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Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz, analizó la aplicación de la ley de emergencia comercial que rige en la provincia vecina y comenzó a debatir la Legislatura fueguina. Informó que, por gestiones ante AFIP, se logró la adhesión mediante una resolución, pero el organismo nacional sigue siendo parte del problema de la crisis de las PYMEs en el país, por los embargos automáticos a los 30 días. El resultado ha sido positivo y genera un alivio para renegociar deudas.

Río Grande.- El presidente de la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz, Guillermo Polke, evaluó por Radio Universidad 93.5 la aplicación de la ley de emergencia comercial en la provincia vecina, ante el debate que comienza en Tierra del Fuego. La Federación nuclea a las cámaras de comercio, industria, servicios y afines y pertenecen a la CAME, que es la confederación argentina que nuclea a cámaras y federaciones, explicó.

El presidente de la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz, Guillermo Polke, evaluó por Radio Universidad 93.5 la aplicación de la ley de emergencia comercial en la provincia vecina, ante el debate que comienza en Tierra del Fuego.

Destacó que “últimamente la Patagonia ha tomado relevancia, no solamente por ocupar cargos de conducción sino por participar en la toma de decisiones y en los actos que se producen. Desde la Patagonia salieron las primeras leyes de emergencia comercial”, sostuvo.

El proyecto que debate la Legislatura fueguina tiene aplicación sobre la AREF, pero podría extenderse a la AFIP, gestiones mediantes del gobierno provincial. “Nosotros venimos con un par de años de experiencia. La situación de caída de consumo es generalizada, no solamente en la Patagonia Sur sino en todo el país, y abarca todos los sectores, no solamente los supermercados, sino desde las tiendas hasta la venta de automóviles. Obviamente esta caída perjudica a los sectores comerciales y la realidad es que produce desempleo. Hay un límite que el comerciante puede absorber pero, pasado ese límite, tiene que empezar a despedir trabajadores”, planteó.

“Nosotros veíamos que día a día cerraban comercios, incluidos antiguos comercios que habían puesto sus propiedades en garantía para tomar créditos bancarios, y los propios dueños eran los titulares, no una sociedad, y tenían responder con su patrimonio. Había un par de hoteles también en esa situación de gravedad. Pudimos plantear la situación de emergencia al gobierno de la provincia, que lo entendió y también lo veía en la caída de la recaudación. De ahí surgió la idea de declarar la emergencia comercial en la provincia”, dijo de los antecedentes de la norma.

“Primero lo hablamos con el gobierno, porque de nada servía tener una ley si luego no era promulgada. A su vez necesitábamos un plan de pagos de rentas, que en Santa Cruz se llama ASIP. Nos pusimos de acuerdo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sector comercial, y salió la ley en forma unánime. Se hizo un plan de pago con quita de intereses”, señaló.

Sin política nacional

“El principal problema que estaba padeciendo el comerciante eran los embargos de la AFIP, que es nacional. Ahí la gobernadora con sus ministros se encargó de hacer las gestiones ante el responsable, para pedir la adhesión. Es decir que la AFIP adhiriera a la ley provincial que declaró la emergencia comercian en Santa Cruz. Esto se logró en 2017, y en ese momento Alberto Abad era responsable de la AFIP”, indicó Polke, aunque los embargos siguen en el resto de las provincias que no han avanzado en estas gestiones.

“En realidad el gran problema de los comerciantes son los impuestos nacionales, los aportes, las contribuciones, IVA, Ganancias. En Tierra del Fuego no pagan IVA pero sí los aportes, que son más elevados por el porcentaje de zona que se paga a los trabajadores y engrosa más el cálculo”, observó.

“Una vez que se acordó la adhesión, a la semana se publicó la resolución de AFIP y es una decisión que toma el administrador, no es necesario que pase por el Congreso. A raíz de esto, después lo sacó Chubut y ahora está en gestiones Tierra del Fuego”, celebró.
Consideró que “es importante incluir en la ley una cláusula de renovación, porque en este contexto los 180 días quedan cortos y está muy difícil que la situación vaya a cambiar en ese plazo”.

“La ley posibilita que por seis meses al comerciante no le caigan embargos y pueda ordenar sus cuentas, o tomar la decisión de cerrar el negocio pero de forma ordenada, y no debiendo a medio mundo. Se puede renegociar con proveedores, con el personal, sentarse con los sindicatos, digamos que da un respiro. Obviamente no soluciona el problema de fondo, que es la caída del consumo, y ese es un problema estructural de Argentina, que no es de una provincia ni de una ciudad”, subrayó.

“El gran problema que tienen los planes que larga AFIP es que subieron las tasas de interés y se fueron al 5 ó 6%. Nosotros hace unas semanas logramos un financiamiento de rentas provincial con la quita del 100% de intereses. Además hay quita de punitorios y resarcitorios. Cuando hay una emergencia no es que no se quiere pagar, sino que hubo políticas económicas erróneas y ahora estamos pagando los platos rotos”, expresó.

A diferencia de la postura de rentas de la provincia, “la AFIP cobra el 5% de interés, más los punitorios, los resarcitorios, y terminamos pagando tres o cuatro veces más de la deuda generada. Aparte está el tema de los abogados, porque son empleados del estado que pagamos todos y, cuando embargan, van con sus propios honorarios. En la AFIP este tema no se pudo arreglar. Hay que pagar y hay un plan de pago para los honorarios de los abogados, pero siguen con las tasas altas”, lamentó.

“En la provincia no tenemos el problema con los abogados, porque además no se llega al embargo o la clausura. Uno ha hablado con las autoridades y siempre hubo un refinanciamiento, pero no un embargo de cuentas. Tenemos las puertas abiertas del gobierno y, cuando hay un empresario en una grave situación, uno lo habla con el directivo de la entidad y siempre salimos con una solución bajo el brazo, con un plan de financiamiento. No se llega a la situación del embargo y obviamente son diferentes organismos. La AFIP ya tiene un mecanismo automático implementado y, si uno no pagó a los 30 días, ya está saliendo el embargo. En las provincias hay planes de pago permanente y por eso digo que el gran problema es la AFIP y los impuestos nacionales, por esta mecánica que tiene, de proceder al embargo de las cuentas a los 30 días. Si un comerciante tiene embargadas las cuentas, no puede pagar el salario de los trabajadores, no puede pagar a proveedores ni hacer transferencias bancarias. La plata que va recibiendo por las ventas con tarjeta de crédito no la puede cobrar porque la cuenta está embargada. Esto genera un grave problema, más que una solución”, remarcó, exponiendo la falta de política nacional para aliviar la crisis. “Por eso pedimos que no embarguen la herramienta de trabajo, porque no es que el comerciante no pueda pagar”, sostuvo.

Obras paralizadas

Por otra parte, se lo consultó sobre el avance de obras con fondos nacionales. “Todo lo que sea obra nacional está paralizado, no solamente la represa sino la termo-usina que está en Río Turbio y se va a nutrir del carbón del río Turbio. Le falta un 20% para terminar y está paralizado en un 100%. Con la zona franca, salió la habilitación nacional y está faltando la puesta en funcionamiento de la parte técnica, que es la Aduana. Deben designar a la gente, empezar a instrumentar las herramientas de control para que empiece a funcionar. Podría estar listo en dos o tres meses”, estimó.

“La zona franca de Río Galleros es industrial y minorista. Por un lado se pueden establecer industrias o fábricas, pero por otro lado al ser minorista se puede comercializar todo tipo de mercadería, en tanto no sea nacional ni del Mercosur, es decir mercadería importada como ropa, joyería, juguetes. La diferencia con Punta Arenas es que el ciudadano chileno puede comprar todo lo que quiera y sacarlo sin pagar excedente. Acá no va a ser así, va a ser similar al paso por la frontera, y se paga el excedente del límite para comprar, que son 600 dólares”, explicó.

Recordó que “en la ley original se iban a poder comercializar vehículos 0km hasta un valor de 25 dólares, pero hace poco el gobierno nacional eliminó esa posibilidad, tanto para 0km como para usados. Hará un par de semana se dio nuevamente la posibilidad de traer un auto importado que no sea Mercosur, pero con una trampa, porque cuando se lo saca del predio de la zona franca, o sea a las dos cuadras, hay que pagar todos los impuestos como si se lo nacionalizara. Así que otra vez se están haciendo las gestiones para ver cuál va a ser el monto límite para sacar un vehículo sin pagar excedente”, dijo.

Apuntó que la licitación de la zona franca “la ganó London Supply, el predio es de 20 hectáreas y casi la totalidad de los locales comerciales de la primera etapa, que son 16, son locales de los propios santacruceños. El negocio para Santa Cruz de esta zona franca es que la gente no se vaya a Chile a gastar, porque estamos a 60 kilómetros de la frontera y a 200 kilómetros de la zona franca de Punta Arenas”, concluyó.