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El Dr. Federico Rauch marcó un rumbo económico en la provincia similar al nacional, con “diseños y estrategias de gobierno idénticas”. Cuestionó el aumento de la presión fiscal y la falta de medidas para reactivar la economía, como la recomposición de salarios. Advirtió que, de quedarse el gobierno con el cobro del impuesto inmobiliario, se pagará “diez veces más” que antes de la aprobación del paquete de leyes de 2016. Fue crítico de la imposición de mayorías, dado que “en una democracia se gobierna por consenso”, expresó.

El Dr. Federico Rauch analizó el rumbo del gobierno fueguino y aseguró que es el mismo que lleva el macrismo a nivel nacional, con políticas y estrategias “idénticas”, en materia de ajuste, aumento de presión fiscal, de lo cual sólo se ha visto una parte hasta ahora.

Río Grande.- El Dr. Federico Rauch analizó el rumbo del gobierno fueguino y aseguró que es el mismo que lleva el macrismo a nivel nacional, con políticas y estrategias “idénticas”, en materia de ajuste, aumento de presión fiscal, de lo cual sólo se ha visto una parte hasta ahora.
En diálogo con Radio Universidad 93.5, recordó que se terminó el 2016 con un déficit de más de mil millones de deuda externa –por adelantos de Nación- y unos seis mil de deuda interna. “Son siete u ocho mil millones con una recaudación récord interna, proveniente del bolsillo de los fueguinos”, subrayó.
“El 2016 fue el primer año de gestión del nuevo gobierno a nivel nacional y provincial, y el resultado de la gestión se puede medir en números. Son en definitiva el mismo gobierno, porque en la provincia hay un FPV macrista, claramente. Las políticas económicas, los diseños y estrategias de gobierno, son idénticas”, afirmó.
Advirtió que el aumento del déficit en 2016 y de la presión fiscal en la provincia, “no ha terminado porque sólo se aplicó una porción. Está pendiente el impuesto inmobiliario, que no es menor y es una fuente de ingresos muy importante para los tres municipios”.
A su criterio “en Tierra del Fuego hubo una revolución tributaria”, con la aprobación del paquete de leyes de enero de 2016, la creación de la AREF y lo que trajo como consecuencia.
“Ya advertí en 2016 que iba a haber un aumento de diez veces del inmobiliario. Eso pasó con el inmobiliario rural, que siempre fue de la provincia. No se aplicó en los municipios por el derecho que mantienen sobre las zonas urbanas, como establece la Constitución y las cartas orgánicas”, dijo, en tanto la justicia no determine lo contrario, luego del pedido de declaración de certeza que presentó el gobierno.
Concedió que en tasas e impuestos “hubo un aumento en ambos municipios pero no llega a ser ni remotamente el que pretendía el gobierno provincial, de diez veces. Los vecinos de Ushuaia y Río Grande estamos pagando un inmobiliario que es alto, pero no subió ni remotamente lo que pretendía el gobierno, y esto todavía está pendiente”, remarcó.

El segundo paquete

Luego del paquete de leyes con tratamiento de urgencia, el abogado considera que se está avanzando “sobre el refinamiento de las medidas que el gobierno implementó en 2016”.
“El gobierno le sacó la urgencia porque cuenta con la mayoría simple, por lo menos hasta ahora. Esto les permite pasar por la Legislatura en los mismos términos que una escribanía. Lo mismo pasó con el gobierno anterior a nivel nacional: Cristina Fernández de Kirchner usó el Congreso como una escribanía durante muchos años y esto se aleja de la convivencia en un estado democrático. Hay una forma autoritaria de manejar el poder y, si tienen mayoría, hacen lo que quieren”, cuestionó.
“En las repúblicas se debe gobernar por consenso, no por número, y al menos tiene que haber diálogo. Cuando esto no se da, los conflictos se acentúan. No es bueno para la democracia la falta de consenso, porque la democracia no se basa en el conflicto, sino en el diálogo y la negociación”, subrayó.

Récord de desempleo

También puso el acento en la pérdida de empleo en la provincia y la demora en buscar alternativas concretas a corto plazo. “Estamos a la cabeza de la estadística nacional en pérdida de empleo. Esto también tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del sector estatal durante el 2016. No se habla de los salarios de la clase política y sus asesores, que han subido en 2016, porque el salario real en la provincia ha bajado y el que más perdió poder adquisitivo es el sector de los docentes, por lejos. Es la única provincia donde no hubo paritarias ni aumentos consensuados, salvo el decreto de 2.500 pesos a principios de año”, repasó.
“Los cuadros oficiales de la Nación muestran este deterioro, a diferencia de otras provincias, donde hubo otras negociaciones paritarias que compensaron en parte el deterioro del salario por la inflación”, comparó.

La AREF con director procesado

A propósito de la agencia de recaudación fueguina, se le preguntó sobre la situación del director ejecutivo, y si debería continuar en el cargo. “Ningún funcionario procesado, mucho menos elevado a juicio, en ninguna de las tres ramas del poder, legislativo, ejecutivo o judicial, debe permanecer en su cargo, si tiene una leve sospecha”, sentenció.
“Un funcionario que maneja la caja, los impuestos que los fueguinos pagan, o las libertades en el caso de un juez, debe ser inmediatamente apartado del cargo que ocupa hasta que haya una sentencia firme. La presunción de inocencia no funciona en la función pública, porque el manejo de fondos públicos impone una decisión preventiva”, manifestó.
Además dio cuenta de un sustento que debe existir para avanzar con un procesamiento: “Cuando una persona es procesada y llamada a juicio, no sale de la nada, hay un expediente con pericias, testimonios. No se manda a juicio a una persona por nada. Por eso se impone la necesidad de apartar al funcionario”, ratificó.
Apuntó que “los funcionarios procesados son varios en la provincia, como el señor (Luis María) Capellano, director ejecutivo de Rentas provincial, que ahora se llama AREF. Es un contador que tiene un proceso en trámite en la justicia federal, que es público. Se investiga una situación de abuso de poder, estafas reiteradas, relacionadas con el cobro indebido de coimas cuando ocupaba un cargo en la provincia de Buenos Aires, en ONCCA -Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario-. Hay una cantidad de productores damnificados en la provincia, que manifiestan haber sido sometidos a pedidos de coimas para que se les permitiera la comercialización de granos”, resumió de la causa.
“Es un hombre muy cercano a Etchegaray – ex titular de AFIP-, también procesado”, dijo.
Insistió en que “hay una imputación concreta, un requerimiento concreto del fiscal, y no es la primera vez que pasa en la provincia. Hubo jueces que asumieron y después tuvieron que renunciar, lo cual habla del escándalo que significa y la casi nula seriedad de la clase fueguina al momento de decidir cuestiones de envergadura, que tienen que ver con la institucionalidad”, fustigó.

Pesca y los dos mil puestos prometidos

Por otra parte, se le preguntó sobre los anuncios de funcionarios nacionales y provinciales de reactivación laboral, por ejemplo a través de la pesca, que generaría dos mil puestos de trabajo. “Se trata de anuncios, de ahí a que se concreten e impacten económicamente en la población, hay una distancia importante. Por ahora son anuncios y, de manera inmediata, en la economía local no han movido la aguja”, sostuvo.

Escáner colador

Finalmente se refirió al “reclamo que hacemos hace quince años” para que se coloque un escáner en el puerto, luego del anuncio de la compra de un aparato, que no se utilizará para los contenedores.
“Es absolutamente imprescindible y hay una desidia deliberada para no colocar ese escáner. El puerto es un servicio federal y está concesionado a la provincia, por eso la jurisdicción es de Prefectura, y lo menos que tendría que haber hecho el gobierno nacional es haber aportado los elementos mínimos de seguridad para el tráfico interjurisdiccional marítimo”, expresó, ante la falta de fondos que argumenta la provincia para comprar un escáner de contenedores.
“Este escáner no es containers y, para ser un escáner de maletas, me parece que lo compraron caro. Un escáner de containers y camiones, que son tipo arco, cuestan entre cuatro y cinco millones de dólares. Eso es lo que estamos reclamando. Un escáner de maletas en el puerto de Ushuaia tiene una importancia relativa, porque el problema no es escanear los pasajeros que bajan de los barcos, sino las miles de toneladas que se mueven dentro de los containers, y van a depósitos fiscales privados”, subrayó.
“Tiene que haber un mínimo de control, porque es mucha la cantidad de mercadería que ingresa a través del puerto. La colocación de un escáner de containers es una medida absolutamente necesaria, y ha sido reclamada por varios estados en discusiones de tipo bilateral”, recordó.
Mencionó inclusive contar con información de que “la embajada de Estados Unidos, desde hace años atrás, viene sugiriendo al estado nacional la colocación de escáneres para la mercadería que ingresa por Ushuaia”, sin éxito hasta ahora.
Vinculó esta falta de controles directamente con el narcotráfico: “El tráfico de drogas en la provincia no es nuevo y va aumentando, ante la negligencia, la impericia y la indiferencia de la clase política fueguina. Es uno de los problemas más serios que puede tener un país”, enfatizó.
“Esto termina cooptando las instituciones del estado y es un problema central que hay que encarar con eficiencia y sin mirar para otro lado”, reclamó.
La causa que involucra al hijo de comisario de la policía provincial “es una manifestación chiquita de lo que acabo de decir. Es un familiar de un policía, sea o no jefe, que debe prevenir este tipo de actividades, y es un indicio claro del grado de penetración que ha tenido la comercialización de drogas en la provincia”, concluyó