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La Legislatura aprobó el nuevo menú de obras

Con el aval legislativo, se garantiza la continuidad de las obras en marcha, y además se amplía una serie de trabajos de menor envergadura, que permitirán generar mano de obra y un circulante de mil millones en la provincia. Además se sancionó la adhesión a la Ley Justina, de arduo debate legislativo. Asimismo aprobaron la eliminación del límite de 40 años como edad máxima para ingresar a la docencia. También desde las tres bancadas políticas opinaron respecto del decreto presidencial sobre las asignaciones familiares, donde la declaración de rechazo fue girada a la Comisión de Legislación general.

La Legislatura llevó adelante la VI sesión ordinaria del año.

Ushuaia.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando presidió la sexta sesión ordinaria, la cual comenzó con retraso por una reunión que mantuvieron las autoridades legislativas con el personal de planta permanente de la Casa por el pedido de un aumento salarial.

Entre los asuntos más destacados, se sancionó la adhesión a la Ley Justina, de arduo debate legislativo, en tanto los bloques del MPF y la UCR – Cambiemos, solicitaron sendos informes sobre planta de personal y la reglamentación de la ley “Conciencia sobre el cáncer de mama”.

También se aprobó la designación del contador general de la Provincia, Daniel Moya, en esta instancia el MPF no acompañó esta designación, y se ratificaron los convenios que refieren a transferencia de tecnología para el monitoreo de gestión de riesgos de incendios forestales; con la Secretaría de Políticas integrales sobre drogas de la Nación (SEDRONAR), entre otros de importancia para Tierra del Fuego.

Luego del debate en las distintas comisiones de asesoramiento permanente, formó parte del orden del día el dictamen de la Comisión de Educación sobre la Promesa Ambiental, una iniciativa del FPV – PJ que logró ser sancionada por el Parlamento. También, se sancionó el proyecto de Ley del bloque del MPF que declara de bien de utilidad pública a las bibliotecas populares fueguinas.

Por su parte, proveniente de la Comisión de Salud Pública, la composición cameral sancionó el dictamen en mayoría que modifica la Ley provincial Nº 389 sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).

Aprobaron menú de obras

Asimismo, luego de la reunión conjunta que mantuvieron las comisiones de Presupuesto y Economía y Obra Pública ayer, con referentes del Ejecutivo provincial, la sesión aprobó el dictamen en mayoría sobre el proyecto de Ley sobre recursos obtenidos del resultado por tenencia de la emisión de título de deuda en el marco de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley provincial Nº 1.132.

Luego de una extensa fundamentación por parte de los legisladores, la bancada del MPF acompañó la norma en general, pero hay ítems que no votaron a la hora de hacer la votación nominal.

Dictámenes de Educación y Legislación General también fueron abordados

Los dictámenes de las comisiones de Educación y Legislación General también fueron abordados ayer. Se trató, en primer término, el asunto que establece la actualización de las normas referidas a la cartografía provincial que están contenidas en la Ley provincial 403 – Cartografía provincial: Obligatoriedad de inclusión de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y sector antártico argentino.

El asunto, de autoría del bloque del FPV – PJ, fue aprobado por unanimidad, en votación nominal como sucede habitualmente al tratarse de un proyecto de Ley.

Régimen del trabajador docente fue modificado a pedido del Ejecutivo fueguino

Luego, el régimen del trabajador docente fue modificado a pedido del Ejecutivo fueguino. El dictamen, llegado de Educación y Legislación General, deroga el artículo 49 de la Ley provincial N° 631.

La norma elimina el límite de 40 años como edad máxima para ingresar a la docencia. La mandataria provincial, sostiene que el anterior articulado “establece limitaciones que se encontrarían en conflicto con el derecho a trabajar, de enseñar y aprender y el principio de igualdad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Pedidos de informes y declaraciones

En tanto, fueron aprobadas las resoluciones que solicitan información al Poder Ejecutivo y entes, sobre diversos asuntos.

En primer término, el Parlamento aprobó el proyecto del MPF que solicita se reglamente la Ley provincial Nº 1.202 – Poder Ejecutivo Provincial: Adhesión a la Ley Nacional 26.873, promoción y concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna.

También, esa bancada pidió al Ejecutivo que reglamente la Ley provincial Nº 771 – SALUD: Fondo Provincial “Conciencia sobre el cáncer de mama” – Creación, institución de octubre como mes de la prevención del cáncer de mama.

Desde esa bancada, también solicitaron a la gobernación “informe sobre el estado edilicio de los establecimientos educativos, en todas sus modalidades y niveles del Sistema de Gestión Estatal”. En otro documento parlamentario, la bancada que preside la legisladora Mónica Urquiza solicitó se informe a la Cámara “sobre planta de personal de la Administración Pública provincial” en el que incluyen entes centralizados y descentralizados, autárquicos, sociedades del Estado y anónimas con capital mayoritario del Estado.

Por su parte, la conformación de la UCR – Cambiemos pidió al Ejecutivo informe sobre lo dispuesto en la Ley provincial Nº 1.116 – Poder Ejecutivo provincial: Adhesión a la Ley nacional Nº 27.043, que declara “de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA)”.

En tanto, las bancada del MPF y FPV – PJ en asuntos separados, dieron su mirada respecto de las asignaciones familiares y la intención del Ejecutivo nacional en su reducción a los valores aplicables en Tierra del Fuego y las provincias patagónicas. En principio, el MPF lo rechazó y el FPV – PJ hizo lo propio por “razones de ilegitimidad”. Ambas cuestiones fueron giradas a la Comisión de Legislación General.

En esta misma línea, el MPF expresó “su más honda preocupación” por el mensaje de la administración central por el proyecto de ley “tendiente a ratificar el convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico.

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