El “cuento chino” se comprobó con múltiples faltantes de documentación en el expediente

Contratos incompletos y en idioma extranjero, un detalle de elementos de segunda mano que venían en el barco que se desvió a Punta Arenas, y ninguna acreditación fehaciente de razones de fuerza mayor que justifiquen el incumplimiento del contrato, forman parte del expediente que revisó la Secretaría Legal y Técnica antes de emitir dictamen sobre el “convenio chino”. Como organismo asesor, cuantificó además la deuda acumulada en concepto de multas por Tierra del Fuego Energía y Química, que debió poner en funcionamiento la planta de industrialización de gas en 2013. La gobernadora Bertone ya había rescindido el contrato suscripto durante la gestión Ríos, y ahora dictó el decreto que intima al pago de más de 375 millones. De no hacerlo en un plazo de 90 días, se habilitará al Fiscal de Estado para que inicie la ejecución. El predio de Las Violetas no está a nombre de la empresa, por lo que se desconoce si podrá embargarse. Hoy Tierra del Fuego Energía y Química es representada por su apoderada, la abogada riograndense Verónica Muchnik.

Río Grande.- El “convenio chino” abrió un nuevo capítulo, luego de la rescisión por parte de la gobernadora Rosana Bertone a poco de asumir el cargo, con el reclamo de más de 375 millones adeudados por la empresa Tierra del Fuego Energía y Química en concepto de multas, establecidas en función del incumplimiento del contrato.

La secretaria legal y técnica del gobierno de la provincia, Jimena Vitali, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el trabajo realizado y que concluyó con la firma del decreto, del cual ya fue notificada la empresa.

“Este convenio se firmó en 2011 y cuando asumimos la gestión sabíamos que era un tema de suma trascendencia que teníamos que resolver, o para continuar con el proyecto, o para rescindirlo, que fue lo que aconteció”, indicó Vitali.

“La ex gobernadora Ríos el 15 de diciembre de 2015 firmó la última prórroga suspendiendo los efectos del contrato y nosotros debimos respetar esos plazos acordados por el gobierno provincial y la empresa. El vencimiento de la última suspensión fue el 3 de mayo de 2016 y nos pusimos a trabajar firmemente para llevarle a la gobernadora un panorama actual de la situación del proyecto”, relató.

La multa por incumplimiento era “de 160 mil pesos diarios”, precisó la funcionaria, y sostuvo que “lo único que cumplieron del contrato que firmaron fue el primer pago por adelantado, que fueron los famosos 30 millones de dólares que depositaron en la cuenta del gobierno de la provincia. Luego tenían la obligación de construir la fábrica pero nunca lo hicieron, y el pago de un segundo adelanto, que tampoco se hizo”.

“Durante la gestión Ríos se fueron otorgando prórrogas para el cumplimiento del contrato, porque claramente la voluntad era que el proyecto continuara, y se empezaron a imponer multas diarias a partir del 2012, que corrieron ininterrumpidamente hasta marzo del 2014, cuando se firma la primera suspensión de los efectos del contrato. Es decir que desde 2014 hasta el 3 de mayo de 2016 no corrieron ni multas ni intereses, porque fueron dos años de suspensión de todos los efectos. Esas multas comenzaron a devengarse nuevamente hasta la rescisión, con el dictado del decreto 1426 en junio de 2016, y nunca se habían ejecutado”, explicó.

“Asimismo, la falta de pago del segundo adelanto, que eran otros 30 millones de dólares, devengaban intereses por cláusulas del convenio. Esos intereses también se fueron devengando hasta 2014 y siguieron devengándose en el período que va de mayo de 2016 hasta la rescisión”, agregó Vitali, por lo cual el reclamo se basa en estos dos conceptos.

“Todas esas sumas tenían que ser compensadas con el dinero que ellos habían depositado con el pago del primer adelanto, así se hizo, y ahora lo que estamos reclamando con el rechazo del recurso de reconsideración es la integración de los intereses que nunca se pagaron, más la integración de la garantía de cumplimiento de contrato, que tampoco se había integrado. Estos dos conceptos hacen más de 274 millones de pesos”, precisó.

“El primer adelanto lo depositaron en 2011, por 30 millones, y luego hubo un depósito de casi tres millones que fue una garantía de mantenimiento de oferta, que después se incluyó como parte del primer pago por adelantado. Ambos se tomaron como pago a cuenta”, dijo de las sumas ingresadas y que TEFYQ no podrá reclamar.

Gastos incomprobables

Respecto de los gastos en los que incurrió la empresa, según declaraciones de su representante Fernando Lin en su momento, según Vitali no fueron acreditados. “En el escrito recursivo, ellos mencionan una cantidad de gastos millonarios que habrían realizado para la ejecución de este convenio, que no están acreditados. La documentación que acompañan en el escrito recursivo no logra acreditar ninguno de los gastos que hicieron”, afirmó.
En caso de haber tomado préstamos para esta inversión, dijo que “no es un tema de interés para la provincia.

Cuando el estado contrata con alguien, entiende que tiene la capacidad técnica y financiera para afrontar un proyecto, y luego la manera en que lo financie es responsabilidad de la empresa. Esto se analizó, tomaron intervención los organismos de control, las diferentes áreas de gobierno y en ese momento entendieron que la empresa tenía la capacidad técnica y financiera para llevar adelante el proyecto. Si después cambió su composición accionaria, si los fondos no los tenían, o si no pudieron traerlos de China, no son cuestiones que los eximan de responsabilidad por sus incumplimientos”, expuso.

Se le consultó si hay responsabilidad de los funcionarios que avalaron el proyecto, pero aclaró que, al menos en la faz administrativa no sería así, porque “en su momento, cuando se revisa la capacidad financiera de la empresa, los organismos de control tuvieron en cuenta el capital accionario de la empresa. Había empresas chinas de gran magnitud que habían presentado sus balances y eso figura en el expediente. Se entendía que la empresa tenía capacidad financiera para llevar adelante el proyecto. No sabemos qué pasó y si no pudieron traer los fondos no está acreditado. Eso excede a la provincia”, reiteró.

Patrimonio desconocido

La funcionaria admitió que, pese al reclamo formal de la provincia, no se sabe si TFEyQ tiene capacidad de pago. “Hoy desconocemos la composición accionaria de Tierra del Fuego Energía y Química. Si hubiésemos optado por la continuidad del proyecto, debiéramos haber evaluado cuál era la situación patrimonial de la empresa, pero se optó por la rescisión y no era un dato relevante”.

También dio cuenta de la libertad que le dio la gobernadora para realizar su tarea y emitir opinión: “Los técnicos que tenemos que asesorar a los funcionarios que toman las decisiones tratamos de ser lo más objetivos posible cuando analizamos las constancias en los expedientes y las relaciones jurídicas de las partes. Yo trabajé con muchísima libertad, independientemente de la simpatía o no de los funcionarios con relación al convenio”, expresó, dado que Bertone siempre estuvo en contra de este proyecto, desde su banca de senadora.

El barco outlet

Consultada sobre la carga que venía en el barco que terminó desviado a Punta Arenas, porque la Aduana no habría admitido el ingreso de elementos usados, dijo que se confirmó lo que “era un mito” respecto del contenido. “Este barco que teóricamente traía tecnología de punta es un dato llamativo, porque cuando ellos presentan el recurso de reconsideración, acompañan mucha documental y ahí aparecen una serie de notas que habían presentado ante autoridades del gobierno nacional, y ellos mismos declaran que en el barco que no dejaron entrar desde la Aduana, y tampoco se sabe por qué, traían enseres de cocina, amoladoras, destornilladores, casas prefabricadas desarmadas. La propia empresa, en diferentes notas que presenta ante funcionarios de la nación, muestra que era realidad lo que hasta entonces era un mito”, sostuvo.

Cabe recordar que algunos elementos fueron vendidos en Chile, ante la imposibilidad de ingresarlo a la provincia por las leyes aduaneras, y Vitali no pudo explicar qué pretendió la empresa con esto: “Si se trae un barco, con el costo que tiene el flete, y no puede pasar por Aduana, lo lógico hubiera sido que acreditaran todos los trámites realizados ante el organismo competente para destrabar la situación y que se acompañara documentación de la Dirección General de Aduana, donde constara por qué no ingresó ese barco. Pero al día de hoy sigue siendo un misterio y nada de eso aparece en el expediente. Podemos hacer un montón de elucubraciones, pero es muy difícil saber qué pasó. En todo caso, si no pueden acreditar que hubo alguna causa de fuerza mayor que les impidió el arribo de tecnología de punta, la suscripción de los contratos necesarios para comprar lo que sea, la empresa es responsable de su incumplimiento. A lo mejor realizaron trámites informales, no lo sabemos. El hecho de que no puedan acreditar ningún evento de fuerza mayor los hace responsables por su incumplimiento”, remarcó.

“No sabemos qué pasó ni qué injerencia tuvieron las autoridades nacionales en el no ingreso de los materiales del barco. Lo desconocemos”, aseveró.

Fiscal de Estado, el próximo actor

Consultada sobre los pasos a seguir, una vez intimada al pago la empresa, dijo que “con el dictado del decreto del viernes lo que hicimos fue clausurar la instancia administrativa, al rechazar el recurso de reconsideración e intimar al pago de las sumas de dinero que debieron integrar oportunamente. Ellos tienen 90 días hábiles para iniciar los remedios judiciales que crean pertinentes, o realizar el pago voluntario. Si no sucediera ninguna de estas opciones, se le va a dar intervención al Fiscal de Estado para proceder a la ejecución de las sumas que se determinaron en el expediente”.

Respecto de la posibilidad de embargar las 70 hectáreas que compraron en Las Violetas, lo puso en duda por las mismas inconsistencias en la documentación: “En su momento compraron el predio y, como medida probatoria, mandamos a inspeccionarlo y pudimos comprobar que lo único que hay es algún movimiento de suelo, algunas casitas levantadas y el obrador. En el escrito recursivo ellos dicen que por ese terreno pagaron dos millones de dólares, pero en el contrato de compraventa la operación fue por 700 mil dólares. Este tipo de inconsistencias es permanente en el expediente. No contamos en el expediente con la escritura traslativa de dominio”, agregó.

“Esperemos que no lleguemos a la ejecución y se pueda resolver de una manera más amigable porque, de llegar a la ejecución, habría que analizar si se puede ejecutar ese terreno, que no está inscripto en el registro de la propiedad inmueble a nombre de Tierra del Fuego Energía y Química”, reveló.

Restará ver “cómo se compone el patrimonio de la empresa y qué participación tengan las empresas extranjeras en el capital, porque pueden ser de gran magnitud pero lo que importa es la participación accionaria en TFEyQ, que es una sociedad nacional. Es una instancia posterior que ya estaría en manos del Fiscal de Estado”, indicó.

La apoderada

Se le preguntó si tuvo algún contacto con Fernando Lin o alguno de los inversores, pero hasta el momento la empresa está representada por su apoderada, la Dra. Verónica Muchnik, hermana del juez de la Corte. “Nosotros nos manejamos en el marco del expediente administrativo. Las notificaciones que les cursamos fueron hacia la apoderada de la empresa y ellos presentaron toda la documentación que consideraron pertinente. Nos interesa hacer las cosas bien, de manera prolija, no solamente para esta gestión sino por la que viene, porque tal vez exceda nuestra propia gestión. Es importante que el expediente sea transparente, y que cada parte acompañe la documental necesaria. El recurso de reconsideración tiene más de 90 carillas y acompañaron entre 300 y 400 fojas de documentación, con notas dirigidas a funcionarios nacionales, hay documentación en chino, algunos contratos que celebraron con empresas internacionales que están incompletos y en idioma extranjero; también acompañan recortes periodísticos, y fundamentalmente muchas notas que presentaron ante diferentes organismos de nación. Ellos hacen mucho hincapié en la imposibilidad de llevar adelante el proyecto de un puerto, pero desde el inicio en la Secretaría Legal y Técnica sostuvimos que ese puerto no era parte del proyecto originario”, subrayó.

“La puesta en marcha de la planta de industrialización de gas natural estaba prevista para 2013, pero el puerto como parte integrante del proyecto no existe. Era una inversión anexa que ellos propusieron porque estaban entusiasmados en el proyecto y así lo exponen en el expediente, pero no era una inversión vinculada con las obligaciones que habían asumido. Si hubiera un gasto en hierros vinculado al puerto, tampoco puedo considerarlo como gasto relacionado con el proyecto. Antes que el puerto, debieron levantar la planta de industrialización, para que el convenio prospere”, explicó.

Lo cierto es que ayer fue notificada TFEyQ y corre el plazo de 90 días para interponer demanda contencioso administrativa o realizar el pago, “caso contrario intervendrá el Fiscal de Estado para ejecutar la suma reclamada.

Ellos se presentan a través de la Dra. Muchnik, una abogada de Río Grande”, concluyó la Dra. Vitali, y apuntó que, al margen del procedimiento administrativo, “seguramente tendrán la instancia judicial para discutir la decisión adoptada por el Ejecutivo”.