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La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich cuestionó el acuerdo fiscal al que adhirió la gobernadora y sostuvo que, lejos de garantizar federalismo e independencia a la provincia, incluyó la renuncia a 51 mil millones de fondos provinciales, correspondientes al juicio por la devolución del descuento del 15% para ANSES, que ya tenía fallo favorable para otras provincias. También adelantó modificaciones al régimen previsional para adecuarlo a los requisitos de Nación y, como primera pérdida por venir, mencionó la movilidad. No duda de que, tras el congelamiento de salarios metalúrgicos, el gobierno avanzará con una medida similar sobre los estatales.

Elisa Dietrich, directora de la caja provincial, efectuó su lectura del acuerdo fiscal firmado la semana pasada por la gobernadora Bertone, y negó que se haya defendido el federalismo sino que, en función de la obligación de renunciar a los juicios contra el Estado nacional que tiene incorporado, la provincia perdió unos 51 mil millones de pesos que podría haber cobrado.

Río Grande.- Elisa Dietrich, directora de la caja provincial, efectuó su lectura del acuerdo fiscal firmado la semana pasada por la gobernadora Bertone, y negó que se haya defendido el federalismo sino que, en función de la obligación de renunciar a los juicios contra el estado nacional que tiene incorporado, la provincia perdió unos 51 mil millones de pesos que podría haber cobrado.

Por Radio Universidad 93.5 y, como afiliada radical de la rama de la OTR, que es la rama laboral de la UCR, dio cuenta del análisis realizado en “un congreso nacional donde participaron muchas provincias del país. Se debatieron los nuevos proyectos de ley que modifican derechos laborales, previsionales y sociales, en este nuevo paquete de leyes que impulsa la Nación”, indicó.

“Se tomó una postura nacional sobre la reforma de la ley en estas condiciones y, al menos la rama laboralista, no va a acompañar la pérdida de derechos y la regresión que significa el proyecto”, dijo en principio de la reforma fiscal.

“Como ejemplo se puso el convenio que firmó la provincia de Tierra del Fuego, que recibió muchas críticas porque queda en claro que, a pesar de que la gobernadora habla de los beneficios, tenemos la certeza de que es todo lo contrario. Apunta al sostenimiento de las ganancias del empresariado a costa de la pérdida de derechos y salarios de los trabajadores”, fustigó.

“El salario del trabajador es el que sostiene las economías internas de todos los países, y todo lo que atente contra él afecta a todos los sectores. En enero de 2016 se comenzó atentando contra los salarios estatales y todo repercute en la economía interna. Ahora avanzaron sobre los trabajadores metalúrgicos, pero no va a quedar ahí. Ya trascendieron audios donde el gobierno nacional le pide a los gobernadores la reducción de los salarios de los estatales”, sostuvo, convencida de que, si no hay reducción, cuanto menos habrá un congelamiento.

Con el acuerdo firmado con Nación y AFARTE, aseguró que “lo único que logró la gobernadora fue un año de tregua para la sentencia de muerte a la 19.640 en la provincia, porque vienen por todos los derechos de los ciudadanos, pero no del empresariado, y como siempre se van a privilegiar sus abultadas ganancias a costa del empobrecimiento de los trabajadores”.

“En ningún momento se habló de las ganancias de las empresas. Para el gobierno nacional parecen ser imperdonables los sueldos de los trabajadores, como si la clase obrera no tuviera derecho a gozar de vacaciones, de tiempo libre, a ascender de clase social. Pero si las empresas ganan millones, violan las leyes, las obligaciones previsionales, es todo perdonable. Si evade, lo premian, y nadie sabe cuáles son las ganancias de las empresas”, criticó.

Advirtió que no se trata solamente “del congelamiento de un salario, sino que hay una decisión política de regresar a la clase trabajadora a la época de la revolución industrial, cuando costó vidas de los trabajadores lograr que la mano de obra formara parte del desarrollo. Parece ser que se tiene castigar la mano de obra que produce la riqueza, para que el que pone la plata se la siga llevando en pala”.

Millones perdidos

Respecto del acuerdo fiscal, que se suscribió en la misma semana y al que adhirieron todas las provincias, con excepción San Luis, Dietrich cargó contra la renuncia a 51 mil millones de fondos provinciales, entre otros puntos.

Por un lado negó que el gobierno nacional vaya a financiar los déficits de las cajas provinciales, como es el caso de Tierra del Fuego. “Esa es una brutal mentira. El gobierno nacional se compromete a financiar las cajas no transferidas solamente en el caso de que las leyes provinciales sean iguales o similares a la de ANSES. Por lo tanto, lo primero que se va a perder en la provincia es la movilidad del haber atada al activo, porque eso no existe en ANSES. Comenzaron con el congelamiento de la movilidad, pero lo que se viene es la pérdida, cuando es una de las grandes conquistas de nuestra caja provincial”, manifestó.

“La política nacional es llevar al mayor empobrecimiento posible a la clase jubilada del país, y la señora Bertone está de acuerdo, porque ha firmado en conformidad, sabiendo que ese compromiso también es una sentencia de muerte para la caja de Tierra del Fuego”, disparó.

Sostuvo que no solamente pierde Tierra del Fuego sino el resto de las provincias porque “varias de las cajas no transferidas tienen regímenes más beneficiosos para el jubilado que el ANSES y todas se van a ver afectadas”.

“Nosotros, aun con las modificaciones de las leyes del 8 y 9 de enero de 2016, tenemos todavía la movilidad del haber, con una actualización dos veces al año. A nivel nacional la actualización de ANSES estuvo por encima de la inflación y, como vieron que los jubilados de a poco estaban recomponiendo un haber que es miserable, pretenden cambiar el sistema con un ajuste por inflación, y esto también lo aprobaron los gobernadores. Esto es mayor empobrecimiento de la clase pasiva”, reiteró.

Apuntó que “en ningún momento el gobierno nacional se compromete a no aumentar las tarifas o a bajar la inflación. Nada de eso está dentro del acuerdo. Lo único que se acordó fue que el esfuerzo de todo el cambio lo sostengan los trabajadores y jubilados”.

Lo más grave para Dietrich es la renuncia a los juicios contra el estado, que fue una exigencia de Nación, dado que entre esos juicios estaba el reclamo de coparticipación mal descontada, por un monto de 51 mil millones, según estimaciones de capital e intereses. “Nosotros hicimos una presentación en Fiscalía de Estado para consultar si la provincia había iniciado la demanda para reclamar los fondos que corresponden por el fallo del 15% de coparticipación mal retenida entre los años 2006 y 2015. Estaba previsto iniciar el juicio en la ley de emergencia del IPAUSS, pero a noviembre de 2016 todavía no lo habían hecho, por eso pedimos información al Fiscal y la respuesta fue negativa. Finalmente esa demanda se inició, y a grandes rasgos son 51 mil millones de pesos que estaría debiendo la Nación a la provincia de esos fondos de coparticipación. La gobernadora renunció a este dinero, porque renunció a continuar con el reclamo”, afirmó la directora.

“Que diga lo que quiera decir para mentirle al pueblo de Tierra del Fuego, pero lo real es que esta ha sido nuevamente una entrega del federalismo, de la independencia de Tierra del Fuego y de los fondos a los que tenía derecho la provincia. Gracias a este acuerdo, la Nación ya no tiene obligación de remitir esos fondos”, indicó.

Antecedentes favorables

La directora aseguró que este reclamo no era una utopía, al haber fallo favorable, y recordó que surge del pacto federal firmado en los ’90, por el cual las distintas provincias del país habían cedido el 15% de coparticipación para financiar a la ANSES. “Desde que somos provincia hasta ahora, estuvimos financiando con un 15% de nuestra coparticipación al sistema nacional. Sin embargo, el gobierno nacional nunca financió el sistema previsional de la provincia. Cuando se prorroga en forma inconsulta el pacto federal, sin la ratificación correspondiente, el gobierno nacional siguió detrayendo el 15% de la coparticipación de las provincias. Por esto iniciaron demandas primero la provincia de San Luis, luego Santa Fe y San Juan. La sentencia salió favorable y esto dio lugar a realizar el mismo reclamo a las demás provincias. Cuando se sanciona la 1068 -de emergencia del IPAUSS- los legisladores conocían esta situación y le indican al Fiscal de Estado que realice la demanda para reclamar estos fondos indebidamente retenidos entre 2006 y 2015. La gobernadora no reclamó por voluntad propia, sino presionada por los medios y por nuestra presentación en la Fiscalía. Pero con la firma de este pacto, la gobernadora renunció al reclamo y renunció a estos fondos”, ratificó.

El futuro de la caja

Consultada sobre el futuro de la caja de previsión, dijo que hasta ahora, y desde la sanción de la ley de emergencia, “se viene financiando con el aporte de activos y pasivos, con la pérdida de la movilidad, mientras que el gobierno provincial financió sus obligaciones con los fondos de las regalías del banco, y con los 180 millones del convenio de ANSES que jamás llegaron a la caja. Tampoco entró nunca la detracción del 3% anual sobre el 15% de coparticipación mal retenida, porque debía entrar el 70% como mínimo para el fortalecimiento de la caja. Todos esos recursos fueron utilizados por el gobierno de la provincia y no reforzaron de ninguna manera el sistema previsional”, afirmó.

No descarta cambios en el presupuesto, dado que luego de estos acuerdos “hay que recalcular todo, porque cambian los ingresos genuinos de la provincia, cambia el sistema de distribución de fondos nacionales, y supongo que estarán trabajando para adecuar los números a la nueva realidad. Respecto del financiamiento del déficit de la caja de previsión, los legisladores ya se expidieron al sancionar la ley 1070, rompiendo con el principio de solidaridad en el artículo 23, para obligar a los entes que tienen una relación deficitaria entre cantidad de aportantes activos y jubilados, a sostener ese déficit. Los legisladores tendrán que ver la aplicabilidad de esa norma o de qué otra manera se reúnen los fondos que faltan para hacer sostenible la caja”, manifestó.

Futuro complejo

Dietrich ve que en el futuro cercano, en función de esta política nacional a la que viene adhiriendo la provincia, “se van a ir imponiendo algunos impuestos nacionales y lo único que se van a salvar son algunos privilegios para los importadores y para los supermercadistas. El ciudadano común se la va a ver en figuritas para sobrevivir en Tierra del Fuego”, indicó.

“Viene un trabajo muy serio por delante porque el objetivo es atacar fuertemente derechos de los trabajadores y de jubilados. Hay muchos silencios cómplices y muchos responsables de que esto se lleve adelante”, concluyó la directora.