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El abogado de las tres organizaciones que demandaron al gobierno por la obra de la ruta de la costa puso en duda que pueda iniciarse, hasta tanto no se realice el estudio arqueológico “como corresponde”. Explicó que la demanda original por intereses difusos se dividió en dos: el juez Fernández admitió su competencia en lo que atañe al relevamiento arqueológico, y paralelamente debe resolver el recurso de amparo para frenar la audiencia pública. Por otra parte, derivó al Superior Tribunal la competencia sobre la licitación en sí y el estudio de impacto ambiental. Hasta ahora se desconoce si habrá un pronunciamiento antes del 11 de diciembre.

El Dr. Rodrigo Guidi, abogado de las tres organizaciones civiles que iniciaron una demanda por intereses difusos contra el gobierno provincial, por la obra del corredor costero Canal de Beagle, puso en duda que pueda iniciarse aun si se realizara la audiencia pública.

Río Grande.- El Dr. Rodrigo Guidi, abogado de las tres organizaciones civiles que iniciaron una demanda por intereses difusos contra el gobierno provincial, por la obra del corredor costero Canal de Beagle, puso en duda que pueda iniciarse aun si se realizara la audiencia pública.

Por Radio Nacional Ushuaia explicó la derivación de la causa original, luego de que el fiscal Arias emitiera un dictamen por el cual sostiene que la causa debería tramitarse ante el Superior Tribunal de Justicia, y no ante el juzgado civil y comercial del Dr. Fernández.

Aclaró ante todo que, en lo que respecta al estudio de impacto ambiental, el reclamo de un estudio arqueológico y el análisis de la licitación en sí, “no se trata de una acción de amparo. Nuestro código procesal tiene un procedimiento específico para tramitar la protección de intereses difusos, y la presentación se ha hecho bajo esas normas. Esto tiene una instancia previa, donde el tribunal habilita o rechaza su competencia sobre el tema, y a partir de ahí, si hay una admisión de competencia, se hacen las publicaciones necesarias para que la ciudadanía tome conocimiento y pueda adherir. En este caso van a ser diez días de plazo y el resto de las asociaciones o la ciudadanía en general pueden adherir a esta presentación”, indicó.

“Lo que ha sucedido con esta presentación es que el juez la dividió en dos, por un lado está el planteo que hicimos sobre la licitación y sobre la forma en que la empresa debe hacer el estudio del impacto ambiental. Ha entendido que esta es una cuestión de derecho administrativo y que la competencia originaria para tramitar estos temas es el Superior Tribunal de Justicia. Pero el Juzgado Civil y Comercial Nro.1 ha abierto el planteo en defensa de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. En el punto donde nosotros pretendemos que se realicen excavaciones arqueológicas en gran escala y se establezcan los verdaderos lugares donde puede haber yacimientos, más allá de los ya conocidos, el juez Fernández ha admitido su competencia”, dijo.

En forma paralela, hay un recurso de amparo que también debe resolver el juez Fernández. “El pedido de suspensión de la audiencia pública lo planteamos como medida cautelar y todavía no lo resolvió el Dr. Fernández. Estimamos que se estará expidiendo esta semana”, dijo Guidi.

Recordó que la audiencia pública fue convocada para el martes de la semana próxima y para los demandantes no están garantizados derechos básicos, como “el derecho a la información, a la participación y a la transparencia de los actos del estado. En la audiencia la empresa contratista debe presentar un estudio de impacto ambiental, que debe recorrer todas las instancias internas del gobierno involucradas con la obra. Esas áreas tienen que hacer las observaciones que consideren y se deben subsanar esas observaciones. Recién a partir de ahí se debe poner a consideración de la ciudadanía en general el estudio, con 30 días de anticipación, para que en la audiencia puedan hacer las observaciones que crean convenientes”, detalló del proceso.

Sin embargo dijo que “hace unos 30 días se puso a disposición este estudio, pero luego fue modificado con observaciones que han corregido, y otras no. Nosotros vamos a llegar al 11 de diciembre con un estudio de impacto ambiental que ha sido modificado y no es el estudio al que tuvimos acceso. Por más que vayan subiendo las modificaciones a la página web, no se están respetando los 30 días previos que dice la ley, y en este punto sentimos vulnerados los derechos constitucionales a la información real, efectiva, y a la participación. Nadie puede participar si no tiene información de las correcciones que se han hecho”, aseguró.

Sin audiencia pública, no se podría habilitar el inicio de la obra, pero la intención de las organizaciones no es frenarla, sino “que el ciudadano tenga toda la información con los 30 días de antelación, porque hemos tenido información retaceada. El estudio de impacto ambiental de 132 kilómetros, donde hay turba, bosques, yacimientos, se hizo en un mes, y evidentemente lo han hecho en un escritorio sin caminar la zona. Todos sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes y, si el gobierno tiene la intención de llevar adelante la obra, por más que haya voces en contra que no son vinculantes, esto se debe hacer bien”, remarcó.

En definitiva, la causa se dividió y, por un lado, el juez Fernández aborda el planteo sobre yacimientos arqueológicos y el Superior Tribunal hará el análisis de la licitación e impacto ambiental. Paralelamente se debe resolver el amparo para suspender la audiencia pública.

El Dr. Guidi puso en duda que se inicie la obra con o sin audiencia, “porque está planteada la necesidad de hacer excavaciones previo al trazado, y además el trazado está hecho a mano en un Google map y no sabemos bien cuál es. Los estudios para determinar dónde puede haber yacimientos se deben hacer, de lo contrario la empresa va a tener que parar cada cinco minutos a ver si hay un yacimiento. Sería antieconómico y lo lógico es que se haga primero el estudio arqueológico, y una vez determinado dónde están los yacimientos podrán comenzar el trabajo como corresponde”, concluyó.

Lovece cargó contra Worman

Por su parte Julio Lovece, titular de la Fundación Ushuaia XXI, que no forma parte de las organizaciones demandantes, cuestionó las expresiones públicas del titular de la DPOSS Guillermo Worman, que oficiaría de moderador en la audiencia pública.
Por Radio Provincia, si bien no son demandantes, dijo que “estamos apoyando y siguiendo el tema. Esta es una batalla que están llevando adelante tres organizaciones, contra todas las irregularidades y desprolijidades que ha cometido el gobierno al planificar este proyecto”, fustigó.

“Yo descreo de las audiencias públicas, al no ser vinculantes, y se han convertido un mero trámite para cumplir con la ley 55. Cualquier cosa que uno pueda llegar a opinar, a veces pasa de largo, y creo que el gobierno perdió la oportunidad de contar con una opinión técnica y se han manejado siempre a puertas cerradas, herméticamente, siempre con recelo, enviando tarde la información”, cuestionó.

“Ojalá la justicia se transforme en una herramienta que obligue al gobierno a reflexionar y encarar este proyecto de otra manera. Nosotros estamos de acuerdo con la construcción de la ruta, pero que se haga como corresponde, que sea una ruta escénica, como una alternativa para ampliar la oferta turística, pero hasta ahora no hay garantía de protección de ninguno de los valores y la justicia tiene la obligación de velar para que se protejan. Hay serio riesgo de que este proyecto no comience”, advirtió, compartiendo el criterio del Dr. Guidi.

Dio a conocer un requerimiento llamativo del área de medio ambiente: “Nosotros enviamos una nota al área ambiental, pidiendo la postergación de la audiencia pública, pero al área de medio ambiente se le ocurrió ahora que tenemos que acompañar la documentación de la ONG que representamos, el acta fundacional legalizada por un escribano, nuestra representatividad también legalizada por un escribano. En lugar de contestar la nota, nos contesta con un abogado exigiendo una serie de papeles en el término de tres días, antes de responder”, afirmó.

“No digo que no corresponda, pero es totalmente inapropiado en este momento, con un evento a pocos días de iniciarse. Esto muestra la poca intención de dialogar del gobierno. Ha convertido esto en una especie de trinchera, con algunos funcionarios convocando al PJ a defender el proyecto”, sostuvo.

Respecto de la elección de Guillermo Worman como moderador de la audiencia, quien ha garantizado la participación de todos, dijo que “eso no hay por qué agradecérselo. Además no es autoridad que tenga que aplicar una ley ambiental ni mucho menos como para estar en una audiencia pública. A Worman lo enviaron como un funcionario de palabra fácil para defender algo, y cada vez que lo defiende cae en ciertas contradicciones”, aseveró.

Puso en duda la idoneidad del funcionario de Obras Públicas para ponerse al frente de este cometido. “Si él ahora va a hablar de turismo y de la instancia turística que compete a este proyecto, yo lo invito a debatir qué entiende por un proyecto para ampliar la estadía promedio de un pasajero. Primero hablaron de una ruta escénica turística, ahora hablan de una ruta estratégica donde se mezclan cuestiones geopolíticas. El gobierno, en función de la resistencia que encuentra al proyecto, va sumando argumentos sacados de una galera, y creo que Worman se ha equivocado con la convocatoria que ha hecho. Él mismo se dio cuenta de que metió la pata y ahora está tratando de disimular”, finalizó.