Diana Román, secretaria de discapacidad de CTA, dio a conocer la situación de desprotección en que están quedando beneficiarios de pensiones RUPE, por la baja de la cobertura de IPAUSS que ya comenzó a operar.
Río Grande.- Diana Román, secretaria de discapacidad de CTA, dio a conocer la situación de desprotección en que están quedando beneficiarios de pensiones RUPE, por la baja de la cobertura de IPAUSS que ya comenzó a operar.
“Lamentablemente pasaron los 90 días de prórroga que había dado la gobernadora a través de un decreto para los pensionados RUPE que tuvieran otra obra social, además de IPAUSS, y empezaron a operar las bajas”, dijo ayer a FM Del Sur.
Dio cuenta de los errores administrativos que están detectando, porque hay personas que figuran con otra obra social y no la tienen, o no tiene convenio en la provincia. “Para dar las bajas ellos se fijan en un padrón único que se llama PUCO (Padrón Único Consolidado Operativo), donde figura si tienen otra obra social. En base a eso han dado las bajas y hay información vieja en el PUCO u obras sociales que no están en la provincia”, explicó.
“Lo que estamos haciendo ahora es acompañar a las personas que se acercan y tramitar cada caso puntual, pero no hemos tenido respuesta. En el IPAUSS dicen que es información que mandó la Secretaría de Discapacidad, la Secretaría de Discapacidad dice que es la información que figura en el PUCO”, señaló sobre el criterio que se tomó para disponer la baja.
“Nos encontramos con varios casos. Entre ellos hay una nena que tiene una operación programada para la próxima semana. En el PUCO figura que tiene UOM y en ANSES figura que no tiene obra social de UOM. Le han dado de baja en el IPAUSS y quedó sin ninguna cobertura”, aseguró.
“Nosotros veníamos advirtiendo que esto iba a suceder. En distintas reuniones en la Legislatura el mismo Gorbacz –ministro jefe de gabinete- se comprometió a que nadie iba a quedar sin cobertura y en todo caso el Estado seguía siendo garante. La 1072 –ley aprobada dentro del paquete de enero pasado- le quita la responsabilidad al Estado de hacerse cargo de la salud de las personas con discapacidad. Dijeron que esto no iba a suceder y se iban a hacer cargo”, recordó, aunque en los hechos no está ocurriendo.
Mencionó que se hizo un planteo esta semana en la Secretaría de Discapacidad porque “es hora de que se hagan responsables. Esta semana tenemos conocimiento de cinco casos y semana a semana van a ir quedando más personas en la misma situación. Las bajas se van produciendo a los 90 días corridos desde la fecha de notificación, y sabemos que desde acá a uno o dos meses como máximo, va a haber 200 personas a las que les va a operar la baja en el IPAUSS. Algunas de ellas, como pasa ahora, no tienen todavía el alta en otra obra social”, sostuvo.
Aclaró que no depende de la voluntad del beneficiario porque los trámites de alta en otra obra social pueden demorar entre tres y seis meses.
Se dispuso una medida generalizada y “cada persona es un mundo –subrayó-. A partir de la 1072 hay tres tipos diferentes de situaciones: hay personas que tenían IPAUSS por RUPE pero tenían algún familiar con IPAUSS por trabajar en el estado y pasaron a ser adherentes; conservan el IPAUSS en este caso, pero cambian la categoría. Luego hay gente que no tiene ninguna otra cobertura y quedarían teniendo IPAUSS por RUPE, previo descuento del 5% de la pensión. Y hay un tercer grupo, que son estos casos que estoy explicando, donde figura que tienen otra obra social”, detalló, centrando el problema en estos últimos porque hay errores.
“Nosotros planteamos en su momento que las dos obras sociales pueden coexistir solidariamente, y esperamos el debate en comisión 5 de Legislatura, pero se está postergando demasiado y empieza a haber consecuencias”, dijo.
“Hay errores administrativos, gente que figura en el PUCO y no tiene otra obra social, o que ha tramitado que la segunda obra social se haga cargo y puede tardar de tres a seis meses el trámite para tomarlos. En los hechos, están sin obra social”, remarcó.
“Desgraciadamente la gente se entera de esta situación cuando va a atenderse a la clínica o a comprar algún medicamento, o quiere acceder a una prestación de salud, cuando es urgente una respuesta”, sostuvo.
Indicó que además de hablar en el IPAUSS y en la Secretaría de Discapacidad, “fuimos a la Defensoría, para que vaya solucionando los casos puntuales”, por lo que podría haber acciones de amparo.
“De acá hasta que salga la nueva ley, se debería gestionar por lo menos una nueva prórroga, para que estas personas demuestren que están tramitando la baja o bien el alta real en otra obra social”, expuso Román.
Además de la quita de cobertura, “hay mucha falta de asesoramiento en los lugares que se tendrían que ocupar de hacerlo, como la Secretaría de Discapacidad o el mismo IPAUSS”, por lo que dio a publicidad un teléfono de contacto, el 02901-15541887, para que las personas con discapacidad se comuniquen o bien sus familiares. “En lo que pueda los vamos a acompañar en este tema”, concluyó.
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