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La legisladora del MPF reveló que, en la documentación elevada a la Legislatura, aparece un contrato de la empresa Sullair con el gobierno nacional, por el cual ya se habrían vendido las instalaciones que la provincia pretende comprar por doce millones y medio de dólares. Elevarán un pedido de informes a la DPE y no descartan una presentación judicial. Urquiza expuso que hay “un negocio redondo” para la empresa, dado que tampoco tiene garantías de que pueda sacar las turbinas de la provincia porque debe ser aprobado por Aduana y están “en instalaciones de la DPE”. Afirmó que había alternativas al endeudamiento, desde seguir pagando el subsidio mientras se compra una turbina nueva, a plantear la expropiación por ser bienes de utilidad pública. El valor fue fijado unilateralmente por la empresa, que cotizó “hasta las piedritas y veredas” del predio, sostuvo. Además cuestionó a la empresa Gancedo, adjudicataria de los 132 kilómetros de la obra del camino del Atlántico, porque está siendo investigada por la Justicia nacional.

Río Grande.- La legisladora del bloque del MPF, Mónica Urquiza, expuso una situación que, de comprobarse, detonaría en un gran escándalo detrás de la pretendida compra de la planta termoeléctrica de Sullair en Ushuaia, dado que asegura que “ya fue pagada” por el gobierno nacional. Esto surgiría de la documentación que hizo llegar a los legisladores la propia Dirección Provincial de Energía y leyó en detalle junto a su par Pablo Villegas, por lo que cuestionó al resto de los legisladores que votaron a favor de un endeudamiento que habría sido innecesario.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, la legisladora expresó que la sesión especial del pasado jueves fue “bastante difícil porque a uno le molesta cuando se falta a la verdad”. El encuentro fue tramitado con urgencia, luego de la salida de funcionamiento de la turbina Rolls Royce, y el endeudamiento se aprobó con los 11 votos del FPV y la UCR.

“Como en muchos temas que hemos tratado, nos tratan de ningunear, nos dicen que hacemos política partidaria, que no nos informamos, que no leemos la documentación, y para nosotros son temas muy serios. No se trata de política partidaria sino de políticas de estado”, subrayó.

La legisladora del bloque del MPF, Mónica Urquiza, expuso una situación que, de comprobarse, detonaría en un gran escándalo detrás de la pretendida compra de la planta termoeléctrica de Sullair en Ushuaia, dado que asegura que “ya fue pagada” por el gobierno nacional.

“La situación de la generación eléctrica en Ushuaia es muy delicada y uno no la desconoce, pero acá lo más importante es que el propio Ejecutivo provincial, y particularmente la gobernadora Bertone, no la desconocía al momento de asumir. Ella fue legisladora nacional y presidente de la comisión de energía, y estaba al tanto absolutamente de todo. Lo dijo el propio vicegobernador y esto consta en versión taquigráfica: cuando la Legislatura sanciona la primera emergencia eléctrica de Ushuaia, el vicegobernador, que es presidente de la Legislatura, en la sesión pidió autorización al cuerpo de legisladores para explicar cuál era la situación de la Dirección Provincial de Energía. Esto fue hace dos años. Se declaró la emergencia e incluso se autorizó una modificación presupuestaria de casi 90 millones de pesos para que la DPE le hiciera el mantenimiento a la turbina Rolls Royce. Desde que comenzó la gestión de Rosana Bertone se aprobaron varios endeudamientos: la emisión de bonos por 200 millones de dólares, que están acreditados hace un año, y de esos 200 millones ni un solo peso fue destinado a la DPE. Ahora se planteó la urgencia para autorizar un endeudamiento de casi 13 millones de dólares cuando tenemos 150 millones de dólares prestados al gobierno nacional en letras. Hace más de un año emitieron un bono para obras de las que sólo tenían el título, porque no tenían los proyectos, tal cual lo dijimos nosotros”, repasó.

Lo cierto es que “la Legislatura autorizó casi 13 millones de dólares para comprar tres turbinas que ya están instaladas y no solucionan el grave problema que tiene Ushuaia, cuando estaban adjudicando la apertura de un camino por 1.700 millones de pesos”, contrastó, teniendo en cuenta que no se van a desembolsar de inmediato y podrían haber financiado la compra de una turbina nueva.

El contrato con ENARSA

La legisladora explicó que “esta famosa energía delivery se origina en el estado de emergencia nacional. Esta empresa -Sullair- fue contratada por ENARSA para que se instale y lleve adelante las obras de ingeniería civil en un predio de la DPE. ENARSA les pagaba el alquiler y esto en realidad era un subsidio para la provincia. Esto comenzó en 2008, cuando se hacen todas las obras. La DPE no hacía uso permanente de estas máquinas, porque se usaban en el momento en que era necesaria mayor generación”, sostuvo.

Sobre los valores del subsidio, “no hay ningún informe escrito. Hemos escuchado que se les pagaba un monto por estar, que iba de los cuatro mil a los veinte mil dólares. Algunos dicen que eran por día, otros que eran por mes, y la verdad no lo sabemos. No tenemos el monto exacto, pero se le pagaba a la empresa por estar, por más que no generara energía eléctrica, y se le pagaba otro monto al momento de generarla. En el mes de noviembre de 2017 la Secretaría de Energía de la Nación informó que, ante el vencimiento de la declaración de emergencia a nivel nacional, no se iban a renovar estos contratos que vencían el 31 de diciembre. Recién el 19 de marzo de 2018 el Ejecutivo provincial presenta este proyecto de ley para la toma de endeudamiento para la adquisición de estos tres turbogeneradores de 5,5 megavatios cada uno”, resumió de los antecedentes.

“El presidente de la DPE nos dice que, por orden de la gobernadora, fueron a Buenos Aires, hablaron con los funcionarios nacionales y les dijeron que era imposible continuar con este delivery. A su vez la Secretaría de Energía en esta nota les dice que, quienes lo necesiten, están autorizados a negociar directamente con la empresa, en este caso Sullair”, remarcó, con lo cual la provincia podía continuar pagando el subsidio.

Recordó que Juan Carlos Saldivia “fue presidente de la DPE en la gestión de Fabiana Ríos y fue ratificado por Rosana Bertone, hasta el año pasado que fue designado Alejandro Ledesma, por eso decía que el gobierno no desconocía la situación. Pero la generación eléctrica en Ushuaia no estuvo dentro de las prioridades”.

“Ahora se van a comprar estas turbinas y están tramitando la adquisición de otra de 30 megavatios o más, que es realmente lo que necesita Ushuaia, porque Ushuaia no necesita estas tres turbinas. Necesita comprar una grande, como corresponde, como ocurrió en Río Grande con la turbina de la Cooperativa Eléctrica, que se llama Rosana Andrea, y en ese momento la solución para Ushuaia fue la energía delivery. La turbina que se necesita para Ushuaia estuvo incluida en las obras del Fideicomiso Austral y no sabemos por qué desapareció. Yo tengo las actas y notas firmadas por el ingeniero Mariano Pombo, que en ese momento era Secretario de Obras Públicas que, al ver la situación cuando asumieron, habló con la gobernadora y el ministro Frigerio, pero la turbina desapareció del Fideicomiso Austral”, afirmó.

“La provincia tenía en ese momento mil millones de pesos disponibles del Fideicomiso que ni siquiera es endeudamiento, porque son recursos que le corresponden a la provincia. El propio ministro Frigerio le dijo al ingeniero Pombo que se ocupara de esos mil millones que había para gastar y Pombo se ocupó, presentó el proyecto para la compra de la turbina con toda la obra, que hoy nos dicen que demora un año. Ya la tendrían funcionando sin ningún tipo de endeudamiento”, observó la legisladora.

Apuntó que también ingresó a la provincia “el endeudamiento con los fondos del ANSES, que fue de mil millones de pesos. En 2016 ya recibimos 348 millones, que están en una cuenta esperando poder ser aplicados al microestadio de la ciudad de Río Grande”.

“Este endeudamiento para la compra de las tres turbinas para lo único que puede servir es para un parche, que es lo que han venido haciendo desde 2008 estas tres máquinas de Sullair. Cuando el Ministro de Economía explica que el estado provincial no tiene que hacer negocios sino brindarle servicios a la gente, es una barbaridad, porque es lo que nosotros decimos: que están comprando estas máquinas que no le solucionan el problema a la gente. No digo que el estado provincial tenga que hacer negocios, pero lo que no tiene que hacer es despilfarrar los dineros públicos”, fustigó.

Consultada acerca de si se trata de equipamiento obsoleto, dijo que “las turbinas como mínimo son de 2008 pero ese dato tampoco lo tenemos. Lo único que consta en la información que nos acercaron es la propuesta de la empresa, que ofrece los tres turbogeneradores a 12.479.000 dólares, detalla cuáles son las instalaciones que está vendiendo, entre ellas la piedra partida y las veredas que están alrededor de los turbogeneradores, que están sobre unos trailers. Nos venden los trailers, las gomas, las piedritas partidas, todo eso”, afirmó.

“A nosotros se nos generó una gran duda y vamos a hacer una presentación para que nos la aclaren, en principio ante la Dirección Provincial de Energía, mientras tramiten el crédito, porque tal cual surge en la documentación que ellos nos han presentado, ENARSA ya les pagó todas esas instalaciones a la empresa”, reveló la legisladora.

“La DPE va a comprar instalaciones a una empresa que ya pagó el gobierno nacional. Además están en un predio de la DPE con un contrato de comodato y las instalaciones serían de la DPE”, enfatizó.

Se le preguntó de dónde sale entonces este monto de casi trece millones de dólares, y reiteró que “sólo hay una oferta de la empresa de los generadores con todas las instalaciones, a lo que les pone un precio. Hay informes de técnicos de planta de la DPE que detallan el estado de cada una de las turbinas y lo único que dicen los profesionales de Energía es el estado en que están y que se necesitaría continuar contando con ellas, pero no dicen que hay que comprarlas y que esa es la solución. No hacen ningún tipo de análisis económico-financiero de lo que cuestan las turbinas en el mercado, la obra de ingeniería civil, la planta reductora de gas, y un estudio de costo-beneficio para poder evaluar si los doce millones y medio de dólares son tales o no”, dijo.

Barajó que “se podría seguir pagando el subsidio mientras se compra la turbina nueva, como otra alternativa. Uno tiene que analizar todas y por lo menos plasmarlas en papel. Estamos hablando de dineros públicos, que no son nuestros”, insistió.

Los que no leyeron

Se le preguntó sobre las declaraciones a este medio del legislador Federico Bilota, jefe de bancada del FPV, quien había garantizado que se dieron todas las explicaciones y se presentó toda la documentación, poniendo en duda que todos la hubieran leído. “En la última sesión ordinaria pretendieron tratarlo sobre tablas, con el mensaje de la gobernadora que pedía el endeudamiento y una nota de Ledesma con el informe del estado de las máquinas. Ni siquiera estaban de acuerdo los legisladores oficialistas y ese día no se pudo tratar, porque necesitaban diez votos. Fue girado a las comisiones 2 y 1, de presupuesto y legislación. El presidente de la DPE tuvo una reunión con los legisladores en un cuarto intermedio, nosotros le explicamos nuestras dudas, y quedaron en elaborar toda la información para llevarla a reunión de comisión. El lunes pasado me llamó el legislador Harrington para avisarme que al día siguiente se iba a reunir la comisión de seguimiento -de la emergencia eléctrica- pero le aclaré que la reunión tenía que ser con los 15 legisladores, porque eso habíamos acordado. Me dio la razón y quedó en llamar para avisar cuándo sería la reunión, pero no me llamaron más. Al otro día -martes- alrededor de las seis de la tarde, el legislador Harrington me manda un mensaje avisando que tenían la documentación y que me la podía acercar a mi casa. Me la acercó y me dijo que al día siguiente -miércoles- había una recorrida en las instalaciones de Energía. Cuando veo el bibliorato, que era enorme, me lo pongo a leer y eran todas fotocopias con antecedentes desde 2006 sobre la situación de Energía. Esto fue todo lo que recibimos. El bloque del MPF no fue invitado a ninguna reunión, y hubo una que se hizo en Presidencia, a la que fue el presidente de la DPE y el Ministro de Economía, donde entregaron 15 carpetas iguales. Si Bilota leyó lo mismo que leí yo, no está la información ahí a menos que tengamos carpetas distintas. Yo miré foja por foja, y encontré esta oferta de la empresa. Con el legislador Villegas nos juntamos en la Legislatura a analizar la documentación y hasta recibimos la visita del ingeniero Raymundo. Ahí encontramos el contrato de donde surge que las instalaciones ya fueron pagadas por ENARSA”, detalló día por día y paso por paso de los sucesos de la semana pasada.

“El vicegobernador dijo que todas las dudas ya estaban evacuadas pero a nosotros nos surgieron más. No está en los antecedentes cuánto pagó ENARSA por las instalaciones, por eso planteamos que se buscaran alternativas que realmente sirvan. Hay una autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para negociar con la empresa un alquiler para los momentos en que se necesite”, reiteró.

De no pertenecer las instalaciones a Sullair, no podría llevárselas: “La obra de ingeniería civil que hizo ya se la pagaron y no se la van a llevar. Las piedritas partidas no las van a poner en una bolsa y se las van a llevar, y además tienen que hacer trámites en la Aduana para sacar las máquinas. Todavía está la duda de si efectivamente van a poder sacar esas máquinas y, para mí, el negocio redondo lo está haciendo la empresa”, disparó.

Agregó que “hasta tenemos como última instancia declarar la necesidad y expropiar las máquinas, si la empresa quiere cobrar el alquiler tres veces más -como circuló extraoficialmente-. Es de utilidad pública y estamos en emergencia”, subrayó la legisladora.

Consultada acerca de quiénes son los dueños de la empresa, dijo que es información que “todavía no tenemos y quiero ser muy cauta”.

“Uno tampoco cuestiona la decisión del gobierno nacional de dejar de pagar este subsidio. Lo que se debe tener en cuenta es que somos una isla y no estamos en el interconectado eléctrico nacional. Tenemos una situación absolutamente distinta del resto del país. Desde 2008 a la fecha hay que reconocer que este subsidio nos ha sido totalmente beneficioso, pero no puede ser que después del subsidio no exista nada”, expresó.

Asimismo, se mostró preocupada por “la liviandad con que autorizan endeudamientos”, más allá de que la Legislatura no haya aprobado la compra en particular de la planta de Sullair.

Gancedo en la mira

Por otra parte, se le consultó sobre la adjudicación de los 132 kilómetros de la obra del camino del Atlántico a la empresa Gancedo, que está siendo investigada por operaciones en otros puntos del país durante la gestión kirchnerista. Urquiza recordó que “la apertura del camino comenzó antes del primer gobierno de José Estabillo y quedó inconcluso. El proyecto original llega a Almanza y lo tenía Vialidad Provincial. Cuando este gobierno solicita el endeudamiento de los 200 millones de dólares, afecta 1.500 millones al camino costero, que no cierra en Almanza, sino que continúa. Desde el bloque del MPF no acompañamos esto porque entendemos que existen otras posibilidades de inversión para el desarrollo turístico. Estábamos de acuerdo con el camino hasta Almanza, pero no con continuarlo, porque es un camino difícil, con una riqueza arqueológica muy importante, pero decidieron invertir este dinero cuando tenemos las hosterías de la provincia destruidas, que ya tienen abiertos los caminos para llegar perfectamente. El presidente del INFUETUR me contestó que la hostería de San Pablo no era económicamente rentable, pero el Estado debe darle el valor agregado, lo mismo a la hostería Yehuin, a Petrel, donde ya están todos los caminos abiertos. Para mí es mucho más importante trabajar con el corazón de la isla, con las hosterías, porque además nuestra provincia tiene muchísimo turismo interno. Después nos quejamos cuando la gente se va a Punta Arenas o a Santa Cruz. También tenemos la aerosilla del glaciar Martial y a dos años y medio de gestión no se ha hecho absolutamente nada”, fustigó.

Por otra parte, se le consultó sobre la adjudicación de los 132 kilómetros de la obra del camino del Atlántico a la empresa Gancedo, que está siendo investigada por operaciones en otros puntos del país durante la gestión kirchnerista.

Puntualmente sobre la situación de Gancedo, por ahora “no tenemos la información -dijo-. El trámite del proceso licitatorio lo lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas y tenemos algunos datos, pero no de manera oficial, con los que estamos trabajando para solicitar información. Cuando una empresa se presenta a una licitación de semejante envergadura debe cumplir ciertas condiciones, debe presentar la garantía de oferta y tener capacidad para ejecutar determinada obra. Vamos a hacer el pedido de informes que corresponde, porque conocemos algunas situaciones legales por las que estaría pasando la empresa. Por lo que sabemos hay expedientes que tienen que ver con Vialidad Nacional y hubo allanamientos con respecto a obras que ejecutó esta empresa. Es muy difícil llegar a la información del gobierno provincial. La gran mayoría de los pedidos de informes no fueron contestados y, los que contestaron, lo hicieron seis o nueve meses después”, aseguró.

Se le preguntó si se podría revocar la adjudicación a Gancedo, y manifestó que esto puede ocurrir “en cualquier instancia, si se demuestra que hay algo que se hizo mal y la empresa no está en condiciones de ser adjudicataria”.

Compras secretas

Por último, dio a conocer que al día de la fecha “no tenemos absolutamente ninguna novedad” de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, por lo que no descartan recurrir a la justicia.

“Ni siquiera ingresó a la comisión de presupuesto de la Legislatura. En el mes de enero el Secretario de Seguridad hizo declaraciones públicas diciendo que estaban corrigiendo los expedientes para mandarlos a la Legislatura, pero no llegó nada. Nosotros ya habíamos presentado una nota, y nos contestaron Murray y Gorbacz diciendo que por la ley de acceso a la información pública no podían hacer llegar esa documentación, porque era secreta”, dijo.

“Estamos haciendo uso de la ley de acceso a la información pública y vamos a hacer la presentación judicial que corresponde. Con la empresa Gancedo haremos exactamente lo mismo si no hay respuesta. No me gusta llevar las cosas a la justicia, pero si un legislador no puede acceder a la información, qué queda para el ciudadano común”, concluyó la legisladora.