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El Tribunal de Cuentas respondió ayer al pedido de informes que habían realizado los legisladores del MPF, tras conocerse las compras secretas de la Secretaría de Seguridad por un monto multimillonario, y surgieron “puntos bastante oscuros”, según adelantó la legisladora Mónica Urquiza. Esperan analizar hoy en detalle ese informe, pero el total de este tipo de compras por contratación directa supera los 26 millones, distribuidos en varios expedientes, que fueron observados. En algunos casos el responsable es el secretario Ezequiel Murray, y en otros el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz. No aparece la obra de Puente Justicia, pero sí la adquisición de varias camionetas.

Río Grande.- La legisladora Urquiza fue consultada ayer por Radio Universidad 93.5 sobre las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, y dio cuenta de algunas novedades, pese a que el secretario Ezequiel Murray se negó a dar explicaciones en la última reunión de comisión.

Informó que ayer recibieron la respuesta del Tribunal de Cuentas al pedido de información realizado por el bloque, y esperan analizarlo hoy con detenimiento. No obstante, adelantó que “hay puntos bastante oscuros. Son casi 26 millones y son varios expedientes. Primero se habló de 17 millones, pero son más, y entre estos expedientes no está incluida la obra de Puente Justicia”, aseguró, dado que en la reunión de comisión se habló del destino de fondos al destacamento policial de ese lugar, al menos en parte.

La legisladora Urquiza afirmó que figuran como responsables el ministro Gorbacz y el secretario Murray.

De los expedientes remitidos por el organismo de control, surge la compra “de elementos, y entre ellos compraron camionetas”, afirmó la legisladora, compartiendo su sorpresa por el carácter secreto que le dio el gobierno.

Recordó que “la ley de contrataciones establece que, para hacer una contratación directa y no pasar por una licitación privada o pública, debe haber una cuestión de emergencia, o que haya un solo proveedor, entre varias situaciones. Dentro de esas situaciones está contemplado un ítem que ellos han mencionado, respecto mantener en secreto las compras”, dijo, considerando que elementos como las camionetas “no se pueden mantener en secreto”.

Observaciones del tribunal

También dio a conocer que faltaron a la verdad los funcionarios, al decir en la reunión de comisión que estas compras secretas habían sido autorizadas y auditadas por el organismo de control. De la información recibida surge que “lo que solicitaron mediante una simple nota fue la no intervención previa en la compra. El Tribunal emitió una resolución donde los autoriza, pero les puso plazos para rendir, y puso la responsabilidad en cabeza del Secretario de Seguridad (Ezequiel Murray). Es más, algunos expedientes los pone en cabeza del ministro Gorbacz”, remarcó la legisladora.

Explicó que “cuando ellos terminan con el trámite de compras deben rendir al Tribunal de Cuentas y ahí es el momento en que aprueba, pero tienen expedientes observados”, reveló.

Esta información “la están analizando nuestros técnicos y nos vamos a reunir para analizarlo detalladamente en el día de la fecha. Lo que puedo adelantar es que compraron camionetas por contratación directa y en forma reservada, a una agencia de la provincia. Para justificar una contratación directa debe haber informes técnicos que lo fundamenten, y hay que cumplir con determinadas condiciones”, sostuvo, no viendo en principio que ese paso se haya dado.

Advirtió que “no pueden fundamentar la compra secreta por razones de seguridad de estado, de elementos para la policía provincial, porque la adquisición de camionetas no veo que deba ser de carácter reservado”.

También hay dudas sobre la contratación directa, más allá de que pueda haber determinadas marcas de vehículos que ofrezcan algún tipo de equipamiento que otra no tiene. “Hay equipamiento que podrá proveer una firma o no, pero no puede ser una contratación secreta. Los chalecos antibala son equipamiento de seguridad del personal policial y eso no puede pasar por una contratación secreta”, agregó Urquiza, que hoy podrá ampliar detalles de estos expedientes.

Acuerdo fiscal

Por otra parte, se la consultó sobre el acuerdo fiscal firmado el jueves pasado, que incluye la renuncia de la provincia a los juicios contra el estado nacional y, según la directora de la caja de previsión Elisa Dietrich, se habrían perdido 51 mil millones a percibir por la demanda del 15% de coparticipación mal retenida entre 2006 y 2015.

“Tal como dice Elisa Dietrich, la ley 1068 -de emergencia del IPAUSS- determinó por un lado que el 70% de los recursos recibidos por la provincia por el comienzo de la devolución en forma escalonada de la detracción del 15%, debía ser girado a la caja de previsión. Por otro lado, se instruía al Fiscal de Estado para que iniciara las acciones correspondientes, porque el acuerdo que suscribe la provincia con el Ministerio del Interior reconocía gradualmente esta diferencia a partir de 2016, y todas las provincias estaban habilitadas a hacer los reclamos correspondientes hasta el 2015”, explicó la legisladora.

“De este convenio surgió un endeudamiento de casi mil millones de pesos, que en su momento observamos, porque la nación le presta a la provincia la plata que les debe con un interés importante, de un 15% en principio y después del 12%; y además son fondos que se devuelven a los cuatro años, a partir de 2020 hasta el 2023, en una sola cuota. En 2016 se recibieron 349 millones, que se devuelven todos juntos en 2020, y así sucesivamente”, dijo de la devolución del 15% del período que corresponde a la actual gestión.

Urquiza aclaró que no puede certificar que el resto de la deuda, de 2006 a 2015, sumen 51 mil millones. “Se habla de mucho menos, yo no tengo el número preciso y respeto los conocimientos de Dietrich, pero no son los números que me han podido llegar. Este pacto suscripto por la gobernadora tiene que venir a la Legislatura, y por supuesto vendrá el ministro de economía, tendrá que venir el fiscal de estado para que se le hagan todas las consultas, y ahí efectivamente veremos cuál es el monto por el cual la provincia había iniciado las acciones judiciales. También veremos cuál fue el análisis que se hizo para renunciar a esto”, manifestó.

En cuanto a la compensación por esta renuncia, dijo que “por lo que pudimos leer en los medios sobre el borrador de este pacto fiscal, esto se estaría compensando con un bono que emitirá la nación, por esta deuda que estaban reclamando las provincias. Algunas provincias hicieron la presentación y la justicia falló a favor pero todavía no se les ha cancelado la deuda, por eso el Estado nacional acordó con el resto de las provincias. Este pacto fiscal tiene su origen en el primer acuerdo donde se reconoce la detracción errónea del 15% a las provincias, que es de mayo de 2016. Luego se firma el acuerdo que otorga el préstamo, con el fondo de sustentabilidad del ANSES, y es un endeudamiento de casi mil millones de pesos, aparte del convenio que se firmó con ANSES por 160 millones para cubrir el déficit de la caja”, repasó.

Asimismo, observó que estos fondos no llegaron a la caja de previsión para fortalecerla, sino que se usaron para el pago de aportes y contribuciones corrientes. “Por eso en enero de 2016, cuando no acompañamos la ley de emergencia del IPAUSS, dijimos que quien estaba en emergencia era el gobierno de la provincia, pero se declaró en emergencia la caja y el gobierno se financió con ella. Si todos los recursos extra que generó la ley 1068 hubieran ido a reforzar financieramente al IPAUSS, la situación sería otra. La trampa de la 1068 fue que todos los recursos que se generaron, por el 70% de esta devolución, por las utilidades del banco de la provincia y demás, todo se utilizó para pagar aportes y contribuciones mensuales del gobierno. Esto nos lo dijeron en la cara el ministro de economía y el presidente de la caja en la comisión de presupuesto, que la caja es una sola”, recordó.

“La ANSES asiste a las cajas no transferidas porque las provincias se hacen cargo del déficit, pero acá la provincia no se hace cargo del déficit de su caja. Nosotros presentamos un proyecto con un detalle de todos los recursos que no ingresaron a la caja y tienen que ver con esta trampa. Lo único que ingresa es el adicional de ingresos brutos de las actividades financieras, que recauda la AREF y tiene afectación específica”, aseguró.

“Yo hasta cometí el error de decir que habían ingresado al IPAUSS las utilidades del banco de la provincia porque lo dijo el ministro de Economía en la Legislatura, y después quedó demostrado que no fue así. Los directores decían que no era cierto y tenían razón, y nosotros lo habíamos consultado al ministro, que lo dijo delante de todos, y eran 120 millones de las utilidades del primer año”, señaló sobre la falsedad de la información brindada.

“Los aportes, que es lo que se descuenta al empleado, mientras las contribuciones corresponden a la patronal, se están depositando, pero la 1068 generó recursos adicionales que el Ejecutivo usa para pagar los aportes todos los meses”, ratificó.

En cuanto a los municipios, indicó que “tienen un descuento automático por ley, el ministerio de economía lo retiene de la coparticipación diaria, y lo deposita a la caja tarde y mal, generando intereses por pagos fuera de término que están debitando a los municipios, en lugar de pagarlos el ministerio de economía”, agregó, sumando otro perjuicio a los municipios además del retraso en los giros.

“Los municipios no tienen cómo atrasarse, porque el descuento es automático. Los municipios se tomaron la atribución de no descontar el fondo solidario a sus empleados, pero la caja de previsión hizo un cálculo de cuánto correspondería a cada uno y se lo descuentan de la coparticipación. Esto debería suceder con el gobierno y nosotros presentamos un proyecto de goteo diario a la caja de previsión. Si no, el gobierno se sigue financiando veinte días más con el dinero de la caja”, cuestionó.

Para la foto

Por otra parte, la legisladora había cuestionado que después de la convocatoria en Casa de Gobierno, Bertone avanzó con la firma de acuerdos sin participación del bloque. Ayer Gorbacz le respondió por los medios, asegurando que la invitaron el pasado viernes a participar de la explicación brindada por parte de funcionarios del gobierno, pero no asistieron.

“El ministro Gorbacz confunde las reuniones y convocatorias. La gobernadora realizó la convocatoria por el tema de impuestos internos y nuestro partido asistió, por la preocupación que nos generó a todos la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo. La gobernadora convocó de acuerdo a una resolución de la Legislatura de 2016, cuando se perdieron tantos puestos de trabajo, y el proyecto lo presentó el bloque UCR para que convocara a todos a trabajar en conjunto para buscar alternativas. La gobernadora convocó en el marco de esta resolución, pero aclaró que no convocó cuando la Legislatura le dijo porque estábamos próximos a una elección y no quería mezclar”, detalló del contexto de esta convocatoria.

Para Urquiza el gobierno sabía de estas negociaciones con anterioridad. “Por suerte existen archivos y, si uno hace un repaso de las declaraciones de la gobernadora, de funcionarios provinciales y nacionales, la verdad hay que darle la derecha a Marcos Peña cuando dice que la gobernadora estaba al tanto de esto”, sostuvo.

“En la convocatoria asistimos todos e hicimos una propuesta concreta, más allá de la firma del documento, para ponerse a trabajar. Al otro día se subieron todos al avión y la unión de la que hablaron la llevaron adelante solamente ellos con el legislador Blanco. Primero se suscribe el acuerdo para la reducción gradual de los impuestos internos y después el pacto fiscal, pero luego de que la gobernadora viajó no tuvimos más noticias. El ministro Caballero me mandó un mensaje diciendo que la gobernadora quería conformar esta comisión y pidió que le pasáramos quién nos iba a representar, y ahí quedó. No hubo más noticias y, cuando se firma el jueves el pacto entre los gobernadores y el presidente, yo le envío un mensaje a Gorbacz pidiéndole el texto de lo que habían firmado. Me dijo que no lo tenía, me pasó un link de INFOBAE donde podía bajar el acuerdo, y después me informó que convocaban a una reunión el viernes pasado a las cinco de la tarde en Casa de Gobierno, para que el ministro nos explique el alcance del acuerdo. Pero la realidad es que estaba todo firmado y todo acordado. Nos sacaron la foto, firmamos un documento donde todos estábamos de acuerdo en defender los puestos de trabajo, pero después se toman el avión a Buenos Aires e hicieron los acuerdos que ellos entienden que son correctos. Ahora nosotros tenemos que aprobar todo lo que hacen sin nuestra más mínima intervención. Con el acuerdo ya suscripto, vendrán a explicar en el ámbito que corresponde, que es la Legislatura”, planteó.

Respecto de congelamiento de salarios metalúrgicos, sostuvo que “no está en el acuerdo pero forma parte del todo. Si uno lee las declaraciones de los empresarios, dicen que estas conversaciones las tenían hace varios meses y venían charlando con el gremio”, concluyó.