El ministro de Industria Ramiro Caballero fue intimado por nota de la Subsecretaría de Industria de Nación a convocar a reunión de la comisión del área aduanera especial, levantada intempestivamente por el funcionario. Además, se le notificó que fueron suprimidas sus facultades vinculadas con el rol de presidente de la CAAE, hasta tanto no cumpla con la convocatoria. En el orden del día sigue figurando la excepción pedida por la Cooperativa Renacer, que negó que el tema esté cerrado, y cuestionó la actitud “desafiante” de Caballero ante “la autoridad de aplicación de una ley nacional”, dado que se cumplió el plazo y sigue dilatando la convocatoria.
Río Grande.- La toma de decisiones vinculadas con las empresas que operan bajo el subrégimen industrial estaría virtualmente paralizada, tras la comunicación enviada al ministro de Industria Ramiro Caballero por parte de la autoridad de aplicación de la ley 19640, por la cual se lo intima a convocar a reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial y se lo inhibe de actuar como presidente hasta tanto cumpla con este pedido.
La reunión de agosto, que incluía en el orden del día el tratamiento de la excepción que viene pidiendo la Cooperativa Renacer para ingresar las plaquetas chipeadas de origen, que son insumo imprescindible para la fabricación de televisores comprometidos a la empresa Walmart, fue levantada intempestivamente.
Con fecha 31 de agosto, el subsecretario de Industria, licenciado Fernando Grasso, remitió una nota a Caballero fijando un plazo de cuatro días para la convocatoria a nueva reunión, y suprimiendo las facultades de presidente hasta tanto la realice.
Así lo informó ayer por Radio Nacional Ushuaia la presidente de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, que espera el 23 de este mes el embarque de insumos para fabricar televisores, pero no tiene todavía aprobada la excepción para el ingreso de las plaquetas chipeadas de origen.
“No salimos del asombro porque hubo un levantamiento intempestivo por parte del ministro Ramiro Caballero de la reunión pautada en agosto. La suspendió por el trabajo mancomunado que hicimos con el estado nacional para reagrupar la mayor cantidad de actores, que conocieran la documentación, y habíamos logrado un consenso mayoritario. Así lo vieron desde el gobierno provincial y, cuando habían llegado varios miembros de la CAAE que residen en Buenos Aires, levantaron la reunión”, recordó.
“Esto generó que el licenciado Fernando Grasso, subsecretario de Industria, intimara al ministro a que en cuatro días hábiles hiciera una nueva convocatoria”, dijo.
Grasso fue economista de ADIMRA -la asociación de industriales metalúrgicos de la Argentina-, sumado al equipo del secretario de Industria Martín Etchegoyen desde el inicio de la gestión Macri, que es la autoridad de aplicación de la ley 19640.
“Más allá de que se sintieron decepcionados por este accionar, la gravedad es que le suprimieron al ministro Ramiro Caballero todo tipo de facultades vinculadas con su rol de presidente de la CAAE. Es decir que no está autorizado a hacer ningún tipo de aprobación mediante su cartera hasta tanto no convoque a una reunión”, aseguró Acosta.
“No obstante esto, no convocó a reunión en ese plazo perentorio sino que además por los medios dio por concluida la decisión, como si el tema de la excepción a Renacer estuviera agotado, cuando forma parte del orden del día. Caballero no va a poder seguir dilatando de manera indefinida que esa reunión se haga”, advirtió.
Consideró que Caballero pretende “dar una señal a nuestro cliente de que, desde la provincia, se van a custodiar los intereses de los grandes industriales y que a nosotros no se nos va a dar autorización para dar cumplimiento con este cliente, que es la firma Walmart”.
“Esta firma en principio nos encargó 7.500 televisores y hay una propuesta de continuidad muy importante”, indicó dado que, pese a todo este conflicto en la provincia, la empresa “ya nos emitió la segunda y tercera orden, y nos promete que esa periodicidad va a estar dada en 2018, garantizando estabilidad para nuestros puestos de trabajo”.
“El tema no está cerrado, como dijo Caballero que, si bien preside la CAAE, se trata de un organismo nacional, por ser la 19640 una ley nacional. No sé con qué fines actúa, más allá de lo que uno presupone, pero es de una gravedad institucional importante. Prácticamente desafía a la Nación, porque la 19640 es una ley nacional, y la autoridad de aplicación del régimen es el área de Industria de Nación”, remarcó.
“La nota de Fernando Grasso fue enviada con fecha 31 de agosto de este año, y hasta ahora la medida fue incumplida por el ministro Caballero. Hay mucha irresponsabilidad y falta de respeto. No creemos tampoco que este tema de la excepción vaya a generar una fisura del punto de vista institucional”, manifestó.
Cuestionó que desde el gobierno provincial “se están colocando de garantes de la decisión de algunas empresas, porque no todas comparten este accionar. Nos ha tocado conversar en privado con varias de ellas, que tienen resquemores por alguna cuestión de revancha, y no se sienten identificadas con la política de supremacía de los grandes grupos económicos de nuestra provincia. Al contrario, muchas veces sienten que, al considerarlas una especie de competencia, esto atenta contra el desarrollo y hay una centralización de las grandes firmas en la formación de precios de la industria. No posibilitan nuevas radicaciones en nuestra provincia, y nosotros soñamos con un régimen promocional hasta el 2050 como Manaos, pero con otro tipo de reglas de juego, que sean claras, para que se puedan radicar nuevas empresas, que mejore la oferta y la demanda”, dijo.
“Todas las industrias queremos desarrollarnos y queremos puestos de trabajo estables, y no precarios. Espero que se puedan sentar a dialogar las autoridades, que son las que deciden, porque hoy no le pueden echar la culpa a la crisis, a la apertura de importaciones, al menos en lo que depende de nuestro emprendimiento, porque está claro que no nos ha debilitado la macroeconomía. No queremos un estado que cuide nichos de negocio en detrimento de los más chicos y pedimos equidad en sus políticas, porque han dado excepciones increíbles y algunas por fuera del marco de la ley, en serio”, aseveró.
Dio a conocer que “hemos chequeado varias actas y vimos que entraron equipos armados el 100%, así que lo único que hicieron estas empresas fue ponerle una estampilla al producto y cobrar los beneficios, por decisión política de funcionarios provinciales, vía presidencia de la Comisión del Área Aduanera Especial”.
“Eso sí es irregular y no tiene nada que ver con una Cooperativa que carece de tecnología propia y está pidiendo por última vez la excepción de un paso del proceso productivo, que no conspira contra nadie”, sostuvo.
Ratificó que “cuando se reúna la CAAE tendrán que tratar este tema. Desde la provincia están tratando de dilatarlo para que nosotros no cumplamos con la fecha pautada con el cliente, que tiene un evento muy importante y, si no nos compra a nosotros, lo va a tener que resolver con alguna de las firmas radicadas localmente”.
Justicia de oficio
Acosta puso a disposición de la justicia y de la prensa la documentación respaldatoria de sus dichos, “porque la justicia también puede actuar de oficio, dado que se nos está coartando el derecho a trabajar y a cumplir con el cliente, para no perder nuestra propiedad. Y me gustaría que miraran todas las actas de estos últimos cinco años de la CAAE, que las ponemos a disposición, como también a la prensa”, concluyó.
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