañan los balances de las tres empresas que son las principales accionistas en ese momento, esta documentación es evaluada por el Tribunal de Cuentas, que en ese aspecto no tuvo nada que objetar. Hasta ahí es prolijo el trámite. Pero dos años más tarde, y al momento de solicitar una prórroga, la empresa alega que tramita la incorporación accionaria de un nuevo grupo y de Fabricaciones Militares, para concretar el proyecto. Eso nos da la pauta que a 2012 no tenían capacidad para afrontar el proyecto, o las empresas chinas habían retirado su participación accionaria. No sabemos qué pasó en medio porque en el expediente no hay constancia de nada”, sostuvo.
“Ni siquiera sabemos si Fabricaciones Militares sabe que los mencionaron en esa nota, porque solamente hay una mención”, aseveró.
Continuó señalando que luego “se forma una comisión de seguimiento de la ejecución del convenio, integrada por el ministerio de Economía que encabezaba Osvaldo Monti, el entonces jefe de gabinete Sergio Araque, y el secretario de Hidrocarburos, cargo compartido entre Nogar y Aguirre”, quien lo sucede en el último tramo del gobierno de Ríos. Todos ellos, como representantes del Poder Ejecutivo, en tanto la contraparte era la empresa y no había representación legislativa.
Anteriormente Darío Farías, como secretario general de la gobernación, había estado en la comisión de evaluación previa a la ratificación legislativa, y fue uno de los que dio la aprobación, envuelto en un escándalo por posible intento de “compra de voluntades” a favor de este convenio.

Luego de la rescisión del contrato con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, el equipo de Economía del gobierno analizará el monto a reclamar en concepto de multas e intereses devengados por el incumplimiento.

Sólo un pago

“Lo que encontramos es que desde que TFEyQ se cumple con el primer adelanto de 30 millones de dólares y los depositan en la cuenta especial que se crea al efecto. Hay tres millones anteriores que los reconocen como parte de los 30 millones, y ya figuraban depositados con fecha anterior. Tenían 30 días a partir de la ratificación legislativa y los depositaron un poco antes. Luego tenían un año para el segundo depósito de 30 millones, que nunca llega”, marcó la Secretaria como inicio del incumplimiento.
“A partir de ahí, en 2014 tenemos una sucesión de solicitudes de prórroga que luego se transforman en suspensiones de la ejecución del contrato, porque había una multa de 160 mil pesos diarios por intereses, que se empieza a aplicar en la segunda o tercera prórroga”, dijo.
“A mediados de 2014 se crea la comisión especial que decide suspender la ejecución del contrato”, integrada por los ex funcionarios nombrados.
“Hubo dos suspensiones más de la ejecución del convenio. Hay un intervalo donde siguieron corriendo intereses y multas, y la última venció los últimos días de mayo”, apuntó.

Fijando el monto

Según Vitali, la deuda de la empresa es millonaria y se abocarán a determinarla. “Habiendo definido la rescisión tenemos un arduo trabajo por delante con la gente de Economía para determinar los intereses devengados a la fecha y la multa”, dijo, y no quiso dar el número porque hay una estimación previa que se debe recalcular.

El barco fantasma

Otro elemento de este convenio fue el barco con la carga que de materiales que traía para la construcción de la planta y las viviendas del personal, que nunca llegó. Sobre este tema la secretaria dijo que “me preguntaron mucho por el barco pero lo único que encontramos en el expediente es que no se puede hacer el segundo pago, porque los bienes están frenados en el puerto de Punta Arenas o de Buenos Aires. Pero es solamente una nota. No hay documentación respaldatoria”, aseguró, por lo cual no está ni siquiera acreditada la existencia del barco, menos de su contenido.
“Lo más grave del caso es que varias notas más adelante vuelven a hacer referencia a bienes detenidos en Aduana, que son para la construcción de un puerto. Y el puerto no tiene nada que ver ni con el proyecto ni con los compromisos asumidos por TFEyQ, ni fue evaluado por ninguna de las áreas que intervinieron. Si lo tenían adicionado a la planta, es cuestión de la empresa y nunca formó parte del proyecto. No hay nada documentado en el expediente”, afirmó también de este supuesto puerto.

Sin escritura

Consultada sobre la compra de tierras en la zona del parque industrial Las Violetas, dijo que “está acreditada la compra pero no la instancia de escrituración de esas tierras”, donde se construiría la petroquímica, planta de urea o de agroquímicos, dado que fue variando con el tiempo el tipo de producto.
“De los 600 millones de dólares de inversión lo único documentado son los 30 millones del primer pago más la compra de las tierras”, remarcó la secretaria.

Sin dueño

Respecto de quién está a cargo hoy de TFEyQ, Vitali dijo que “no lo sabemos. La última nota es del señor Fernando Lin en carácter de director de la empresa, que por carta documento intima a designar funcionarios en la comisión revisora del convenio. Cuando se va la gestión anterior, de seguir con el contrato deberíamos haber designado algún funcionario en esa comisión”, explicó, paso que no se dio ante la sucesión de irregularidades.
“No sabemos hoy si la empresa podría afrontar la inversión, pero eso no es el punto central de la rescisión sino los dos incumplimientos de pago. Parte del compromiso era terminar la planta en 2011 y a mayo de 2012 se hace un pedido de informes y la empresa manifiesta que tenía concluida la nivelación de los terrenos y estaba construyendo el obrador. A esa fecha tenía que tener 230 millones de dólares invertidos efectivamente en este proyecto, que no están en la provincia, ni en la obra, porque no hay obras de ingeniería civil, no hay nada”, sentenció.
Acotó que “el Municipio de Río Grande en 2012 los autoriza a realizar las tareas de nivelación del terreno pero deja claro que no autoriza ninguna obra relacionada con un puerto. Es decir que la empresa también ha presentado esta cuestión del puerto, que no sabemos a qué se refiere. El municipio indica que no va a autorizar el puerto al no saber de qué proyecto se trata”, concluyó la funcionaria.
Cabe señalar que la empresa constituyó domicilio en la ciudad de Buenos Aires y el viernes se comunicó la rescisión a la Secretaría de Hidrocarburos para que haga las notificaciones correspondientes.