En sesión especial la Legislatura aprobó por mayoría el decreto del Gobierno

El Parlamento llevó adelante ayer la sesión especial, en la que se abordó el tratamiento del asunto N° 669/18, que contiene el decreto provincial N° 620/16, sobre la adquisición del dominio particular de tierras fiscales a favor de la demandante Mirna Antunovic. Luego de un largo debate, el proyecto de ratificación del decreto fue sometido a consideración y resultó aprobado por mayoría, con la negativa de los parlamentarios de la oposición.

Luego de un largo debate, el proyecto de ratificación del decreto fue sometido a consideración y resultó aprobado por mayoría, con la negativa de los Parlamentarios de la oposición.

Ushuaia.- Los legisladores provinciales se constituyeron en comisión para debatir dos dictámenes: Uno en minoría, que pedía el rechazo del decreto de Gobierno y otro en mayoría que impulsaba su aprobación. Luego de un largo debate, el proyecto de ratificación del decreto fue sometido a consideración y resultó aprobado por mayoría, con la negativa de los Parlamentarios de la oposición.

Cabe recordar que el decreto N° 620/16, dispone “hacer lugar a la pretensión de adquisición del dominio particular de tierras fiscales a favor de la señora Mirna Telma Antunovic, bajo la modalidad de regularización de antiguas ocupaciones”. Son 10.000 hectáreas que se encuentran dentro de la reserva natural Corazón de la Isla.

Seguridad Jurídica

La Legislatura aprobó por mayoría el decreto que daba cumplimiento al fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre la cesión de 10 mil hectáreas en la reserva natural Corazón de la Isla a la demandante Mirna Antunovic de Bridge.

El decreto cumple con dos fallos del máximo órgano judicial de la provincia: sobre el trámite contencioso administrativo y sobre la ejecución de la sentencia, sentencias que en ambos casos fueron favorables a la demandante.

La iniciativa resultó aprobada por el voto de la mayoría de los legisladores. De esta manera, queda resuelta una controversia que podía derivar en un conflicto institucional aún mayor, en caso de que el Gobierno se negara a cumplir con una sentencia dictada por el más alto tribunal de justicia provincial.

Al respecto, la legisladora Myriam Martínez destacó que “se trata de una orden judicial que obligaba a la provincia a su cumplimiento. No se trata de un fallo ambiguo, ni que deje lugar a dudas sobre lo que ordena. La actitud responsable del Poder Legislativo es una muestra de la seguridad jurídica que impera en nuestra provincia, con la debida separación de cada uno de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.