Anses condiciona financiar las cajas provinciales a obtener datos de jubilados

La Anses viene financiando una porción de los déficits de las cajas previsionales que quedaron en manos de las provincias tras la privatización del sistema jubilatorio mediante una transferencia automática todos los 20 de cada mes, tal como prevé la Ley de Reparación Histórica. Pero desde el mes próximo, condicionará el envío de estos fondos a que las cajas le envíen la información de los beneficiarios, lo que genera preocupación en los tesoros provinciales.

Anses cortará las transferencias desde junio si las provincias no envían la información necesaria para poder simular su liquidación con el régimen nacional.

Río Grande.- Anses cortará las transferencias desde junio si las provincias no envían la información necesaria para poder simular su liquidación con el régimen nacional.
Hasta el 30 de abril último, el organismo que dirige Emilio Basavilbaso transfirió a las provincias $2666,67 millones en cuatro cuotas mensuales e iguales a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego.
Pero el 6 de abril último, el director General de Finanzas del organismo, Esteban Santa Cruz, les envió una nota a las cajas provinciales informándoles que «a partir de junio del corriente, se procederá a suspender el giro de los fondos hasta tanto se logre recopilar toda la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley 27.260».
Los datos que solicita ANSeS son el padrón de los beneficiarios hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a enero de 2000.
La preocupación de las cajas previsionales es que si en un par de meses no transfieren la información para que ANSeS pueda simular el resultado como si la caja provincial hubiese sido transferida, podrían perder esos recursos con los que los tesoros provinciales contaban este año.
«La mayoría de las cajas estamos en una situación compleja, porque la carga de datos es extensa y el plazo es exiguo y, por otro lado, no tenemos la herramienta», dijo Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de Previsión Social, que reúne a los organismos provinciales. «Las provincias tenemos voluntad de cumplir con lo dispuesto por la ley 27.260, pero manifestamos que frente a una comunicación en la que se nos indica tener toda la información grabada a junio de este año, que es un plazo de imposible cumplimiento».
Según relevó en las jornadas plenarias del 24 y 25 de abril, en la que no estuvo presente Santa Cruz, habían avanzado con la carga de la información Córdoba, Santa Fe y Formosa.
La ANSeS estableció que el envío se realice por medio de archivos de texto plano y éstos, a través del Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI).
«El intercambio se encuentra en la etapa de prueba habiendo hasta el momento interactuado solo con la provincia de Córdoba. Y se han respondido consultas de Chaco, Formosa y Santa Fe», explicaron en ANSeS. «Finalizada esa etapa, se iniciará el proceso definitivo de ingreso de archivos a la base ANSeS».
Para el organismo, no es posible estimar el resultado financiero sin contar con esos datos.
«Hasta tanto las provincias no cumplan con el envío de dicha información, la ANSeS estima prudente no continuar con los anticipos más allá del mes de junio. Caso contrario, aquellas provincias que cumplan con el envío de información se les realizará la simulación y la auditoría correspondientes, a afectos de reanudar con la transferencias financieras a que hubiera lugar», explicaron.
El año pasado, el organismo transfirió $12.099,37 millones tras auditar doce (no revisó Chubut) cajas previsionales y de acuerdo con el porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.
Para este año, el presupuesto nacional prevé $14.000 millones. De ese total, $8000 millones se depositarían en 12 cuotas iguales y consecutivas. La porción que le toca a cada provincia se fija en un 50% en función del déficit auditado por ANSeS el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios.
Los $6000 millones restantes debían completarse tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 menos los recursos que reciban las provincias de otras fuentes.
Hasta esta comunicación, las provincias descontaban el ingreso automático de fondos y preveían una negociación política por el resto. Hoy temen que los dos tipos de transferencias terminen siendo negociadas con los gobernadores.