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El actuario contratado para analizar la situación del Instituto de previsión entregará el informe final “en los próximos días”. En forma preliminar, adelantó que no se cubren las erogaciones con el pago en tiempo y forma de aportes y contribuciones, y se requerirán más de 500 millones adicionales. Dijo que, de pagarse la deuda histórica, estimada en cinco mil millones, alcanzaría para “siete u ocho años” y luego habrá déficit nuevamente. La reforma previsional y la emergencia sólo “postergaron” las jubilaciones, pero no salvan la caja de la crisis.

El Dr. en Ciencias Económicas Actuariales Eduardo Melinsky, dio a conocer un informe preliminar sobre la situación del IPAUSS por FM Aire Libre, y espera “en los próximos días” dar a conocer el definitivo.

Río Grande.- El Dr. en Ciencias Económicas Actuariales Eduardo Melinsky, dio a conocer un informe preliminar sobre la situación del IPAUSS por FM Aire Libre, y espera “en los próximos días” dar a conocer el definitivo.
Recordó que “en la parte previsional del IPAUSS, ya en el informe que hicimos en 2010, señalamos una proyección con determinado estado de déficit operacional en 2013. Esto se dio en el 2013 y se fue agravando en los años sucesivos, llegando a niveles extremadamente altos que motivaron la sanción de una nueva ley de beneficios previsionales y una ley de emergencia”.
Indicó que “el nivel de déficit proyectado para 2016 era demasiado grande para las finanzas públicas, y el gobierno se encontraba con la disyuntiva de pagar los gastos corrientes o los beneficios previsionales. Por eso tuvieron que tomarse medidas para aumentar los ingresos y hacer frente a la situación”, en referencia al paquete de leyes de enero pasado.
Puntualizó que “hay una medida a largo plazo, la ley 1076, que es la nueva ley previsional; y una medida de emergencia económica para atender el déficit existente. La recaudación por la emergencia económica permitió que en 2016 se pudiesen pagar todos los beneficios, que están al día, dentro del marco de la emergencia económica”.
Respecto de la ley 1076, sólo logrará “atenuar el crecimiento del déficit a futuro a un 50 por ciento”, dijo.
“El instituto tiene cada año prácticamente 500 jubilados más, que representan cerca de 250 millones anuales de erogaciones acumulativas. El déficit del instituto es de carácter creciente y a largo plazo sigue creciendo. La nueva ley establece mayores requisitos para acceder a la jubilación, pero al cabo de 10, 15 ó 20 años, la masa de trabajadores en actividad se va a jubilar”, manifestó.
El efecto de la reforma es sólo la postergación, pero no resuelve el problema a largo plazo, de acuerdo al actuario: “El instituto va a seguir otorgando jubilaciones, a menor ritmo que con la ley 561. Se posterga el ingreso a la jubilación pero las personas se van a jubilar, con un beneficio que va a haber que pagarlo”, enfatizó.
Este año cierran con más de seis mil jubilados y “la nueva caja de previsión necesitará 529 millones adicionales para hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones. La valuación está hecha en moneda de diciembre de 2015, por lo tanto todos los valores se tienen que actualizar a los nuevos beneficios”, advirtió.

Problema de origen

El actuario marcó un problema de origen en el IPAUSS y, para pagar las jubilaciones fueguinas, se debería haber aportado un 50%, entre la parte patronal y los activos. “Los institutos previsionales en general tienen un problema técnico de origen, porque al origen se plantean niveles de beneficio de acuerdo a lo que las personas desean, pero hay una diferencia muy grande con la realidad financiable. El régimen de 25 inviernos era muy bueno, pero tiene un costo mucho más alto que no puede ser atendido con los recursos fijados en la ley. La tasa total de aportes y contribuciones para un sistema de este tipo, desde el origen, debió ser cercano al 50% del salario. Parece un número muy grande, pero el tema es que el beneficio es grande”, argumentó.
“Aportamos para un departamento de dos ambientes y queremos un penthouse”, graficó Melinsky.
Aunque los aportes y contribuciones se paguen en su totalidad y en tiempo y forma, aseguró que “en conjunto son insuficientes y hace falta otro tipo de aporte para financiar el sistema”.

Ni con la deuda

En caso de que se pagara la totalidad de la deuda histórica, la supervivencia es corta, agregó: “La auditoría del Tribunal de Cuentas fijó una deuda de cinco mil millones. Toda esa deuda se puede pagar en la medida que haya recursos presupuestarios. Pero la deuda es la punta del iceberg. El problema del instituto son las condiciones técnicas de inicio, los planos, no la ejecución de la obra. Para sostener un esquema de beneficios como los fijados en la ley 561 se requieren aportes del orden del 50 por ciento y nunca hubo semejante nivel de aportes –reiteró-. Esas previsiones no fueron hechas desde el origen y se va generando un problema de desequilibrio a lo largo del tiempo. Si estuviesen los cinco mil millones de deuda certificada, tendríamos para siete u ocho años de atención del déficit, pero luego volvemos otra vez al déficit. El problema no es pagar las jubilaciones para los próximos ocho años, sino mientras vivan los afiliados, y ese horizonte es mucho más largo”, concluyó.