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Desde que se conoció la resolución 20/2018 que define un nuevo aumento de la tarifa en 24 cuotas, no sólo la oposición hizo saber su malestar, sino también desde la alianza de Gobierno, donde el radicalismo puso el grito en el cielo. Por tal motivo el Gobierno sumó este miércoles un nuevo capítulo a la saga de contramarchas, donde en esta oportunidad, la Casa Rosada decidió no trasladar a la tarifa de gas la compensación a empresas por la devaluación y le puso fin a una medida que había despertado críticas de la oposición.

Buenos Aires.- La polémica se desató luego de una resolución de la Secretaría de Energía que obligaba a los clientes a pagar 24 cuotas en sumas mensuales de entre $90 y $100, para cubrir la deuda contraída por las distribuidoras con las petroleras por la depreciación del peso. En las últimas horas el Gobierno había defendido a capa y espada la medida, pero la presión por la impopular decisión lo obligó a modificar su hoja de ruta.

El encargado de oficiar de nexo entre la oposición y la Casa Rosada fue el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien fue el encargado de anunciarles a los senadores la decisión de Balcarce 50 de desactivar el programa. De esta manera, el costo lo asumirá directamente el Estado, que se pagaría en 30 cuotas ajustadas por interés desde octubre del año próximo.

Al salir esta tarde de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, el funcionario dijo que el Poder Ejecutivo «siempre» estuvo abierto a «escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente». En ese cónclave, Frigerio informó a los senadores nacionales que el desfasaje por la megadevaluación estimado en $20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.

El desenlace llegó luego de conocerse la propuesta de la UCR para aliviar el tarifazo de gas y evitar así un rotundo revés parlamentario. Los radicales propusieron que $10.000 millones los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto -otros $10.000 millones- deberían correr por cuenta de las compañías. En la práctica, el 50% de los privados también quedaría para las arcas públicas, porque una de las firmas prestadoras es la estatal YPF.

El ministro se reunió con todos los jefes de bloque de la Cámara alta y luego con la bancada oficialista, poco después de que la oposición dejara trascender que intentarían tratar, en la sesión prevista para las 15, los proyectos para derogar ese aumento. Con esta marcha atrás, Cambiemos evitó nuevamente quedar expuesto a una sesión del Congreso donde se congregarían la mayoría de las opiniones contrarias a las políticas oficiales.

La escalada de descontento por la disposición del Gobierno ya había quedado de manifiesto con duras críticas de entidades de usuarios, legisladores, defensorías del pueblo al punto que muchos de ellos presentaron demandas judiciales para impedir que entrara en vigencia el plan oficial.

A tal punto llegó la situación que, tras una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, se le inició al secretario de Energía, Javier Iguacel, una causa judicial en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por lo pronto, el propio Iguacel, explicó que el Estado tiene «restricciones presupuestarias» para hacer frente al reclamo de las firmas y subrayó que intentarán que haya «por lo menos un año de plazo y cuotas, que seguramente van a ser más de 24».

Ahora, solo queda vigente el incremento del 34% promedio desde octubre y una segunda cuota de hasta 15% en enero definidas en audiencia pública, pero no se abonará en las facturas las 24 cuotas de entre $99 y $111 extras que pretendían las empresas prestadoras.

Leña del árbol caído

Como era de esperarse, la oposición aprovechó para criticar al Gobierno por su decisión de compensar a las gasíferas. Si bien Nación desactivó la iniciativa para que el resarcimiento por la devaluación lo paguen los usuarios el kirchnerismo, el massismo y el socialismo salieron a pegarle a la Casa Rosada por compensar a gasíferas con el dinero de las arcas públicas.

La primera en cuestionar al Ejecutivo fue la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien consideró que para el reajuste de la tarifa «se van a destinar impuestos que pagamos todos para que no disminuyan las millonarias cifras de ganancias que las empresas lograron por los tarifazos».

En ese contexto, la ahora senadora nacional por Provincia consideró que «ahora van a destinar recursos públicos, o sea impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancias en dólares que las empresas lograron por los tarifazos, no disminuyan por la devaluación».

El massismo también cuestionó el freno al retroactivo del gas. Desde el Frente Renovador señalaron que «el costo lo vamos a pagar todos los argentinos» al señalar que el dinero saldrá de las arcas del Estado. Graciela Camaño, jefa del Frente Renovador en Diputados, aseguró que «las leyes no decían lo que ellos dicen que decían. Inventaron normas para beneficiar al sector que hoy es más rentable en Argentina: el petrolero».

Por su parte, Marco Lavagna, también legislador y miembro del equipo económico del massismo sostuvo: «La anulación del pago extra por la devaluación en la tarifa de gas, demuestra la irracionalidad e ilegalidad de la medida. No puede siempre hacerse cargo el consumidor».

Por último, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, cuestionó el aumento extra en la tarifa de gas que iba a autorizar el Gobierno para los usuarios al considerar que esa medida «es simbólica de toda la mirada sobre la economía argentina». Además, el referente socialista «Se está compensando a grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales por la devaluación, y haciéndoles pagar ese costo a los ciudadanos comunes, a la clase media, a los trabajadores que han sufrido la devaluación», sostuvo al respecto.