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La legisladora Mónica Urquiza dio detalles ayer de la reunión de Labor Parlamentaria del martes, en la cual se logró el pase a comisión de “la mayoría de los asuntos”, marcando un cambio al tratamiento sobre tablas que se venía dando.

Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza dio detalles ayer por Radio Provincia de la reunión de Labor Parlamentaria del martes, en la cual se logró el pase a comisión de “la mayoría de los asuntos”, marcando un cambio al tratamiento sobre tablas que se venía dando.
“Era lo que uno venía reclamando, que los proyectos puedan ser analizados en comisión y asistan las distintas autoridades si es necesario, para llegar a la Cámara con todos los datos para aprobar o no”, expuso, y mencionó particularmente “el acuerdo firmado con la Nación para comenzar con la devolución de la detracción del 15% de coparticipación”, cuyo convenio marco se aprobó sobre tablas en la sesión pasada.
“Teníamos muchas dudas y, a medida que se avanza, uno llega a la conclusión de que tenía razón, porque hoy tenemos dos acuerdos que ha suscripto la gobernadora: uno tiene que ver con la modalidad en que va a llegar el 3% inicial para este ejercicio, y el otro con el famoso endeudamiento”, informó.
“Nosotros sosteníamos que este convenio implicaba un endeudamiento de mil millones de pesos y efectivamente ya empezamos con el primer tramo”, sostuvo, recordando que “el convenio marco implicaba la posibilidad de que las provincias obtengan un préstamo, equivalente a los 6 puntos que forman parte de la detracción del 15%, con una tasa teóricamente subsidiada por el gobierno nacional, del 15%. Los fondos provienen de ANSES y se van a ir pagando los intereses y el capital. En su totalidad se cancela en cuatro años”, precisó.
Está pendiente la discusión de si este monto del préstamo “se tiene que aplicar totalmente a obra pública o va en parte a cancelar deuda consolidada, pero no se puede aplicar a gastos corrientes, porque el artículo 70 de nuestra Constitución lo prohíbe”, remarcó.
“Todas estas dudas las planteamos en la sesión, como también lo bueno y lo malo de este acuerdo. Nosotros sostenemos que no es tan bueno como lo venden desde algunos sectores, pero al menos en Labor Parlamentaria fueron girados ambos convenios a comisión 2, donde serán tratados y podrán asistir los funcionarios a aclarar todas las dudas”, confió.

Devolver lo propio, menos intereses

Se le consultó cómo llega a mil millones la deuda que estaría contrayendo la provincia, en el marco de una devolución de coparticipación mal retenida, y dijo que se debe sumar “lo que se puede tomar en 2016, 2017, 2018 y 2019. Eso suma mil millones de pesos. Son 349 millones para 2016; para el 2017 es un poco menos y así va disminuyendo, porque tiene que ver con el porcentaje de la detracción. A medida que la provincia va recuperando recursos de coparticipación, va disminuyendo el porcentaje de lo que le van prestando”, explicó Urquiza.
“Nosotros sostenemos que nos terminan prestando nuestra propia plata y nos cobran intereses. La verdad, no encontramos dónde está lo bueno del acuerdo. Es importante que se le empiece a devolver a las provincias”, dijo, por la parte que se entrega en efectivo, pero reiteró la crítica a que “parte de esto lo presten y además cobren interés”.
La legisladora del MPF además expuso la dificultad para Bertone, que otorgó un aumento salarial a cuenta del dinero que iba a ingresar: “Escuchamos a la gobernadora que han dado el incremento salarial esperando estos recursos y, la verdad, con este préstamo no puede pagar el incremento salarial. Hasta el 70% de lo que llegue por el 3% (de devolución en efectivo y no préstamo), que son 200 millones, tiene que ser girado al IPAUSS, porque eso dice la ley 1068 de emergencia previsional”, repasó, con lo cual se vería impedida de volcar estos fondos frescos a salarios, y condicionada por las limitaciones del préstamo, que no puede ir a gastos corrientes.

A ciegas con la economía

La legisladora se mostró preocupada y molesta, por la falta de información económica, en función de las alertas que se encienden por los medios, y cuya veracidad no pueden verificar, como la falta de fondos para pagar sueldos. “Escuchamos declaraciones de la gobernadora y de algún otro ministro, pero el Ejecutivo no cumple con presentar la información a la Legislatura. Uno, al tener información, puede colaborar con algunas alternativas, pero el Ministro de Economía tampoco está dando cumplimiento a la presentación de las ejecuciones presupuestarias”, aseveró.
“En la última sesión presentamos una resolución, que se votó en Cámara, instando al Ejecutivo a que presente la información. Estamos a días de la presentación del Presupuesto 2017 y tenemos que comenzar el análisis. En la reunión de Labor Parlamentaria de este martes, el legislador Pablo Blanco estimó que el proyecto de presupuesto tomará estado parlamentario en la sesión del 15 de septiembre. El legislador va a organizar lo antes posible las reuniones y vamos a necesitar que vengan con toda la información”, advirtió, de cara al debate de las finanzas del ejercicio entrante, cuando desconocen la evolución del actual.
“No nos envían la información. La ley 1061 en su artículo 24 establece la información que tienen que presentar y que es trimestral. Antes era mensual y, a pedido del Ministro de Economía cuando analizábamos el presupuesto de este año, se dispuso que fuera trimestral, pero no han presentado nada sobre la situación de Tesorería, de vacantes, de stock de deuda, ejecución Presupuestaria. La semana pasada nos llegó en dos hojas la información del primer trimestre, y no es lo que dice la ley”, fustigó.
“Yo se lo manifesté personalmente al Ministro y no sé si se hace el desentendido o qué. El que tiene la información, tiene el poder. A nosotros nos hablan de la recaudación, de los recursos, que de los mil millones de déficit seguimos teniendo seiscientos, que se dio el aumento porque la Nación comprometió dar anticipos que después empezó a descontar. La verdad nosotros no tenemos documentación para poder aseverar esto”, reiteró.

Anuncios falaces

Por otra parte, frente a los anuncios del ministro Rogelio Frigerio sobre una inversión de dos mil millones en la provincia, contrastó la realidad de que, en su mayoría, son créditos que tendrán que devolverse. “El otro día tuvimos grandes anuncios y los 500 millones que vienen para Obras Sanitarias son créditos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Esos créditos estaban a disposición de la provincia, que ha tomado antes créditos de esas características”, dijo.
“Uno escucha declaraciones rimbombantes y, cuando se va al análisis finito, los fondos del Fideicomiso Austral los estaban adeudando. No hacen más que cumplir con lo que tienen que cumplir. Por eso exigimos la información y, si no la presentan, nos están llevando a hacer una presentación judicial en el marco de la ley de información pública”, anticipó, si bien dijo que “uno no quiere llegar a esto”.
“Hemos presentado un pedido de informes con respecto a la ley de emergencia en Educación, Salud y Obras Sanitarias. Hemos recibido la respuesta de Educación y Obras Sanitarias, con detalle de los montos, excelente. El Ministro de Salud nos pide una ampliación de veinte días: lleva seis meses de emergencia y todavía no tiene el plan de contingencia”, cuestionó.
Apuntó que ayer se suspendió la reunión de comisión a pedido del Ministro, que estaba citado, con la excusa del conflicto en los hospitales.
Agregó que tampoco hay información del área de Energía, cuando “el presidente de la DPE ocupó ese cargo los últimos cuatro años de Fabiana Ríos y nos pide treinta días hábiles de prórroga para presentar el informe. En la última sesión pidió sobre tablas declarar la emergencia eléctrica en Ushuaia, que se declaró y con eso se le dio un cheque en blanco para que haga y deshaga como quiera”, expuso.
“Estas cosas no cierran, por un lado dicen que no hay para pagar los sueldos, y por otro no tienen la información o no la quieren dar”, concluyó la legisladora.