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La Legislatura aprobó ayer, con los votos del FPV y la UCR, la extensión del contrato de YPF en el área Magallanes y el nuevo menú de obras con la “ganancia” de la colocación de bonos, por la devaluación del dólar. En ambos temas hubo discusiones entre el legislador oficialista Federico Bilota y el mopofista Pablo Villegas. Por un lado la oposición cuestionó la falta de debate en comisión del contrato, al que accedieron esta semana; y además negó que exista una “ganancia” por la devaluación, sino mayores costos que habrá que afrontar por la demora en la puesta en marcha de las obras. El proyecto de presupuesto 2018 tomó estado parlamentario y, junto con él, la decisión de aplicar plenamente la ley 1070 para financiar el déficit de la caja previsional, que implicará un recorte a municipios y organismos del Estado.

Ayer se desarrolló la sexta sesión ordinaria y, con los votos del FPV y la UCR, se lograron los dos tercios necesarios para aprobar la extensión por diez años del contrato con YPF en el área Magallanes.

Río Grande.- Ayer se desarrolló la sexta sesión ordinaria y, con los votos del FPV y la UCR, se lograron los dos tercios necesarios para aprobar la extensión por diez años del contrato con YPF en el área Magallanes.
Hubo cruces entre el legislador Federico Bilota, de la bancada oficialista, y el mopofista Pablo Villegas, quien cuestionó la falta de debate en comisión del convenio al que recién tuvieron acceso este martes, cuando la AREF expuso algunos detalles en el plenario de comisiones.
El apuro, según reconocieron desde el oficialismo, tiene relación con la percepción inmediata de los 14 millones de dólares del canon, que se acreditarían en diez días a partir de la ratificación, más el aumento de regalías del 12 al 15 por ciento.
La votación fue nominal, con acompañamiento de la bancada del FPV a pleno y de parte de la UCR, dado que el legislador Oscar Rubinos llegó tarde a la sesión. No obstante los votos de Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende sumaron los diez necesarios, contra cuatro del MPF por la negativa, para dar por ratificado el convenio.
Rubinos podría haber impedido que se lograran los dos tercios, de votar con el MPF, opción que difícilmente hubiera tomado dado que en el tratamiento del resto de los temas acompañó con su voto a la mayoría oficialista, en sintonía con el resto del bloque.
En el debate generado en la sesión, el legislador Federico Bilota defendió la importancia de aprobar de inmediato el proyecto, por el canon, el aumento de regalías y “la inversión en obra de 400 millones de dólares prevista por YPF para mantener trabajo, para generación de empleo”, asegurando que “generará “más de cien fuentes de trabajo directa y más de 300 puestos de trabajo indirectos entre contratistas”.
Se refirió a los cuestionamientos del legislador Pablo Villegas por la falta de debate y señaló que “nosotros no somos el Tribunal de Cuentas, no somos la Fiscalía de Estado, no somos un órgano técnico que debe sacar un dictamen jurídico, ni hacemos auditorías contables. Somos un órgano político, tomamos decisiones políticas y en este caso tenemos que tomar la decisión de aprobar o rechazar un acuerdo que ha sido renegociado por el Poder Ejecutivo, con la intervención en su momento de un integrante de la Legislatura”, dijo en referencia al radical Pablo Blanco, que renunció cuando la comisión de análisis ponía como condición la confidencialidad de las negociaciones.
Aun con esta cláusula de confidencialidad, por la cual no se podían transmitir los detalles, Bilota aseveró que “esta Legislatura no ha sido ajena a esta renegociación. Entendemos que todos los parámetros que se planten en el acuerdo son positivos. No hay ninguno que no sea beneficioso para la provincia”, remarcó.
Además, le pidió a Villegas que “las explicaciones de votar no las dé a sus pares ni al bloque del FPV, sino que se las tiene que dar a la gente, porque si se vota en forma negativa, dejarían de ingresar a las arcas del tesoro fondos con los que se pagan salarios, pensiones y gastos”.
“Nosotros acompañamos, porque entendemos que necesitamos cerrar todo el circuito de esta área, con la aprobación del Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, porque restaba nuestra provincia”, sostuvo.

Sin control

Por su parte Villegas replicó a Bilota con una observación sobre su condición de abogado, que pretende desconocer la Constitución: “Me extraña que desconozca cuáles son las funciones que tiene un legislador -le dijo-. Un legislador, aparte de representar al pueblo de la provincia en la Legislatura e intervenir en la sanción de leyes, tiene una función constitucional de control de gestión. Ese control de gestión forma parte del sistema de pesos y contrapesos del sistema republicano. La gestión no se controla en los hechos, firmando un cheque en blanco y haciendo de esta Legislatura una escribanía del Poder Ejecutivo -disparó-, sino debatiendo en el ámbito de las comisiones, con el tiempo necesario y la participación democrática de todos los sectores sociales, para que puedan dar opinión en un tema de tanta importancia, como es la prórroga de concesiones hidrocarburíferas”.
“Me llama la atención que se viertan conceptos de estas características de parte de un colega, que en cierto modo implica desconocer la matriz ideológica y conceptual de nuestra Constitución provincial”, criticó.
Bilotale respondió asegurando que ha leído “toda la Constitución, no solamente una parte. Y uno de los órganos de contralor constitucional es el Tribunal de Cuentas, que ha hecho un informe con plenario firmado por los tres integrantes, diciendo que no hay impedimento alguno para que se firme este contrato. El Tribunal de Cuentas es un órgano técnico, objetivo y no político, y ha hecho su análisis. Allí dice que está autorizado (el convenio) y no encuentra ningún impedimento legal ni contable para que se apruebe. Hay que leer toda la Constitución y todos los informes del Tribunal de Cuentas”, le recomendó a Villegas, dando por cerrado el debate para pasar a votación.

Apoyo radical

De parte del radicalismo, la legisladora Liliana Martínez Allende fundamentó su acompañamiento junto a Pablo Blanco y Oscar Rubinos, puntualizando que “a las arcas provinciales ingresarán, por un bono de prórroga, ocho millones de dólares además de otros 6 millones de dólares”, por un acuerdo transaccional relacionado con un subsidio de gas.
“Este convenio responde a la solicitud de YPF de una prórroga por diez años más para la explotación de esta área hidrocarburífera, que ya fue aprobada por el Estado nacional y por la provincia de Santa Cruz, sólo faltaba la provincia de Tierra del Fuego”, dijo a Prensa Legislativa.
Destacó el compromiso de la empresa de “invertir más de 400 millones de dólares en el Área Magallanes, lo que también generará movimiento económico en Tierra del Fuego” y el aumento de regalías del 12% al 15%, “por lo que entendemos que es lógico que acompañemos este pedido de prórroga que implicará una suba de tres puntos por sobre lo que actualmente percibimos”.

Obras con las “ganancias”

El segundo tema de importancia tratado en la sesión fue el nuevo menú de obra pública presentado también esta semana por el Poder Ejecutivo, y que se financiará con la “ganancia” obtenida por la devaluación, al tener inmovilizados en dólares los fondos del endeudamiento de 200 millones de dólares.
En el tratamiento de este asunto ya estaba presente el legislador Oscar Rubinos, y votó junto al bloque de UCR, por lo cual se aprobó por 11 votos -del FPV y la UCR- contra 4 del MPF.
La gobernadora elevó el proyecto que destina 195 millones de los 400 millones totales que habrían surgido como diferencia por la devaluación, a obras de infraestructura, como la puesta en marcha y equipamiento del Laboratorio del Fin del Mundo, una inversión de 40 millones en edificios públicos, tanto para construcción como adecuación, para el Poder Ejecutivo y el Judicial, y además se prevén cinco millones para las sedes del Ministerio de Trabajo en la provincia.
Se suman 70 millones para la red de gas natural en la margen sur de Río Grande, y 15 millones para la red de agua de los barrios Akar, Colombo y Barrancas del Pipo de Ushuaia.
Por último, se destinan casi 20 millones de pesos para la instauración de un sistema de prevención, atención y despacho de urgencias y emergencias, centralizado en la Secretaría de Estado de Seguridad. Estará conformado por un sistema de videocámaras que monitorearán los puntos estratégicos para la seguridad en cada ciudad desde dos centrales de monitoreo o centros de atención telefónica, que serán a la vez centros de despacho de llamadas.
El legislador Pablo Villegas había negado que se trata de una “ganancia”. Por el contrario, advirtió sobre un “nuevo endeudamiento” y, a su criterio, esa diferencia por la devaluación debe aplicarse a las obras, dado que por la demora habrá que pagar mayores costos. El legislador mencionó que en lo que va del año, entre marzo y el presente, la provincia ya está pagando un 15% adicional en readecuación de precios y, en la medida que siga la demora, no solamente serán más caras las obras sino el dinero a devolver. Estimó que el año próximo el dólar rondará los 20 pesos, y se debe comenzar a pagar intereses con esa cotización.
No obstante el oficialista Federico Bilota ratificó que hubo una “ganancia” y destacó que, al margen de los 195 millones destinados a nuevas obras, “queda todavía una reserva de ese resultado. Las obras son fundamentales para Tierra del Fuego”, aseguró.
Recordó que “el endeudamiento del bono Albatros se hizo en dólares, como se hacen todas las operaciones financieras a nivel internacional, y nosotros vamos a tener ingresos por regalías que también está dolarizadas. Cuando se emitieron los bonos Albatros luego la provincia asumió con un gobierno legítimo, distinto del nuestro, con una Cámara legislativa legítima, y se pagó ese bono”, dijo, aludiendo a antecedentes de cumplimiento, más allá de los cambios de gobierno.
“Están diciendo cosas que no son, están sumando peras con bananas al decir que acá hay un nuevo endeudamiento, cuando no lo hay. En ninguna parte dice que la provincia adquiere nueva deuda o emite nuevos bonos”, subrayó y pidió al MPF “no confundir a la gente, y que le explique a los vecinos qué van a hacer con las obras de gas que tanto necesita Margen Sur”, si no acompañan este proyecto.
“Hay una diferencia evidente de resultado financiero, que tiene que ver con la variación del dólar. Esa diferencia, a través del Poder Ejecutivo, se imputa para que se hagan obras, y yo confío plenamente que el Ministro de Obras Públicas y su gente está trabajando las 24 horas del día para que estas obras se ejecuten”, enfatizó Bilota.
“Son obras necesarias después de años de desinversión en la provincia en infraestructura, porque no hubo inversiones en saneamiento, cloacas, gas, energía, en nada. Pido que no confundamos más a la gente. Acá no hay endeudamiento y lo que estamos aprobando es un plan de obras sobre un resultado de diferencia de cambio, que es evidente. Parte de esos recursos se van a destinar a ejecutar obras necesarias para la provincia”, reiteró.

Presupuesto 2018

Finalmente tomó estado parlamentario ayer el proyecto de Presupuesto 2018, que comenzará analizarse en noviembre en la comisión 2.
Había sido girado el 29 de agosto pasado y fue girado a la comisión de presupuesto que preside Pablo Blanco.
La propuesta prevé 23 mil millones de ingresos y más de 30 mil de gastos, según Blanco con 2.200 millones de déficit, el doble de lo que recibió Bertone de la ex gobernadora Ríos, más los 5.300 millones en rojo por el endeudamiento que se fue tomando en apenas 20 meses.
El cálculo de ingresos podrá confirmarse a partir de hoy, con la elevación del proyecto de presupuesto nacional al Congreso.
Dentro del articulado, y con la presentación del presupuesto de la caja, se prevé la puesta en vigencia plena de la ley 1070, que implicará un millonario recorte de fondos a los municipios y organismos del estado cuyos aportes por los trabajadores activos, no cubran el gasto de sus respectivos jubilados.