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El legislador Oscar Rubinos aseguró que el cobro del impuesto inmobiliario fue “traspasado” a la provincia con la aprobación del paquete de leyes de enero de 2016. Recordó que no votó la norma pero advirtió de lo que iba a ocurrir, asegurando que, desde el Municipio de Ushuaia, la respuesta fue que había “un acuerdo con el gobierno”. En la recta final para las definiciones, agregó que resta debatir la aplicación del artículo 23 de la ley 1070, que prevé que cada organismo cubra el déficit que generan sus jubilados. Ya están estimados los montos en el presupuesto de la caja y, para Ushuaia, serían 120 millones, precisó. Lamentó que, a más de un año y medio de aprobada esa norma, no fuera objetada esta disposición con la que se reemplazaría el fondo solidario.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Oscar Rubinos efectuó una seria advertencia sobre el alcance de la ley cuestionada en la justicia vinculada con la facultad de cobro del impuesto inmobiliario, en tiempo de descuento para que la justicia emita su fallo, y afirmó que implica un “traspaso” del cobro a la provincia, votado por los 8 legisladores del FPV y con la oposición del resto. Se agrega la aplicación del artículo 23 de la ley 1070, al caducar la ley de emergencia del IPAUSS que, para el caso de Ushuaia, representará una retención de 120 millones para cubrir el déficit de la caja.

El legislador del bloque UCR-Cambiemos Oscar Rubinos efectuó una seria advertencia sobre el alcance de la ley cuestionada en la justicia vinculada con la facultad de cobro del impuesto inmobiliario, en tiempo de descuento para que la justicia emita su fallo, y afirmó que implica un “traspaso” del cobro a la provincia, votado por los 8 legisladores del FPV y con la oposición del resto.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, el radical se refirió en principio a la actividad de la comisión de presupuesto, que se retomó la semana pasada, y sostuvo que “una de las presentaciones más esperadas en la comisión de presupuesto era del Ministerio de Obras Públicas, porque es clave que se empiecen a ejecutar la cantidad de obras anunciadas para Tierra del Fuego. Hay obras que han comenzado, como el hospital de Ushuaia, la obra del tendido de fibra óptica, y hay una parte de aportes del gobierno nacional. Esto está supeditado al presupuesto nacional, más allá de que se haga el anuncio”, aclaró.

Aseguró que “la obra del microestadio de Río Grande está en proceso, todavía no se adjudicó la licitación. La ruta del Atlántico son tres tramos y están terminando la evaluación para adjudicarla. Ya está adjudicada la obra de tendido de red de fibra óptica, que son 240 millones. Todas son obras que se hacen con los 200 millones de dólares. También está el gimnasio de la escuela de policía, otro complejo deportivo en margen sur. La reunión fue extensa con todos los funcionarios del Ministerio”, dijo, destacando el detalle que dejaron en una serie de planillas.

Subsidio de gas

Otro de los puntos abordados por el legislador se relaciona con el gasto previsto en subsidio de gas para 2018, que duplica lo que le costaría a la provincia el tendido de las redes, pero planteó que en la capital fueguina no se puede avanzar por la falta de regularización, que le compete al municipio.

“Para 2018 la provincia tiene previsto un pago de subsidios de gas envasado de 750 millones de pesos. Es una necesidad de ayudar a los vecinos de Tierra del Fuego, porque si no, no pueden pagar el costo del gas. Este año fueron 630 millones en subsidios de gas. Esta es una de las preocupaciones más importantes que yo planteo, y reconozco la decisión del gobierno de llevar adelante las obras necesarias para mejorar el suministro de gas en Ushuaia y Río Grande. Se han llevado adelante obras de redes de gas en los barrios, se abrió la licitación para llevar gas al barrio de Fueguinos Autoconvocados, que son 60 familias. Esa obra cuesta 1.8 millones y con alguna redeterminación se podrá llegar a dos millones, pero el subsidio para esas 60 familias son cuatro millones de pesos por año. O sea, cuesta más caro el subsidio que la red de gas”, subrayó.

“Hay una búsqueda permanente de dónde podemos hacer la red de gas para evitar pagar el subsidio y que las familias vivan más cómodas, pero las únicas obras que se pueden hacer son las que nosotros regularizamos mientras estuvimos en la Municipalidad. A partir del 2016 no hubo otras urbanizaciones o regularizaciones, por eso no se pueden llevar adelante más obras de gas, porque no está hecho el reordenamiento y la regularización. Más de 1.500 familias en Ushuaia no pueden tener esa obra de gas y el estado tiene que seguir subsidiando, porque no hay reordenamiento. Hasta hoy la Municipalidad de Ushuaia no ha llevado adelante ningún tipo de reordenamiento”, cuestionó.

Indicó que el viernes presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante donde se planteó una regularización pero en realidad “es más para cobrar un canon de uso a la tierra ocupada, o cobrar el terreno a valores exorbitantes, y entiendo que es solamente para recaudar unos 70 millones, cobrando un adelanto por el terreno o un canon de uso, no propiamente el ordenamiento que se necesita para que llegue la red de gas. El gas tiene que tener la traza urbana, las calles y el número de puerta”, sostuvo.

“En las 64 hectáreas de Andorra nosotros dejamos las troncales de agua y de cloacas, y se ha podido instalar el agua en estos últimos meses. A mí me parecen una barbaridad estos 750 millones de pesos en subsidios, pero por lo menos en Ushuaia nos tenemos que preguntar por qué no podemos llevar adelante la obra de red de gas, cuando mejora la calidad de vida y el estado ahorra recursos. Tranquilamente el estado puede tomar un crédito para esto, porque les va a salir más económico pagarlo que seguir con el subsidio. El único inconveniente en Ushuaia para llevar adelante más obras de gas es la falta de ordenamiento y regularización de la Municipalidad”, reiteró.

Consideró que “si hubiera un trabajo en conjunto, como se hizo en algún momento, se podría avanzar, pero no terminan los planos en el Municipio y se está perjudicando a las familias, ampliando el déficit de la provincia, que es de dos mil millones, de los cuales setecientos corresponden a un gasto en subsidios que podría convertirse en una inversión en obras, generando más trabajo”.

“Nosotros tenemos un proyecto presentado hace varios años para obligar a los Ejecutivos a que trabajen juntos y todos pongan algo para poder llevar la solución”, apuntó, si bien todavía no fue tratado en el ámbito legislativo.

Pacto fiscal

Con respecto al pacto fiscal y las declaraciones de la legisladora Andrea Freites (FPV) que advierte que “los municipios van a ver relegados sus recursos”, estimó que así será para el Municipio de Ushuaia, no así para el de Río Grande, tal como lo explicó en los últimos días el concejal Paulino Rossi.

“En el Municipio de Río Grande hubo un ordenamiento de tasas, distinto de lo que ocurre en Ushuaia. Todos sabemos que desde 2016 se ha tomado un criterio errado del cobro de servicios, porque por ejemplo con la tasa de actividad comercial no se puede implementar un impuesto a los ingresos brutos o a las ganancias. No pueden cobrar más tasa a un comercio porque factura más, porque lo que se presta es un servicio y se cobra por él. Esto sí se va a discutir cuando se trate el pacto fiscal, que tiene que bajar a todos los municipios del país”, anticipó.

Dio cifras precisas sobre el incremento desde que asumió el intendente Vuoto: “Según el presupuesto, la tasa de actividad comercial en Ushuaia en 2015, fue de 25.294.000 pesos. En 2016, fue de 32.753.000 pesos. El 2017 no lo detallaron, pero en 2018 pasa a 168 millones. Claramente no se está cobrando por el servicio, sino que se pretende cobrar por otra cosa. La Constitución Nacional establece que se cobre por el servicio prestado y así lo establece el convenio firmado por 23 provincias del país, y es lo que se va a aprobar en Diputados, Senadores y en las Legislaturas del país. Esto termina en el producto que vende cada comerciante y esta forma de cobro no corresponde. Lo mismo ocurre con el impuesto automotor, porque de 74 millones en 2016 vamos a pasar a 183 millones en 2018. Se está cobrando el impuesto como si fuese a los bienes personales. Si es un poco más caro el auto, la alícuota es un poco más cara, y eso no corresponde”, dijo Rubinos.

Impuesto inmobiliario

Finalmente se le preguntó por las declaraciones de su par radical Pablo Blanco y el oficialista Ricardo Furlan, quienes están pidiendo una resolución política y no judicial del conflicto por la facultad de cobro del impuesto inmobiliario. A la luz de la lectura de Rubinos, la causa está perdida en el ámbito judicial: “Mi posición la planteé el día que se votó la ley y expliqué en la versión taquigráfica que esto iba a traer un problema judicial, porque los intendentes y los concejos deliberantes no iban a poder adherir por sus cartas orgánicas. También dije que lo que se estaba votando era el traspaso del impuesto inmobiliario a la provincia. No estuve de acuerdo y lo voté en contra, pero la votación salió 8 a 7, porque los 8 legisladores del FPV votaron por la afirmativa. Además, la ley establece quiénes dejan de pagar impuesto inmobiliario, que son las escuelas y otras instituciones como la Armada. Con esto Ushuaia perdía de facturar el 40% del impuesto inmobiliario. Esto rige desde que se promulgó la ley y al principio la Municipalidad de Ushuaia lo aceptó, pero hoy reclama 90 millones de deuda al gobierno por este impuesto”, detalló.

Respecto del temor en algunos sectores, incluido los municipios, de que se apruebe en el receso un paquete similar al de 2016, dijo haberlo escuchado al jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, “plantear que se pueda votar algo similar a enero de 2016, pero en gran parte ese paquete lo votó el FPV y con el acuerdo de Vuoto. El traspaso del impuesto inmobiliario a la provincia fue con acuerdo del intendente de Ushuaia”, afirmó.

“Yo personalmente ese día mandé mensajes a los secretarios de la Municipalidad de Ushuaia diciendo que no podían votar eso, porque estaban traspasando el inmobiliario al gobierno de la provincia, pero dijeron que tenían un acuerdo y lo votaron. Nosotros no lo votamos y ahora tendremos que discutir qué va a pasar”, dijo, agregando otro conflicto en puerta, vinculado con el déficit de la caja.

“Hay una ley vigente desde enero de 2016, que es la ley 1070. Hasta el día de hoy nadie se ha presentado en la justicia para decir que no corresponde el artículo 23 de esa ley, que tiene más de un año y medio. Ese artículo establece que, si la caja previsional tiene déficit, lo va a pagar cada organismo que lo tenga. La caja previsional cubriría su déficit con el artículo 23 de la ley 1070. Es más, ya todos los entes y las municipalidades tienen los montos que le corresponden a cada uno, para cuando no esté más el aporte solidario”, indicó.

“El déficit para 2018 es superior a los 400 millones de pesos y, si no existe la ley de emergencia, tienen que ser cubiertos como dice el artículo 23 de la ley 1070, y lo pagan los organismos que dentro de su estructura tienen un aporte de activos menor a los jubilados de su repartición. Como el Municipio de Ushuaia no ha tenido crecimiento de su planta permanente en los últimos años, porque fuimos ordenados en los gastos, entonces es un ente deficitario. De esos 400 millones, a la municipalidad de Ushuaia le corresponden 120 millones; a la Legislatura, algo de 50 millones; también algo a la justicia; y unos 15 ó 20 millones a la Municipalidad de Río Grande. Ese déficit de 400 millones se reparte en todos estos organismos y es una ley aprobada por la mayoría de la Legislatura”, reiteró.

Cuestionó el impacto sobre el Municipio capitalino, no sólo por los montos sino por el aumento del gasto: “Desde que asumió, el intendente Vuoto tomó 242 cargos políticos y es la forma que tiene de ver la política, aumentar la planta política, aumentar considerablemente las tasas a los vecinos, venderle los terrenos a los adjudicatarios, porque hoy los están vendiendo a 300 ó 400 mil pesos y esto está en los presupuestos”, concluyó.