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El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, expuso que existe “una organización delictiva” dedicada al contrabando de productos provenientes de la zona franca de Punta Arenas, que se entregan en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Planteó la existencia de “partícipes necesarios” y consideró que no sólo la Aduana debería intervenir, sino el resto de las autoridades. Respaldó a la Cámara de Comercio de Ushuaia, que realizó la denuncia pública y la presentación ante las autoridades aduaneras de la capital fueguina.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio local, José Luis Iglesias, se sumó al reclamo de la Cámara mercantil capitalina, efectuado formalmente a las autoridades aduaneras, por el ingreso de camiones con mercadería de la zona franca de Punta Arenas, que se entrega a domicilio en la provincia.

Río Grande.- El vicepresidente de la Cámara de Comercio local, José Luis Iglesias, se sumó al reclamo de la Cámara mercantil capitalina, efectuado formalmente a las autoridades aduaneras, por el ingreso de camiones con mercadería de la zona franca de Punta Arenas, que se entrega a domicilio en la provincia.
Por FM Del Pueblo, fue más allá de la exposición pública de un “delivery internacional clandestino” que había realizado Daniel Iriondo desde la Cámara de Ushuaia, para avanzar en el planteo de una “organización” dedicada al contrabando, que no puede ser tolerada.
“En lo personal valoro el comportamiento de la Cámara de Comercio de Ushuaia, que puso sobre la mesa este hecho y realizó una denuncia. Está dando certezas de una situación que roza lo delictivo”, subrayó.
Recordó que “cuando se viaja a Chile hay una franquicia de 150 dólares que puede pasar cada persona, y si se excede tiene que pagar los impuestos correspondientes. Si se trae mercadería arriba de vehículos que no se declara, estamos ante un hecho delictivo, pero en lo que expone la Cámara de Ushuaia hay un agravante, porque la mercadería no viene de la ciudad de Punta Arenas sino de una zona franca: están ofreciendo productos extra zona con entrega a domicilio en Río Grande o en Ushuaia, de forma sistemática. Estamos hablando de una organización, que requiere de la participación de todas las personas que permiten que esto suceda y son partícipes necesarios”, disparó.
Lo consideró un tema “de mayor envergadura de lo que podría ocurrir con una persona que pasa más de lo permitido y lo oculta en el piso del baúl del auto. Estamos hablando de un accionar sistemático con un negocio que no está permitido”, enfatizó.
“Hay que denunciar el delito y nosotros acompañamos a la Cámara de Ushuaia en su reclamo. La presentación está acompañada por nosotros porque no tenemos que tolerar estas situaciones”, planteó Iglesias.
Pidió a las autoridades “que se extremen los recaudos, por lo menos para que no sea tan groseramente ofrecido, difundido y propiciado. Sabemos que todo esto tampoco ayuda a las arcas provinciales y municipales, porque no se tributa, y es un agravamiento a todos los problemas que tenemos”.

Aduana en la mira

“La nota enviada a la Aduana reclama acciones concretas y recaudos ante el ingreso de camiones y camionetas, porque se traen televisores, muebles, artículos de construcción, que sacan de una zona franca de Chile y lo ingresan a Argentina”, dijo el empresario y, dado que también se ha detectado el delivery a Santa Cruz desde Chile, Iglesias reforzó la idea de que se trata de “una organización”.
Además sostuvo que la situación es peor que en la triple frontera, porque la mercadería que ingresa, por ejemplo a Misiones, no proviene de una zona franca. “En este caso se trata de una zona franca que tiene una legislación impositiva distinta de la ciudad de Punta Arenas, y desde esa zona franca se cargan vehículos hacia la ciudad de Río Grande. Evidentemente los costos son otros porque hay otra reglamentación y la Aduana tendría que encauzar esto. Si no se declara y se ingresa subrepticiamente, es mercadería de contrabando”, sentenció.
Agregó que “además de la Aduana, todos los funcionarios públicos están obligados a denunciar este tipo de situaciones, aun sabiéndolo en forma indirecta. No puede ser norma que todos lo hagan”, cuestionó, justificando la “indignación de la Cámara de Comercio de Ushuaia, porque abiertamente se ofrece la entrega en la provincia. Esto está tomando un cariz que hace insoportable ver la liviandad con que se ejercen los controles”, fustigó.
Se refirió a las declaraciones “de la funcionaria de Aduana Silvia Gomis, que se vio sorprendida por la dureza con que la trataron los automovilistas en la frontera, en vez de revisar las conductas propias”, criticó, tras el operativo luego del fin de semana largo en autos particulares.
Citó que la misma funcionaria manifestó que “el 70% de todos los ingresos excedían los límites y no guardaron las normas. Estamos en un problema también social, porque nuestra conducta no es la adecuada. Uno comprende que a la gente le resulte más conveniente comprar el mismo artículo en un lado que en otro, pero acá hablamos de otro tema: no se puede justificar el contrabando ni se pueden justificar las bandas que se dedican a esto”, remarcó.
“Son conductas que rozan lo criminal y de alguna forma son toleradas, y todos son responsables: la policía que está en la frontera, si sabe de un hecho así, la Gendarmería, todos son responsables de este tipo de situaciones”, acusó.