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El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer reclamó a las empresas proveedoras de servicios que avancen con el congelamiento de salarios, tal como acordaron con la UOM. Alcanza a los transportistas nucleados en el gremio de Camioneros, a personal de Seguridad, y empleados de Comercio que realizan tareas de limpieza, además de Gastronómicos que brindan el servicio de comedor. Calificó de “intolerable” que los proveedores “no hagan ningún esfuerzo” y dejó escaso margen para otra alternativa. “Los gremios proveedores de servicios tienen que tomar compromisos”, subrayó Hellemeyer, como condición para cumplir la meta de bajar los precios de los productos. Además advirtió a la seccional Río Grande de la UOM que, si hay medidas de fuerza estarán rompiendo la paz social, que garantiza el sostenimiento de los puestos de trabajo.

El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer hizo un reclamo público ayer por Radio Nacional Ushuaia a las empresas proveedoras de servicios, para que avancen con el congelamiento de salarios tal como lo acordaron con la UOM, considerando “intolerable que alguien no haga ningún tipo de esfuerzo”.

Río Grande.- El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer hizo un reclamo público ayer por Radio Nacional Ushuaia a las empresas proveedoras de servicios, para que avancen con el congelamiento de salarios tal como lo acordaron con la UOM, considerando “intolerable que alguien no haga ningún tipo de esfuerzo”.
También advirtió a la seccional Río Grande del gremio metalúrgico que el acuerdo que congela las paritarias está vigente y homologado y que, de haber medidas de fuerza, romperán la paz social, perdiendo la garantía de sostener las fuentes laborales.
Respecto del rechazo de la UOM Río Grande al acuerdo, negándose a firmar la homologación, dijo que “estamos siguiendo de cerca la situación con preocupación, desde la certeza que le da a uno un acuerdo celebrado con la seccional, firmado por ellos y homologado. Yo quiero creer que este es un debate interno que se está dando en la seccional y en definitiva se va a terminar llamando un poco a sosiego, y va a entenderse que lo que oportunamente se convino fue en aras de preservar las fuentes de trabajo, y se va a cumplir”, manifestó.
Aseguró que “el acuerdo tiene efecto desde el mismo 13 de noviembre”, aunque Río Grande no haya querido firmar, y recordó que “cuando se habla de paz social y mantenimiento de los puestos de trabajo, se hace en función de la foto de las dotaciones al 13 de noviembre, con lo cual ese efecto está dado ya, y es la parte del compromiso empresario. Después, cuando venzan las paritarias en junio de 2018, comenzará la obligación de la parte obrera que tiene que ver con la abstención durante dos años de las negociaciones paritarias”, sentenció.
Dado que para la UOM la eliminación de las licencias no automáticas rompió el statu quo que había impuesto el acuerdo e implicó una ruptura, Hellemeyer sentó una postura contraria: “La mirada nuestra es que para nosotros esto no afecta el statu quo, y no vemos inconveniente en tanto no cambien las barreras arancelarias que protegen la fabricación nacional. Mucho menos con este gobierno, porque las licencias no automáticas, las famosas DEJAI, eran efectivas para frenar la importación cuando uno tenía un gobierno que las usaba discrecionalmente y no permitía importar a los importadores; pero el gobierno actual no ejerce ese papel bajo ningún punto de vista. Lo que hace con esta medida es traducir algo que efectivamente ya se venía dando. Nadie puede sorprenderse, porque el gobierno tiene dos leitmotiv desde que asumió: uno es desburocratizar el estado y otro es agilizar el comercio. Por lo cual, mal que nos pese, esto responde a eso”, indicó.
Insistió en que “efectivamente estas licencias no automáticas ya no estaban sirviendo como protección” y, consultado respecto de si no otorga facilidades para importar, dijo que “mínimamente, porque no existía una incerteza antes. El importador que ya lo estaba haciendo sabía que tenía una mínima burocracia de días y bajo ningún punto de vista tenía dudas sobre el cumplimiento del trámite. Al importar insumos, nosotros también conocemos cuál es el procedimiento del comercio exterior y esto sinceramente no cambia nada. Por ahí se percibe una cierta desprotección en el plano psicológico por el quite de las licencias no automáticas, pero esa percepción es absolutamente un placebo”, sostuvo.

ASIMRA sin congelamiento

Consultado sobre la situación de ASIMRA, que nuclea a los supervisores de las empresas y no congeló salarios, Hellemeyer no mostró mayor preocupación por la diferencia numérica con los afiliados de la UOM. “ASIMRA no firmó el acuerdo que firmamos con la UOM y tampoco formó parte del acuerdo marco con el gobierno nacional y provincial. Nosotros respetamos la representatividad de ASIMRA y hay una cuestión numérica evidente, porque de los 9.700 puestos de trabajo que tenemos, 9.200 son de la UOM y 500 son de ASIMRA”, argumentó, si bien siguen “en conversaciones con ellos para llegar a un acuerdo, que seguirá por el canal correspondiente, y terminaremos acordando con ellos en los términos que corresponden a un sindicato individual con una visión distinta de la UOM, más allá de la interdependencia de la actividad”.

Si hay paro, vienen despidos

Hellemeyer advirtió a la seccional Río Grande del gremio metalúrgico que puede haber despidos si avanzan con medidas de fuerza para reclamar aumento salarial: “La paz social significa el mantenimiento de puestos de trabajo sin medidas de fuerza. Es así de simple. Lógicamente que los paros alteran la paz social y vamos a poner todo lo que podamos poner de nuestra parte para tolerar esto, pero todo tiene un límite, porque no pareciera la forma de exteriorizar el disenso que hay en la seccional”, opinó.
“Creemos y queremos que esto cese, y por eso lo vamos a observar atentamente. Mientras tanto el compromiso está en mantener esta paz social, pero sería deseable que el sector obrero no lleve adelante las medidas de fuerza”, sugirió.
Los puestos garantizados no contemplan a los contratos temporales, y “la foto es la que corresponda al 13 de noviembre. No tengo los números en la cabeza”, dijo a la hora de precisar cuántos puestos son, sin los contratados.
“Las dotaciones que estaban al 13 de noviembre son las que tienen la paz social, para mantener las fuentes de trabajo de esos trabajadores en las dos modalidades de relación de dependencia: por tiempo indeterminado y con prestación discontinua. No es una cuestión numérica, es una cuestión de dotaciones y no quiero entrar en una discusión técnica. La paz social establecida en el texto es la que tiene que ver con el mantenimiento de las fuentes de trabajo de esos empleados que estaban al 13 de noviembre de 2017 revistiendo cualquiera de esas dos condiciones, en relación de dependencia por tiempo indeterminado y por prestación discontinua”, reiteró.

Congelamiento para todos

Pese a no haber logrado un congelamiento salarial con ASIMRA, Hellemeyer expuso la pretensión de AFARTE de congelar los salarios de todos los trabajadores vinculados con empresas que prestan servicios a la industria, como transportistas nucleados en Camioneros, personal de limpieza del Centro de Empleados de Comercio, personal de Seguridad y Gastronómicos, como una medida necesaria para bajar los costos. “Entendemos que todos los sectores tienen que hacer esfuerzos. Si el esfuerzo lo quieren hacer adoptando exactamente la misma tesitura que se adoptó en el acuerdo con la UOM, okay. Si lo quieren hacer adoptando otras alternativas, bienvenida sea la creatividad, pero lo que hay que entender es que, así como el sector obrero, el sector empresario y el gobierno provincial toma compromisos en la provincia, también los gremios proveedores de servicios tienen que tomar compromisos”, instó.
Ante la reticencia de la cámara de transportes, no sólo de gremio de Camioneros, a adoptar dicha tesitura, concedió que puede haber “alguna discusión porque no es el acuerdo ideal para cierto gremio, pero entonces quiero saber qué alternativa hay a eso y qué proponen, porque precisamente se trata de que todos hagan un esfuerzo. Lo intolerable es que alguien no haga ningún tipo de esfuerzo”, fustigó.
Se le preguntó si AFARTE va a conversar con la Cámara de Transporte y el Sindicato de Camioneros, para avanzar en una suerte de acuerdo tripartito, dado que hasta ahora es el sector que manifestó públicamente el rechazo a congelar sueldos: “Nosotros no queremos sobrepasarnos en nuestra representatividad y acá tendrán que negociar quienes detenten la representación y la personalidad para hacerlo. Las empresas que conforman AFARTE en este caso están en su dimensión de clientes de esos proveedores, que tendrán que proponerles alguna alternativa”, dijo.

Precios más bajos

Dado que el objetivo básico del gobierno nacional es que bajen los precios para el consumidor final, no necesariamente el congelamiento de salarios que pareciera la prioridad para AFARTE, se le preguntó cuál podría ser la reducción con todas estas medidas: “Es difícil responder eso porque dependerá de la eficacia de las medidas que se tomen. Por eso tenemos que ver con el transporte de cargas cuál es efectivamente la contribución a la estructura de costos y lo mismo con los gremios de servicios, de seguridad, limpieza, etc., los cambios que se puedan realizar en materia de operaciones aduaneras locales y operación aduanera nacional. Todo eso se irá apilando y conformando un impacto en la estructura de costos, que terminará redundando en un determinado porcentaje de baja del precio de venta al canal, y a su vez uno tiene la expectativa de que se traduzca en una rebaja del precio de venta al público. Hoy no se puede estimar porque no tenemos controladas todas estas variables todavía. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros y hay que acordarse de que esto se da en un contexto inflacionario. Pero está claro es que la expectativa es que bajen significativamente”, planteó.
“Yo puedo dar dos pautas que tienen que ver con la rebaja que ha habido en el precio de contado de los celulares. El promedio de enero a la fecha ha sido del orden del 20%, y en los televisores del orden del 7%, también en el precio contado. Si es financiado, se diluye esta reducción. Con las acciones que se hicieron este año y la entrada en vigencia del régimen de precios transparentes, si uno toma los siete productos más vendidos de celulares en enero y los compara contra su precio hoy, el promedio está un 20% más bajo de contado. Hay veces que la gente recurre a la cuota para comprar los productos, pero de todas maneras sirve porque cuando nos comparan con los precios de afuera, lo hacen con los precios de contado”, indicó.
“Desde ya aclaro que no cuestan el doble o el triple como se dice. Con Chile la diferencia es del orden del 32% de contado. Muchas veces hay cierta mala intención o cierto ánimo por agrandar la noticia, y se toma de un lado el precio contado y del otro el peor precio financiado, que es el más abultado”, cuestionó.
Finalmente aclaró que “tampoco tenemos una meta puntual del gobierno nacional. No nos ha dicho que deben bajar un 15, un 25 ó un 30%. Me parece que se trata de un ejercicio permanente y la idea es acercarse a converger con los valores por lo menos regionales. Hoy estamos en un escenario de convergencia con Brasil pero todavía estamos distanciados de Chile. Habrá que extender a Chile y acercarse lo máximo posible”, concluyó.