La Fe.Po.Tra. TDF elevó una fundamentada solicitud de intervención al Parlamento Nacional, para que el Poder Ejecutivo Nacional ponga en marcha la aplicación efectiva de la Ley 26.776, que ordena como “política de Estado” la integración marítima entre el continente y la isla grande de Tierra del Fuego, a través de la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Se pidió la previsión de fondos para 2018 y la conformación de un Consejo Consultivo Parlamentario.
Río Grande.- Con la presentación física de 62 carpetas dirigidas a las presidencias de ambas Cámaras del Congreso Nacional, a los 21 presidentes de los bloques de Senadores y a los 39 presidentes de los bloques de Diputados, la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego efectivizó la semana pasada, un pedido formal para que el Parlamento argentino “impulse nuevas acciones legislativas complementarias” a la Ley que aprobó por unanimidad en 2012, y que dos gobiernos consecutivos incumplen.
En condiciones similares a lo requerido el año pasado, solicitó se garantice “que en el ejercicio fiscal de la Nación 2018, estén incorporadas las partidas presupuestarias que posibiliten la puesta en marcha los estudios preliminares que ordena la ley, antes de avanzar con un plan ejecutivo, y a su vez; se constituya un Consejo Consultivo –o el organismo que consideren adecuado- que estudie, asesore y recomiende”.
En materia presupuestaria propuso una partida de 50 millones de pesos, “para llevar adelante un profundo análisis de todo el material documental existente, trazar parámetros y lineamientos de carácter técnico y científico, que posibilite avanzar en una primera etapa, con exhaustivos estudios de factibilidad tanto en lo concerniente a la conexión marítima, como en la extensión de la ruta nacional N° 40 dentro del territorio argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego”.
En tanto que la constitución de un Consejo Consultivo Parlamentario “que acompañe, impulse y potencie el desarrollo de los estudios de factibilidad, Ley Nacional N° 26.776, integrado por miembros del Poder Legislativo nacional, de los gobiernos de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las Universidades públicas nacionales, organizaciones sociales, sindicales y políticas de ambos Estados provinciales. Toda vez que es necesario demostrar la viabilidad técnica, operativa y económica de una conexión marítima por la boca oriental del Estrecho de Magallanes, para recién elaborar el proyecto ejecutivo y el plan empresarial y estratégico del cruce por aguas argentinas”.
A seis años de la desaparición física del autor de la Ley del Cruce
La actividad desarrollada en Buenos Aires, coincide con un nuevo aniversario del fallecimiento del ex Senador José Martínez “pancrudo”, ocurrido el 7 de julio de 2011, cuando un vehículo conducido por cuatro policías impactó con el suyo en la ruta Nacional N° 3, al sur de Río Grande y a 12 km antes de llegar a Tolhuin.
El senador junto a su par María Rosa Díaz, son los autores de la Ley Nacional N° 26.776, también de la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la constitución del estratégico fideicomiso austral donde se efectiviza en obras de infraestructuras básica, el reconocimiento del Estado nacional con la provincia marítima de Tierra del Fuego, por el 50% de las regalías offshore en materia de explotación hidrocarburífera.
Justamente, el Senador viajaba ese día a Ushuaia para participar por teleconferencia de la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso Austral en representación de la Provincia.
Durante el transcurso de la semana pasada, y relacionado a la Ley del cruce por aguas argentinas, también se llevaron adelante reuniones con la senadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, con el jefe de asesores del senador nacional Fernando Pino Solanas, Enrique Viale y con el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, doctor ingeniero Marcos Actis.
Magdalena Odarna y Enrique Viale coincidieron por separado en elevar de manera inmediata, nuevos pedidos de informes al Ejecutivo Nacional tanto por la aplicación de la Ley, como por la situación del Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, que la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner anunció el 23 de julio de 2015, y que ratificó al día siguiente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1423/2015.
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