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Darío Farías y Marisa Montero enfrentarían una junta médica

La ex ministra de Desarrollo Social Marisa Montero y el ex Secretario General de la gobernación Darío Farías, entre otros ex funcionarios de la gestión anterior, deberán enfrentar una junta médica para revisar las licencias por largo tratamiento que presentaron. El secretario de Planificación y Gestión Política de Salud aseguró que todas las licencias por largo tratamiento están bajo revisión y no se distingue empleados comunes de ex funcionarios. Varios habrían presentado certificados médicos cuando debían reintegrarse a sus funciones, concluido el mandato de Ríos.

“El problema existe, son números reales a disposición de cualquiera, y se están tomando medidas para ponerlo en control. El año pasado estábamos en alrededor del 11% del ausentismo, tomando la totalidad de días caídos; este año vamos por el 8,5% y la proyección es llegar al 8%. El valor ideal según la OMS para el sector estatal es del 4%, así que todavía nos falta bastante”, dijo el secretario de Planificación y Gestión Política de Salud, farmacéutico Guillermo Seguí.

Río Grande.- Ayer tomó estado público que la ex ministra de Desarrollo Social Marisa Montero había presentado una licencia por largo tratamiento cuando debía reintegrarse a su función como planta del área legal y técnica; y un paso similar dio el ex Secretario General de la gobernación Darío Farías –planta permanente del IPAUSS- luego de las elecciones provinciales, también con una licencia por largo tratamiento. Se sumaron los nombres de Alberto Noal, ex titular del área de medios y de la secretaría de Derechos Humanos, que licenció sus cargos docentes y el militante del PSP Guillermo Gómez, que tenía un pase a Buenos Aires y debía retornar a la provincia. Estos dos últimos son casos de agentes que fueron llamados a regresar.
El secretario de Planificación y Gestión Política de Salud, farmacéutico Guillermo Seguí, fue consultado sobre estas licencias que les han permitido cobrar sus haberes durante estos meses sin ir a trabajar. El funcionario optó por no dar nombres, pero defendió el trabajo que vienen realizando, en base al objetivo de bajar el ausentismo.
Por Radio Fueguina dijo que “el problema existe, son números reales a disposición de cualquiera, y se están tomando medidas para ponerlo en control. El año pasado estábamos en alrededor del 11% del ausentismo, tomando la totalidad de días caídos; este año vamos por el 8,5% y la proyección es llegar al 8%. El valor ideal según la OMS para el sector estatal es del 4%, así que todavía nos falta bastante”.
De los funcionarios citados a volver, o sometidos a junta médica, reiteró que “no va a hablar de nombres en particular. Lo que puedo decir es que a cualquier ex funcionario de cualquier gestión que tenga un cargo de planta en la administración pública, le cabe la misma general de la ley que a cualquier otro agente. Nosotros tratamos a todos de la misma manera”, manifestó.
“Nosotros trabajamos sobre la totalidad de los certificados. No perseguimos a nadie, no nos fijamos quién es quién ni de dónde viene, ni de quién es amigo, o si era funcionario. Si se la hiciéramos fácil, estaríamos en connivencia; y si se la hiciéramos más difícil que al resto, sería una persecución”, expuso.
“Investigamos la totalidad de los certificados y, cuando detectamos una licencia con la que no estamos de acuerdo, ya sea por la indicación del reposo, el diagnóstico o lo que fuere, hacemos volver a la persona si está fuera de la provincia, y si está dentro lo citamos a junta médica. Cuando vuelve a la provincia el que está afuera, lo citamos a junta médica también y lo que vale es el resultado de esa junta médica”, subrayó.
“Si consideramos que la patología puede ser tratada en la provincia, se tiene que quedar. Si se quiere ir a tratar afuera sin permiso de salida, lo puede hacer pero se atiene a las consecuencias, porque el Estado también tiene derecho a injustificar una licencia. Se descontarán los días, y se harán sumarios como a cualquiera”, observó sobre las consecuencias.
Remarcó que “todos los tratamientos prolongados tienen que ser seguidos por el Estado. Es obligación del Estado velar por la salud de la población y específicamente de los trabajadores. Hay que cuidar al que está enfermo para que recupere su salud y vuelva a trabajar. Y con aquel que quiere ir por izquierda, buscando una licencia que no le corresponde, hay que ser estricto, como también hay que ser estricto con el profesional que facilita estos caminos alternativos”, sostuvo.

Ríos enojada

Ante la reacción de la ex gobernadora, que lo acusó de perseguir a sus ex funcionarios, Seguí reiteró que “no me interesa quién es quién, pero esta actitud se contrapone con la que tuvo el secretario general de ATE Marcelo Córdoba, que dijo que no se puede defender lo indefendible. Si un ex funcionario está con una licencia médica que corresponde, no tiene nada que temer porque no se está persiguiendo a nadie. Ahora, si un ex funcionario o cualquier otro empleado del estado tiene una licencia conseguida por izquierda, que sepa que en algún momento lo vamos a detectar y vamos a tomar intervención”, advirtió.
En caso de comprobarse que no había enfermedad, se le preguntó cómo se procede, teniendo en cuenta que en los casos citados la licencia habría coincidido con el fin del mandato de Ríos y la necesidad de reintegrarse “desde el llano” a sus tareas habituales. “Se injustifica la licencia, que es adonde llegamos nosotros –respondió Seguí-. Luego el ministerio al que pertenece el agente puede tomar la decisión de retener el haber por tener injustificada la licencia. También se puede injustificar hacia atrás, si se ve que hubo una anormalidad. En ese caso cada ministerio tomará las acciones que considere y el agente será pasible de las sanciones que correspondan según la ley de empleo público”, dijo.
“La idea es que no paguen justos por pecadores y tampoco estigmatizar a nadie. Los diagnósticos de salud mental son valiosos para que la persona pueda acceder a una licencia que le corresponde”, manifestó, diferenciando aquellas patologías de salud mental que realmente incapacitan al agente a realizar su labor, de otras que no le impiden ir a trabajar.
“Cuando hay conflictos en el trabajo, hay dispositivos de mediación laboral y hemos logrado no sólo levantar licencias sino reubicar agentes, obviamente con decisiones conjuntas”, sostuvo el funcionario, respecto de las salidas que se fueron encontrando.

Diciembre mágico

Se le consultó sobre las expectativas para diciembre, un mes en el cual caducan usualmente las carpetas psiquiátricas y “sanan” muchos agentes para irse de vacaciones, volviendo a presentarlas en febrero o marzo. “Vamos a ver qué ocurre este año. En diciembre pasado hubo números interesantes –aseguró-. Nosotros estamos atentos a estas mañas y lo mismo pasa en julio con el sector docente”.
Además se detuvo en la complicidad de los médicos que extienden certificados y diagnósticos por enfermedades inexistentes. En general se detectó que estas licencias sospechosas son firmadas por profesionales del sector privado y se le consultó si el costo ronda los 400 pesos, pero dijo que “es más y la consulta está a casi el doble”, por lo cual sólo la consulta de estos profesionales implicaría a un estatal con cobertura de obra social desembolsar 800 pesos.
“Por eso intervenimos sobre la totalidad de los certificados y, para que se cargue la licencia de un agente, tiene que haber pasado por un médico laboral. Esto ocurre desde que asumimos y empezamos a detectar esto”, remarcó.
Entre las maniobras realizadas, indicó que hubo agentes –sin mencionar si fueron funcionarios- que pasaron licencia los últimos años previos a obtener la jubilación, y lograron cobrar sin trabajar por mucho tiempo. “Conozco un par de casos de esos, pero lo que ya está, ya está”, se resignó, ante la imposibilidad de revisarlos.

Ausentismo privado

Finalmente acotó que el ausentismo no es solamente un problema estatal sino que por información de la asociación de profesionales, el nivel es muy alto en el sector privado, fundamentalmente en las fábricas: “Oscila entre un 3,5% y un 12%, según el tipo de empleador, y el 12% es altísimo”, concluyó.