“Nuestra gran preocupación es la comunidad dominicana”

El ministro de Gobierno José Luis Álvarez planteó la preocupación del gobierno por el grupo de inmigrantes de la República Dominicana que se han instalado en la margen sur de Río Grande fundamentalmente, y están vinculados con delitos de trata y narcotráfico. Además dio a conocer irregularidades migratorias para poder permanecer en la provincia, como matrimonios arreglados que están tratando de evitar, verificando si realmente existe un vínculo. Sostuvo que, a diferencia de otras comunidades, como la boliviana en Ushuaia, no están integrados a la sociedad, y sus prácticas generan preocupación en los vecinos. Se trabaja en este fenómeno desde abril de 2017 y, mediante un convenio con el RENAPER, observan ingresos y egresos. Ahora se apunta a la verificación de antecedentes para impedirles el ingreso a la provincia o proceder a la expulsión.

Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luis Álvarez dialogó con FM La Isla sobre la preocupación que genera la comunidad de República Dominicana que se ha instalado en particular en la margen sur de esta ciudad, y está vinculada con delitos de trata y narcotráfico.
Los separó del movimiento migratorio usual en la provincia, del que se lleva “un control muy preciso”, con detalle de “la gente que viene mes a mes y de la que se está yendo. En los últimos años han venido 22 mil ciudadanos, y dentro de ellos tenemos un componente de extranjeros. Se han ido 16 mil y quedaron 5 mil radicadas definitivamente en más. Son grupos familiares, en la mayoría desempleados, y tenemos un componente mensual de casi 50 extranjeros que vienen a la provincia, con una distribución muy pareja entre Ushuaia y Río Grande”, señaló a nivel global, como también que “esto nos está generando una mayor demanda en el sector público, en salud, en seguridad y en educación”.
Puntualmente sobre los dominicanos, dijo que en Río Grande están ubicados en la margen sur. “En Ushuaia tenemos una comunidad boliviana muy grande, pero es una comunidad que ha tenido una fuerte integración y no tenemos grandes problemas en términos delictuales. Es una comunidad muy trabajadora, que se dedica esencialmente a la construcción y están integrados con la sociedad de Ushuaia. Lo que sucede con los dominicanos en Río Grande es que tenemos un proceso de formación de una comunidad aparte del núcleo, y expulsiva. Son una comunidad cerrada y una de las grandes críticas que tenemos de los vecinos es la inseguridad que se genera a partir de esta actitud de no integrarse con la comunidad”, afirmó.
“Los vecinos de la margen sur ven con agrado que se pueda empezar a tener mayor injerencia en el control de este tipo de poblaciones que vienen con algunas prácticas ilícitas, como el tráfico de drogas, la trata de personas y el manejo irregular migratorio. Estamos preocupados por lo que nos está pasando con esta comunidad. Tierra del Fuego es una provincia abierta, pero estamos preocupados en este caso por los índices delictuales”, reiteró.
Reconoció que al estado “le cuesta ingresar” en estos grupos, donde “hay un gran problema con la inseguridad. Por eso a veces hasta a la propia policía le cuesta ingresar. A través de Desarrollo Social buscamos la manera de tener contacto y tenemos mucha información a partir del Registro Civil sobre algunas prácticas dudosas, porque se casan y se divorcian dentro del mismo mes; o una misma residente argentina se casa con dos dominicanos en menos de un año. Esto demuestra claramente que están tratando de evadir las leyes migratorias. La dominicana es una comunidad complicada y vienen con una clara intención de quebrantar las normas, porque es lo que estamos viendo”, sostuvo.
Dio a conocer que desde el gobierno “tenemos un alerta ante estas situaciones y, cuando vemos una situación sospechosa, inmediatamente damos intervención a la policía y la Dirección Nacional de Migraciones. Hemos frenado matrimonios dudosos porque, una vez que se realiza el acto de matrimonio, después cuesta anularlo. Estamos muy presentes en ver quiénes se quieren casar y por qué, y si realmente existe un vínculo o no, o es simplemente una intención de violar la ley”, expresó.
Consultado sobre los inmigrantes venezolanos, y si presentan algún inconveniente en la provincia, dijo que no. “Solamente tenemos la comunidad dominicana como dato llamativo. No tenemos problemas con la comunidad venezolana, y hay muy poquitos en Ushuaia. Nuestra gran preocupación es la comunidad dominicana”, insistió.
“A partir de abril de 2017 comenzamos a ver esta situación, hicimos un convenio con el RENAPER, por lo cual tenemos mes a mes todos los ingresos y egresos. El hecho de que los DNI sean electrónicos, nos permite tener información online de quiénes vienen y quiénes se van de la provincia. Es una herramienta muy importante para nosotros y para las cuestiones de seguridad. Acabamos de firmar un convenio con la Ministro de Seguridad de la Nación para tener datos de los extranjeros que quieren venir a la provincia, para ver si tienen antecedentes en sus países de origen y evitar el ingreso. Estamos buscando mecanismos también para expulsar a los que cometen delitos o están en situación migratoria irregular. De esos casos, tengo tres que están cumpliendo condena en el servicio penitenciario y ya estarían en condiciones de ser expulsados de la provincia. En los tres casos son narcotraficantes”, precisó.
“El narcotráfico tiene un carácter internacional y hace que sigan operando desde el mismo servicio penitenciario, con las visitas, además tejen redes territoriales. Es lo que queremos evitar que se propague”, planteó, aunque todavía no hay respuestas sobre la expulsión por trabas burocráticas.
“Estos tres condenados están en situación irregular y deberían ser deportados desde marzo de 2018. Esto lo venimos reclamando y está trabado en la Dirección de Migraciones. Estamos buscando los mecanismos para desburocratizar esa situación y reclamando mayor celeridad y mayores facultades para la provincia”, dijo.
Cabe recordar que este fin de semana el diario digital Infobae publicó un artículo sobre los dominicanos en Tierra del Fuego, que controlarían “la ruta de la prostitución y la trata de personas”.
Los traficantes dominicanos que operan en el sur no portan grandes cantidades de estupefacientes: “En un vuelo lo máximo que puede transportar una persona son un kilo y medio o dos”, señala la nota, como también que resulta atractivo el destino fueguino por “el precio de lista” de la droga, dado que un gramo de cocaína en Ushuaia o Río Grande puede venderse de 800 a 1.000 pesos, mientras que en Capital cotiza entre 300 y 500 pesos.
Menciona el crecimiento de la comunidad de dominicanos de Río Grande “en los últimos tres años” y que, de hecho, el año pasado “se instaló en la ciudad un consulado itinerante de la embajada de República Dominicana”.
En las causas judiciales también aparecen los dominicanos con más asiduidad. “No son grandes bandas pero sí familias: padres, hijos, primos que empiezan a vincularse con el negocio. En los últimos tiempos también empezamos a ver enfrentamientos entre bandas de dominicanos, por plata que no se pagó o algún favor que no se devolvió”, señala, citando fuentes judiciales.
Se agrega que en los viajes desde Buenos Aires a Tierra del Fuego estas bandas no sólo llevan y traen mulas sino que también “lo hacen con mujeres para ejercer la prostitución. Viajan un mes y después vuelven y así las van rotando. Los hombres se dedican a la droga y las mujeres son utilizadas para la trata de personas. Para sus negocios los dominicanos que se dedican a las actividades delictivas usan como fachadas principalmente lavaderos de autos y peluquerías”.