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El legislador Pablo Blanco dio detalles de la aprobación de la reforma de la caja previsional de policías y el convenio con ANSES y explicó que después de la aprobación del jueves “hay tres circunstancias de jubilación: estaban los que se jubilaban a los 15 años y 20 años, para suboficiales y oficiales; los que se jubilaban a los 20 y 25 años; y ahora están los que se jubilan con 30 y 35 años de servicio. Se hizo una modificación al sistema previsional de policías y personal del servicio penitenciario, para evitar que suceda lo mismo que con el IPAUSS. Son modificaciones para los que ingresan a partir de la sanción de la ley y no tiene vigencia para los que están hoy en actividad”, remarcó.

El legislador radical negó falta de debate previo a la aprobación de estos proyectos en la sesión del jueves. A su criterio el convenio con ANSES no implica ni la armonización ni la consolidación del descuento para el fondo solidario. Reconoció un “error legislativo” en la redacción de las herramientas de financiamiento de la caja, que el gobierno usó para saldar gastos corrientes. En materia de autonomía municipal, se definió como “defensor a ultranza”. “Me enerva el doble discurso”, disparó Blanco, ante la exposición de la ex gobernadora Ríos, que quitó el 25% de coparticipación en su mandato. Además apuntó contra Camuzzi y abogó por la quita de la concesión. También aseguró que se está “ocupando” de la censura en Canal 13 al Municipio de Río Grande, con gestiones ante las autoridades de gobierno.

El legislador Pablo Blanco dio detalles de la aprobación de la reforma de la caja previsional de policías y el convenio con ANSES, en diálogo con Radio Universidad 93.5.

Explicó que después de la aprobación del jueves “hay tres circunstancias de jubilación: estaban los que se jubilaban a los 15 años y 20 años, para suboficiales y oficiales; los que se jubilaban a los 20 y 25 años; y ahora están los que se jubilan con 30 y 35 años de servicio. Se hizo una modificación al sistema previsional de policías y personal del servicio penitenciario, para evitar que suceda lo mismo que con el IPAUSS. Son modificaciones para los que ingresan a partir de la sanción de la ley y no tiene vigencia para los que están hoy en actividad”, remarcó.

“Yo leí declaraciones de algunos legisladores sobre un doble discurso por el tema de la movilidad, por cómo se actuó con un sector y otro”, dijo, dado que en el caso de los policías se mantiene tal como estaba. “La movilidad está vigente para los dos, pero hay un sistema del ex IPAUSS, la actual caja previsional de jubilaciones, que tiene una emergencia declarada durante la cual se suspende la aplicación del 82% móvil. Tenemos otro sistema previsional aparte, que es la caja de policía, que no está en emergencia y por eso tiene el 82% de movilidad vigente”, diferenció.

“La emergencia del ex IPAUSS finaliza el 31 de diciembre de 2017, y el aumento se aplica dos veces al año”, dijo del sector pasivo, considerando que con las críticas “se pretende distorsionar la realidad y plantear que todo es lo mismo, cuando no es todo lo mismo”.

Agregó que “se cambiaron otras cuestiones vinculadas con los directivos de la caja de jubilaciones de la policía. No hubo mucha discusión, porque hubo una reunión de la comisión 6 que hicimos en Presidencia; luego una reunión conjunta de las comisiones 1, 6 y 5 para volver a tratar el tema, y en algunas concurrieron autoridades de la caja. Las disidencias que planteamos desde la UCR son modificaciones para que quedara claramente establecida la remuneración de los directores de la caja. Antes tenían la posibilidad de cobrar retiro, gastos y viáticos, y ahora quien va en representación de los jubilados cobra su retiro más un monto en gastos de representación por todo concepto; quien está en actividad y es representante, va a cobrar el haber en actividad y un monto fijo en gastos de representación. Antes podían cobrar tres remuneraciones por prestar un servicio y estas fueron modificaciones que planteamos desde la UCR. No hubo modificaciones planteadas por otro bloque político, pero después en la votación salió 11 a 4 –con la negativa del MPF-. Dicen que no hubo discusión pero no propusieron modificaciones ni proyectos alternativos”, fustigó el radical.

“La votación salió sin discusión en el recinto pero después en los medios sale otra cosa”, lamentó Blanco.

Convenio con ANSES

En cuanto a las críticas por la aprobación del convenio con ANSES, que no acompañó el radical Oscar Rubinos, ni el MPF, y del FPV sólo hubo seis votos a favor, consideró que “acá se aprovechan del malestar que causó la modificación previsional del año pasado para dar un mensaje que no es el correcto. Dicen que el convenio reafirma lo que establece la ley 1068 y 1075, pero no es cierto. El convenio dice que la provincia ha tomado medidas para garantizar la sustentabilidad del régimen previsional y se compromete, en el marco de la ley de reforma jubilatoria, a mantener determinadas cosas mientras dure el convenio, como la determinación del haber en 120 meses, la eliminación de compensaciones, la edad para jubilación avanzada. Son todos temas que se votaron con la reforma previsional”, indicó.

“Hablan de armonización de la caja y es mentira, porque este convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Hay otro convenio adjunto que sí tiene vigencia por dos años, que es algo que ya viene cumpliendo la provincia, sobre la información que dan las provincias a través de la AFIP y los sistemas de previsión social. Hacen toda una historia de un convenio que ratifica lo que ya se venía haciendo”, manifestó Blanco.

“Lo que más me molesta es que le pretendan decir a la gente que este convenio va a modificar una ley. Una ley no se puede modificar por una resolución de la Legislatura y menos una ley de emergencia. Es crear mayor confusión en la gente, con un objetivo político, y sin hacerse cargo lo que hizo cada espacio político cuando estuvo en el gobierno”, señaló ante las observaciones de que, con esta ratificación, no se podría quitar el aporte solidario y se consolida la emergencia.

“Algunos quieren chicanear y creen que ser oposición es hacerle la vida imposible al que está en el gobierno, independientemente de la gente, y algunos integrantes del bloque del MPF parece que vinieron trasplantados de otra realidad y todo les asombra, cuando somos todos responsables por acción u omisión de la situación de la provincia”, fustigó.

“No me molesta que me critiquen, pero que sea con cosas que son ciertas. Acá no es que no hubo discusión, sino que alguna opinión no fue aceptada por la mayoría. Yo escucho, pero eso no quiere decir que comparta la opinión”, sostuvo.

Emergencia prolongada, con corrección de errores

Si bien el legislador dijo que la emergencia finaliza este año, varios puntos se mantendrían y se corregirán errores cometidos con el financiamiento. “Hay una serie de medidas que se han tomado que van a tener su efecto en el tiempo. Por eso creo que hay algunos aspectos de la emergencia que van a continuar, independientemente de la finalización. La prórroga tiene que ser aprobada por la Legislatura y no creo que se apruebe, pero algunas medidas, como los aportes a través de la AREF, van a continuar en el tiempo seguramente; lo mismo con las utilidades del Banco”, adelantó.

“El artículo 51 de la Constitución Provincial dice que el garante del sistema de previsión es la provincia. Independientemente de la fuente de financiamiento, es la provincia la que tiene que pagar las jubilaciones y cubrir el déficit”, subrayó.

Reconoció el error en la redacción de las leyes enviadas en paquete en enero de 2016 para su aprobación, tal como ocurrió, y que impidieron al IPAUSS contar con herramientas de capitalización. “Si nos equivocamos en la redacción cuando hicimos la emergencia, o no nos dimos cuenta, hay que reconocerlo y hacerse cargo. Cuando hablamos de las utilidades del banco, se puso que el gobierno podría transferirlas para el pago ‘de deudas vencidas o a vencer’. No deberíamos haber puesto eso, sino que giraran los fondos para capitalizar la caja y dejar el pago de obligaciones vencidas o a vencer. El gobierno, en lugar de capitalizar con esos recursos, los usó para el pago de obligaciones corrientes. Lo mismo ocurrió con la devolución del 15%, que se destina al pago ‘de deudas vencidas o a vencer’. Fue un error legislativo no haber puesto que todo eso iba a capitalizar la caja”, manifestó.

En cuanto al voto disidente de Rubinos, dijo que “tiene otra opinión y la respeto. Tenemos libertad de opinión y para disentir. No es la primera vez que coincidimos en algunas cosas y en otras no”, señaló.

Camuzzi afuera

Consultado sobre la rotura del caño del gasoducto, que sería la gota que colmó el vaso respecto de Camuzzi, Blanco dio a conocer el pedido de informes aprobado el jueves y su voluntad de que se le quite la concesión en Tierra del Fuego.

“Yo dije que había que sacarle la concesión a Camuzzi mucho antes de este tema. Lo planteé en la Secretaría de Energía de la Nación, en una reunión que fui acompañando a la gobernadora y al Secretario de Hidrocarburos, porque me parecía una vergüenza y una aberración que la provincia invirtiera fortunas en hacer cañerías y el gasoducto, y que también invirtieran los municipios en hacer las redes, para transferírselas después a Camuzzi por un pago simbólico, que lo único que hace es chupar del caño y cobrar”, dijo.

“Eso es producto de la privatización de Gas del Estado que votaron algunos que hoy se olvidan de la promesa falsa que le hicieron a la provincia. Rifaron Gas del Estado y esa votación llevó a la consecuencia de que hoy exista Camuzzi”, acusó, en alusión al MPF.

“Por supuesto hay que sacarle la concesión y lo vengo planteando hace tiempo, pero hay leyes nacionales que lamentablemente no podemos modificar. Si había que traer aviones, los tenía que traer la empresa, pero estuvo la gobernadora, el vicegobernador, algunos legisladores que hablamos con autoridades de Defensa para que desafecten un avión que iba a Perú con ayuda alimentaria para traer las cosas acá. Por supuesto esto va a tener un costo y la situación no puede quedar así”, sentenció.

“Nosotros aprobamos un pedido de informes junto con el MPF, porque es responsabilidad de la empresa Camuzzi y la que estaba haciendo la obra hacerse cargo. Hay dos o tres lugares del país donde se le quitó la concesión a Camuzzi, como Calafate, con una excepción a la ley nacional. Es un precedente y tenemos que trabajar sobre eso para sacársela. Las redes de gas domiciliarias no las hace Camuzzi sino los municipios, y el gasoducto tampoco lo hace Camuzzi sino la provincia con recursos nacionales. Encima cuando se termina hay que transferirlo y pasa a ser patrimonio de la empresa. Esto hay que analizarlo y reverlo, pero el Congreso de la Nación tiene que atender esto y no los legisladores. Nosotros lo vamos a plantear seriamente en el Parlamento Patagónico, para que por lo menos toda la Patagonia se manifieste en el mismo sentido, porque acá las provincias están invirtiendo plata para que cobre un vivo de un privado”, criticó.

Autonomía municipal

Consultado sobre su postura ante el conflicto por el impuesto inmobiliario, se definió como “un defensor de la autonomía municipal desde la convención constituyente. La Constitución es municipalista y no se debe exclusivamente al MPF, porque si analizan el proyecto que presentó la UCR, era aún más municipalista”, dijo.

“Somos defensores a ultranza de lo que comprende la autonomía municipal”, reiteró y dijo haber consultado con abogados que sostienen que, “así como se dio por ley, se puede quitar por ley” el cobro a los municipios.

“Si la Legislatura territorial lo cedió a los municipios, la Legislatura actual lo puede quitar por ley. Pero acá no es cuestión de si corresponde legalmente o no, sino que hay que ver la historia del funcionamiento del estado. Nosotros nos opusimos a la ley sobre el impuesto inmobiliario, que decía que debía hacerse un revalúo. Del revalúo, el 60% de la diferencia quedaba en el Municipio y el 40% iba al IPAUSS para solventar el déficit. El Municipio seguía percibiendo el impuesto, pero con el 60% de la diferencia del revalúo, es decir que no se le quita la faculta de percibir el impuesto”, aseveró.

“Yo decía que esto se arreglaba con un acuerdo, teniendo a los tres municipios y el gobierno del FPV. Esto no sucedió, luego la Legislatura suspendió la aplicación de ese artículo para evitar una doble imposición, y luego surgió la acción declarativa de certeza de la AREF, que es la agencia de recaudación y lo hace por orden del Ejecutivo”, repasó.

Puntualmente sobre la conferencia que encabezó el constitucionalista Eduardo Barcesat, y tuvo varios oradores, hizo público su malestar por “el doble discurso. Escuché a gente hablar de la autonomía municipal cuando, estando en funciones, atentó contra la autonomía, y presentó una declaración de certeza por la ley 648. Era una aberración plantear que los municipios se tenían que hacer cargo del presupuesto educativo. Los municipios tuvieron que ceder recursos porque perdieron en la justicia. Como mínimo se tienen que callar la boca y no ir a hablar en un foro de autonomía municipal”, reclamó.

No quiso puntualizar sobre la cuestionada aparición de la ex gobernadora Fabiana Ríos en ese contexto: “Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Yo no voy a dar nombres y apellidos, y la gente es inteligente. La mayoría tiene doble discurso y juegan con el olvido de esta gente. Me enerva el doble discurso, me enerva que quieran jugar con la necesidad de la gente y que atrás de cada cosa que hacen lo quieran cambiar por un voto. No compremos el voto por una bolsa de comida y no juguemos con la necesidad de la gente”, planteó el radical.

“No creo que este tema se arregle con una decisión de la Legislatura. Acá hay que discutir las misiones y funciones del gobierno provincial y los municipios, y el reparto de los recursos”, apuntó sobre el conflicto.

Bonos en breve

Por otra parte, dio cuenta de avances en la emisión de bonos del endeudamiento para obras, por 200 millones de dólares. Dijo que esta semana “se termina la presentación y ya se han recibido ofertas. Tengo información de que hay funcionarios que estarán viajando para continuar el trámite en Nueva York y seguramente algunos viajaremos por ese tema y habrá una comisión para participar, con integrantes no sólo de Economía sino de la faz política”, adelantó.

“Estos millones de dólares inmediatamente se invertirán en las obras planificadas, como la ruta del Atlántico, el nuevo puerto de contenedores de Ushuaia, el estadio en Río Grande que posibilitará hacer espectáculos públicos y torneos nacionales e internacionales.

También el edificio propio de la Legislatura, que paga fortunas en alquileres; la fibra óptica, la adquisición del avión sanitario, la refacción de edificios públicos”, enumeró.

Cambiemos

Dado que hoy se reúne la convención radical para tomar la decisión o no de conformar Cambiemos, Blanco observó que “el presidente –Federico Sciurano- se ha pronunciado a favor de que se conforme Cambiemos en Tierra del Fuego y a partir de ahí se pondrán de acuerdo con las candidaturas. Si se dieran las PASO, voy a trabajar para que el candidato que salga sea de la UCR”, dijo, en consonancia con su par de bancada Martínez Allende, aunque comprometió el apoyo “si el resultado da como ganador al candidato de otro espacio político” dentro de la alianza.

Censura en Canal 13

Finalmente Blanco fue consultado sobre la censura en Canal 13 al Municipio de Río Grande y recordó que la misma situación atravesó “con la gestión Manfredotti, con Colazo-Cóccaro y con Ríos. Yo era secretario de gobierno cuando me iba a pelear porque el gobierno de Ríos había levantado el noticiero municipal. Es lamentable porque no debe ser así, el canal debe servir para difundir lo bueno y lo malo. Es lamentable que así suceda, y estamos haciendo gestiones”, informó.

“Esperamos tener resultados, porque nos estamos ocupando y hay que ir al fondo”, concluyó.