El MPF recurrió al Tribunal de Cuentas para conocer datos oficiales del destino de los fondos

El legislador del MPF Pablo Villegas, junto a su par Mónica Urquiza, ingresó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para poder acceder a la documentación sobre el endeudamiento en 200 millones de dólares que tomó la provincia. Llevan dos meses de la solicitud al Ejecutivo, que no ha dado respuesta, y en los próximos días harán un planteo similar al Fiscal de Estado. Villegas denunció que la gestión Bertone les impide ejercer “el rol básico de control”, y se veda información pública que debería poder conocer cualquier ciudadano.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas dio a conocer ayer a Radio Universidad 93.5 la presentación realizada esta semana ante el Tribunal de Cuentas, con el fin de acceder al expediente del endeudamiento en 200 millones de dólares que tomó la provincia, y el destino de esos fondos. Pasaron dos meses del pedido de informes que aprobó la Legislatura y no hubo respuesta, por lo que analizan además una presentación similar al Fiscal de Estado.
En primer lugar se le consultó sobre la campaña electoral, de la que se considera excluido. “No estamos en campaña lamentablemente por decisión de las autoridades de Río Grande del MPF. En esta elección el afiliado no va a poder votar a ningún candidato que represente al MPF; así que no estamos en campaña”, sostuvo.

“El afiliado sabrá entender esta realidad, que mucho no nos gusta acá en Ushuaia, y cada uno sabrá a quién acompañar”, dijo, sin tomar posición por ninguno de los candidatos en danza.

Sin información

Respecto de las finanzas públicas, expuso la imposibilidad de acceder a información oficial, como también la ausencia de diálogo político: “Con la gobernadora hace casi ocho meses que no hablo, desde diciembre del año pasado, y lo mismo tengo entendido de la legisladora Mónica Urquiza, pero uno sigue haciendo su trabajo, independientemente de tener o no un diálogo directo con la gobernadora. Seguimos cumpliendo con el rol de legisladores de la oposición, porque para eso nos eligió la gente, y también proponiendo alternativas”.
Puntualmente sobre la colocación de bonos, la negociación de la tasa de interés y el destino del dinero obtenido, dijo que se desconoce. “Uno como legislador de la oposición se topa con el hermetismo característico de la gestión Bertone. Se retacea, se esconde la información pública, a la que tendríamos que tener acceso no sólo los legisladores sino cualquier ciudadano de la provincia. Hace dos meses presentamos un pedido de informes, pidiendo copia del expediente de la toma de endeudamiento y todas las acciones administrativas de la toma del empréstito por 200 millones de dólares, además del porqué se paga una tasa de interés tan alta. Al día de la fecha no hemos tenido respuesta”, manifestó.
Dado que el Tribunal de Cuentas pidió informes “con un contenido muy parecido al pedido nuestro”, esta semana decidieron recurrir a este organismo. “Con la legisladora Urquiza hemos presentado una nota esta semana para que ellos, como órgano de contralor, nos remitan la información que el gobierno de la provincia nos está negando. Vamos a ver si le han enviado a ellos a esta documentación, para poder contar con ella en el ámbito legislativo, y ejercer un acto básico del sistema republicano, que es controlar los actos de gobierno”, sostuvo.
Explicó que recurrieron al Tribunal de Cuentas porque “pudimos conocer a través de los medios que, a la semana siguiente de nuestro pedido de informes, hicieron un requerimiento al gobierno con un contenido muy parecido al nuestro. Ya estamos acostumbrados a que no nos envíen información, pero calculamos que al Tribunal de Cuentas, como órgano de contralor, se lo debe respetar y le deben haber informado. Seguramente en los próximos días vamos a hacer la consulta también al Fiscal de Estado”, adelantó.

Puras versiones

Con respecto a la posibilidad de que se esté volcando a gastos corrientes el interés de las colocaciones financieras de estos bonos, dijo que todas son especulaciones, porque no hay acceso a la información.
Y remarcó que no pueden tener otro destino más que la obra pública, de la misma manera que ocurrió con los bonos Albatros en la gestión Estabillo. “La Constitución es clara y hay que respetarla. En el artículo 70 establece que, cuando se toma deuda por colocación de bonos, tiene que afectarse exclusivamente a obra pública, por eso estamos tan exigentes en requerir toda la documentación posible, para poder dar respuestas a la gente sobre lo que pasa con los 200 millones de dólares que vamos a tener que pagar los fueguinos en las próximas generaciones. Hoy no podemos responder porque no tenemos información”, ratificó.
Apuntó que “el dinero que se obtiene a través de este empréstito se tiene que afectar a obras públicas”, aunque quedan dudas sobre los intereses generados por las colocaciones financieras, y si podrían usarse para paliar el déficit provincial.
Según la legisladora Myriam Martínez, el estado nacional lleva 800 millones adelantados a la provincia para pagar sueldos y aguinaldos pero, también de esta información solamente hay versiones. “Uno no se puede manejar con manifestaciones verbales. Si no, uno está pintado en su función. Nosotros vamos a agotar todas las instancias y, más temprano o más tarde, vamos a obtener respuestas”, aseguró.
“Cuando las tengamos, vamos a poder informar tal vez más tarde de lo deseado, pero no por desidia o falta de interés, sino por la constante actitud del gobierno de esconder los números del sistema financiero y las cuentas públicas de la provincia”, fustigó.

Endeudamiento sin obras

En cuanto a las colocaciones financieras que, de acuerdo también a versiones periodísticas, habría realizado el gobierno, en lugar de volcar los fondos a obras, Villegas aclaró que “la ley de presupuesto los autoriza a hacer colocaciones financieras, más allá de que nosotros no la votamos, pero esa no es la idea de la toma del empréstito. Con la realidad económica que nos golpea en la cara a todos los fueguinos, con más de 5.800 despidos en la faz privada en el último año y un alto nivel de desocupación, tener 200 millones de dólares, más el endeudamiento por el convenio con ANSES, y no afectarlo a la ejecución concreta de obras, más que una picardía es un verdadero pecado”, definió.
“Cuando se planteó un endeudamiento en dólares de estas características, yo comparaba la gestión del gobierno con la de una familia, y planteé a qué familia le resulta un negocio interesante endeudarse en dólares. Nadie se endeuda en dólares hoy en día, porque sabemos que el dólar estaba atrasado y se va a ir actualizando. Basta con leer las informaciones nacionales, pero aun así el gobierno tomó el empréstito, porque tuvieron la mayoría correspondiente. Ahora no solamente no están haciendo nada, sino que el Ministro de Obras Públicas es candidato y lo tenemos hablando de la problemática de los perros en Ushuaia, mientras los procesos de licitación de las obras no están”, criticó.

Mentiras y campaña

El legislador expuso además un aparato propagandístico con el anuncio de obras que son “mentiras” al electorado. “Dicen que, de acá a veinte días, van a comenzar recién con el estudio del proyecto del microestadio de Río Grande. También nos venden en Ushuaia la construcción de un hospital de 22 mil metros cuadrados por cien millones de pesos, pero para el microestadio se afectan 400 millones por la ley 1.149. Es decir que nos quieren vender que con cien millones van a hacer un hospital de 22 mil metros cuadrados, y eso no lo cree nadie. Lo que van a hacer es desarmar las casas que están al lado del hospital actual y hacer los cimientos, pero no van a poder hacer un hospital con cien millones. Es parte de la propaganda política que está haciendo el gobierno de la provincia”, dijo.
“Uno pone una voz crítica, no por estar en contra de la realización de las obras, sino porque le están mintiendo a la gente”, remarcó Villegas.

Médicos y jueces

Por otra parte, a propósito de la intención de los jueces jubilados de ejercer la profesión sin el plazo de cuatro años, mediante una modificación de la ley que regula la profesión, se le consultó sobre la situación de los médicos de planta. Informó que “los primeros días de mayo presentamos un proyecto de ley que deroga el impedimento legal a los médicos para ejercer la profesión una vez jubilados, y también se pide el reconocimiento de las guardias en el haber previsional. Lamentablemente nunca tuvimos posibilidad de tratarlo en comisión. En la última sesión el gobierno reconoció el tema de las guardias, pero no votaron nuestro proyecto, sencillamente por ser del MPF. A la semana plantearon la necesidad de rectificar la decisión de no habilitar a los médicos, porque es de manifiesta inconstitucionalidad. Además, hay que mirar el sistema de salud de manera completa, y el régimen previsional no puede ser un impedimento para contar con la prestación de un médico experimentado. Tarde o temprano esto se tiene que modificar por ley”, dijo.
“Con el tema de los jueces, leí el proyecto y entiendo que lo que está vigente es lo que corresponde. Un juez obtiene una buena jubilación y debe dejar por un tiempo prudencial la posibilidad de ejercer la profesión de abogado, y permitir al abogado matriculado que pueda ejercer, en lugar de volver al ruedo tribunalicio de manera inmediata. La cuestión está impregnada de cierta ética profesional. El proyecto ya tomó estado parlamentario y en comisión expresaremos nuestra postura”, adelantó.

Fondo solidario

Con respecto al fondo solidario y las demandas contra el gobierno que se siguen sumando, por el descuento que se aplica a los haberes jubilatorios, Villegas mencionó que presentaron “dos proyectos, uno en marzo pasado y otro este año, pidiendo la derogación del artículo que congela la movilidad previsional y pedimos la devolución de lo descontado, a los fines de evitar lo que sabemos que va a suceder, porque se va a declarar la inconstitucionalidad, tal vez no en el ámbito provincial pero sí en el federal”, pronosticó.
“Esto va a terminar obligando a la provincia a restituir lo retenido. No queremos llegar a esa instancia, más allá de que no lo votamos, para evitar este nuevo perjuicio a la provincia. Pero al ser minoría no tenemos posibilidad de que se trate en las comisiones y mucho menos en sesión. Es muy difícil trabajar así, pero es el mandato que dio la gente, y no podemos arrugar en el medio del río. Hasta nos han rechazado pedidos de informes, algo que nunca sucedió en la vida legislativa, pero esto no me hace mella en términos personales. Esperamos conseguir algunos consensos mínimos para tratar los temas de la agenda de la gente, y no de la agenda de un gobierno en particular”, enfatizó.

Acompañamiento a Renacer

Finalmente se le pidió opinión sobre la negativa de la comisión del área aduanera especial a aprobar la excepción pedida por la Cooperativa Renacer para importar placas chipeadas, que pone en jaque su continuidad, de no cumplir con la fabricación a tiempo de los televisores. “El Estado ha acompañado de muchas maneras a Renacer a lo largo del tiempo. En este caso en particular, en una situación de crisis como la que tenemos, amerita admitir excepciones”, dijo.
“Hay que ir por el mal menor, que es evitar más desocupados en la provincia. Renacer forma parte de la matriz productiva de la provincia y hay que habilitarle la posibilidad de mantener la cantidad de familias que trabajan en la cooperativa”, concluyó el mopofista.