radiouniversidad.com.ar

Ayer estaba prevista la asamblea para elegir autoridades en el cuartel de zona norte, pero el gobierno decidió designar un nuevo interventor en reemplazo de Ramón López. Se trata de Ricardo Climent, también designado interventor en Tolhuin. Los fondos de los subsidios remitidos en los últimos años siguen sin aparecer y el mes pasado, intimado por la IGJ, López presentó tres de los seis balances adeudados en seis años. Era interventor desde la gestión Ríos, tras su paso por la de Director de Aeronáutica, de donde fue apartado tras el escándalo por alojar sin contrato los aviones de Lázaro Báez. Como excombatiente, mantiene un estrecho vínculo con el vicegobernador Juan Carlos Arcando y aspira a la conducción de la nueva comisión directiva. No fue la única noticia para el sector: el gobierno envió un proyecto que recorta el porcentaje de subsidio a la zona norte y por 90 días estarán bajo la jurisdicción del cuartel 2 de Abril.

Los bomberos de zona norte vieron trunca ayer la posibilidad de contar con autoridades electas, tras la decisión del gobierno fueguino de designar un nuevo interventor, en reemplazo de Ramón López, quien estuvo por seis años en esa función. Ahora la desempeñará Ricardo Climent, también interventor en el cuartel de Tolhuin, y por 90 días quedarán bajo la jurisdicción del cuartel 2 de Abril.

Río Grande.- Los bomberos de zona norte vieron trunca ayer la posibilidad de contar con autoridades electas, tras la decisión del gobierno fueguino de designar un nuevo interventor, en reemplazo de Ramón López, quien estuvo por seis años en esa función. Ahora la desempeñará Ricardo Climent, también interventor en el cuartel de Tolhuin, y por 90 días quedarán bajo la jurisdicción del cuartel 2 de Abril.

El paso de Ramón López por la intervención fue cuestionado por los bomberos voluntarios, y en particular por Gastón Porfirio, quien desde hace tiempo reclama conocer el destino de los fondos de los subsidios millonarios destinados desde la intervención en 2012 a la fecha.

López asumió la intervención poco después de alejarse de la Dirección de Aeronáutica, en medio de un escándalo por alojar sin contrato los aviones Top Air, propiedad de Lázaro Báez, en los que se trasladaba la ex gobernadora Ríos y estaban sospechados de movilizar dinero ilegal.

En junio de 2012, el ahora ex interventor había reconocido que fue “una decisión política” personal tener los aviones en el hangar que, entre otras cosas, eran utilizados para el traslado de autoridades.

El propio López reconoció “no tener contrato” con la empresa y argumentó que les permitió usar el hangar a pedido de Top Air, para que no quedaran afuera cuando no podían salir por problemas en la pista. Nunca pudo explicar la relación comercial que permitía que los funcionarios hicieran uso de estas unidades a cambio del servicio de hangaraje, la provisión de aerocombustibles y el pago en dinero por los traslados, que por entonces tenían un valor de 30 mil dólares por vuelo.

Ríos dejó de usar los aviones de Báez en abril de 2013, tras el escándalo por la causa de lavado de dinero que reveló Clarín y el programa de Jorge Lanata, que involucraba uno de los aviones alojados en la provincia, el cual podía pasar sin hacer aduana por estar afectado al gobierno. Todo, bajo las narices de Ramón López, quien fue apartado como director en noviembre de ese año, cuando ya había sido designado interventor del cuartel de bomberos de Río Grande.

Obras ni aquí ni allá

Curiosamente uno de los aspectos que más reprochan los bomberos voluntarios al interventor removido ayer es la falta de gestión para la renovación de equipamiento y obras en el edificio. Y fue la misma observación que realizó públicamente Eduardo Ortega, quien lo sucedió en la Dirección de Aeronáutica, al momento de asumir sobre fines de 2013. Ortega era titular del Registro Automotor y fue convocado por el entonces ministro de Gobierno Gustavo Zanone, a quien le reclamó “mayor inversión” como condición para aceptar el cargo.

“Como aeronáutico siento una enorme tristeza de ver en la situación en la que se encuentra esta dirección”, decía por entonces, reclamando “el compromiso de solucionar cuestiones imprescindibles a corto plazo”, como resolver el estado de la flota de la provincia.

Cortando cintas

Aun con la desinversión en el cuartel de bomberos, Ramón López este año cortó cintas junto al vicegobernador Juan Carlos Arcando, a quien lo une su calidad de excombatiente y una estrecha relación personal.

En mayo compartieron los festejos por el 23° aniversario del cuartel de Bomberos Voluntarios Zona Norte, junto a los vecinos de la ciudad. Ramón López agradecía a los excombatientes de la capital fueguina la donación de los materiales para inaugurar los mástiles emplazados en el cuartel, e inaugurados en la ocasión, y a su vez recibía el agradecimiento de Arcando por la iniciativa de construir esos mástiles para los pabellones nacional, provincial y el de la institución. “Necesitamos el apoyo económico”, decía López en el acto, recordando que hay “11 barrios que dependen de nosotros”, sin noticias sobre los fondos correspondientes a los subsidios con los que hubiera podido construirlos sin colaboración externa, y sin necesidad de reclamar ese apoyo económico.

Recorte a bomberos

Ayer se conoció la decisión del gobierno provincial de modificar los porcentajes de los subsidios a los bomberos, mediante un proyecto de ley que trataría mañana la Legislatura. Se trata en realidad de tres proyectos. En uno de ellos se adhiere a la ley nacional de bomberos voluntarios N° 25.054; otro establece modificaciones a la ley provincial 736 que financia actualmente a los cuarteles, en la que se prevé destinar el 1,5% del total recaudado en concepto de Ingresos Brutos como subsidio provincial, y reduce del 30% al 27,5% la asignación para Río Grande, en tanto queda un 12,5% para Tolhuin y un 50% para las tres asociaciones de Ushuaia. Se suma la asignación del 10% para financiar a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios que, mediante un tercer proyecto, pasa a centralizar el manejo de los cuarteles.

Pone en cabeza de la Secretaría de Seguridad la autoridad de aplicación, que tendrá la potestad de aprobar o denegar cualquier solicitud de compra elevada desde las asociaciones.

De intervención en intervención

El bombero voluntario Gastón Porfirio había cifrado expectativas en la asamblea prevista para ayer a las 18:00, para elegir las nuevas autoridades después de seis años de intervención.

Por FM Del Sur, recordó que en el año 2012 se dictó sentencia sobre Solari -ex comandante investigado por el faltante de un millón de pesos de subsidios- y sostuvo que “la intervención ya se tendría que haber levantado en 2013, pero por irregularidades del interventor (Ramón López) esto no ocurrió. La IGJ lo viene intimando desde 2013 a que presente balances y llame a asamblea para elegir autoridades, pero ponía excusas y pedía que se prorrogue la intervención”, dijo.

“Así llegamos a los seis años el 3 de octubre de 2017 y en todo ese tiempo no presentó un solo balance, memorias ni nada. Nosotros presentamos una nota a la IGJ para que actúe ante esta situación y lo intimó al 28 de noviembre como plazo máximo para presentar los balances, pero presentó solamente tres y hay otros tres que quedan dando vueltas”, aseguró.

“La intervención tenía que venir a regularizar la situación y pasó totalmente lo opuesto. Tenía que poner los papeles en orden y no lo hizo. No solamente no cumplió con la cuestión administrativa, sino que en la faz operativa no se ven mejorías, ni en la parte edilicia, ni se reemplazaron equipos, tampoco hay unidades nuevas. Nos quedamos en el tiempo y retrocedimos por el mismo desgaste de los equipos”, lamentó.

Cuestionó la pretensión de López de “ser presidente”, afirmando que ahora “quiere estar en la comisión, pero sería algo ilógico. Es inviable porque la comisión nueva tiene la responsabilidad de aprobar los balances y las memorias y, si es elegido presidente de la comisión, va a ser juez y parte. Eso es inaceptable”, manifestó.

“La votación es a mano alzada y no hay una lista. Es ilógico que quiera hacer algo que no hizo en seis años. Los balances no los pudimos ver y queremos saber qué pasó. Tenemos entendido que en 2013 entraron cinco millones de pesos al cuartel, y no solamente entra plata de la provincia sino también de la municipalidad, que no son montos fijos. Si en 2013 entraron cinco millones por el porcentaje de Ingresos Brutos, en 2017 esos impuestos aumentaron porque no se paga lo mismo que en 2013, por eso también han aumentado los ingresos al cuartel y queremos saber dónde está todo eso”, reclamó.

“Hay impuestos que paga la gente y es dinero público. No sabemos si esos aportes de la provincia llegan, pero no se le compra ropa a los bomberos y hay una cuestión de seguridad personal. También toca la seguridad pública de toda la ciudad, porque si no se compra equipamiento con los fondos que están destinados para eso, el servicio que se va a dar va a ser deficiente. Es muy importante que se sepa dónde está, centavo por centavo, toda la plata que entró al cuartel. De eso está encargada la comisión nueva”, dijo, aunque habrá que esperar al menos los 90 días que impuso el gobierno para que actúe el nuevo interventor y llame a elecciones.

Porfirio recordó que “en 2012 se pintó el cuartel con pintura donada por Renacer. Se hizo una oficina, pero la hizo el padre de uno de los bomberos que era carpintero. Se hizo una sala de estudios, pero la hicieron los chicos del cuartel con plata nuestra. Hicimos rifas para comprar un proyector. Es decir que los movimientos que hubo dentro del cuartel fueron con fondos generados por nosotros mismos. Nosotros somos bomberos voluntarios, nos apasiona el cuartel y no tenemos problema en poner plata, pero sí tenemos problemas cuando vemos que todo cae en un saco sin fondo. No hace falta investigar mucho porque, viendo el desarrollo del último tiempo de los tres cuarteles, es abismal la diferencia”, comparó.

El poli-interventor

Ahora la suerte del cuartel de zona norte dependerá de Ricardo Climent, quien se desempeñó en el Gobierno de Tierra del Fuego y en el Poder Judicial. En julio de este año fue designado interventor del cuartel de Tolhuin.

Cabe mencionar que Climent había sido apartado provisoriamente por el Superior Tribunal de Justicia de la Prosecretaría del Juzgado Electoral, en el año 2007, en el marco del sumario administrativo iniciado en contra del funcionario judicial por una presunta ocupación irregular de tierras fiscales en la zona de Puerto Almanza. El sumario había alcanzado además al ex juez electoral Horacio Maffei -luego destituido-, sospechado entonces de adquirir a nombre de su esposa un predio fiscal de forma irregular.

Los proyectos

Las modificaciones que trataría mañana la Legislatura provincial están establecidas en tres asuntos. Uno de ellos implica la adhesión a la ley nacional, el segundo ingresó bajo el Nro. 535, y establece cambios a la ley provincial 736, por la que se creó el Fondo Permanente Provincial de Ayuda a los Cuerpos Activos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. La distribución estaba establecida en el 30% para la ciudad de Río Grande; el 15% para Tolhuin y el 55% para Ushuaia.

En la fundamentación, la gobernadora Bertone sostiene que “esta distribución no se adecua a las necesidades actuales de las Asociaciones de Bomberos por lo que resulta fundamental su modificación”.

“Resulta necesario que se agregue en la Ley Provincial N° 736 un artículo que regule cuáles son los bienes, equipamientos, uniformes, recursos, logísticos, equipos de primeros auxilios y todo lo necesario para el desarrollo de lo referente al oficio de los bomberos para que el dinero que constituye el Fondo Permanente Provincial de Ayuda sea bien invertido y no haya dilapidación alguna”, agrega la mandataria.

Así es que en el artículo 1° la nueva redacción sobre la creación de fondo prevé la asignación del 1,5%“del total que recaude la Provincia en concepto de Impuestos sobre los Ingresos Brutos”, que será distribuido en un “27,5% para las Asociaciones de la ciudad de Río Grande”; en un “12,5% será para las Asociaciones de la ciudad de Tolhuin”; y en un “50% para las Asociaciones de la ciudad de Ushuaia”.

A su vez, y en una redacción confusa del párrafo, fija una distribución del 21,20% para “Bomberos Ushuaia”; del 14,40% para el cuartel 2 de Abril; y del 14,40% para el cuartel zona norte; incorporando el 10% “para la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

En el artículo 2 establece que el fondo “tendrá carácter desafectación específica y será destinado al sostenimiento, desarrollo y mantenimiento de sus cuarteles, adquisición de equipamiento, capacitación, campañas de prevención, atención de sus obligaciones corrientes y reparación y/o adquisición de nuevos equipos, herramientas y unidades.

En estos casos las autoridades de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios deberán informar para su intervención a la Subsecretaría de Defensa Civil y Gestión de Riesgo”, que depende de la Secretaría de Seguridad.

En el artículo 3 establece que “la autoridad de Aplicación de la presente ley será la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Gestión de Riesgo”.

En el artículo 4 agrega que “para la adquisición de equipamiento, uniformes, recursos logísticos, repuestos, comunicaciones móviles y todo aquello que sea necesario para el desarrollo de la actividad, se elevará una nota al órgano de control con el detalle de los bienes que se requieran y el presupuesto de los mismos para que el antes mencionado autorice o deniegue la compra”.

El tercer proyecto, ingresado como Asunto 533, confiere a la Federación de Bomberos un nuevo carácter e implica la modificación de la Ley Provincial N° 345 referente a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

“Se propone incorporar la figura de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la que en la actualidad es el órgano máximo que nuclea a las diferentes asociaciones de bomberos voluntarios en la Provincia”, señala Bertone, que además incorpora controles a las compensaciones de gastos y pagos de viáticos.

“Surge la necesidad de que este artículo sea acotado de manera taxativa, para que sólo puedan recibir viáticos los comisionados que fueran seleccionados exclusivamente por la Autoridad de Aplicación para participar de capacitaciones vinculadas a las actividades esenciales que desempeñan los bomberos y las asociaciones”, fundamenta la mandataria.

Así, en el artículo 1° reconoce “la existencia de una única Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, ente de segundo grado, a laque obligatoriamente tendrán que adherirse las asociaciones legalmente constituidas de primer grado que funcionen en la Provincia. La Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es el órgano central de las asociaciones adheridas y la única entidad de segundo grado representativa de las mismas ante el Poder Ejecutivo Provincial”.

“La Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia promoverá la creación de asociaciones o cuerpos de bomberos voluntarios en los centros urbanos que carezcan de tal servicio, proporcionar ayuda y asesoramiento a las asociaciones y cuerpos en formación e impulsar la capacitación permanente de los mismos”, establece.

“La Subsecretaría de Defensa Civil y Gestión de Riesgo, o la que en el futuro la reemplace, controlará que el Estatuto presentado ante la Inspección General de Justicia, cumpla con las normas establecidas en la presente ley. Los gastos derivados de los servicios extraordinarios prestados por los Cuerpos Activos podrán ser compensados siempre y cuando estén directamente vinculados con la actividad y sean justificados por el interesado ante la Autoridad de Aplicación”, expresa en el artículo 3.

Finalmente en el artículo 4 fija que “sólo podrán percibir viáticos a cargo de las Asociaciones, los comisionados que fueran seleccionados exclusivamente por la Autoridad de Aplicación para participar de capacitaciones vinculadas a las actividades esenciales que desempeñan los bomberos y las asociaciones”.