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El legislador del FPV Ricardo Furlan se adjudicó la génesis del proceso que derivó en la sanción de la ley 1075, hoy analizada por la justicia por el pedido de declaración de certeza ingresado por la AREF. Aseguró que en la Legislatura nunca se cuestionó la competencia municipal del impuesto inmobiliario, y que de la ampliación de los ejidos urbanos en las tres ciudades, un 40% iría al gobierno. Explicó que no sólo los municipios conservan los impuestos que cobran por la superficie actual, sino que incorporarían el 60% con la ampliación del ejido, tomando distancia de las pretensiones de la AREF que, de prosperar, se llevarían “todo el presupuesto de obra pública” de las municipalidades, advirtió. Entre rumores de un fallo de la Corte fueguina, espera que el conflicto se resuelva por la vía del diálogo.

Río Grande.- El legislador del FPV Ricardo Furlan tomó una posición contundente respecto de la atribución de los municipios para cobrar el impuesto inmobiliario, contra las pretensiones de la AREF, avaladas por el gobierno, y aseguró que desde la Legislatura nunca se pretendió recortar recursos municipales.

El legislador del FPV Ricardo Furlan tomó una posición contundente respecto de la atribución de los municipios para cobrar el impuesto inmobiliario, contra las pretensiones de la AREF, avaladas por el gobierno, y aseguró que desde la Legislatura nunca se pretendió recortar recursos municipales.

Por FM Del Sur, fue consultado en principio por el acuerdo de competitividad firmado por el gobierno el lunes, y celebró que “la gobernadora pudiera juntar a todo el espectro de la industria y que el lunes hayan firmado un principio de acuerdo con el Ministro de Producción de la Nación, con AFARTE y la UOM; pero es un convenio que también va a venir a la Legislatura y seguramente habrá letra fina”, observó.

“Uno no puede emitir opinión porque no conoce todo el contenido del acuerdo y no estuvimos dentro de la negociación. En principio confiamos en los representantes que han estado y creo que han llegado al mejor acuerdo posible, que no es lo que uno hubiera pretendido”, reconoció.

“Esto no es nuevo, ya hubo distintos inconvenientes a través del tiempo, desde el ‘83 hasta ahora, aunque en la campaña de 2015 estábamos discutiendo por cuántos años más íbamos a tener la 19640 y hoy vemos que cuestionan la ley todos los días desde el gobierno nacional”, contrastó entre los hechos y las promesas de campaña.

“También hay que esperar cómo se define el pacto fiscal, los distintos impuestos, los ingresos brutos, y habrá que ver cómo lo maneja la gobernadora. Uno la conoce y sabe que tiene buena cintura para manejar esta situación y ojalá pueda salir adelante”, confió.

Impuesto inmobiliario

La secretaria legal y técnica del Municipio, Victoria Vuoto, había recordado hace poco que el legislador Furlan en la sesión en que fue aprobada la ley 1075, tal como está en la versión taquigráfica, había remarcado que para que se aplique debían adherir los Concejos Deliberantes de cada municipio, y que el legislador defendió el inmobiliario como un impuesto municipal.

Consultado sobre esto, Furlan relató la génesis de esa norma sobre la que se tiene que expedir la justicia. “Yo fui uno de los actores principales con respecto al impuesto inmobiliario, porque en 2011 ya llevaba como eje de campaña contra Sciurano el tema de la ampliación del ejido. La ampliación iba a dar la posibilidad de tener más tierra al Municipio y, después de que termina la campaña y la gobernadora Bertone es electa, y que son electos Vuoto, Melella y Queno, en una reunión con la gobernadora le comento mi idea sobre la ampliación de los distintos ejidos de las tres ciudades, y que, de la ampliación de cada uno de los ejidos, el 60% iba a ser municipal y el 40% de la provincia. No tenía nada que ver con el antiguo ejido, porque seguían cobrándolo los municipios”, dijo.

En función de esto, “la recaudación de la ampliación de los ejidos se sumaba al inmobiliario que ya teníamos y yo, de donde vengo, no voy a ir a votar en contra de mi casa”, dijo a partir de su historia política vinculada al ámbito municipal.

“El 30 de diciembre de 2015 yo presento una resolución en la Cámara diciéndole a los municipios que había posibilidad de que puedan presentar la modificación de los ejidos, tanto de Río Grande como de Ushuaia y de Tolhuin, para esto que acabo de comentar. Después se aprueba la ley 1075 y la votamos entendiendo de buena fe que esto no iba a tener nada que ver con tocar los recursos municipales anteriores. Entendimos también que cada municipio debía adherirse a la ley a través de su cuerpo deliberativo, es decir su Concejo Deliberante”, continuó relatando.

“Después vinieron algunos vientos políticos distintos y alguno entendió que la Legislatura le dio la facultad de ir y presentarse a la justicia. Pero lo que estábamos diciéndole a la AREF es que no podía haber doble imposición, y si nosotros consideramos que hay una doble imposición, es porque estamos reconociendo que el impuesto es municipal”, sentenció.

“Esto se inició en julio de 2015, no ahora. Yo estoy convencido de que esto tiene que ser una decisión netamente política. Sigo confiando en que nos tenemos que juntar y volver al nudo original de cómo nació todo esto, para poder avanzar. Yo confío en que los actores principales van a poder solucionar esto a través de la política, no de la justicia”, dijo Furlan.

“Yo tuve oportunidad de ser convencional constituyente en el año ’90, y la Constitución en ningún momento habla de que los impuestos pasen a la provincia, y ya eran municipales. Fue una Constitución municipalista, de cabo a rabo. Algunos dirán que en algunas provincias los cobra el gobierno, y hay provincias donde lo cobran los dos, gobierno y municipio, como es el caso de Córdoba. Cada una es autónoma y, más allá de lo que uno pueda interpretar, espero que exista una solución netamente política”, insistió.

Respecto del impacto en los municipios, en caso de que la justicia falle a favor del gobierno, indicó que “el impacto en el caso de Ushuaia, que lo conozco finito, serían unos 13 millones por mes, es decir casi 150 millones al año. Calculo que en Río Grande puede ser menor el monto, por la cuestión de valuación fiscal, pero no debe estar lejos. El impacto es muy importante, porque es la obra pública de todo un año si vemos el proyecto de presupuesto”, subrayó.

“Nunca fue la intención recortar recursos a los municipios y la intención fue ampliar los ejidos municipales. Hasta ahora el único que lo presentó fue Tolhuin y se aprobó en la Legislatura, por lo que ya tiene posibilidad de mensurar y planificar el crecimiento de la ciudad. Yo espero que los otros municipios puedan presentar la ampliación del ejido y plasmar este impuesto inmobiliario de acuerdo a lo que acabo de comentar”, señaló.

Se le preguntó si la justicia se puede declarar incompetente para resolver sobre este tema netamente político, y manifestó que “confía mucho en la justicia, porque han tenido mucho sentido común cuando han tenido que resolver. Sé que se va a imponer el buen criterio por sobre otras cosas”.

“La AREF ha hecho una interpretación, pero en realidad quien representa a la provincia es el Fiscal de Estado” dijo, estimando que se debería haber presentado en el expediente.