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La legisladora del MPF Mónica Urquiza dio detalles del proyecto de la DPOSS que prevé un canje de la planta 2 de Newsan por inmuebles de la provincia y más de dos años de energía gratuita. Dijo que la operatoria parte de la necesidad de ampliar una franja de diez metros, y consideró que se debió avanzar en la expropiación de esa tierra a Newsan, como se hizo con las estancias Pastoriza y Harberton. Hoy habrá sesión y sobre tablas se prevé aprobar la adjudicación a YPF de uno de los bloques del área CA-12. También se modificará la ley de partidos políticos, para extender el plazo de conformación a 120 días previos al acto electoral. Reiteró las objeciones a la ruta de la costa, declarada de interés provincial.

Río Grande.- La legisladora del MFP Mónica Urquiza fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre la operatoria de canje con Newsan de la planta 2 de la empresa por inmuebles de la provincia y más de dos años de provisión de energía sin costo. Informó que ayer se presentó con el legislador Villegas en la DPOSS “a pedir copia del expediente”.

Detalló que este canje se origina en la necesidad de la DPOSS de una franja de diez metros, para continuar con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la desembocadura del Arroyo Grande, “donde está el predio de la DPE, el matadero municipal y una de las plantas del grupo Newsan. Hay un espacio de tierra que es del gobierno de la provincia y lo cedieron a la DPOSS para que construyera la planta. Licitaron y adjudicaron la obra a Dos Arroyos y, cuando la empresa hace el replanteo, se encuentra con que el terreno tenía menos metros cuadrados. Esta planta tiene considerada una ampliación al doble, se termina en 2020 y después se consideraría la ampliación. El presidente de la DPOSS vio que necesitaban una franja más de 10 metros de ancho, y estarían en parte del predio de la DPE y de la playa de estacionamiento y maniobras de Newsan. Por eso van a plantear a Newsan la compra del espacio que necesitan y Newsan les dice que no les vende ese pedacito sino la planta completa, que son 14.500 metros cuadrados”, sostuvo.

“A cambio Obras Sanitarias entrega los tres terrenos que tiene en Campos 133, en pleno centro de la ciudad, donde están las oficinas administrativas, más dos edificios de la provincia en la ciudad de Buenos Aires. (El presidente de la DPOSS Guillermo) Worman habla de dos ‘pequeños’ edificios y uno fue comprado en la época del gobernador Sciurano como residencia estudiantil, así que no son pequeños. Están ubicados en San Telmo, donde la cotización es importante”, subrayó, si bien la diferencia a favor de Newsan es muy amplia.

“Ahí empieza a jugar la DPE, que tiene una deuda con el gobierno, que el año pasado transfirió 93 millones de pesos para hacer el service de la turbina Rolls Royce, y ese dinero tenían que devolverlo en obras. Ahora la DPE le va a otorgar ese crédito a Newsan, que se queda con un crédito de energía eléctrica de 93 millones de pesos”, dijo, lo que equivaldría a dos años de provisión sin costo.

“Por otro lado, la parte administrativa de la DPOSS se trasladaría a la planta de Newsan, porque le dan la mitad de la nave a la DPE y la otra mitad queda para la DPOSS. El predio de Newsan está cotizado en 160 millones de pesos. Los terrenos de la DPOSS y los edificios de Buenos Aires suman 60 millones, y le suman los casi 100 millones de Energía”, precisó.

“Todo esto surge porque la DPOSS trabajó sobre una plancheta catastral que tiene un error, pero nadie analizó si el error lo tiene el predio del estado provincial o lo tiene el predio de Newsan. Tal vez está mal la escritura de Energía pero tal vez está mal la escritura de Newsan, y el predio de la provincia donde va la obra de la planta, tiene en realidad las medidas que dice la plancheta catastral. Sobre esto nadie trabajó”, cuestionó la legisladora.

Por diálogos mantenidos con funcionarios, habrían manifestado que “es muy fuerte expropiarle a Newsan, pero le pueden expropiar a la familia Goodall y partirles la estancia al medio. Depende para quién es muy fuerte expropiar y depende para quién no. La DPOSS solamente necesita una franja de terreno. Seguramente hay que ampliar las oficinas de la DPOSS y mejorarlas, pero están en pleno centro de la ciudad”, expresó.

Hoy sesión a las 14

Por otra parte, se refirió a la sesión prevista para hoy y dijo que “uno de los temas importantes que se va a tratar sobre tablas es la adjudicación a la empresa YPF de la exploración de uno de los bloques del área CA-12. Este asunto ingresó y luego fue rectificado porque se habían equivocado. El presidente de la comisión de recursos naturales hizo una reunión informativa y este asunto toma estado parlamentario el mismo día en que lo quieren aprobar”, manifestó.

“Hay dictámenes de comisión y va a salir la modificación de la ley 201, que amplía los plazos previos a la elección que tiene que cumplir un partido político para su constitución. Es lo único que sale de todos los proyectos que había de reforma política. La ley planteaba 60 días y lo llevan a 120 días. Es una propuesta del propio juzgado electoral porque, si autorizan la constitución de partidos políticos a 60 días de la elección también se complica la tarea”, observó.

Obras sin avances

La legisladora volvió a cargar contra la demora en la ejecución de obras. En el caso del microestadio de Río Grande, dijo que la empresa “ha cobrado un anticipo financiero de 100 millones de pesos en junio, antes de la veda invernal. En octubre del año pasado, previo a las elecciones de diputados, se hizo la apertura de esa licitación, la adjudicaron en abril de este año, pagaron el anticipo financiero y lo que se ha hecho es lo que pueden ver los vecinos de Río Grande. Por el mes de junio también pagaron el anticipo financiero a la empresa Gancedo, por la obra del camino costero, por 268 millones de pesos. Firmaron el acta de inicio de obra y esto habilitó a pagar el anticipo”.

“El camino costero es una apertura de 132 kilómetros, había un proyecto original que se conocía como la ruta 30, la apertura de ese camino se hizo hace varios años y llega hasta Escarpados. No se siguió con la obra hasta Almanza, que originalmente se iba a unir con la ruta J. Este gobierno pretende continuar con ese camino y hacer dos tramos más, un segundo tramo hasta Moat y un tercero hasta Cabo San Pío. Nosotros planteamos que no había un proyecto con los estudios de impacto ambiental y arqueológicos como correspondía. Estas cosas son delicadas por la riqueza arqueológica que hay en esa zona. El gobierno avanzó con la licitación, pero el proyecto se lo encargó al adjudicatario de la obra, que tiene que hacer el proyecto definitivo, el estudio de impacto ambiental y el estudio arqueológico. Todo queda a cargo de la empresa”, advirtió.

Agregó que “por otro lado se sancionó una ley de expropiación a dos de las familias que tienen estancias en parte de esta traza, una es la familia Pastoriza y otra la familia Goodall de la estancia Harberton, que en su momento vino a la reunión de comisión con la gente de Obras Públicas, no porque los hayan invitado sino porque se enteraron. Plantearon su situación y pidieron que se analizara una traza alternativa para que no cortaran su estancia al medio con este camino, y que se preservaran los yacimientos arqueológicos de esa zona. Primero se negaban los funcionarios y en esa reunión de comisión conseguimos que se siguiera analizando. Al otro día el oficialismo presentó un proyecto de expropiación y en esa oportunidad se presentó el licenciado Ernesto Piana, que pidió una reunión con los 15 legisladores y nos manifestó las mismas preocupaciones que había expuesto en una radio y que tomó el Fiscal de Estado. Piana en su momento trabajó en la traza del tramo que llega hasta Almanza. Ese camino comenzó cuando éramos territorio y hubo un conflicto importante con el ejército y la empresa que llevaba adelante el trabajo. Hubo denuncias penales que duraron años hasta resolverse. Piana en ese momento trabajaba en el CADIC y nos manifestó que se hicieron los estudios correspondientes y que estaba muy preocupado, porque la empresa adjudicataria le había enviado un mail ofreciéndole el trabajo de determinar la traza y el estudio de impacto ambiental. Él les explicó que la traza debía ser otra y la empresa contestó que se podían correr muy poco de esa traza. Fue muy preocupado por evitar que comiencen esas obras y comiencen las denuncias. Hoy está el estudio de impacto ambiental pero no el arqueológico, y la empresa manifiesta que a medida que vaya avanzando va a ir determinando si encuentra yacimientos, entonces va a parar la obra y va a analizar si recupera el yacimiento o cambia la traza. Esto va a significar más costos para la provincia, porque la obra se va a tener que parar”, aseguró.

“En abril presentamos un pedido de informes que no fue contestado y uno de los puntos era el estudio de impacto arqueológico, que demora entre cuatro y cinco meses según expertos del CADIC. Arrancamos poniendo el carro delante del caballo, porque estos estudios había que hacerlos con tiempo y hacer la licitación después de tener los estudios, porque el gobierno es el que debe decidir la traza. Los funcionarios del gobierno hablan de democratización de la tierra, le dicen a la gente que todos vamos a poder ver los paisajes y las maravillas que tiene nuestra isla. Esto va más allá y, desde el punto de vista turístico, el presidente del INFUETUR nunca supo decir qué van a hacer. Es más, sabemos que han contratado una empresa para que haga un estudio de qué se puede llegar a hacer. Estamos invirtiendo 1.800 millones de pesos, en principio, cuando tenemos hosterías que tienen caminos, están a la mano de todo el mundo, pero están destruidas y cerradas, como Yehuin, Petrel o San Pablo”, remarcó.

Asimismo, observó que “ya se han pagado cerca de 1.000 millones de pesos de intereses de la deuda de 200 millones de dólares, en 2019 vamos a pagar intereses y capital, y hemos tomado deuda del fondo de sustentabilidad de ANSES donde ya estamos pagando intereses. El microestadio de Río Grande se financia con el fondo de sustentabilidad de ANSES, ya vinieron cerca de 800 millones de ese endeudamiento y no se ha hecho nada, solamente se entregaron 100 millones a la empresa que va a construir el microestadio. Vamos a terminar pagando entre intereses y capital más de lo que se ha invertido en obras a la fecha”, anticipó.

Presupuesto 2019

Respecto del trabajo de la comisión de presupuesto previo a llevar a sesión el proyecto, dijo que hoy termina la ronda de funcionarios y “después va a volver el Ministerio de Economía y vamos a tener la oportunidad de pedirle que nos muestre la ejecución de gastos actualizada, para ver de dónde están sacando el dinero para el bono de fin de año, porque en la última reunión nos dijo que no se podía dar un solo peso y que incluso estaban analizando pagar el sueldo en cuotas. Hoy hablamos del bono de 10 mil pesos, del aguinaldo completo y el sueldo completo también. Me parece fantástico, pero no sabemos qué cambió en estos días”, se preguntó.

“Estamos ansiosos esperando al ministro para que traiga el proyecto definitivo del presupuesto, porque ya se aprobó el presupuesto nacional, y para que nos explique cómo se va a pagar esto”, sostuvo.

La legisladora no prevé una reducción significativa de ingresos. “Teóricamente no deberían ser más de 1.200 millones menos de los 32 mil presupuestados, y hay que ver el cálculo real de los recursos”, señaló.

Coparticipación atrasada

También se le preguntó sobre el reclamo del municipio de Río Grande, y la carta documento del secretario de Finanzas Oscar Bahamonde en la que reclama 200 millones de coparticipación. “El contador Bahamonde me pasó el reclamo que hizo, los funcionarios del estado provincial han dicho que son declaraciones con fines electoralistas, pero la deuda está muy clara en los montos que le han transferido al municipio”, afirmó.

“En algún momento hablamos de las razones del acercamiento entre Vuoto y Bertone, y ahora le van a transferir 200 millones más desde el gobierno de la provincia al municipio de Ushuaia, para obra pública. A Río Grande no solamente no le transfieren la coparticipación, sino que además no hay fondos extra para que el municipio pueda llevar adelante más obras”, criticó.

Petroquímica y puerto

Finalmente se le preguntó sobre la instalación de una petroquímica, a partir de la inversión que haría Total junto con Mirgor y un tercer socio. “No tenemos oficialmente nada y sabemos lo que se escucha en los medios. A la Legislatura no ingresó nada oficialmente. La gobernadora ha hecho declaraciones, hay un decreto que ha sancionado el Poder Ejecutivo a solicitud de la gobernadora, pero todavía no tenemos nada oficial y solamente son rumores o lo que se puede leer en los medios”, concluyó.