El titular de la AREF destacó las virtudes del convenio de extensión del contrato del área Magallanes, firmado por la gobernadora el viernes pasado. No solamente ingresarán fondos por regalías, con un 3% adicional, sino que también la empresa prevé inversiones por más de 400 millones de dólares, dijo. Respecto del control de casinos y la vinculación con el atentado al IPRA, optó por la prudencia y por esperar a que la justicia investigue. Afirmó que no hubo ninguna expresión de malestar de parte de los afectados, que sirva como base a las especulaciones.
Río Grande.- El titular de la AREF Luis María Capellano dio detalles por FM Del Sur de la renegociación del contrato de YPF por el área Magallanes, firmada el viernes pasado por la gobernadora Bertone.
La extensión del contrato es por diez años y “esto genera un beneficio importante para la provincia, por el bono de prórroga que se va a cobrar, que es de 7.978.000 dólares, y por la compensación de reclamos que se le venían haciendo a la provincia, por 6 millones de dólares. Entre el bono y la compensación va a haber un ingreso de 14 millones de dólares”, sostuvo.
Agregó que habrá “una mejora en las regalías adicionales que se van a generar, del 3% más de la producción”, dado que pasan del 12% actual al 15%. “Eso redunda en un beneficio a valores nominales de un millón de dólares por año, por diez años, a valores de hoy”, dijo.
También dio a conocer el plan de inversiones plasmado en el acuerdo: “Hay un plan de inyección adicional de Magallanes, con una inversión de 209 millones de dólares, y hay un compromiso de otras inversiones que realizará la compañía de 204 millones. Quiere decir que va a haber ingresos totales de inversiones que rondarán los 414 millones de dólares, con una dotación de personal propio de aproximadamente 95 personas, y un estimado de personal de empresas contratistas de aproximadamente 300 puestos de trabajo”, subrayó.
Sintetizó “tres ítems fundamentales de este acuerdo: uno que es el bono de prórroga más la compensación de reclamos, que es automática; otro con las regalías adicionales para cobrar el 15% en vez del 12%; y por último el compromiso del plan de inversiones de 414 millones de dólares que impacta en la generación de puestos de trabajo. Esta renegociación había quedado trunca en 2016 y la gobernadora lo ha impulsado, se ha trabajado mancomunadamente con la Secretaría de Hidrocarburos y la AREF, para poder concretarlo. El resultado fue la firma el viernes por parte de la gobernadora”, explicó.
Una vez firmado el acuerdo con la empresa, la comisión “extiende un informe de auditoría, que lo hace la Universidad de Buenos Aires y la UTN, porque son las dos universidades habilitadas para hacer auditoría y, una vez que se conforma el expediente, tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas, por la Fiscalía de Estado y posteriormente se eleva a la Legislatura para su ratificación”, dijo del circuito por recorrer.
“Una vez ratificado, este importe estaría en condiciones de ingresar en 24 horas y se empieza a aplicar el 3% adicional de regalías. El trabajo más arduo siempre es ponerse de acuerdo con la compañía, para pagar mayores regalías y atender los reclamos pendientes, acordar el bono especial de extensión y definir el plan de inversión, que es muy importante porque no solamente son obras de infraestructura que van a quedar para la provincia, sino que van a generar puestos de trabajo con mano de obra local”, remarcó.
Consultado sobre el destino de estos fondos, dijo que “las regalías no son de aplicación específica y van a la cuenta única del tesoro”, por lo que serán de libre disponibilidad.
“Este es un primer paso que se dio con YPF y estamos trabajando muy fuerte con el consorcio de empresas de Pan American Energy, Total y Wintershall, porque también estamos cerrando la negociación con ellos, para la extensión del contrato con el adicional del 3% de regalías”, apuntó.
Reclamo del fondo del conurbano
En cuanto al reclamo que está haciendo la provincia de Buenos Aires en la Corte Suprema, pese a que el legislador radical Pablo Blanco negó un impacto en la coparticipación provincial, Capellano ratificó que “para el año que viene representa 62.799 millones de pesos de impacto en el monto que se coparticipa entre todas las provincias”, en caso de fallo favorable al planteo de la gobernadora Vidal.
“A Tierra del Fuego le representa 1.004 millones para el año que viene”, precisó, aunque prevé que “el estado nacional no se va a correr y dejar que las provincias pierdan beneficios. Creo que en esto van a jugar varios factores, porque hay un proyecto de reforma impositiva que se va a presentar en el Congreso, hay impuestos que vencen a fin de año, como el impuesto al débito y crédito bancario, que coparticipa el 30% a las provincias. Seguramente el efecto en la coparticipación a las provincias va a tener un atenuante y se va a instrumentar a través de una reforma tributaria. No es un tema de preocupación inmediata, pero hay que estar alertas, porque todos los recursos de coparticipación hacen a la sustentabilidad del sistema”, sostuvo.
“Si bien la provincia de Buenos Aires no estuvo recibiendo la coparticipación porque tiene el tope de los 650 millones, también recibió un incremento de ATN de 25 mil millones en enero de 2017. Eso seguramente lo van a compatibilizar. Hay que estar alerta para ver cómo nos va a impactar en nuestras cuentas públicas”, insistió, considerando “importante que la comunidad conozca que el gobierno está atrás de todos los temas y está técnicamente sólido para defender las potestades tributarias de la provincia. Así lo manifestó la gobernadora el jueves en la comisión federal de impuestos”.
Control de casinos y atentado al IPRA
Finalmente se le preguntó sobre la vinculación del atentado al IPRA con los controles que implementará la AREF en los casinos, dado que varios funcionarios de la provincia así lo expresaron, y hablaron de mafias operando detrás del incendio.
Capellano negó que estos controles hayan generado malestar en los interesados y optó por la prudencia: “De los hechos lamentables que ocurrieron no voy a abrir juicio de valor, porque lo tiene que dilucidar la justicia y la policía. El sistema es una herramienta más de control que tienen las administraciones tributarias para cumplir con la fiscalización. No es nada revolucionario sino una herramienta más de fiscalización”, dijo.
“La tecnología nos permite en tiempo real y en forma online monitorear el comportamiento del contribuyente y controlarlo en forma directa el día que presenta su declaración jurada. Todas las acciones de fiscalización no creo que molesten a los contribuyentes, porque sobre todo las que se hacen en tiempo real están dando una garantía y una certeza de que lo que presentan es correcto. Son herramientas que se aplican a otras actividades, como los estacionamientos privados y hay varias actividades con cruce de información automático”, concluyó.
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