¿De quién es la Estancia María Cristina?

El Dr. Eduardo De la Puente, abogado de Lenga Patagonia, estimó que “con todos los artilugios legales, esta causa va a demorar cinco o seis años más”. La causa lleva nueve cuerpos y se reclama la restitución de las tierras ocupadas por Glisud y luego vendidas a terceros por un valor “irrisorio”. El letrado prevé que, una vez resuelta la posesión de la tierra, iniciará una demanda por daños y perjuicios.

Río Grande.- El Dr. Eduardo de la Puente, abogado de la empresa Lenga Patagonia S.A., dialogó con Radio Universidad 93.5 el estado de la causa vinculada con la venta de la estancia María Cristina, que data de “20 ó 25 años”, que posteriormente fuera arrendada a la empresa Glisud, y vendida por ésta a terceros.
La estancia María Cristina “debe tener diez mil hectáreas, con el casco incluido”, indicó, pese a lo cual fue comprada por menos de 300 mil pesos.

Recordó que Lenga Patagonia “arrendó esa propiedad a la firma Glisud S.A., más o menos en el año 2003. El contrato se hizo por cinco años, y antes de que se rescindiera, se prorrogó por un período igual. Glisud estaba representada por Enrique Pinto -como apoderado-. El contrato vencía en 2013 ó 2014 y, un año antes de que se venciera Lenga dijo que no se lo iba a renovar, pero venció el contrato y Glisud no devolvió las tierras. En esa época Lenga inició un juicio de desalojo, pero Glisud realiza un artilugio, intervierte el título, y se apropia de un bien en pago de una supuesta deuda. Dice que Lenga les había ocasionado daños y perjuicios en esos diez años, aunque no le comunicó nada de eso ni lo demostró hasta ahora”, manifestó.

“Aproximadamente en 2014 Glisud hace la cesión de los derechos posesorios de 28 mil hectáreas, incluida la estancia María Cristina, a la firma Deolinda SRL y Fernando Zapata, que es el gerente de esa firma. Deolinda Zapata compra los derechos sucesorios en 300 mil pesos. O sea que Glisud lo vendió por 300 mil pesos, en seis cuotas con varios cheques. Yo fui una sola vez a María Cristina con un escribano a verificar quién estaba ocupando ese campo, y nos atendió personal que estaba haciendo una construcción muy importante, a cargo de Zimentar y Zapata por supuesto. Nos dijeron que iban personas los fines de semana a comer asado y demás, y que uno de ellos era el legislador Damián Löffler. Löffler desconoció el hecho y luego Lenga inició el juicio de acción posesoria en contra. Lenga me contacta a mí en 2016 para iniciar la acción en contra de Zapata, Pinto y Deolinda”, precisó.

Por su parte Lenga Patagonia vendió parte del campo a la empresa Bridge, que adquirió “el casco y dos o tres mil hectáreas”, pero ante esta situación de ocupación “se suspendieron los efectos de la venta hasta tanto se expulse a todos los que están en el campo”, apuntó.

“La causa ya tiene nueve cuerpos, de cien fojas cada uno. Está muy controvertido el tema. Somos cinco abogados, con cinco partes. En este momento el expediente va a ir al Superior Tribunal de Justicia por un recurso de casación que interpuso Deolinda SRL. Los socios de Deolinda y Zimentar son exactamente los mismos, pero son dos sociedades distintas”, dijo de las empresas que integra Zapata.

“Dicen que Lenga les ha provocado un perjuicio a Glisud, que por eso intervirtió el título, y se intenta demostrar que están en posesión ilegítima, mientras que ellos tienen que demostrar el daño que Lenga les ha ocasionado. Si lo demuestran, la posesión es legítima y pueden ganar el juicio, pero no significa que se queden con las tierras. Después habrá otro juicio para determinar el derecho de la tierra”, adelantó.

Hasta hoy, según el Dr. De la Puente, “la propiedad la tiene Lenga Patagonia. Es como alquilar una casa por tres años y que luego el inquilino alegue que el propietario provocó daños y se quede con la casa, que a su vez la vende”, graficó.

“El precio de 300 mil pesos que se pagó a Glisud es irrisorio -contra los dos millones abogados por Bridge sólo por una parte de la propiedad-.Una estancia de diez mil hectáreas hoy puede costar cinco millones de dólares. Zapata lo compró en 300 mil pesos y en cuotas, y hablamos de 28 mil hectáreas”, comparó.

De la Puente también es abogado de Bridge, que por el momento no ha iniciado acciones “porque es Lenga la que tiene que actuar. El día que Lenga expulse a esta gente, la propietaria es Bridge, y por supuesto luego vendrá un juicio por daños y perjuicios en contra de Zapata, Deolinda, Pinto, Glisud si existe todavía, por la posesión ilegítima durante todo este tiempo”, señaló.

Respecto de los cinco abogados que intervienen, además del propio De la Puente por Lenga Patagonia, indicó que Glisud está representada por el Dr. Javier Bargetto, Zapata por el Dr. Guillermo Löffler, y Deslinda por el Dr. Rodas-, dado que “hay un abogado por cada parte”.

“Esto ya lleva tres años y puede llevar fácil cinco o seis años más”, advirtió. “La carátula es Lenga Patagonia SA contra Deolinda SRL y otros, y hoy está en el juzgado laboral de la Dra. Cristiano, porque fue recusado el Dr. López Tilli y pasó por subrogancia a la Dra. Cristiano. Hoy se encuentra en la Cámara de Apelaciones. El Dr. -Ernesto- Löffler está excusado en esta causa porque su hermano es uno de los abogados, y está actuando el Dr. Francisco de la Torre y la Dra. Josefa Martín. Salió una sentencia en febrero y, a raíz de esa sentencia, Deolinda interpuso un recurso de casación. Con todos estos artilugios legales, esta causa va a demorar cinco o seis años más”, reiteró.

“Concretamente Glisud jamás clarificó cuál es el perjuicio que le provocó Lenga durante los diez años que estuvo arrendando el campo”, insistió el abogado.

Las tierras en disputa

Las tierras rurales que incluyen el casco de la estancia María Cristina se encuentran ubicadas a 15 kilómetros de Tolhuin, y pasaron de su dueño original, Lenga Patagonia, por la escandalosa empresa Glisud, que si bien tiene como apoderado a Enrique Pinto, tuvo como propietarias a un par de ancianas indigentes y su domicilio en Buenos Aires era un prostíbulo. Hay varias causas que involucran a Glisud SA en operaciones vinculadas con el Fondo Residual del BTF, en virtud de las cuales logró quedarse por valores irrisorios con propiedades puestas en garantía por supuestos deudores incobrables del banco.

El 14 de abril de 2003, Glisud SA logró escriturar a su nombre la Estancia San Justo de Cristina Mitrovich, y las propiedades de Abel Zanarello y Pantaleón Celano, entre otras. El 24 de abril de ese año, Glisud alquiló a Lenga Patagonia SA más de veinte mil hectáreas, que incluían la estancia María Cristina. Tras una prórroga, el vencimiento definitivo operó el 24 de abril de 2013, dado que Lenga Patagonia había notificado que no renovaría el contrato y debía restituir la propiedad.

Pero no fue devuelta y Lenga nunca recuperó las tierras alquiladas, que poco después fueron vendidas a Deolinda SRL, mediante un contrato de cesión de derechos posesorios, por un monto de 242 mil pesos que se pagó con cheques en seis cuotas.

Sin embargo, de las tierras originales que ocupaban 21 mil hectáreas, Glisud cedió a Deolinda SRL casi 30 mil, apropiándose de predios aledaños que no estaban incluidos en el contrato de alquiler. Una fracción de esos predios había sido vendida a Pedro Tomás Bridge, que no pudo tomar posesión por la ocupación de los “nuevos dueños”.
Lenga Patagonia dio inicio a una demanda de desalojo, además de acciones contra Glisud, Deolinda, Zapata y Pinto, entre las cuales constató que el prostíbulo de Corrientes 1888, que era la sede de Glisud en Buenos Aires, tenía faja de clausura.

Hubo una constatación con escribano en la estancia María Cristina, tal como lo relata el Dr. de la Puente, donde una de las personas del lugar identificó al legislador Löffler como visitante frecuente junto a Zapata.

En su descargo Zapata, dueño del diario Tiempo Fueguino y de la empresa Zimentar que realizó obras en la estancia, dijo que no hubo una compra sino una cesión de derechos posesorios sobre el predio, y acusó a Lenga Patagonia de ser una empresa integrada por capitales extranjeros, que no está radicada en la provincia, reduciendo la situación a intereses comerciales entre el abogado De la Puente y el empresario Tomás Bridge.