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La adjudicación de la planta de tratamiento a Dos Arroyos había sido cuestionada por Abel Cóccaro, por haber hecho una oferta mayor que la UTE que conformó con PROALSA. El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, se limitó a explicar que se ponderaron “otras variables”, si bien en los dos casos plantearon subcontratar a la empresa multinacional dueña de la patente para el tipo de construcción. Respecto de Gancedo S.A., denunciada por Vialidad Nacional por sobreprecios y licitación fraudulenta, dijo que desde la DPOSS “no hacemos investigaciones penales sobre las empresas que se presentan”. Además, dio a conocer la compra de medidores proyectada para la industria y comercio, que comenzarán a pagar no por metros cubiertos, sino por consumo.

El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, se refirió a las objeciones que hizo públicas Abel Cóccaro, responsable de la empresa Cóccaro Hnos., a la adjudicación de la planta de tratamiento de Ushuaia a la empresa Dos Arroyos, cuando la UTE que habían conformado con PROALSA realizó una oferta menor.

Río Grande.- El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las objeciones que hizo públicas Abel Cóccaro, responsable de la empresa Cóccaro Hnos., a la adjudicación de la planta de tratamiento de Ushuaia a la empresa Dos Arroyos, cuando la UTE que habían conformado con PROALSA realizó una oferta menor.
Worman explicó que “tres empresas se presentaron para construir esta planta de tratamiento de efluentes cloacales, que estará en la desembocadura del Arroyo Grande, detrás de la central termoeléctrica. Hicimos una licitación pública y se presentaron en UTE la empresa Cóccaro y PROALSA, la empresa Dos Arroyos y la empresa Cóndor. La UTE hizo dos propuestas para analizar, que se llama básica y alternativa; básica es cuando la empresa cotiza lo que uno pide, y alternativa cuando la empresa hace una propuesta diferente a lo que busca el pliego. La empresa Cóndor cotizó la básica y la alternativa, y la empresa Dos Arroyos cotizó una sola oferta. En términos de costos de obra, se descartó la empresa Cóndor, porque la alternativa no era lo que buscaba la DPOSS; y quedó con una diferencia del 0,67% la oferta que presentó la UTE Cóccaro-PROALSA de la empresa Dos Arroyos”.
Confirmó que efectivamente la UTE Cóccaro-PROALSA “presentó la oferta más económica, con una diferencia menor al 1%”, que equivale a un millón seiscientos mil pesos menos aproximadamente.
“En los procesos licitatorios se conforma un comité de evaluación, que es un comité técnico. En nuestro caso hay una ingeniera ambiental, abogados y contadores. Este comité empardó las dos ofertas, me presentaron una serie de recomendaciones en carácter de presidente y, dado que la diferencia era muy baja, recomendaron que optara por alguna de las dos. Terminamos preadjudicando a Dos Arroyos, porque ponderamos una serie de variables y no solamente quién cotizó más bajo”, indicó, sin detallar las variables tomadas en cuenta.
Se le consultó sobre los antecedentes de Dos Arroyos, que no es una empresa provincial a diferencia de la UTE, y aclaró que “en este tipo de plantas que planteamos construir ninguno tiene antecedentes, porque tanto Cóccaro-PROALSA como Dos Arroyos firmaron un contrato con una empresa multinacional y construirían con la tecnología de esa empresa”.
“En términos técnicos, los dos presentaron la misma propuesta”, manifestó, dejando el interrogante de por qué se optó por la oferta más cara, sobre un presupuesto oficial que rondó los 250 millones.
Cabe recordar que Abel Cóccaro había planteado la postergación a empresas de Río Grande, que emplean mano de obra local, para adjudicar licitaciones a empresas del continente y, en el caso de Dos Arroyos, lo vinculó con la gestión Macri como la nueva favorecida, como lo fue Lázaro Báez en el kirchnerismo.
Worman reiteró que “hasta ahora no se construyó ninguna planta con esta tecnología, y tanto la UTE Cóccaro-PROALSA como Dos Arroyos plantearon subcontratar a la empresa multinacional dueña de la patente para hacer ese tipo de construcción”.

Va de nuevo en Río Grande

Con respecto a la planta de tratamiento en margen sur, cuya licitación ganó Cóccaro Hnos. pero quedó en suspenso, el presidente de la DPOSS dijo que se deberá hacer un nuevo llamado y habrá que empezar de cero.
“Nosotros licitamos a principios de año la construcción de una planta de efluentes cloacales en la margen sur, sobre un terreno que en 2016 analizamos como apto. Cuando fuimos al terreno, vimos que está ocupado por viviendas, por lo tanto tuvimos que congelar esa licitación. Estamos buscando un terreno en la zona de Cabo Peña, para ver si podemos adquirir un predio para hacer la planta. Con el terreno confirmado, haríamos de vuelta el llamado a licitación pública. Es una planta gemela a la que va a estar en la desembocadura de Arroyo Grande en Ushuaia”, indicó Worman.
No se reactivará la licitación suspendida sino que “tenemos que hacer una nueva licitación y obviamente se pueden presentar las empresas que ya compitieron oportunamente”, manifestó.

Gancedo, investigada

Por otra parte, se lo consultó sobre la empresa Gancedo S.A., denunciada por Vialidad Nacional por sobreprecios y licitación fraudulenta en una obra en Río Negro, siendo la firma que resultó adjudicataria de la ampliación de la planta de pre tratamiento en bahía Golondrina. “Es una obra que está a la izquierda del ingreso al aeropuerto Malvinas Argentinas y además tiene el emisario submarino. A Gancedo se le adjudicó con 213 millones de pesos y se presentó la UTE Cóccaro-PROALSA también”, dijo el funcionario.
En cuanto a la denuncia, aseguró que “no estaba al tanto” y, al señalársele que tuvo difusión nacional a través del diario Clarín, argumentó que “yo básicamente consumo medios locales. No lo vi en los medios de comunicación”.
Negó que se trate de una empresa foránea, dado que “Gancedo está radicada hace unos años en Tierra del Fuego. La empresa Dos Arroyos, por los antecedentes que le pedimos a otros organismos nacionales y provinciales, viene trabajando tanto en la Municipalidad de Ushuaia como en el mantenimiento de la ruta 3 por lo menos hace 15 años”, aseveró.
“Nosotros no hacemos investigaciones penales sobre las empresas que se presentan. La verdad, de los medios locales que leo a diario, ninguno publicó nada en contra de la empresa Gancedo, y no sé si sería un elemento para descartarla porque haya sido denunciada. Por ejemplo, la empresa PROALSA tuvo un allanamiento hace más o menos un mes. Esto le compete a la justicia penal y nosotros tenemos que hacer obras, no investigaciones penales sobre presuntos casos de corrupción”, sostuvo.

Lentitud en las obras

También se le preguntó sobre la demora en el inicio de obras, teniendo los fondos de la colocación de bonos disponibles. “Yo no coincido con que estemos lentos. Dentro de las obras que prevé la ley 1.149 -financiadas por el endeudamiento de 200 millones de dólares- están las dos plantas de Ushuaia. Una de ellas ya está adjudicada y hay inicio de trabajos, en Bahía Golondrina; y estamos a punto de empezar con la planta que está en la desembocadura del Arroyo Grande”, informó.
Por el momento no habrá desembolso de dinero dado que “la obra que ganó la empresa Gancedo no pidió anticipo financiero, o sea que no se le anticipa nada. En el caso de la obra del Arroyo Grande nos ha solicitado anticipo, y para esas plantas que rondan los 200 millones de pesos, la Nación aporta el 66% y la provincia aporta el 34%, que sale de estos bonos. Cuando tengamos que pagar el certificado 1 de Bahía Golondrina, el 34% de ese certificado se pagará con la plata de los bonos”, manifestó.
Destacó que “la ley 1.149 estableció un número importante de obras, el tendido de fibra óptica, la ampliación del puerto de Ushuaia, la ruta del Atlántico, entre otras” y confirmó que hasta ahora “no hay nada licitado, salvo las dos plantas de la DPOSS, donde se paga el 34% del total, con las colocaciones de los bonos que se hizo hace un mes atrás. Una obra va a durar 18 meses y otra tiene un plazo de 24 meses, y no se paga el 34% de una vez”, aclaró.
El resto, queda fuera de su competencia: “Tenemos otras obras y el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez está trabajando en la confección de los pliegos para hacer los llamados a licitación. Son obras muy distintas, que van desde la construcción del edificio del Tribunal de Cuentas, la vinculación de Ushuaia con Puerto Almanza, que ronda los 1.500 millones de pesos. Hay un número importante de obras con este financiamiento y no está dentro del ámbito de la DPOSS”, dijo.

Municipalización al cajón

Con respecto al traspaso de la DPOSS al ámbito municipal, que era un acuerdo en el que se avanzaría según el discurso de campaña, por un acuerdo con el intendente Vuoto, quedó definitivamente en el olvido: “Por el momento la DPOSS es un organismo provincial y va a continuar en cabeza de la provincia de Tierra del Fuego. Está ampliando su radio de servicios a San Sebastián y Puerto Almanza, y se está haciendo una fuerte inversión tanto en Tolhuin como en Ushuaia. Particularmente en Ushuaia prendimos la nueva planta del Río Pipo, que genera 400 metros cúbicos por hora de agua potable, y estamos ampliando la planta 3, que está sobre las aguas del Arroyo Grande”, dijo.
Aseguró que con estas obras actualmente se registra “un nivel de agua similar al verano, porque la planta nueva tomó el 20% de las viviendas que tiene la ciudad y alivió la planta 2. En Ushuaia no se corta el agua, salvo que tengamos que hacer una reparación, por lo menos desde hace un año”.
“En la ciudad tenemos superávit de agua, es decir que tenemos capacidad para fabricar agua suficiente en las plantas para la población actual y la de los próximos cinco o diez años. Hay algunos barrios que no tienen agua porque no hay infraestructura, pero nosotros tenemos capacidad de fabricar agua potable suficiente para todos los vecinos”, reiteró.
Apuntó que “hace un mes le dimos agua a todo un barrio de Andorra, con mil familias que recibían agua por camión, y ahora estamos trabajando en la urbanización de barrancas del Río Pipo, que sería la última obra antes del invierno”.

Compra de medidores

Con 1.300 medidores de agua instalados en Río Grande, en Ushuaia había menos de 200 al inicio de la gestión, pero se avanzará con una compra. “Seguimos igual y estamos trabajando en una licitación para comprar 750 nuevos medidores de última generación, que tienen por objetivo el comercio y la industria. Después vamos a pasar al sistema medido para el rango residencial”, es decir las viviendas particulares.
Reconoció que “el costo del agua es alto en Ushuaia y estamos entre las cinco ciudades del país con costo más elevado”, pero los medidores podrían traer una solución. “Hay un grupo muy chico que paga por metro cúbico, porque la gran mayoría paga por tasa, que se calcula por metros cuadrados. Para ser más equitativos, definimos que el comercio y la industria pague por lo que consume y no por la cantidad de metros cubiertos”, expuso, y estimó que “la licitación para la compra de medidores se lanzaría entre junio y julio”.
“Se comprarán medidores ultrasónicos, sin piezas móviles, que evita el congelamiento, y además tienen un radio para emitir la información, que se puede levantar desde un auto con una antena y cargarse a una computadora. La primera experiencia se va a hacer con estos 750 medidores nuevos y, si el sistema es efectivo, vamos a avanzar con cerca de 25.000 medidores entre Ushuaia y Tolhuin”, adelantó.
Asimismo, dijo que “a las nuevas urbanizaciones le estamos planteando un doble circuito de agua, uno de agua potable y otro de agua cruda, para las canillas de los jardines, de los garajes y para abastecer los inodoros. Hay un barrio nuevo de Ushuaia que ya lo está proyectando y básicamente hay que prever un caño más cuando la urbanización empieza a desarrollarse”, explicó.

Tolhuin sin conexiones

Consultado sobre la situación en el corazón de la isla, dijo que “en Tolhuin el abastecimiento de agua es bueno pero tiene un serio problema de cloacas que estamos tratando de resolver, entre este año y el que viene. Estamos haciendo una obra con la empresa PROALSA para ampliar la infraestructura sanitaria. En este momento el 40% de los vecinos tiene conexión a la red sanitaria y es muy bajo; cuando Ushuaia tiene el 90% de conexiones a la red cloacal, que no quiere decir que después tenga tratamiento, pero las casas están conectadas”, concluyó.

Sobreprecios y licitación fraudulenta: Gancedo en la mira de la justicia

El pasado 12 de mayo el diario Clarín publicó en su sección política la denuncia radicada por Vialidad Nacional contra la empresa Gancedo S.A. por la reparación de la ruta 23 en Río Negro, donde habría un perjuicio de 400 millones.
La crónica da cuenta de que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) detectó un perjuicio de $400 millones en una obra que se realizó “de manera totalmente irregular” en la provincia de Río Negro, con fondos de la DNV, que dependía del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido.
Equipara la maniobra a las denuncias contra Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez, y plantea “sobreprecios, adjudicaciones irregulares, retrasos en la ejecución de obra y privilegios para una sola empresa”, en la obra de reparación de la Ruta Nacional 23 Los Menucos-Maquinchao adjudicada a Gancedo.
El perjuicio económico para Vialidad fue estimado en $391.325.567, a valores actuales, y “habrá que añadir los perjuicios sociales derivados del obrar irregular que impactan de manera significativa sobre las políticas que debe llevar adelante este organismo”, indica Clarín.
La obra debía ser realizada por VIARSE (vialidad rionegrina sociedad del Estado), pero «de forma inconsulta decidieron subcontratar a una empresa para que haga los trabajos», explicaron desde Vialidad. Gancedo fue la única empresa que participó, en una licitación de 39 millones, se informa sobre esta causa que está en manos de la jueza María Servini de Cubría.
Vialidad Nacional señaló que Gancedo SA «había sido elegido de antemano y de manera arbitraria y discrecional» y sostuvieron que el proceso licitatorio «jamás fue llevado a cabo». Incluso, no hay constancia de que la empresa «haya comprado el pliego ni consta pedido de consulta sobre la documentación». Aparte, se trata de una empresa «que no es del rubro vial», si bien también tiene obras viales en la zona norte de Río Grande.
Los trabajos comenzaron en 2006 y en 2007 se firmó una adenda que llevaba a más del doble el monto, sin una nueva licitación. Sin embargo en los papeles figuraba que Viarse era la empresa ejecutora y facturaba los trabajos a Vialidad Nacional para la obtención de certificados.
Los peritos de Vialidad detectaron “sobreprecios del orden del 43,71%. Con valores actualizados a diciembre de 2016 y en función de los rendimientos de la obra «se estima que el perjuicio que sufrió la DNV es de $ 328.484.276». A esto debe sumarse que Viarse recibió del organismo vial «sumas de dinero muy superiores» a las que se le pagó a Gancedo, y la diferencia asciende a $45.254.671.
Además, en redeterminaciones de precios se pagaron sumas por encima de lo pactado y todo da una cifra global de casi $400 millones, «por una obra terminada muy tarde y con muy mala calidad”, publicó el matutino.
La denuncia se centra en la cúpula de Vialidad durante el gobierno de Cristina Kirchner, que dependía directamente de DeVido, en las autoridades provinciales de Viarse, y el presidente de Gancedo SA.