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Ariel Ledesma aseguró que la quita de subsidios al transporte representa 36 millones de pesos anuales y espera una definición del Municipio en el corto plazo. Desde enero están afrontando el costo del gasoil a 37 pesos, cuando se pagaban 11, y el aumento del boleto es una de las alternativas que se barajan, junto con la suba del subsidio municipal para cubrir el desfasaje. De no contenerse la situación, “este achique nacional nos dejaría heridos de muerte”, advirtió.

Río Grande.- El apoderado de la empresa de colectivos City Bus, Ariel Ledesma, explicó la coyuntura que crítica que están atravesando, a raíz de la “decisión unilateral” del gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte, trasladando un conflicto a los municipios de todo el país, que tienen que salir a paliar la diferencia.

Por Radio Universidad 93.5, dijo que “el subsidio nacional dejamos de percibirlo a partir del 1° de enero, como también la compensación o precio diferencial del combustible. Fue una decisión del gobierno nacional cortar los subsidios a todas las empresas del país de líneas urbanas”.

“Antes de este recorte pagábamos 11 pesos el litro de gasoil Infinia, que es el especial, y por otra parte la quita de los subsidios nacionales representan un recorte del 30% de nuestros ingresos. Ahora pasamos a pagar 37 pesos el litro de gasoil, es decir más de tres veces de lo que se pagaba hasta diciembre. Aproximadamente son 36 millones de pesos anuales de diferencia”, estimó.

“Nosotros tenemos una flota de 26 unidades en Río Grande. Tuvimos una reunión hace una semana con el Ejecutivo y hay dos opciones: o el estado municipal aporta el subsidio, o bien traslada el valor a la tarifa. No hay más alternativas”, sentenció.

“Esto no es simplemente una solicitud de aumento de boleto, sino que estamos ante una situación extraordinaria, por el recorte en los ingresos de la empresa, cuando el subsidio nacional estaba contemplado dentro del contrato que firmamos. Esto se ha recortado en forma unilateral”, remarcó Ledesma.

Además del subsidio nacional, el Municipio ya viene pagando un subsidio por cada unidad en servicio. “En este caso recibimos un subsidio por 24 unidades. Cuando firmamos el contrato eran 195 mil pesos por unidad y por mes”, precisó, lo que hace una cifra cercana a los cinco millones mensuales. Aparte se recibía el subsidio nacional, que fue recortado junto con el precio diferencial del combustible”, reiteró.

Resaltó que en Río Grande “hay 12 mil personas por mes que usan el transporte público de marzo a diciembre, si bien esa cantidad se reduce a la mitad en enero y febrero, y hoy pagan un boleto de 11 pesos, cuando en Ushuaia está a 17 pesos. Son distintas realidades porque tienen menos unidades, es una sociedad del estado, y también tienen otra geografía y otra estructura de costos. Cada lugar tiene sus particularidades”, observó.

Consultado sobre la mano de obra empleada, dijo que “tenemos 85 personas trabajando en la empresa en forma directa, más personal en forma indirecta, porque tercerizamos servicios. Es bastante el movimiento que se genera, a pesar de no ser una gran empresa”.

Respecto de la posición del Ejecutivo, dio cuenta de la reunión mantenida con el secretario de Gobierno Federico Runín, quien “manifestó que tenían toda la disposición de afrontar esta quita, para no generar un traslado al usuario, y estaban buscando una alternativa. Ayer entró en concurso preventivo una de las operadoras más grandes de la Argentina y todos están en problemas, porque esto es un recorte brutal que se ha realizado”, aseveró.

“Nosotros queremos llevar tranquilidad a la población y desde el 1° de enero estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener la calidad del servicio. El sindicato también participó de la reunión y está preocupado por las fuentes de trabajo. El compromiso del Ejecutivo es asumir este desfasaje sin que afecte el servicio ni la frecuencia. Estamos a la expectativa, porque esperábamos alguna definición esta semana, pero pasa el tiempo y la situación se empieza a complicar cada vez más”, planteó.

De parte del gobierno no hay injerencia, porque “en nuestra provincia el servicio de transporte está en cabeza de los municipios, con los que firmamos el contrato, y dentro del contrato figura la prestación de los servicios nacionales, por eso decimos que ha sido el gobierno nacional quien cambió las reglas de juego”.

La diferencia a la fecha es de 36 millones anuales, pero el monto es variable porque aumenta en función de la suba de combustibles. A valores actuales, implicaría al municipio erogar 3 millones mensuales más.

“Semanalmente hay que pagar a los expendedores de combustible y venimos sosteniendo la diferencia de costos, porque los pagos no se pueden extender. El gasoil es esencial para poder brindar el servicio”, subrayó.

Críticas de Von der Thusen

Se le preguntó si hubo contacto con los concejales por este tema, y hasta ahora no hubo reuniones. “Me han planteado las críticas de un concejal –Von der Thusen-, pero estamos ante una situación realmente delicada y, de no resolverse en el corto tiempo, obviamente va a afectar a la empresa. No estamos pidiendo un aumento del boleto. Esto es algo que se dio de forma imprevista, extraordinaria, con un cambio de las reglas de juego y las alternativas son que el municipio absorba la diferencia, o que se aumente el boleto, o una opción intermedia donde se incremente una parte de la tarifa y una parte del subsidio. No hay otra solución. Una cuarta alternativa sería reducir la cantidad de unidades en servicio y hacer un recorte de personal, pero ni siquiera se debería mencionar esto como alternativa”, sostuvo.

“Cada ciudad tiene su realidad, hay ciudades donde el boleto cuesta 42 pesos, en otras cuesta 19 pesos, y en cada lugar hay una estructura de costos distinta. No planteamos como única solución el aumento del boleto. El Ejecutivo nos dio tranquilidad y esperamos alguna solución esta semana. El Estado tiene sus tiempos administrativos y no es lo mismo entre privados”, concedió.

Cada vez más demanda

Ledesma vinculó la crisis económica y social con el aumento de la demanda, con la perspectiva de que siga creciendo. “Cuando nosotros arrancamos estábamos en un corte aproximado de 180 mil boletos y el año pasado llegamos a los 430 mil boletos. Más allá de que el servicio es bueno, también esto tiene que ver con la realidad económica. Hay mucha gente que recurre al transporte público por lo que cuesta el combustible, o porque aumentan otros servicios de transporte, como una forma de ahorrar. La crisis genera que aumente la cantidad de usuarios y no sabemos si va a haber más aumento este año. Dentro del contrato, nosotros asumimos la obligación de poner en servició más unidades, de aumentar la demanda. Esto implica una inversión de parte de la empresa, y todo va de la mano. Este achique nacional nos dejaría heridos de muerte, porque tenemos costos para mantener las unidades en condiciones. Lamentablemente son las políticas que se están llevando a nivel nacional, que nos están perjudicando a todos, a las empresas y a los trabajadores”, concluyó.