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Cárdenas reconoció duplicidad de adjudicatarios y apuesta al padrón nacional

El padrón de postulantes a viviendas del IPV está en proceso de depuración y se trabaja en el cruce de datos para evitar abusos. Se detectaron casos con duplicidad de adjudicatarios y el presidente del IPV apuesta ahora al padrón nacional unificado, para evitar errores. También se comprometió a trabajar en cuotas “accesibles” e instó a recuperar un “financiamiento intermedio”, dado que en los últimos años el organismo dejó de lado a los sectores más vulnerables y han tomado los cupos de planes federales personas que tenían capacidad para acceder a otro tipo de financiamiento. A fin de año se podrían entregar 400 viviendas en toda la provincia, de un total de 800 en construcción en esta primera etapa.

El arquitecto “Lolo” Cárdenas, presidente del IPV, dio a conocer la incorporación del organismo al padrón nacional unificado, que permitirá cruzar datos con mayor precisión para depurar el padrón de postulantes y evitar abusos.

Río Grande.- El arquitecto “Lolo” Cárdenas, presidente del IPV, dio a conocer la incorporación del organismo al padrón nacional unificado, que permitirá cruzar datos con mayor precisión para depurar el padrón de postulantes y evitar abusos. También trabaja en un financiamiento intermedio, para ofrecer cuotas accesibles, a fin de que accedan los sectores más vulnerables, retomando el fin social del IPV que, en los últimos años, permitió que los cupos de planes federales los tomaran personas o familias con capacidad económica para comprar una vivienda por otra vía, como el crédito hipotecario.
Por Radio Provincia, indicó que “somos cautivos, por lo menos hasta hace muy poquito, de fuentes de financiamiento para hacer viviendas en la provincia de Tierra del Fuego, y tenemos el desafío de seguir trabajando para lograr nuevas herramientas que nos ayuden a descomprimir la problemática habitacional, que es uno de los temas que más angustian a la familia fueguina”.
De país de propietarios, la Argentina pasó a ser un país de inquilinos, y el mismo proceso se vivió en Tierra del Fuego, que marcaba la diferencia por la expectativa de poder contar con la casa propia a los que llegaban de otras regiones.
“El estimativo de falta de viviendas en el país es de cuatro millones. Hay que multiplicar por tres el grupo familiar y es un número muy importante el que no tiene vivienda. Independientemente de las gestiones políticas, nuestro país está fuera de sintonía con lo que pasa con los países vecinos, porque en Chile y Uruguay hay una política muy seria; Brasil está teniendo algunas políticas, y hay que empieza a cambiar la realidad, para que la vivienda sea accesible, dependiendo del perfil de cada familia, y haya suficientes herramientas de financiación”, propició.

Padrón en depuración

Respecto del padrón de inscriptos, dijo que “estamos entre 7.500 y 8.000 personas en Ushuaia y en 11.000 en Río Grande. Entre ambas ciudades rondan “entre 13 y 14 mil” los que demandan vivienda, y se está en proceso de depuración este padrón.
Destacó la herramienta con la que cuenta el IPV ahora, que es una base de datos nacional, y consideró que “sería bueno que la provincia adhiriese a esa base para tener un padrón con más certeza, porque hoy no se cruzan datos”, dijo, si bien hay buena predisposición de los municipios para evitar la duplicidad.
“Nosotros adherimos a la base de datos nacional porque la Nación nos ha puesto en una situación compleja que nos obliga a adherirnos a la base unificada, o no vamos a tener la posibilidad de lograr nuevo financiamiento”, advirtió.
Defendió la herramienta como “una buena forma de atender familias que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a una vivienda. El trámite de depuración es engorroso, porque implica hacer notificaciones a las familias, pero es necesario para atender a las familias que realmente lo necesitan”, remarcó, dado que muchos se anotan en padrones municipales, del IPV, y hasta en otros puntos del país a través de familiares o convivientes.
“Puede haber gente con propiedades en otro lugar del país, o que haya fallecido, o que solucionaron de otra forma la situación, y esperamos terminar antes de fin de año este proceso. Es una herramienta que pone en relieve las prioridades, para atender a las familias que nunca tuvieron posibilidades”, manifestó Cárdenas.
El convenio está firmado para integrarse al padrón y “hay un protocolo a disposición de cada instituto. El IPV adhirió y ya somos parte integrada de esta base de datos nacional”, sostuvo.

Planes para todos y todas

El funcionario cuestionó la forma en que se adjudicaron viviendas en los últimos años, sin contemplar que algunos beneficiarios tenían capacidad para acceder por otra vía, y no ocupando el cupo de los planes federales, que “fueron orientados a sectores que no tenían tanta necesidad o tenían capacidad para lograr financiamiento en el sistema bancario u otro sistema”, aseveró.
“Teniendo capacidad de financiamiento, terminaron ocupando estos cupos, dejando al sector más vulnerable sin posibilidad de acceder a una vivienda de un plan federal”, manifestó.
Cabe recordar los escándalos durante la gestión Ríos, que frenaron el otorgamiento de créditos y/o viviendas a ex funcionarios, dado que no había condicionamientos o sistema de puntaje en función de la vulnerabilidad, como en el pasado.
Al margen de los casos puntuales que tomaron estado público, en general “hemos perdido herramientas intermedias para las familias que tienen capacidad de financiar viviendas, que tomaron cupos para los más vulnerables”, dijo, con el objetivo de “recuperar las herramientas intermedias”.
Destacó la “labor de la gobernadora para sentarnos a discutir este tema y darnos herramientas como los fideicomisos, que permiten atender con otro nivel de financiamiento y otro tipo de cuotas esta demanda”.
“La cuota tiene que ser accesible al bolsillo del vecino. Hoy muy pocos están capacitados para pagar una cuota de 30 mil pesos y la cuota tiene que ser lo más adecuada posible”, remarcó, citando el monto que se paga por un préstamo hipotecario en operatorias bancarias.

Usurpaciones, un problema

Aun con varias operatorias de vivienda del gobierno y municipios, en materia de usurpaciones “no se frenó lo deseado –dijo Cárdenas-. Se hace mucha presencia en lo territorial y hoy la margen sur de Río Grande es una ciudad aparte. Es una problemática donde el Estado va a tener que tener una fuerte presencia y la está teniendo”, dijo.
Particularmente se atenderá este sector de viviendas informales y “estamos terminando de redondear convenios, cuantificar montos de obra, porque está previsto un gimnasio, una escuela, se analiza una planta depuradora, todo con financiamiento nacional”, indicó Cárdenas.
Estimó que hay “unos 15 mil vecinos” en el sector a regularizar, “con una proyección de crecimiento, porque además de la cantidad de habitantes que tiene hoy, hay una proyección a mediano y largo plazo y hay que hacer obras que tengan en cuenta esto”.

Denuncias anónimas

Asimismo, dijo que existe la posibilidad de denunciar en forma anónima los abusos, como adjudicatarios que ya tengan vivienda en la provincia u otro punto del país, o utilicen un mecanismo bastante conocido entre parejas convivientes, que no se casan y se anotan en forma separada, para acceder a dos viviendas.
“El IPV está abierto a cualquier denuncia, e invitamos a que esa denuncia quede en forma anónima. Hay situaciones que son desagradables y se judicializan”, señaló, dando cuenta de la detección de duplicidad en entrega de viviendas: “Nos ha pasado en Río Grande y hubo situaciones donde lamentablemente tuvo que intervenir el servicio jurídico. Nunca es agradable pero nos vemos en la obligación de hacerlo, como custodios de la administración. Obviamente estas situaciones no se publicitan, no se visibilizan, porque es una cuestión privada, pero se hacen situaciones de esta naturaleza”, aseguró.
“Es lamentable que ocurran cosas como estas, más cuando tenemos una presión tan grande en la provincia –dijo de las parejas que simulan no serlo y no se casan para tener una vivienda cada uno-, pero nosotros recibimos todo tipo de denuncias. Si hay vecinos que no se quieren exponer ante una situación, aceptamos las denuncias anónimas, se hacen las visitas sociales a cada uno de los departamentos. Se puede denunciar directamente en el IPV y también en la página del IPV de una red social. Nosotros mandamos a hacer el relevamiento. Hay algunas situaciones que se han derivado al área social, y hay otras situaciones no tan deseadas donde interviene el servicio jurídico”.

Buscando tierra

Si bien en Ushuaia el IPV todavía cuenta con tierra para urbanizar, no ocurre lo mismo en Río Grande y, en ambos casos, se apunta a obtener más, pensando en una proyección a mediano y largo plazo.
“En Río Grande la situación es compleja porque el IPV ya no tiene más tierra. Sería interesante de parte de la Legislatura o los municipios, poder generar herramientas para los sectores linderos de la ciudad que mitiguen o ataquen la especulación inmobiliaria”, propuso.
Esas herramientas podrían ser “poner más impuestos para zonas linderas a la zona urbana, generar una política urbano ambiental para poner esa tierra fuera de la especulación inmobiliaria, porque cuanta más presión existe, más cara es la tierra lindera”.
Respecto de elevar la propuesta a la Legislatura, dijo que “lo estamos evaluando y por lo menos queremos visibilizarlo y exponerlo ante la Legislatura. Hablamos de una provincia donde la mitad de la población tiene menos de 40 años. Es una provincia joven, demandante, y tenemos que estar preparados para contener las necesidades de las familias”, sostuvo.
“En Ushuaia estamos un poco mejor pero tampoco mucho. Hay aproximadamente 36 hectáreas del sector III del barrio Río Pipo, que sigue siendo dominio del IPV. La gobernadora ha logrado el financiamiento para urbanización de estas tierras”, informó, estimando que tienen “capacidad para 1.200 viviendas aproximadamente, según la densificación que se proponga y la calidad del suelo. Pero lamentablemente son las últimas tierras de dominio del IPV. Hoy estamos abocados a crear suelo urbano y también a pensar de acá a diez años en nuevas herramientas que nos pongan fracciones de tierra, o tierras fiscales, para la demanda habitacional”.

Coordinación “con tensiones”

Consultado acerca de si se trabaja de la manera que se debiera con los tres municipios de la provincia, dijo que “hay una instancia técnica para destacar, porque las áreas técnicas tienen un contacto permanente. Sería mucho mejor si hubiese una política medular, una política pública para optimizar los recursos nacionales, provinciales y municipales. Por momentos parece que vamos por buenos carriles y por momentos no. Son tensiones”, admitió Cárdenas.
“Nos debemos una discusión de tratar de tener una misma mirada, municipios, provincia y nación. Seguramente a partir de una misma mirada las cosas serán un poco mejor”, confió.

La primera etapa

Finalmente Cárdenas confirmó que de acá a fin de año, de las 800 soluciones habitacionales en construcción entre distintos programas, se podría entregar la mitad.
“Hace 15 ó 20 días atrás tuvimos una buena noticia, porque se clarificó el servicio de gas, que se va a poder dar a las viviendas que están en construcción tanto en Ushuaia como en Río Grande”, sostuvo.
“Entendemos que a diciembre de este año vamos a estar con cerca de 400 casas concluidas en toda la provincia. Serán unas 280 en Ushuaia y unas 100 en Río Grande. Se nos abre otro panorama porque generó una gran preocupación en su momento no poder contar con los servicios”.
“A futuro lo fundamental es buscar tierras para contar con previsibilidad y ver hacia dónde y cómo crecemos a mediano y largo plazo”, concluyó.