“No sabemos si en 2023 desaparecerá la industria”

El diputado nacional Oscar Martínez, secretario General de la UOM Río Grande, explicó los motivos que llevaron al gremio a avalar un congelamiento de salarios por más de dos años, y aseguró que desde el sector empresario estaban dispuestos a cerrar las fábricas “en cuatro meses”. Pese al acuerdo, reconoció que no hay garantías de continuidad de la industria ni de los puestos de trabajo. “No tenemos ninguna confianza en los empresarios y vamos a trabajar, intentando revertir esto. Es un trago muy amargo, una enorme indignación, porque fuimos empujados a una única alternativa”, sostuvo. Tampoco hay certeza de la suerte que correrá la industria más allá de 2023.

Río Grande.- El diputado nacional Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande, dialogó ayer con FM Aire Libre sobre el acuerdo con AFARTE por el cual se congelan los salarios por más de dos años, y que tomó mayor trascendencia nacional que el firmado por el gobierno con Nación, entendiendo que se abre una puerta a la flexibilización laboral.

Martínez denunció una “extorsión del gobierno nacional” para llegar a este desenlace y admitió que no confía en que los empresarios cumplan con sus compromisos: “La política del gobierno nacional ha sido extorsiva para con los habitantes y trabajadores de Tierra del Fuego, en el caso particular de los metalúrgicos, porque si no aceptábamos condiciones diferentes se modificaban los aranceles, y como consecuencia de eso se terminaba de destruir la industria y los puestos de trabajo”, dijo.

“Lo analizamos con los compañeros en cada una de las asambleas y en el congreso de delegados. El anuncio de bajar del 17% al 0% los aranceles nos ponía en una condición donde las empresas decían que en tres o cuatro meses finalizaban su producción y cerraban las puertas”, aseguró.

“El debate que se generó fue intenso, logramos transitar esta propuesta, que era muy superadora de una exigencia que planteaba la reducción del 30% del salario al comienzo de la discusión. La realidad es que la inflación es galopante y la pérdida del poder adquisitivo va a ser importante, pero en este marco hemos logrado defender los puestos de trabajo, que era el objetivo. Creemos que esta decisión beneficia a todos los habitantes de la provincia, porque de los puestos de trabajo de la industria dependen muchos sectores de Tierra del Fuego”, planteó el diputado.

Reiteró que “los trabajadores y los habitantes de la provincia hemos sido víctimas de una extorsión por parte del gobierno nacional, que intenta llevar adelante su política sin ningún tipo de análisis, con una soberbia enorme, y están agrandados por el resultado electoral. En Tierra del Fuego hubo un 30% que apoyó este gobierno y hoy estamos sufriendo las consecuencias”, manifestó.

Dijo ser consciente de que “muchos critican lo que hemos decidido democrática y orgánicamente en nuestra organización gremial, pero había exigencias terribles en cuanto a los plazos, porque se nos comunicó que esta propuesta tenía que estar presentada el pasado jueves antes de las 11 de la mañana, como única forma de ser analizada por el gobierno nacional. Se logró que se aguardara hasta el viernes a las cuatro de la tarde para ver si los compañeros aceptaban esta situación, y a esa hora transmitimos a nuestra organización a nivel nacional que había una decisión de transitar esta alternativa, que obviamente tenía que contemplar la continuidad laboral, y el lunes a primera hora estuvimos en esta discusión”, relató del proceso.

“Nuestro acuerdo es un anexo al que firmó el gobierno nacional con la provincia, y nosotros no somos firmantes de ese acuerdo, sino la organización a nivel nacional y ASIMRA, entre otros sectores”, aclaró.

Respecto de la reducción arancelaria, repasó el acuerdo del gobierno, que prevé “la modificación del 17% al 10,5% del arancel a partir de enero de 2018, con un periodo gradual de reducción hasta llegar al 2% en 2023.Nosotros no fuimos convocados ni participamos de esta discusión”, insistió.

Las “alternativas”

El diputado reiteró que, de no avanzar con el congelamiento, “la única alternativa era la reducción de salarios de un 30% o la posibilidad de mantener las condiciones actuales por un periodo de 24 meses. Se intentó reducir ese periodo, pero no fue contemplado ni tenido en cuenta”.

Consultado acerca de si hay posibilidad de modificación, dijo que “nosotros hemos hecho hincapié en la continuidad laboral y los puestos de trabajo, porque si no aceptábamos una alternativa como esta, el riesgo potencial es que ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto, donde el gobierno cuenta con los votos favorables para poder resolverlo. Somos conscientes del enorme esfuerzo y del riesgo que se asume, pero vamos a ser firmes si las condiciones cambian, tanto en el terreno del consumo como en la cuestión electoral, para revertir esto”.

“Es un desafío permanente porque estamos transitando otras épocas. Durante los ’90 estuvimos alrededor de diez años sin paritarias. En 2004 tuvimos posibilidad de reabrirlas con el sector patronal y hemos transitado dificultades enormes, producto de la convertibilidad. A principios de 2000 y 2001 tuvimos pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo, hubo largas suspensiones cobrando solamente una porción del salario. También analizamos esta realidad”, observó, a fin de no repetir la experiencia.

“Antes del 2015 pensamos que esta situación podía venir, porque la política del gobierno nacional es expulsarnos de Tierra del Fuego para reducir considerablemente la población. Esto fue manifestado por el propio Frigerio cuando nos reunimos al inicio de su gestión. Eso está apoyado en las medidas que están planteando, con el respaldo de un enorme caudal de votos ahora”, subrayó.

Votantes responsables

El diputado apuntó contra el acompañamiento mayoritario a Cambiemos en el país, y de un tercio de los fueguinos, que permite la profundización de las medidas del gobierno. “Uno de cada tres habitantes votó al gobierno nacional y no creo que apoye este tipo de medidas ni esté a favor de este tipo de resultados de una gestión de gobierno. Lo veníamos denunciando, decíamos que el ajuste venía, y ni hablar de la reforma laboral y la reforma previsional. Son consecuencias que va a tener que asumir el pueblo por los resultados de la última elección”, disparó.

El rol de Caló

Consultado sobre el rol del secretario general Antonio Caló en este acuerdo, dijo que “se reunió con el gobierno nacional, nos trajo las exigencias, y los empresarios nos plantearon que ante esta situación no podían seguir produciendo, más allá de terminar los insumos que ya tenían, por lo que finalizaba la producción en unos cuatro meses. Si no lograba frenarse el proyecto antes de ingresar a la Cámara, las consecuencias iban a ser prácticamente inmediatas”, aseveró.

“Nosotros discutimos con el sector empresario y como consecuencia de ello Caló tuvo una reunión con el ministerio de la Producción, donde le informaron que la decisión iba en ese sentido y no había prácticamente alternativa. La única alternativa era una reducción sustancial del salario y otra que se generara un acuerdo entre las partes. Nosotros analizamos esta alternativa que los compañeros terminaron apoyando casi por unanimidad”, sostuvo del congelamiento, si bien en rigor nunca pudo ser alternativa la reducción salarial, que es legalmente inviable.

Sin garantías

Se le preguntó si creen que el sector empresarial va a cumplir con la promesa, y admitió que no hay garantías:

“Nosotros confiamos en que, manteniendo la lucha, podemos enfrentar cualquier tipo de situación. En esta realidad no teníamos los márgenes necesarios para hacerlo, porque ante la soberbia y la actitud manejada desde Buenos Aires, les calentaba muy poco que nosotros hiciéramos alguna medida, porque ya tenían la decisión política e iban a avanzar en ese sentido”, dijo.

“Aunque algunos compañeros reclamaran acciones con más inmediatez y que la medida no se hiciera el 20 de noviembre sino antes, y que paráramos la actividad, en el congreso de delegados y las asambleas analizamos que ninguna de esas medidas podía modificar la actitud cerrada de un gobierno autoritario, que no escucha, no analiza, y que a pesar de los enormes reclamos de todo el país, no cambia su actitud”, expresó.

“En cuanto a los empresarios, no tenemos ninguna confianza. Siempre desconfiamos en absoluto de ellos y ahí vamos a trabajar, intentando revertir esto. Es un trago muy amargo, una enorme indignación, porque fuimos empujados a una única alternativa. En el último período hemos venido perdiendo alrededor de seis mil puestos de trabajo y uno es consciente de los riesgos que asumíamos, si no tomábamos una decisión de estas características”, insistió.

Menos recaudación

Martínez agregó que producto de esta negociación “se ha eliminado la tasa de verificación de procesos productivos que recibía la provincia, que es una suma importante que ingresaba anualmente y va a dejar de percibirla. La provincia ha sufrido recortes y esto forma parte de la responsabilidad que asumió el gobierno en el acuerdo. También se contempla la reducción de otros costos, como en puertos y en Aduana”.

En cuanto al compromiso del sector empresario, se reduce a “la baja en los valores de los productos. Entendemos que, de todos los esfuerzos, el sacrificio más grande lo hacen los trabajadores. Los empresarios dejarán de percibir ganancias, pero por sus niveles de ingresos tienen asegurada hasta la vida de sus biznietos. Si nosotros no llevábamos adelante una alternativa de estas, el riesgo era que ellos se transformaran inmediatamente en importadores, con la doble moral que tienen, porque o producen en Tierra del Fuego o lo resuelven a través de la importación de productos chinos”.

Movilización del 20

La movilización prevista para el 20 de noviembre sigue en pie porque, según el diputado, “siguen en riesgo la totalidad de las condiciones actuales de la industria y el mantenimiento de la población en Tierra del Fuego, porque esto no se ha modificado en nada. Este acuerdo que se ha firmado pretende resolverlo, pero nadie sabe las consecuencias que puede traer. No sabemos qué consecuencia puede traer la reducción de aranceles, la quita de impuestos de la provincia y otros factores que se van a ir conociendo en las próximas horas. Es un texto muy extenso que contiene distintos artículos que serán de análisis de la comunidad en general. Se logró atenuar que el golpe no sea en un solo acto y tenga una aplicación gradual, pero no sabemos si como consecuencia de esto en 2023 desaparecerá la industria. Algunos anuncian eso, y en las charlas que mantuvimos el lunes, los empresarios plantearon que hay alternativas para continuar más allá del 2023 pero eso tampoco es seguro porque el gobierno puede cambiar esto de un plumazo. Por eso hay que estar muy atentos y la marcha del 20 debe ser absolutamente multitudinaria”, reclamó.

“Sabemos que hay varios actores en contra de esta convocatoria, que la están cuestionando o intentan desalentarla, pero los metalúrgicos vamos a estar y esperamos tener el acompañamiento de muchos trabajadores y sectores de la comunidad de la provincia”, confió.

El canje de Caló

Finalmente se le preguntó sobre las declaraciones de Mónica Acosta, presidente de la Cooperativa Renacer, que planteó este acuerdo que flexibiliza a los trabajadores casi como una moneda de cambio de Antonio Caló, para comprar impunidad ante la investigación sobre varios dirigentes sindicales por hechos de corrupción. “La verdad no lo sé y desconozco eso. Hay un grado de enfrentamiento importante entre la UOM y el gobierno nacional, tenemos una posición importante para encarar el rechazo a la reforma laboral y en estos momentos se está discutiendo en una reunión de secretarios generales. Desconozco los fundamentos que tiene para decir esto”, concluyó Martínez.